El Gobierno de coalición alemán aprobó este miércoles en consejo de ministros un proyecto de ley para la «legalización controlada» del cannabis, con el que se pretende despenalizar la posesión de cantidades de hasta 25 gramos y el autocultivo de hasta tres plantas de marihuana.

El ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, manifestó hoy su esperanza de que el plan, que calificó de «viraje a largo plazo en la política de drogas alemana», supere el trámite parlamentario antes de que concluya 2023.

«Creo que podemos hacer retroceder el mercado negro», afirmó el ministro en una rueda de prensa en Berlín.

Según el plan aprobado hoy por el gabinete, los mayores de 18 años podrán adquirir un máximo de 25 gramos de cannabis (y hasta 50 gramos al mes) a través de asociaciones creadas para este fin y que tendrán licencia para el cultivo, de las que deberán ser miembros.

Al mismo tiempo, se lanzará una campaña de concienciación a gran escala para alertar de los peligros del consumo de THC (ingrediente psicoactivo principal en el cannabis ) en niños y en adolescentes y se ampliarán los correspondientes programas de prevención.

En relación a ello, Alemania se enfrenta también a un incremento del consumo entre los menores de edad y a un aumento de la criminalidad, ya que, según recordó, en estos momentos el 50 % de los delitos vinculados a las drogas en el país están conectados con el cannabis.

Dado que las asociaciones con licencia para el cultivo de cannabis lo distribuirán prácticamente a precio de coste y garantizando la calidad, Lauterbach manifestó la expectativa de que los consumidores se decanten por esta opción y abandonen el mercado negro.

Al mismo tiempo, dichas asociaciones no podrán contar con más de 500 miembros cada una, para mantener un cierto control, y estará prohibida la publicidad, al tiempo que se impondrán unos límites al consumo, aún por especificar, de cara a la conducción de vehículos.

El proyecto de ley ha sido objeto de controversia en Alemania, ya que para las organizaciones de consumidores de cannabis se queda corto e impone unos límites demasiado estrictos, mientras que la oposición democristiana alertó de una «pérdida de control».

Según datos de 2021 de la oficina de estadística estatal Destatis, el 34,7 % de los alemanes han consumido cannabis en algún momento de su vida, mientras que el 8,8 % lo han hecho a lo largo del último mes.

EFE

Diana Atamaint denunció que estas amenazas son realizadas por el Capitán Ortega

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, denunció este lunes que ha recibido amenazas a su seguridad y la de autoridades electorales, a pocos días de realización en el país las elecciones presidenciales.

“Quiero hacer una denuncia pública. en estas últimas horas hemos recibido, amenazas he recibido amenazas por parte del Señor Capitán Ortega, en redes sociales”, subrayó.

Asimismo, Diana Atamaint manifestó que “responsabiliza a Ortega de estas amenazas en las que estoy siendo afectada continuamente”. “Es un acoso, una hostigación”, refirió la funcionaria.

? #Atención | "En estas últimas horas hemos recibido amenazas por parte del Señor Capitán Ortega, en redes sociales. Nos nos van a doblegar para que tomemos decisiones que están fuera de la ley", asegura @DianaAtamaint, presidenta del @cnegobec.
Vídeo: @radiocentroec. pic.twitter.com/2wg0kh51Qn

— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 15, 2023

Por su parte, el periodista Orlando Pérez afirmó que la violencia política en Ecuador se agudizó con la llegada de Guillermo Lasso, en un contexto donde desde 2022, hubo 20 ataques a políticos. Entre tanto, los últimos cuatro sucedieron en agosto de 2023 durante la campaña de las Elecciones Presidenciales Anticipadas.

EU

El Caucus Hispano del Congreso estadounidense (CHC) solicitó este martes al Gobierno de Joe Biden que inicie una investigación contra el Departamento de Seguridad de Texas (DPS) por separar a familias migrantes en la frontera con México.

En una misiva dirigida al fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los congresistas del Caucus han pedido que se tomen medidas para detener las separaciones de familias, después de que el DPS reconociera que han detenido a hombres migrantes que viajaban con sus esposas y sus hijos.

La carta está firmada por todos los miembros del CHC que representan a Texas en el Congreso y por toda la Junta Ejecutiva del grupo, entre otros.

Defensores de los derechos de los migrantes denunciaron a principios de este mes que al menos 26 padres de familia, la mayoría venezolanos, habían sido detenidos por agentes del DPS por acusaciones de allanamiento de morada, mientras las madres y los niños fueron entregados a las autoridades migratorias.

