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Más allá de la ratificación de la directiva, la Asamblea Nacional opositora guarda prudencia ante los ataques del gobierno de Maduro. Algunos parlamentarios señalan que el quórum de instalación del 5 de enero estuvo entre 94 y 96 diputados, pero no se conocen sus nombres. Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas, apunta que la AN no tiene ningún peso y el politólogo Fernando Spiritto habla del fracaso del último reducto opositor

La Asamblea Nacional (AN) de 2015 extendió su permanencia por un año más el pasado 5 de enero en una sesión online, como lo ha hecho en los últimos años, pero esta vez sin informar el quórum con el que fue aprobado este paso político.

A diferencia de otros momentos, los periodistas de la fuente parlamentaria no recibieron el link para acceder a la sesión por Zoom. En esta oportunidad solo hubo acceso por YouTube y sin aportar la información que demanda el Reglamento de Interior y de Debates.

Hasta ahora no hay ninguna información oficial sobre los votos que certifican la continuidad de la Comisión Delegada de la AN opositora y la ratificación de la directiva integrada por la presidenta Dinorah Figuera (Primero Justicia) y las vicepresidentas Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (Acción Democrática).

Desde este foro opositor se apegan al argumento de la seguridad para omitir la información que se ha solicitado a través del personal de prensa y en las consultas hechas de forma particular a varios diputados. La prudencia de los diputados que integran la AN 2015 responde a las amenazas públicas hechas desde el gobierno de Nicolás Maduro y por parte de la AN de 2020, de mayoría oficialista.

En este texto, TalCual revisa lo que se conoce a la fecha sobre la situación de la Asamblea Nacional opositora en lo que va de 2024.

. Medidas de protección. «Los ataques del régimen en las declaraciones que hoy mismo hacen sobre los miembros de la legítima Asamblea Nacional ratifican la necesidad de resguardar a los diputados que permanecen en el territorio nacional, es por este motivo que la transmisión de la sesión del día de hoy se hizo exclusivamente vía YouTube», fue la información que recibieron los medios de comunicación el 5 de enero luego de las solicitudes sobre el quórum reglamentario.

El 8 de enero, TalCual recibió la misma información al tratar de ahondar en los datos sobre la sesión parlamentaria.

Las advertencias hacia la Comisión Delegada comenzaron el propio 5 de enero. El presidente de la AN de 202o, Jorge Rodríguez, aseguró que la instalación de la Comisión Delegada viola los Acuerdos de Barbados suscritos entre el gobierno y la delegación de la Plataforma Unitaria, el 17 de octubre del año pasado.

«Les mando un mensaje a los partidos de la derecha que piden reuniones y firman acuerdos: seguir con la cueva de Alí Babá viola los acuerdos firmados en Barbados. Seguir metiéndole mano a los activos de Venezuela viola los acuerdos», esgrimió Rodríguez, también jefe de la delegación de Nicolás Maduro en la Mesa de Negociación.

Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, diputado Diosdado Cabello, aseveró el 8 de enero: “Esto rompe los acuerdos firmados, una de las cosas que establecen los acuerdos es el respeto a las  instituciones de Venezuela. Entonces, es una cosa que no tiene ningún sentido. Quedará para la justicia el tratamiento a los ladrones y ladronas”.

. El Estatuto y la resistencia. La opacidad de la AN opositora no solo se palpó en el silencio sobre el quórum de instalación el pasado 5 de enero. Antes de eso, se conoció -por información ofrecida extraoficialmente por varios diputados- de la aprobación de la reforma de la Ley Estatuto de la Transición que concede un año más de funciones a este parlamento opositor.

En la Gaceta Legislativa número 76 del 15 de diciembre, además de la norma sobre el Estatuto, se incluyó la Ley de Reforma Parcial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.

En la exposición de motivos de la reforma del Estatuto de la Transición se señala la importancia de que la AN de 2015 «siga funcionando hasta que se convoquen unas elecciones libres y transparentes».

Tras juramentarse la directiva ratificada, la presidenta Dinorah Figuera expresó que la AN opositora es un parlamento en resistencia que persiste pese a la persecución política del gobierno de Maduro. «Esta AN tiene como tarea que el régimen no le ponga las manos a los activos de la república».

. Las dudas sobre el quórum. A la fecha no existe certeza de cuántos diputados permanecen en la AN opositora a través de la figura de la Comisión Delegada; algunos renunciaron públicamente, otros aparecen en los debates según los temas de discusión y a otros sí se les escucha con cierta frecuencia.

Varios están en el exilio, incluyendo las diputadas de la directiva sobre las que el TSJ pidió extraditar por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Sobre el quórum del 5 de enero, Macario González, subjefe de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, dijo a TalCual: «Actualmente, somos 108 diputados. En la sesión estuvieron 94 y el quórum de instalación sería 84».

Ratificó que «para protección mínima de diputados, se dio acceso a la sesión por YouTube».

Por su parte, Williams Dávila (AD en resistencia) aseguró que sí hubo quórum y «participaron por Zoom, 96 diputados».

