La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela advirtió sobre la existencia de una amenaza inminente por parte de Guyana y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que busca “impedir u obstaculizar el referendo consultivo soberana y legítimamente convocado en la República Bolivariana de Venezuela por iniciativa de la Asamblea Nacional”.
Esta consideración fue plasmada en la sentencia 1.470 redactada por los cinco magistrados de la Sala Constitucional. La misma responde a un recurso de amparo interpuesto por la Asamblea Nacional para que se garantice el derecho a la participación política de los venezolanos el próximo 3 de diciembre.
La acción de amparo fue interpuesta mediante un escrito consignado el pasado 15 de noviembre por la junta directiva del Poder Legislativo, donde le solicita a la Sala Constitucional emitir una sentencia que responda “categóricamente las groseras e irrespetuosas pretensiones de las autoridades de Guyana de derogar el legítimo Referendo Consultivo para la Defensa de la Guayana Esequiba, a través de solicitudes expresas ante la Corte Internacional de Justicia”.
De acuerdo con los magistrados, la celebración del referendo consultivo constituye el ejercicio de un derecho fundamental “y que por lo tanto, no corresponde a ningún organismo internacional o Estado Nacional formular pronunciamiento alguno en torno a su conformidad… Todo ello bajo el principio de autodeterminación y no intervención”.
Los magistrados advirtieron que toda la sociedad venezolana tiene la obligación de defender la integridad territorial y la soberanía, “en particular, los demás espacios geográficos de la República que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”.
La sentencia de la Sala Constitucional expresa que no reconoce los laudos viciados de nulidad, “como es el caso del Laudo de París de 1899”, instrumento mediante el cual pretendieron arrebatarle el Esequibo a Venezuela.
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