El portavoz del DPS, Travis Considine, reconoció al periódico Houston Chronicle que la agencia arrestó a padres que viajaban con sus familias.

Los arrestos se dieron como parte del operativo «Estrella Solitaria», emprendido por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en marzo de 2021.

En la misiva, los legisladores demócratas dijeron que los arrestos de los padres de familia «parecen ser un intento de reinventar las políticas crueles e impopulares» del Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) por parte de Abbott.

La separación de familias ha sido una medida muy criticada por defensores de los derechos humanos desde que en 2018 la Administración del entonces presidente Trump impuso el plan de «cero tolerancia» que alejó a miles de padres y madres de sus hijos, quienes eran enviados solos a albergues.

En ese sentido, los miembros del CHC enfatizaron que los arrestos de los migrantes son «una flagrante contradicción» con los esfuerzos de la Administración de Biden para mantener a las familias migrantes juntas, por lo que pidieron acciones inmediatas.

Los congresistas hispanos también criticaron las boyas instaladas por el Gobierno de Abbott en el río Grande. Aunque aplaudieron la querella legal emprendida por el Departamento de Justicia contra Texas por esta razón, advirtieron que «se debe hacer más».

UR

Corea del Norte «investiga» al soldado estadounidense que cruzó su frontera el mes pasado, según los medios estatales de Pionyang, que añadieron que el militar ha pedido asilo en el país tras sentirse maltratado en el Ejército de Estados Unidos.

«Travis King (nombre del soldado estadounidense) ha confesado que decidió venir a la República Popular Democrática de Corea (denominación oficial del país) debido a que albergaba malestar por el tratamiento inhumano y la discriminación racial dentro del Ejército de Estados Unidos», señaló hoy en una nota la agencia estatal de noticias KCNA.

Se trata de la primera confirmación de los medios del régimen sobre la situación de King, quien cruzó el pasado 18 de julio la Línea de Demarcación Militar y entró en territorio norcoreano mientras realizaba una visita turística de la Zona de Seguridad Conjunta (JSA) en el corazón de la frontera entre las dos Coreas.

Pionyang, no obstante, se encontraba en contacto con Estados Unidos sobre la situación del soldado, quien se creía que estaba detenido por el régimen desde que cruzó la frontera, según habían señalado el Pentágono y el Mando de las Naciones Unidas en Corea, y como confirmó hoy el Norte.

Travis King «entró de forma ilegal en el territorio» de Corea del Norte el pasado día 18 y «quedó bajo control de soldados» norcoreanos tras haber entrado deliberadamente en la zona norcoreana al otro lado de la línea de demarcación militar, según la KCNA.

El soldado estadounidense «expresó su deseo de pedir asilo» en Corea del Norte «o en un tercer país», señalando su «desilusión por la desigualdad en la sociedad americana», según el medio propagandístico de Pionyang, que añade que la investigación sobre King «continúa».

EEUU AÚN TRABAJA PARA REPATRIARLO

Washington, por su parte, señaló tras conocerse el anuncio de los medios norcoreanos sobre King que no ha podido corroborar esa información, y afirmó que aún trabaja para traer de vuelta al soldado a su país.

«La prioridad del Departamento es traer al soldado King de vuelta a casa, y trabajamos a través de todos los canales posibles para lograr ese resultado», según dijo a la cadena CNN un funcionario del Departamento de Defensa.

Un portavoz de la familia de King pidió asimismo a las autoridades norcoreanas que dejen al joven hablar con su madre y que lo traten con humanidad.

El Pentágono había afirmado a finales de agosto que no había registrado progresos ni en los contactos ni en posibles negociaciones con Corea del Norte sobre el soldado, y que desconocía en qué estado se encontraba.

King, de 23 años, cruzó la frontera al Norte después de haber pasado 48 días en un taller penitenciario de Corea del Sur debido a que no pagó la multa que se le impuso en febrero por un incidente con la policía en Seúl.

Como medida disciplinaria, Washington decidió repatriarlo, pero King huyó del aeropuerto internacional de Incheon, donde debía tomar un vuelo de regreso Estados Unidos, y al día siguiente reservó una visita turística a la JSA que aprovechó para cruzar al Norte.

POSIBLE MONEDA DE CAMBIO

Los analistas han señalado que Corea del Norte podría utilizar al soldado con fines propagandísticos o como moneda de cambio con Washington, en el contexto de diálogo bilateral roto desde 2019 y en pleno repunte de tensiones en la península coreana.

