Posted on: noviembre 8th, 2023 by Super Confirmado No Comments
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana por traficar 109 kilogramos de cocaína, informó este miércoles el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.
A través de X (antes Twitter), explicó que los sujetos fueron capturados en un puesto de vigilancia terrestre, en el municipio Libertad del estado Táchira (oeste), una localidad cercana a la frontera entre Venezuela y Colombia.
Ambos «se trasladaban desde Colombia, con destino a San Cristóbal, capital de Táchira», añadió el comandante, tras indicar que la droga había sido distribuida en 100 envoltorios que estaban dentro del vehículo en el que se movilizaban.
Hernández Lárez, que no ofreció más detalles sobre este caso, informó ayer de otras dos detenciones en la frontera colombo-venezolana por el tráfico de 8,2 kilogramos de marihuana, los cuales estaban ocultos dentro de zapatos.
Además, los militares venezolanos detuvieron el lunes a dos hombres en la misma región fronteriza, a quienes incautaron 6,2 kilogramos de cocaína y 96 kilos de marihuana.
Efectivos de la #FANB, adscritos al P.A.C. Capacho, durante patrullaje por el sector Loma Alta municipio Libertad, efectuaron la incautación de cien (100) envoltorios de cocaína con un peso de ciento nueve kilogramos (109,00 Kg) las cuales eran transportadas en un vehículo marca… pic.twitter.com/LGl80b6Ukc
— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 8, 2023
Posted on: noviembre 8th, 2023 by Super Confirmado No Comments
La empresa estatal venezolana Pdvsa y su socio francés Maurel & Prom han firmado un acuerdo para incrementar la producción de crudo y gas en la región occidental del país, informó el martes el presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, quien también es el ministro de Petróleo de Venezuela.
El acuerdo se enfoca en áreas de la región más antigua de producción petrolera de Venezuela, el Lago de Maracaibo, y fue negociado antes de que Estados Unidos aliviara en octubre las sanciones sobre el país caribeño.
El alivio de las medidas punitivas permite a Venezuela exportar libremente petróleo, gas y combustible, recibir pagos y atraer inversiones por un período de seis meses.
Tellechea hizo el anuncio en las redes sociales, sin dar más detalles.
Un socio estratégico
Maurel & Prom es una empresa francesa que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en varios países del mundo.
En 2018, compró una participación minoritaria que pertenecía a Shell en el campo Urdaneta Oeste, ubicado en el Lago de Maracaibo.
La empresa francesa le dijo a Reuters a principios de octubre que había solicitado una autorización al Gobierno de Estados Unidos para avanzar con un pacto con Pdvsa, pero no quiso dar más detalles.
El acuerdo con Pdvsa podría representar una oportunidad para Maurel & Prom de expandir su presencia en Venezuela, un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero que atraviesa una grave crisis económica y política que ha afectado su capacidad de producción.
Hoy firmamos un acuerdo trasversal entre PDVSA y la empresa Maurel & Prom para incrementar la producción petrolera y gasífera en el Lago de Maracaibo, contribuyendo a potenciar las capacidades de nuestra industria en beneficio de la recuperación integral de la economía nacional. pic.twitter.com/OuqkyCyCXW
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La movilización llega poco después del ayuno de pensionados en Los Teques, Miranda. Más de 60 organizaciones se unirán en una nueva manifestación en Caracas por mejoras en las pensiones
La Coordinación Nacional de Trabajadores en Lucha convocó a los jubilados y pensionados, así como trabajadores del sector público a una nueva protesta para exigir mejoras salariales este jueves 9 de noviembre.
Así lo dio a conocer Ana Yánez, integrante de la coordinación, quien aseguró que el punto central será la Plaza Carabobo, en Caracas. La marcha saldrá desde este punto hasta el Ministerio de Trabajo para entregar un nuevo documento “con las peticiones y exigencias de los trabajadores, pensionados y jubilados ante la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo venezolano”, reseñó Tal Cual.
También dijeron que se movilizarán para reclamar la libertad de los trabajadores, dirigentes sociales y presos políticos “que han sido detenidos arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro”, expresó Yánez, quien extendió el llamado a todos los trabajadores y pensionados de todo el país.
Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, condenó los 600 días que han “sobrevivido con el mismo salario”; lo que lleva a los trabajadores a una “situación de indefensión, de no poder satisfacer las necesidades mínimas y a destruir el valor del trabajo y a comprometer el desarrollo de las generaciones futuras”, expuso.
Por su parte, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, afirmó que se movilizan “en un sentido de unidad” y para pedir un sueldo justo. Dijo que en Caracas son más de 60 organizaciones las que se movilizarán “para reclamar una pensión digna” y aseguró que el Ejecutivo sí tiene dinero para pagar un aumento salarial y de pensiones.
Vale recordar que este lunes los manifestantes del estado Miranda regresaron a la exigencia de aumento salarial con un ayuno por 12 horas y acciones de calle en las que, una vez más, reclamaron al Gobierno Nacional una respuesta.
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Yván Gil destacó que desde el extranjero se han tramado intentos de golpe de Estados y magnicidios para desestabilizar el país
El canciller de la República de Venezuela, Yván Gil, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, expresó que Venezuela ha denunciado reiteradamente las acusaciones infundadas contra el país, que tienen un claro objetivo político y, además, buscan atacar con presuntos crímenes de lesa humanidad “que nunca han ocurrido”.
“Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela por una acusación de crímenes de lesa humanidad, que nunca ocurrieron. Eran los tiempos de Donald Trump y su estrategia de cambio de régimen, en la que todas las opciones estaban sobre la mesa”, aseveró el canciller, durante la segunda audiencia en la CPI, prevista para la solicitud de apelación presentada por Venezuela.
#EnVideo?| "Venezuela no tiene nada que esconder, estamos convencidos que la verdad prevalecerá, (…) pedimos un trato justo, equilibrado y objetivo, en favor de restablecer la legalidad quebrantada", manifestó el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela @yvangil,… pic.twitter.com/aKHxYOxIPj
Indicó que “desde el extranjero se han promovido acciones para atentar contra la estabilidad del país: intentos de golpe de Estado e incluso el magnicidio frustrado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A lo largo de este proceso hemos compartido con la Fiscalía alrededor de 30 mil informes que dan cuenta del sostenido esfuerzo del Sistema de Justicia de Venezuela”, por garantizar los derechos de los venezolanos sin desigualdad ni discriminación.
“En Venezuela logramos evitar que tuviera éxito el plan de llevar al país a una guerra civil”, señaló, y en este sentido aclaró que “existen 255 agentes del Estado imputados y 64 acusados; de esto se desprende que la nación se han realizado las investigaciones de manera independiente. Lo que no puede pretenderse es que se construyan acusaciones infundadas para satisfacer intereses de actores externos e internos”.
Finalmente exigió que la República de Venezuela “sea tratada como Estado soberano, a quien se ha confiado el cumplimiento de su deber para poner fin a la impunidad”.
El Gobierno Nacional desmonta, de esta manera, los argumentos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar la reanudación de la investigación sobre supuestas violaciones de los derechos humanos.
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Venezuela alega que las investigaciones están en curso, pero reconoció que apenas cinco casos, de los 62 identificados y aceptados por la CPI, han llegado a una condena efectiva. La Fiscalía de la Corte refutó a la administración Maduro las cifras sobre perpetradores identificados. También recordó la falta de acusación formal y la nula investigación a los altos responsables
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) refutó en el segundo día de audiencia las supuestas investigaciones adelantadas por el Estado venezolano para sancionar a responsables de crímenes, que las autoridades no reconocen como de lesa humanidad.
En la segunda sesión ante la Sala de Apelaciones, que evalúa la solicitud hecha para detener la investigación por crímenes de lesa humanidad, se conocieron algunos detalles –tras una pregunta de la jueza Lucía Ibáñez Carranza– por los casos identificados por la propia Venezuela y que podrían entrar en investigación por la CPI.
Sobre los 124 incidentes reconocidos el martes 7 de noviembre, el abogado de Venezuela Aitor Martínez dijo que están representados en una nota verbal y 64 expedientes que reflejan 62 casos.
Detalló que 113 están en fase de investigación donde se individualizaron a 166 funcionarios públicos, tres en fase intermedia, con acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco culminaron con condenas a 14 funcionarios públicos.
