“El problema actualmente en el país es justamente que el sistema fiscal parece pasar por alto la realidad, no adaptándose al nuevo tamaño de la economía, donde el Producto Interno Bruto es apenas un 20 % de lo que fue en 2013”
Diego Mendoza
La voracidad fiscal es uno de los principales problemas que deben enfrentar el empresario y comerciante venezolanos. Los elevados impuestos en una economía tan reducida y frágil como la que se tiene actualmente, hace de la recuperación una labor cuesta arriba.
Al tener que lidiar con una inflación que se mantiene entre las más altas del mundo -429 % la anualizada a junio, según el OVF-, con unos servicios básicos deficientes, una caída sostenida del consumo y un engorroso entramado burocrático, es natural que cualquier aumento en los pagos obligatorios al Estado representen un duro golpe.
La desbordada carga impositiva no solamente afecta al sector que produce y comercia bienes y servicios, como lo han denunciado en reiteradas ocasiones Conindustria, Consecomercio y otras organizaciones, sino a todas las personas dentro de la economía, puesto que ven una reducción en la oferta, una menor competencia y un posible aumento de precios.
En Venezuela, los tres niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal, “están dotados de autonomía para establecer contribuciones generales (impuestos, tasas, contribuciones especiales y recursos parafiscales), de acuerdo a las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 183, numeral 1”, explica en entrevista para Diario La Nación el abogado especializado en Derecho tributario y finanzas públicas, Leonardo Palacios Márquez.
“El Presidente de la República y el consejo de ministros pueden aprobar la presentación de un proyecto a consideración de la Asamblea Nacional para articular políticas tributarias deseables. Y esto es extrapolable, tanto para los gobernadores como para los consejos legislativos regionales y los alcaldes y consejos municipales”, sostiene Palacios.
Así mismo, se supone que la discusión en base a la aprobación de nuevos tributos o su modificación, “debería ser un proceso amplio de consulta que tome en cuenta a los sectores involucrados, bien sea empresarios, trabajadores, consumidores, u organizaciones académicas”, para confluir en discusiones en instancias como la Asamblea Nacional, el consejo legislativo o los consejos municipales.
De esta manera, sostiene Palacios, “se pone en práctica el principio de representación, participación y autoimposición, es decir, que se acepta que se aprueben las cargas impositivas”.
El problema actualmente en el país, es justamente que el sistema fiscal parece pasar por alto la realidad, no adaptándose al nuevo tamaño de la economía, donde el Producto Interno Bruto es apenas un 20 % de lo que fue en 2013.
En este sentido, Palacios expone el caso de ciertos estados, como Aragua o Portuguesa, donde incluso han convertido o pretendido “convertir los timbres fiscales, es decir, la etiqueta que demuestra el pago de un atributo con la adquisición de ciertos bienes y servicios, en un impuesto”.
“Esto ha desvirtuado el concepto de timbres fiscales, conduciendo a una infra competencia del poder nacional, al establecer esta imposición sobre actividades que no constituyen competencias de los estados”, subraya.
Competencia entre estados
Para el especialista consultado, Leonardo Palacios, la competencia en el plano fiscal entre los estados y municipios, conocida como “relaciones fiscales intergubernamentales”, sería una medida positiva.
“Esto siempre y cuando respeten las limitaciones establecidas constitucionalmente, las cuales sugieren que estas entidades no pueden fijar impuestos de aduanas, de consumo para agravar de forma diferente a los productos que vienen de otros estados con respecto a los bienes que se producen en su jurisdicción, establecer discriminaciones, etc.”.
Así, un estado o municipio que eleve de manera violenta y exorbitante los impuestos sin el consentimiento de sus ciudadanos, o incluso teniéndolo, podría acabar por generar una reducción de la actividad económica y una fuga de empresas hacia otras jurisdicciones, lo que obligaría al Gobierno a corregir de inmediato.
De esta manera, a su vez, se estaría desde la estructura fiscal del Estado ayudando a conducir a la descentralización del poder; y, por consiguiente, se podría tener un mejor sistema tributario, con un peso más adecuado, una base más amplia, y una recaudación más efectiva y transparente.
Palacios reseña que, de hecho, en el país hay un claro ejemplo de cómo en un pasado no tan distante funcionó este tipo de medida: “Mucha gente desconoce que esas grandes zonas industriales de Aragua y Carabobo, muchas de las cuales ahora están abandonadas, fueron producto del otorgamiento de exenciones por diez años, lo cual incentivaba a las empresas a constituirse allí”.
“Esos incentivos fiscales representaron un motor importante para el establecimiento de grandes empresas que diversificaron la actividad económica y la ayudaron a crecer, a su vez que sirvieron para ampliar la base impositiva”, asegura.
Además, acota que en la ley de protección de inversiones del año 1999, se establecieron “los convenios de estabilidad jurídica, que permitía a los municipios entrar a competir para dar estabilidad a los regímenes impositivos, y ellos siguen vigentes en el Código Orgánico Tributario y en la Ley orgánica del poder público municipal, a pesar que la última ley de promoción y protección de inversiones, que es a mi parecer un error, eliminó los convenios de estabilidad jurídica”.
Por lo tanto, sería importante rescatar y aplicar las leyes que van en este sentido, así, los diferentes niveles de gobierno jugarían con las cargas impositivas para que sirvieran a su vez de incentivo a la inversión.
Reforma tributaria
La actual situación ha conllevado a replantear la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria que sea acorde para la actual coyuntura económica y vaya en beneficio de todas las partes.
Palacios, quien fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, cita en este sentido al premio nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien sugirió que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y las reformas tributarias.
“Las reformas tributarias tienen que ser una política pública adecuada, una que funcione como un mercado con oferentes y demandantes, y entes reguladores. Se deben distribuir de la mejor manera las cargas, y todos deben pagar en función a su capacidad económica”, sugiere.
El especialista no pasa por alto que desde hace más de 25 años han presentado diversas propuestas, lo que indica que la problemática lleva tiempo sin ser atendida y la postergación de soluciones ha ido en detrimento de la población que ve cada día aumentar el costo de la actividad económica, lo que genera otros inconvenientes como la informalidad y el contrabando.
Para Palacios, “una reforma tiene que estar orientada entre otros elementos al incremento de la recaudación a través de una expansión de la base impositiva, eliminar la evasión, establecer la simplicidad del sistema tributario eliminando ciertas contribuciones parafiscales y timbres fiscales, haciendo más modernos y acorde la imposición al valor agregado de la contribución específica al consumo de licores y cigarrillos. Debe, además, establecer claramente cuándo pueden proceder los estados a establecer la ley de timbre fiscal”.
De igual forma, señala la necesidad de simplificar “la ley de impuestos sobre la renta, volver a incorporar los ajustes por inflación, no abusar de la unidad tributaria, eliminar el impuesto a los grandes patrimonios y a las grandes transacciones financieras, reducir las exenciones del IVA, y tener mayor control y efectividad para garantizar la eficacia de lo que son puertos libres, zonas libres y zonas francas que existen en el país”.
Esto haría posible la modernización del sistema tributario, ayudando a su vez a eliminar las fuentes de corrupción, la discrecionalidad de gravámenes y de redistribución, “y todo aquello que representa un hamponato tributario, no solamente a nivel nacional, sino también estatal y municipal”, añade.
En definitiva, es parte de la labor necesaria para garantizar un marco normativo que implique estabilidad y seguridad jurídica, para así atraer la inversión. Todo ello puede conseguir que “el cumplimiento de la contribución sea un acto voluntario”, concluye Palacios.
La Nación