El Norte «sólo ha desvelado parte de su investigación» sobre la supuesta deserción de King y «sin alcanzar una conclusión», con lo que parece querer decir a Washington «que tiene en su mano la resolución de la cuestión», dijo Yang Moo-jin, de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl, a la agencia de noticias Yonhap.

La información publicada por Pionyang llega además pocos días antes de la cumbre bilateral que celebrarán en Washington los líderes de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, y en la que Corea del Norte será uno de los temas centrales.

El próximo lunes, además, comenzarán los ejercicios anuales conjuntos Ulchi Freedom Shield entre Corea del Sur y Estados Unidos, criticados por Pionynag por considerarlos un ensayo de invasión de su territorio.

EFE

La telaraña legal en la que está enredado el expresidente Donald Trump (2017-2021) se ha vuelto más intrincada que nunca: encara un total de 91 cargos distribuidos en 4 casos penales distintos y, simultáneamente, debe mantener su campaña para conseguir la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Nunca antes Estados Unidos se había enfrentado a una situación similar y todavía hay innumerables incógnitas sobre las posibles consecuencias para Trump.

De los 91 cargos, 13 fueron anunciados en la noche del lunes después de que un gran jurado de Georgia le acusara de intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata y actual presidente Joe Biden ganó por un estrecho margen.

UNA LEY DE LA MAFIA CONTRA TRUMP

En el caso de Georgia, la fiscal Fani Willis ha usado contra Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y que ha sido usada en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti.

Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa única en la que el expresidente emerge como el líder de una organización con la finalidad criminal compartida de revertir los resultados electorales en Georgia.

Ese método permite a la fiscalía que sean condenados aquellos cabecillas que orden a otros cometer crímenes por ellos.

De los 13 cargos estatales de los que Trump está acusado en Georgia, solo uno tiene que ver con esa ley de la mafia, pero podría ser uno de los más graves al estar penado con hasta 20 años de cárcel.

Los otros delitos son por conspiración para falsificar documentos o por presionar a funcionarios públicos para que anularan los resultados electorales.

Además de Trump, el gran jurado ha presentado cargos penales contra 18 de sus asesores más cercanos, como su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de Gabinete Mark Meadows, entre otros.

EL ASALTO AL CAPITOLIO

Aparte del caso en Georgia, un gran jurado en el Distrito de Columbia ha presentado cuatro cargos federales contra Trump por supuestamente haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Biden, y por haber instigado el asalto al Capitolio.

Esos cuatro cargos (conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra el derecho al voto) podrían acarrear una pena máxima que sumaría 55 años de cárcel.

El 3 de agosto, en medio de una gran expectación, Trump compareció en la corte del Distrito de Columbia para declararse no culpable de los cargos que se le imputan, tal y como ha hecho en las otras tres causas penales en su contra.

CAJAS DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

Otra de esas causas tiene como escenario la ciudad de Miami (Florida), donde un gran jurado ha imputado a Trump de 40 delitos federales por el mal manejo de materiales clasificados.

En concreto, según la Fiscalía, tras dejar el poder en 2021, Trump ordenó trasladar desde la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago (Florida) decenas de cajas con recortes de periódicos, cartas, fotos y también cientos de documentos clasificados, incluida información sobre secretos nucleares y planes de ataque a otros países.

Esos documentos no fueron almacenados de manera segura, sino que acabaron en diferentes rincones de la mansión de Trump, como un dormitorio, un salón de baile y un baño, según mostraron fotos incluidas en el escrito de acusación.

PAGOS A UNA ACTRIZ PORNO

Aunque los litigios han incrementado en los últimos meses, el caso que le valió a Trump el controvertido honor de convertirse en el primer expresidente del país en enfrentar cargos judiciales fue el relacionado con la actriz porno Stormy Daniels.

En marzo de este mismo año, un gran jurado en Nueva York presentó cargos contra Trump bajo la acusación de haber supuestamente pagado 130.000 dólares a través de su abogado Michael Cohen a Daniels para que mantuviera silencio sobre una supuesta relación sexual entre ambos diez años antes.

En este caso, Trump enfrenta 34 cargos estatales por falsificación de documentos mercantiles, cada uno de los cuales podría llevar consigo una pena de prisión de hasta 4 años.

La fecha para el juicio está programada para el 24 de marzo del próximo año, coincidiendo con el apogeo de las primarias del Partido Republicano y a tan solo unos meses de las elecciones del 7 de noviembre de 2024.