Los oficiales condenados van desde oficiales de Policía a sargentos de la Guardia Nacional, que son de rangos medios o bajos según las propias leyes venezolanas. Dentro de los funcionarios acusados o en juicio, 18 son comisarios, tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y un sargento.
La representante de la Fiscalía de la CPI rebatió esos datos. Explicó que de los 62 casos, 59 se equiparan a los 124 incidentes. En 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia, es decir, no se han hecho acusaciones formales, y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.
«El material venezolano mostrado en la Sala Preliminar no mostró que se habían investigado estos elementos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad (…) La Sala fue razonable e hizo lo correcto (sobre autorizar la investigación)», sentenció la abogada de la Fiscalía.
Para los 62 casos sobre los que hubo expediente de investigación, indicó la Fiscalía de la CPI, la Sala Preliminar consideró que donde se había identificado y acusado a un sospechoso, los autores eran de bajo nivel y las investigaciones reflejaban que no había intención de investigar a los autores de rangos altos.
«Si los Estados no tienen la voluntad de investigar estos crímenes de lesa humanidad para eso está este tribunal, para combatir la impunidad en los crímenes más horribles reconocidos por la comunidad internacional», afirmó.
Por su parte, la Oficina de Defensa para las Víctimas expresó la preocupación de los afectados, pues se presentaron nuevos argumentos que no han podido examinar. «Esa información no se presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se hizo la solicitud».
¿Investigación pertenece a la CPI?
Una de las cuestiones evaluadas en el segundo día de audiencia es si los procedimientos nacionales cubren mismo tipo de conducta que lo investigado por la Fiscalía y engloban crímenes de lesa humanidad.
El abogado representante de Venezuela puso como ejemplo el caso Gadaffi-Al Senussi –en el cual participó– para sustentar su punto de que las investigaciones y actuaciones nacionales no deben reflejar específicamente la caracterización jurídica (tipos de crímenes) de la CPI. «Es la conducta presunta», afirmó.
«Hablar de ataques sistemáticos y generalizados no me parece pertinente», dijo Emmerson, quien señaló que el objetivo debería ser colmar el vacío de crímenes que no establecen y persiguen las jurisdicciones nacionales.
Del lado venezolano, se insistió en que no se ofrecieron detalles a Venezuela para responder. «¿Cómo la Corte puede aplicar la prueba de la coincidencia? A mí me parece que este proceso no lleva a ninguna parte porque no hay ninguna prueba a determinar».
Emmerson también dijo que decir que Venezuela se negó a reconocer los crímenes de lesa humanidad «es un prejuicio. Argumentar que no hay investigaciones apropiadas porque no se han señalado a rangos altos es incorrecto. En la notificación enviada no se señala ese punto».
Además, calificó de «inconcebible» que la Sala de Apelaciones mantenga la decisión de autorizar una investigación «sin saber cuáles son las políticas (…) cuando no se tiene toda la información. No han podido leer los materiales traducidos».
La representante de la Fiscalía de la CPI señaló que el hecho de que un crimen de lesa humanidad no esté en sus leyes nacionales, no significa que no pueda investigarlo de acuerdo a su propia jurisdicción y con la sistematicidad debida.
«Reconocemos que esto puede suponer una tensión potencial para algunos, pues no todos los Estados incluyen en su marco legal la definición de crimen de la humanidad o los identificados como ellos, pero sí observamos con detenimiento, es supuesta», destacó.
La Fiscalía recordó en una segunda intervención que su postura se basa en que no es necesario que Venezuela adopte los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma para realizar investigaciones de calidad.
También señaló que hubo un resumen, enviado en diciembre de 2021, que se añadió a la carta de notificación del inicio de investigación fechada en noviembre de ese año, donde se especificó que se presume razonablemente que, desde abril de 2017, se cometieron posibles crímenes de lesa humanidad y se listan algunos, así como se enumera a los cuerpos, órganos y unidades de seguridad, incluyendo individuos que podrían estar involucrados, y los patrones de gravedad identificados.
Foto Cortesía ICC
En enero de 2022 se brindó más información en una actualización, explicó la representante de Fiscalía, y en dos resúmenes posteriores también se otorgó más detalle a las autoridades venezolanas.
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas destacó que el Estado debe tomar en cuenta los elementos contextuales, «y no solo los actos, para demostrar la sistematización y alcance de estos actos. Debe demostrar haber tomado en cuenta estos elementos para hacer una evaluación completa».
