El martes en Jartum, la capital sudanesa de 5 millones de habitantes, ya casi no se escuchaban disparos ni explosiones

Foto: AFP

Un alto el fuego de 72 horas entre los dos generales que se disputan el poder en Sudán entró en vigor este martes, tras 10 días de combates que dejaron cientos de muertos y provocaron un éxodo masivo de extranjeros.

El martes en Jartum, la capital sudanesa de 5 millones de habitantes, ya casi no se escuchaban disparos ni explosiones.

En cambio, era imposible verificar de momento si los encarnizados enfrentamientos que sacudían la región de Darfur (oeste) cesaron.

Poco antes de la medianoche, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que tras «intensas negociaciones» las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) acordaron un alto el fuego de 72 horas.

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Las FAR confirmaron y anunciaron una «tregua dedicada a la apertura de corredores humanitarios y para facilitar los desplazamientos de civiles».

En un comunicado en Facebook, el Ejército dijo que respetará el alto el fuego si sus enemigos también lo respetan.

Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, el principal bloque civil que ambos generales ahora enfrentados echaron del poder en un golpe en 2021, confiaron en que la tregua permitirá «dialogar en las modalidades de un alto el fuego permanente».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el lunes que los combates entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan y los paramilitares del general Mohamed Hamdan Daglo habían puesto a Sudán «al borde del precipicio».

Ambas partes beligerantes habían anunciado repetidas veces en los últimos días que aceptaban parar los combates, pero en cada ocasión se acusaban mutuamente de romper la tregua. Esta vez, parecía mantenerse.

Borrell aplaudió la tregua y exhortó al Ejército y las FAR a «respetarla plenamente».

Evacuaciones de extranjeros

Los enfrentamientos que estallaron el 15 de abril han dejado 450 muertos y más de 4.000 heridos, según las agencias de la ONU.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de «elevados» riesgos biológicos después de que uno de los beligerantes ocupara un laboratorio nacional de salud, donde hay agentes patógenos del sarampión, cólera y poliomielitis.

En videos publicados en internet, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, comercios incendiados, inmuebles devastados y civiles deambulando entre escombros aún humeantes dan testimonio de la violencia de los bombardeos y los ataques de artillería de los últimos días.

Antes del alto el fuego, las capitales extranjeras lograron negociar con los dos beligerantes la evacuación de su personal diplomático y de ciudadanos de sus países.

Más de 1.000 ciudadanos de la Unión Europea fueron evacuados, según el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell. España anunció la salida de 100 personas, entre las que había latinoamericanos.

China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y varios países árabes también anunciaron la extracción de cientos de personas.

Además, unos 700 empleados de la ONU, embajadas y de organizaciones internacionales «fueron evacuados hacia Puerto Sudán», una ciudad a orillas del mar Rojo, indicó Naciones Unidas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que hasta 270.000 personas podrían huir a Chad y Sudán del Sur.

Quienes no consiguen huir del fuego cruzado intentan sobrevivir sin suministro de agua ni electricidad, con escasez de comida y cortes de internet y de teléfono.

Esta espiral «corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría envolver a toda la región y más allá», aseguró Antonio Guterres.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este martes por la noche para analizar la situación.

Pese a la partida de numerosos diplomáticos y ciudadanos extranjeros, el emisario de la ONU en Sudán, Volker Perthes, aún permanece en este país del este de África.

Desde hace cuatro años este funcionario negocia con los militares para que acepten una transición hacia la democracia.

Personas mayores y bebés

«A medida que huyen los extranjeros, que pueden hacerlo, se agrava el impacto de la violencia en una situación humanitaria ya crítica en Sudán», advirtió la ONU.

Atrapadas en el fuego cruzado, sus agencias y muchas otras organizaciones humanitarias han suspendido sus actividades en el país.

Cinco trabajadores humanitarios, entre ellos cuatro de la ONU, murieron y, según el sindicato de médicos, casi tres cuartas partes de los hospitales están fuera de servicio.

Cerca de 200 personas de más de 14 países desembarcaron la noche del lunes de un buque naval en la ciudad costera de Yedá, en Arabia Saudita. Entre ellos había mujeres mayores en silla de rueda y bebés dormidos en los brazos de sus padres.

La disputa entre Burhan y Daglo, que se aliaron para derrocar a los civiles del poder, surgió de los planes de integrar las FAR al ejército regular.

EFE

Congresistas de EEUU y políticos venezolanos en el exilio rechazaron este martes el trato dado por el Gobierno de Colombia al opositor venezolano Juan Guaidó y algunos pusieron en duda la capacidad del presidente colombiano, Gustavo Petro, como «moderador» en la crisis de Venezuela.

Guaidó, que de 2019 a 2022 llegó a ser reconocido como presidente interino venezolano por más de 50 países, EEUU incluido, llegó en la madrugada de este martes a Miami después de haber sido «obligado» por las autoridades colombianas a dejar ese país, según contó a la prensa.

El expresidente de la Asamblea Nacional venezolana había viajado a Bogotá con la intención de participar hoy en la Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela.

«La persecución de la dictadura lamentablemente también se extiende a Colombia», dijo Guaidó en el aeropuerto de Miami, la ciudad donde comienza su exilio, como han señalado a EFE otros venezolanos en esa situación.

«Juan Guaidó hizo un esfuerzo patriótico y heroico por llevar la democracia al fallido estado criminal de Venezuela. Es decepcionante que el Gobierno colombiano, históricamente generoso con sus vecinos venezolanos, aparentemente no le ha tratado a él de esa manera», escribió en Twitter el senador demócrata Dick Durbin.