El 11 de enero, el presidente de la Asamblea oficialista, Jorge Rodríguez, ordenó a la plenaria identificar y ubicar a los diputados que votaron por la continuidad del parlamento opositor  y determinar si sus partidos políticos respaldaron lo que, subrayó, constituye un delito.

«Queremos saber los nombres, apellido, cédula de identidad y residencia de cada uno de los que perpetraron el delito el 5 de enero de 2024 y saber si las juntas directivas de esos partidos aprobaron o no, porque si aprobaron son cómplices. Por la Ley de Extinción de Dominio se puede ir contra quienes robaron recursos públicos», puntualizó Rodríguez.

. ¿Para qué sirve la AN opositora? Sobre el funcionamiento y futuro de la Asamblea Nacional hay muchas interrogantes.

El politólogo Fernando Spiritto asevera que la AN de 2015 representa el último reducto de un modelo político que colapsó. Añade que ese modelo fue respaldado por la victoria electoral de 2015 y de manera especial por el apoyo internacional en el que destacó el Gobierno de los Estados y el impulso para el gobierno interino que encabezó Juan Guaidó.

En ese sentido, asegura que la AN, al igual que el interinato, fracasó y en esto tuvo un peso el hecho de que por varias razones no se pudo concretar el cambio político en el país. «Aquí destacan dos razones: No se insistió en la ruta electoral y no pudieron crear una coalición verdadera».

El politólogo indica que, aunque ha habido el control de los activos en el exterior, ha reinado la opacidad.

«Nunca se supo la cantidad exacta de esos activos, ni una contabilidad detallada, ni un presupuesto claro. Además se aprecia una incapacidad para decir qué es lo que estaba pasando con la joya de la corona que es Citgo que, por cierto, está a punto de perderse», puntualiza Fernando Spiritto.

La Asamblea chavista aprobó el 11 de enero la conformación de una comisión especial para determinar quiénes fueron los responsables de tomar recursos de Citgo, unos 70 millones de dólares, para aplicarles la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la protección de los bienes nacionales en el extranjero.

«Usurpar un cargo público, primer delito; nadie eligió eternamente a Dinorah Figuera como diputada (…) Daría risa, si no fuera tan ladrona. Ella milita en un partido político y si ese partido la autorizó, es responsable del robo también ¿O no? ¿Abrió la boca Capriles que milita en ese partido y que se la pasa hablando del ingreso de los venezolanos para señalar que eso es un delito?», increpó Jorge Rodríguez.

Por otra parte, el politólogo Fernando Spiritto señala que el manejo de Monómeros también dejó ver que había una tendencia de clientelismo, pero también de ignorancia en la administración de la empresa: «Lo último que mantiene viva a esa Asamblea Nacional es un cuestionable manejo de esos activos, podemos decir que es un cascarón vacío».

Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas, expresa que la «Asamblea Nacional opositora está apagada». Recuerda que, desde hace unos años, en el país se ha dado un paralelismo institucional, como ocurrió con el interinato con un presidente paralelo al que estaba en funciones, como ocurrió también con el TSJ en el exterior y también con la AN extendida desde el año 2020″.

Puntualiza que aunque se trata de ámbitos que han sido simbólicos para los adversarios de Maduro, en este momento «esa Asamblea Nacional recientemente renovada en el exterior -porque su directiva está fuera del país- no tiene ningún efecto político concreto en el día a día del país. Esa Asamblea tuvo una función importante para el resguardo de los intereses de la nación».

El investigador añade que, en el plano simbólico, tras las elecciones primarias de octubre del año pasado donde María Corina Machado obtuvo la victoria con más de dos millones de votos, «la oposición está mirando hacia unas elecciones presidenciales y no hacia el sostenimiento de unas instituciones políticas, en donde hubo esperanza de algún tipo de cambio de sistema, pero actualmente no tienen ninguna capacidad de influencia».

TC

Los más afectados por la inseguridad alimentaria son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. La desnutrición en menores de cinco años afecta a 1,4 millones. La mayoría de las personas de la tercera edad solo reciben $3 de pensión que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Genera alarma el aumento de la población que intercambia sexo por alimentos

La inseguridad alimentaria severa en los venezolanos creció en el 2023 y asciende a 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Es decir, casi la mitad de los ciudadanos no dispone de ninguna posibilidad de alimentos y pasan a estar en una situación crítica, indica el más reciente informe de HumVenezuela.

Pese a que los datos indican que la disponibilidad de alimentos creció cuatro puntos porcentuales, pasando de 44,4% a 48,4% con respecto a 2022, el bajo ingreso les impide a las familias acceder a estos, pues el salario mínimo que es de apenas Bs 130, equivale a $3,62 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del 11 de enero; no alcanza para cubrir la canasta alimentaria que el pasado mes de noviembre se ubicó en $522,01, lo que lleva a las personas a buscar alternativas para sobrevivir y poder adquirir comida.

«Las familias sacrifican todo lo que tiene que ver con salud y con educación para poder comer. Aproximadamente 75% de las familias gasta más de 50% de su ingreso en alimentación, empiezan a vender sus pocos enseres para tratar de compensar el ingreso y comprar ciertos alimentos; lo que hace que la vulnerabilidad de estos hogares sea muy alta», expone Maritza Landaeta, investigadora de estudios de creación de patrones de crecimiento nutricional, planificación y nutrición.