Se recordó que la evaluación pasa por si las investigaciones nacionales cubren las conductas investigadas por la Corte. «No es suficiente con que el Estado diga que se va a realizar una investigación».
Aseveró que la Sala de Cuestiones Preliminares estuvo en lo correcto «al determinar que no hay investigaciones en curso, en especial si tomamos en cuenta la postura de Venezuela de no reconocer los crímenes de lesa y que eran hechos aislados».
Interpretación sesgada de leyes
El juez presidente de la Sala recordó que Venezuela tenía el deber de integrar en sus leyes nacionales algunos de los crímenes que contempla el Estatuto de Roma, y preguntó cuáles eran los obstáculos para ello y si tienen la voluntad de cambiarlo en un futuro.
El abogado de Venezuela dijo que no había obligación de Venezuela para considerar en su derecho nacional los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. «Para la población venezolana, sus jueces, sus fiscales, una corte extranjera quiere intervenir y enjuiciar a sus nacionales».
Dijo que hay una variedad en cómo se interpretan los tratados internacionales y de ello no escapa Venezuela. «Está en curso una legislación de implementación» en base a la complementariedad, y que en ello contribuirá la instalación de una Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas.
La Oficina de Defensa para las Víctimas dijo que no hay una perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes en un tribunal nacional.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este miércoles que funcionarios tomaron las instalaciones de la cárcel de Trujillo.
La información la dio a conocer la organización en la red social X (antes Twitter), donde detalló que al menos 500 reclusos están siendo aglomerados en el patio interno del penal.
Familiares aseguran que ya los pranes salieron del penal y se mantienen atentos a cualquier eventualidad.
El pasado martes 7 de noviembre en horas de la noche habían reportado una situación irregular en la prisión, hasta que se dio a conocer la noticia el miércoles por la mañana.
En un principio hubo un despliegue de vehículos en la zona del sector Santa Rosa, específicamente en la Avenida Coro, donde se encuentra la cárcel que alberga un estimado de 700 privados de libertad. Posteriormente, cerca de la media noche, se escucharon algunas detonaciones de armas de fuego dentro del recinto.
Foto: Yuliana Palmar – Q Pasa en Venezuela
Esta situación que se ha repetido en otros centros penitenciarios del país y las autoridades venezolanas han denominado operación Gran Cacique Guaicaipuro.
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Los operativos desplegados desde septiembre en cinco cárceles de Venezuela, como parte de un plan gubernamental para desmantelar estructuras criminales que operan en estos centros, han estado marcados, según expertos, por irregularidades, fallas y una falta de información que ponen en duda el «éxito» asegurado por las autoridades.
La prisión de Vista Hermosa, intervenida esta semana, es la quinta tomada en menos de dos meses, luego de Tocorón -cuna de la organización criminal transnacional Tren de Aragua-, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica, para el «reimpulso del sistema penitenciario» y la recuperación del «control total» de estos centros, según el Gobierno, que no explica cuándo se perdió ni por qué.
El director general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, considera «necesario que el Gobierno retome la autoridad en las cárceles», que «había entregado» a criminales, quienes desarrollaron sus estructuras «bajo la mirada cómplice del Estado».
Sin embargo, los balances oficiales han sido, según dijo Prado a EFE, incompletos, y durante los operativos se han registrado fallas e irregularidades relacionadas con traslados, fugas y muertes.
Además, cuestionó que la operación tuviera un enfoque «militar» y «policial», en lugar de «social y penitenciario», con un despliegue de funcionarios que consideró poco creíble, como en el caso de los «más de 11.000» que, según el Gobierno, intervinieron Tocorón, una cantidad que «no cabe» en este recinto.
Silencio
El experto insistió en que hay un «total» silencio sobre la «situación de personas que han muerto», que fueron, según el OVP, cinco reclusos los fallecidos durante el operativo en Tocuyito.
Señaló que uno, de 27 años, falleció al no recibir atención médica por un ataque de epilepsia que sufrió en medio de la intervención, que los funcionarios iniciaron «tirando bombas lacrimógenas».