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado desde 2017, consideró en unas declaraciones a EFE que lo ocurrido a Guaidó es «deplorable y repudiable desde todo punto de vista» y «pone en entredicho la neutralidad de Petro».

«Para los venezolanos, hasta el día de ayer, Colombia había sido un territorio de libertad», dijo Ledezma, quien reconoció tener «diferencias» con Guaidó, pero señaló que ha jugado un «papel significativo» en la lucha por la libertad de Venezuela.

Aunque el Gobierno colombiano negó haberlo expulsado a Guaidó e incluso el presidente Petro dijo que le hubiera dado asilo político si lo hubiera pedido, el trato al opositor suscitó críticas en EEUU.

«Bienvenido a Miami @jguaido, donde acogemos a los que anhelan la libertad. Hoy mismo le voy a pedir al presidente (Joe) Biden que se te otorgue asilo a ti y a tu familia», escribió la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar en Twitter.

«Aquí sí somos solidarios con las fuerzas demócratas de Venezuela y no con la dictadura de Maduro y sus cómplices», agregó.

Otro congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, dijo en un mensaje en la misma red social que el presidente de EEUU, Joe Biden, le abrió la semana pasada «las puertas descaradamente al narcoguerillero de Gustavo Petro alias Aureliano».

«Y así, Petro le da las gracias: expulsando al Presidente Juan Guaidó, tras su llegada a #Colombia. Con terroristas no se negocia», agregó.

El exmilitar venezolano José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), señalo a EFE que la «salida al exilio» de Guaidó y «en las condiciones» en que ha tenido lugar representa «el fin de una oportunidad que ha culminado en un gran fracaso».

Guaidó «comienza a vivir un exilio con una comunidad a la que siempre le dio la espalda y nunca escuchó», agregó Colina. EFE

Me indigna que el gobierno de Petro no le ofreció protecciones legítimas a @jguaido al llegar a #Colombia. Guaidó fue presidente interino legítimo de #Venezuela y debería haber recibido todas las protecciones de la dictadura asesina de Maduro. Una vez más, el gobierno de Petro…

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) April 25, 2023

El problema humanitario que se vive en la frontera entre Chile y Perú en las últimas semanas, debido al creciente número de migrantes que se encuentran varados tras el aumento de controles, se va a incrementar, advirtió el representante de Acnur en Perú, Federico Agusti.

“El problema humanitario ya lo tenemos y se va a incrementar. En la medida en que aumenten los números, aumentan las necesidades. Las personas (migrantes) llegan en situación vulnerable, no es que tengan grandes recursos, llegan con la intención de cruzar y los recursos apenas necesarios para eso”, explicó Agusti en una entrevista con EFE.

En la frontera, han encontrado “dos situaciones que se están dando simultáneamente”; de un lado quienes se encuentran en Perú y quieren cruzar a Chile y, de otro, quienes buscan hacer el camino inverso. Más del 50% de personas que están ahí son haitianos, (pero también) hay venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades.

La gran mayoría de personas que se presentan en la zona de frontera para pasar al Perú plantean que su ingreso va a ser en tránsito, “no tienen intención de quedarse en Perú, sino de seguir camino”, explica.

Al consultar a quienes salen de Chile y quieren atravesar Perú, explican que lo hacen por el aumento del coste de la vida en Chile, algunos venezolanos “plantean que quieren probar suerte” en su país y otros buscar a sus familiares.

Agusti indicó que “parte del problema es que la documentación que se les requiere es documentación que no tienen (…) especialmente los venezolanos, que pueden demorar años en tramitar un pasaporte”.

A esa situación se suma que, “hasta no hace tanto”, cuando los controles eran menores, muchos “cruzaban de manera irregular”.

Supuesto apoyo de agentes chilenos

En medio de este contexto, la situación se ha agravado debido a una investigación del programa peruano “Cuarto Poder” en el que una periodista acompañó a un grupo de inmigrantes venezolanos que buscan ingresar de noche a territorio peruano desde Chile por pasos ilegales en el desierto.

En el camino, fueron detenidos por vehículos con militares y carabineros que, según remarcó la reportera, “marcan el camino” de los migrantes hacia Perú “por rutas prohibidas”.

“Cuarto Poder” mostró que, una vez en territorio peruano, decenas de migrantes ilegales, en su mayoría de nacionalidad venezolana, colombiana y haitiana, se quedan a vivir en parques y en la vía pública de la ciudad de Tacna.

En respuesta, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, afirmó este lunes que “sería un hecho muy preocupante” si se confirma la denuncia de un programa de televisión sobre el ingreso de migrantes ilegales a territorio peruano guiados por militares chilenos.

“Lo más adecuado es buscar mecanismos adecuados regulares”

Más allá de esta polémica, el representante de Acnur señaló que “cuando se militarizan las fronteras”, los migrantes buscan otras alternativas.

“A veces es como contener el cauce de un río con la mano. Al principio contienes un poco, pero luego te pasan por los costados”, subrayó.

Por eso, consideró que “lo más adecuado es buscar mecanismos adecuados regulares, razonables para que puedan hacerlo por los canales que corresponden”.

Finalmente, sostuvo que existe “una imagen distorsionada de quienes están en la frontera” varados, ya que “la mayoría son familias con niños”.

“Entonces a esas familias con niños, dejarlas varadas en frontera no es la mejor ni más adecuada medida”, concluyó.

EFE