LITIGIOS ENTRELAZADOS CON LA CAMPAÑA PARA 2024

Mientras continúan las acusaciones, Trump mantiene su narrativa e insiste en que todos los litigios tienen motivaciones políticas y buscan entorpecer su retorno a la Casa Blanca.

Trump, que parte como favorito para las primarias, ha usado los litigios en su contra para recaudar fondos para su campaña electoral y presentarse como el principal defensor de sus seguidores.

La frase que repite una y otra vez en sus mítines es: «Al final, no vienen por mí. Vienen por ustedes, y yo solo estoy interponiéndome en su camino».

Mientras tanto, sus abogados están trabajando para dilatar al máximo los procedimientos judiciales, con la esperanza de que el expresidente eluda la rendición de cuentas.

EFE

El Gobierno ha desplazado un equipo forense para avanzar en las labores de identificación de las víctimas provocadas por el fuego

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa, presentó una objeción a la precandidatura de Christian Zurita en reemplazo del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado hace una semana en Quito, cuando salía de un mitin político.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió este miércoles una carta del movimiento RC firmada por su presidenta Marcela Aguiñaga en la que objeta la precandidatura.

Argumenta que Zurita pretende ser candidato del movimiento «Construye», pese «a encontrarse actualmente afiliado a otra organización política y no haber renunciado con al menos noventa días de anticipación a la fecha de cierre de inscripciones de candidaturas» para los comicios del próximo domingo.

Asimismo, en la carta remitida al CNE con fecha 15 de agosto, señala que Zurita no cuenta «con la autorización previa de la organización política a la que actualmente pertenece, por lo que «no puede participar como candidato a la Presidencia de la República en el presente proceso electoral».

Entre los fundamentos de derecho que respaldan la objeción, apunta que el Código de la Democracia señala que el CNE no podrá negar una candidatura con ciertas excepciones: «En los casos que no cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, a menos que subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del incumplimiento existente».

«REGISTRO FALSO»

Al referirse a la objeción, el movimiento «Construye» señaló en redes sociales: «Correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura».

«Al verificar requisitos conocimos de un registro falso, se solicitó su nulidad con fecha 13 de agosto», apunta en un mensaje que va acompañado por la carta remitida al CNE en la que consta la mencionada fecha y que tiene un sello de recibido del Consejo Nacional Electoral.

En el mensaje se ratifica que Zurita «está afiliado a Construye y cumple todos los requisitos de ley».

El precandidato señaló que «lo que diga la señora Aguiñaga son formas de buscar engañar a la opinión pública para desorientarla».

«Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir eso. Yo me opongo y desmiento totalmente lo que ha dicho en la impugnación la señora Aguiñaga», subrayó en la televisión Teleamazonas.

Añadió que el departamento jurídico del CNE debe emitir un informe sobre la candidatura y puntualizó que el movimiento Construye no enviará más documentación al CNE pues consideran que las cosas «están por demás claras» pues es adherente del movimiento Construye, insistió.

«BAJEZA SIN NOMBRE»

En una primera reacción, el candidato presidencial Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador, aseveró que «impugnar la candidatura de quien sea que reemplace al señor Villavicencio es una bajeza sin nombre, que no tiene presentación».

«Dejen que los simpatizantes del señor Villavicencio tengan un reemplazo, dejen estas bajezas, cambiemos la política. Esos simpatizantes ya han sufrido demasiado», dijo en la televisión Teleamazonas.

Añadió que «de por sí ya fue despreciable» que el podio de Villavicencio esté vacío en el debate obligatorio del pasado domingo, en el que pretendía participar Zurita, pero no pudo al no estar calificada su precandidatura, anunciada la mañana del mismo domingo.

UR

El viceministro de Defensa ruso, Alexandr Fomin, debatió hoy con altos representantes militares de Venezuela y Bolivia temas de cooperación militar en el marco del foro internacional Army 2023, que se celebra esta semana en el parque temático del Ejército ruso, Patriot, al oeste de Moscú.

Fomin se reunió con su homólogo venezolano, coronel general Renier Enrique Urbáez Fermín, con quien abordó «temas actuales de la cooperación militar y técnico-militar entre Rusia y Venezuela, y marcaron los pasos futuros para su desarrollo», informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

También sostuvo un encuentro con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Hugo Eduardo Arandia López, con quien confirmó «la disposición mutua de profundizar el diálogo y la interacción práctica, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas de interés mutuo».