Los más afectados

Maritza Landaeta, coordinadora de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de Salud (OVS), explica que toda la población se ve afectada, pero añade que la inseguridad alimentaria influye de manera directa en la calidad de vida de los niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores. Asegura que por esto «ha aumentado la mortalidad infantil con cifras altas».

Sin embargo, en el país no existen datos oficiales de distintos indicadores de salud desde el año 2016 cuando se publicó el último boletín epidemiológico. En ese entonces, la mortalidad infantil pasó entre los años 2000 a 2016 de 19,4% a 20,23% por 1.000 nacidos vivos; lo que significa un aumento de 4,3% en ese período.

Los estragos del aumento de la inseguridad alimentaria se evidencian en desnutrición aguda y crónica en menores de cinco años; lo que, detalla Landaeta, perjudica el crecimiento físico de los niños y puede llegar a afectar el desarrollo cognitivo. Entre 30% y 35% de la población infantil se encuentra en esta situación, de acuerdo con estudios de diversas organizaciones ante la ausencia de informes nacionales emitidos por las autoridades.

En este sentido, la organización HumVenezuela afirma que «la desnutrición en menores de cinco años continúa siendo un grave problema en el país, afectando a 1,4 millones con algún grado de déficit nutricional o riesgo de tenerlo». De acuerdo con las mediciones del año pasado, 9,5% de los niños tiene desnutrición aguda y 35,4% desnutrición crónica.

El segundo grupo más afectados son los adultos mayores porque la gran mayoría solo recibe los $3 de pensión al mes, generalmente padecen patologías que necesitan medicamentos, y el dinero que perciben no les alcanza para costear gastos de alimentación y medicinas.

«A veces no tienen para comprar una alimentación selectiva que necesitan (los adultos mayores) y están consumiendo lo que viene en el CLAP, donde hay poca proteína», sostiene la especialista Landaeta, lo que a su vez complica el cuadro de salud y de nutrición.

Sexo por alimentos

Tras la consulta realizada por HumVenezuela en 20 estados del país, encontraron que 1,5% de los encuestados dice que intercambia sexo por alimentos.

«Se llama de alto riesgo. Los estudios dicen que es una de las estrategias que se están usando para tratar de incrementar los ingresos de la familia y el grupo de adolescentes es uno de los que está más afectado en esta situación«, alerta Landaeta.

La especialista en temas de nutrición pide a las autoridades estar vigilantes sobre esta situación que afecta principalmente a los infantes.

Regiones con mayor inseguridad alimentaria

Los estados más pobres del país son precisamente los más críticos en cuanto a inseguridad alimentaria. Landaeta los menciona: Sucre, toda la zona indígena del Zulia, Delta Amacuro, Falcón y Trujillo. De igual manera, explica que en los estados agrícolas la inseguridad alimentaria es mayor porque «la posibilidad de acceder a alimentos es aún más limitado en esos hogares» y la distribución del CLAP es más deficiente en las zonas rurales que en las urbanas.

Sin el apoyo de organizaciones humanitarias, los números de la inseguridad alimentaria serían mayores. Solo el año pasado, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) atendió en el país a 500.000 personas.

De acuerdo con el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina, publicado en enero de 2023 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Venezuela registra la mayor tasa de subalimentación de Suramérica con 22,9% en el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS); lo que significa que 6,5 millones de connacionales padecieron hambre entre 2019 y 2021.

Maritza Landaeta celebra que las organizaciones humanitarias presten apoyo en el país porque «llegan a los más vulnerables y ayudan a combatir la falta de alimentación», pero recuerda que la mayor responsabilidad es del Estado y no puede ser asumida por las ONG.

¿Cómo solucionar?

Lo primero que expone Landaeta es que «el factor limitante es el ingreso» y mientras este no se ajuste y se estabilice para que las personas tengan la libertad de comprar sus alimentos, la situación no va a mejorar.

Durante una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet que se transmitió el pasado 1° de enero, el mandatario Nicolás Maduro dijo que en el país «falta mucho todavía. Hemos hecho de tripas corazones para mejorar el ingreso mínimo integral», pero aseguró que con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción se protege el derecho a la alimentación de los ciudadanos.

Añadió que en 2023 en el país se logró el nivel de abastecimiento interno más alto de los últimos 25 años con 97%, con producción propia y actividad de los sectores económicos privados con importaciones; sin embargo, los datos demuestran que el aumento de la producción no significa mayor consumo y que los CLAP no llegan con la calidad y regularidad que deberían ni a las zonas que más lo necesitan.

Ante este panorama de inseguridad alimentaria, Maritza Landaeta realiza algunas recomendaciones en aras de atenuar los efectos sobre la población del país. La especialista destaca la responsabilidad del Estado en fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para asegurarle a los niños al menos una o dos comidas al día, reforzar la atención materno-infantil, ayudar a los adultos mayores, mejorar el ingreso, abrir fuentes de trabajo y aumentar la calidad de los alimentos que se venden en el CLAP.

TC