«De esto no se habla, y a nosotros nos preocupa», dijo Prado, quien aseguró que «tampoco ha habido información» suficiente sobre el traslado de los reos a otros centros, lo que genera zozobra en familiares, quienes, durante las intervenciones, se han plantado en los alrededores de los recintos a exigir detalles del destino de sus parientes.
Por otra parte, el desalojo, según el director del OVP, empeorará la situación de hacinamiento, que prevé se duplique, un problema que -considera- podría evitarse con la reapertura de centros cerrados.
Según un estudio de la ONG, en 2022 se registró un hacinamiento del 64,19 % en las cárceles, con 33.558 reclusos para una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.
El coordinador general de Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, para quien estos operativos «sorpresa» demuestran el «caos que existe en el sistema penitenciario», también alerta del aumento del «hacinamiento ya existente en los demás recintos».
UVL ha denunciado la opacidad sobre los traslados de presos, cuyos familiares han expresado su preocupación por las complicaciones para movilizarse, no solo por problemas en el sistema de transporte, sino por los costos.
La operación también contempla la búsqueda de fugados, aunque el OVP cree que autoridades negociaron con criminales que tenían poder en cárceles sus salidas previas a los operativos, y menciona el caso de Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua. El Ejecutivo niega que hubiera «negociación alguna».
Un «secreto a voces»
En 2017, el Gobierno aseguró que en el 98 % de las cárceles no existían drogas, armas, mafias ni violencia.
No obstante, en el desarrollo de esta operación, se ha encontrado armamento de guerra, como armas largas, granadas, explosivos, lanzacohetes y municiones diversas, además de miles de cartuchos de «diferentes calibres», celulares y «sustancias estupefacientes y psicotrópicas», según el balance oficial.
Nicolás Maduro dijo, el 30 de octubre, que si se suman «todas las armas largas» encontradas (en las primeras cuatro intervenciones) «superan las 600».
Durante la operación, se han desmantelado centros de conspiración y extorsión, mecanismos de esclavitud y estructuras criminales.
Para Prado, «no sorprenden nada» estos hallazgos, ya que era «un secreto a voces», sobre todo la de Tocorón, con piscina, parques infantiles, restaurantes, tiendas y edificaciones con aire acondicionado y televisión satelital, según constató EFE, durante un recorrido parcial por el centro.
Ahora, las autoridades insisten en que «jamás volverán a hacerse presentes las estructuras criminales en Venezuela» ni en sus cárceles, que -sostiene- van hacia un «proceso de renovación».
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El juez de la Corte Penal Internacional (CPI) Marc Perrin de Brichambaut alertó este miércoles a la delegación de la administración de Nicolás Maduro que no aceptará su «lenguaje irrespetuoso».
«El lenguaje irrespetuoso y calificaciones excesivas son inadecuadas como medios para expresar los puntos de vista de las partes y no se reconocerán como argumentos válidos, los debates se inspiran en el respeto mutuo de las partes», expresó el juez.
Durante la audiencia el juez cuestionó qué no se han incluido los crímenes de lesa humanidad en la legislación venezolana en los últimos 23 años.
En respuesta, el abogado de Nicolás Maduro ante la CPI, Ben Enmerson, aseguró que «Venezuele fue el primer país de la región en ratificar el Estatuto de Roma y ha cumplido con sus obligaciones con la Corte» pero sostuvo que no hay ninguna obligación a incorporar en la legislación nacional los crimenes internacionales .»Es un derecho soberano», argumentó.
En la audiencia de este mismo miércoles Ben Emmerson señaló que «es un prejuicio» que la Fiscalía diga que Venezuela se negó a reconocer los crímenes de lesa humanidad.
Emmerson aseveró que las investigaciones del Estado cumplen con la coincidencia de las investigaciones de la Corte, sin necesidad de que se tome en cuenta el contexto.
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El oleaje es estimado en 1 metro de altura en los litorales Oriental, Central, Occidental y en la Zona Insular en 1,5 metros de altura
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este miércoles que continuarán las lluvias en gran parte del país.
El organismo indicó en su reporte diario en redes sociales que las precipitaciones, originadas probablemente después del mediodía, se deben a dos sistemas de vaguadas sobre el Mar Caribe.
Inameh indicó que las lluvias más intensas podrían originarse en Delta Amacuro, Nororiente, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Llanos occidentales y centrales, Andes y Zulia.