Al foro y feria Army 2023 asisten alrededor de 800 delegados de 76 países, entre los que hay representantes de varias naciones latinoamericanas que son aliadas de Rusia o mantienen buenas relaciones con el Kremlin pese a la guerra de Ucrania.

Este martes, en la XI Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, celebrada en el marco de la feria militar, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, se dirigió directamente a los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes agradeció el apoyo a la campaña militar rusa en Ucrania.

También llamó a los delegados de Brasil, Bolivia, Perú, México y Argentina a profundizar los contactos militares con Moscú.

«Es preciso intensificar las consultas y el intercambio (…) en el contexto de las nuevas presiones por parte de EEUU y sus aliados», sostuvo.

UR

En círculos judiciales, es reconocida por su habilidad para establecer conexiones con los miembros del jurado, los testigos y los detectives, así como por su firmeza para enfrentarse a quienes cree que están obstaculizando un caso, recoge el diario The Washington Post.

A Fani Willis no le tembló la voz cuando anunció el lunes por la noche la cuarta imputación contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), acusado esta vez de haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

«Es importante recordar que todas las personas imputadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario», expresó Willis con voz firme, alzándose con seguridad sobre un podio y frente a decenas de periodistas.

Fue mencionando uno a uno los nombres de 19 imputados en el caso, empezando por el expresidente al que se refirió por su nombre completo -Donald John Trump- y al que identificó como el cabecilla de una organización delictiva que conspiró para manipular los resultados electorales en Georgia.

Willis se convirtió en el rostro más conocido del caso en Georgia, manteniendo un perfil público elevado con múltiples comparecencias ante la prensa que no han estado exentas de críticas.

El propio Trump, quien parte como favorito para obtener la candidatura presidencial republicana en las elecciones de 2024, ha utilizado su plataforma en Truth Social para atacar personalmente a Willis y cuestionar su investigación, alegando que está políticamente motivada.

Pese a esas críticas, Willis no ha cedido ante la presión, enfatizando que la transparencia es un pilar fundamental de su trabajo y reafirmando que todos los estadounidenses son iguales ante la ley, sin importar su estatus o identidad.

«La dama de la justicia es ciega», afirmó Willis el año pasado en una entrevista en MSNBC, rechazando la noción de que funcionarios de alto rango, incluidos expresidentes, estén exentos de rendir cuentas.

Willis se convirtió en la primera mujer negra elegida como fiscal del distrito del condado de Fulton, que abarca Atlanta, solo meses después de que el actual presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, le ganara a Trump en Georgia por un estrecho margen de votos.

La fiscal inició la investigación contra Trump después de que el diario The Washington Post revelara en enero de 2021 que el exmandatario había presionado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para revertir los resultados en ese estado.

Raffensperger, quien tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales como secretario de Estado, reveló que Trump lo instó a «encontrar» los votos necesarios para anular la victoria de Biden en ese estado.

Con el paso del tiempo, el caso de Willis se ha ampliado para incluir otros intentos de Trump para interferir en el proceso electoral, incluyendo intentos de sus abogados para robar datos electorales de un condado rural de Georgia.

Uno de los aspectos que distingue el caso de Willis de las otras tres causas penales contra Trump es su alcance: la fiscal ha usado para imputar a Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y puesta en marcha inicialmente para combatir a la mafia.

Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa única en la que el expresidente emerge como el líder de una organización con una finalidad criminal compartida.

Willis, de 51 años, es reconocida por su inclinación a emplear la legislación RICO para enjuiciar casos criminales de gran magnitud.

De hecho, en la actualidad, está utilizando dicha normativa para un caso relacionado con pandillas que involucra al rapero Young Thug, galardonado con un Grammy y una de las figuras preeminentes del hip-hop en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera de dos décadas, Willis ha manejado numerosos casos de gran relevancia y se le conoce como una de las «mejores fiscales de asesinatos de todo el país».

En círculos judiciales, es reconocida por su habilidad para establecer conexiones con los miembros del jurado, los testigos y los detectives, así como por su firmeza para enfrentarse a quienes cree que están obstaculizando un caso, recoge el diario The Washington Post.

Willis ha manifestado su compromiso de tratar a Trump como cualquier otro acusado, en virtud de su firme creencia en la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, ha advertido que rara vez falla y que los casos que persigue suelen culminar en condenas.

«Me niego a aceptar el fracaso», expresó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal en junio.

EC