El proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio este viernes los primeros pasos con miras a su eventual destitución por parte de una Asamblea Nacional (Parlamento), controlada firmemente por la oposición.

La acusación fue recibida por la comisión administrativa legislativa (CAL) de la cámara, que debe revisar el documento y, de no presentar objeciones, remitirlo a la Corte Constitucional para que evalúe si está debidamente fundamentada.

Sin embargo, en una sesión convocada para la noche de este viernes, esa comisión parlamentaria prefirió solicitar un informe jurídico antes de remitir el documento a la Corte Constitucional, que puede archivar el proceso si considera que la acusación no se ajusta a la norma.

El proceso de juicio político fue activado el jueves por un grupo de 59 asambleístas, principalmente del correísmo y del derechista Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso; pero también de algunos legisladores de Izquierda Democrática (ID) y del movimiento indigenista Pachakutik.

Al mandatario lo acusan por los delitos de concusión y peculado (malversación) al supuestamente tener responsabilidad política en una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, en un caso que ha sido denominado «Encuentro» o «Gran Padrino».

La postura de la oposición es que, supuestamente, Lasso sabía de este entramado y que incluso llegó a proteger a sus integrantes como al empresario Rubén Cherres, un personaje cercano al oficialismo, del que según los acusadores, el mandatario supuestamente ordenó que se archivase una investigación antidrogas en la que figuraba.

GOBIERNO DENUNCIA ATENTADO A DEMOCRACIA

El jefe de Estado siempre ha negado y rechazado con rotundidad las acusaciones de la oposición e incluso esta semana emitió un comunicado en el que aceptaba que se investigase a su cuñado.

Al activar el proceso de juicio político, el Gobierno tildó esta maniobra de un atentado contra la democracia y la institucionalidad de Ecuador, al considerar que es un nuevo intento de desestabilizar al país.

No es la primera vez que Lasso afronta una tesitura similar, pues en junio del año pasado ya salvó por pocos votos una moción de destitución, en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena, que dejaron siete muertos, entre ellos seis manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar.

En aquella ocasión la oposición no logró alcanzar los 92 votos necesarios para sacar del poder al mandatario, pero ahora los promotores del juicio político se ven seguros tener a favor los votos suficientes, equivalentes a los dos tercios de la cámara.

Así lo aseveró la asambleísta correísta Viviana Veloz, presidenta de la comisión parlamentaria que investigó la presunta trama de corrupción y cuyo informe aprobado por el pleno de la Asamblea recomendaba iniciar un juicio político a Lasso.

Ese informe fue aprobado con 104 votos, muy por encima de los 70 que eran necesarios para que saliese adelante, y que evidenciaron la minoría que, por sí solos, representan los veinte asambleístas de la bancada oficialista con los que cuenta el presidente, de un total de 137 escaños que conforman el hemiciclo.

MOVIMIENTO INDÍGENA PIDE «SALIDA INMEDIATA»

También apoya encarecidamente este juicio político la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal promotora de las protestas de junio de 2022, que tiene en Pachakutik a su brazo político.

En una asamblea de organizaciones sociales y colectivos civiles, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, volvió a exigir la «salida inmediata» de Lasso y presionó a la Corte Constitucional para que no frene este proceso contra el jefe de Estado.

El líder indígena incluso anunció plantones ante la sede de la Corte y frente a la Asamblea Nacional para exigir que el proceso culmine con la destitución de Lasso, al que acusa de una ola de inseguridad y del éxodo migratorio de las comunidades rurales, así como de incumplir los acuerdos alcanzados tras las protestas del año pasado.

EFE

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ve posible que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, enfrente un juicio por presuntos crímenes de guerra, según dijo este viernes en una entrevista con la cadena CNN.

«Quienes creen que es imposible» que el líder ruso rinda cuentas por los actos cometidos en Ucrania «no entienden la historia», aseguró Khan en declaraciones al medio estadounidense.

El fiscal citó como ejemplos los Juicios de Núremberg (1945-1946) -por los crímenes de guerra en la Alemania nazi- y el proceso judicial por el genocidio de Ruanda.

«Todos ellos (implicaron a) individuos poderosos e imponentes y, sin embargo, acabaron en los tribunales», agregó Khan.

El fiscal señaló también que, mediante la orden de detención contra Putin que emitió la CPI este mismo viernes, se quiere enviar un mensaje claro: «Nadie debe sentir que puede cometer un genocidio o crímenes contra la humanidad con impunidad».

La CPI publicó una orden de detención contra el presidente ruso como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal conocido como Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de este tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación por posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en el conflicto con Ucrania.

El Gobierno ruso calificó la orden de arresto de «indignante», «inadmisible» y «nula jurídicamente», puesto que Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma de la CPI.

EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, entre otras autoridades, se reunieron hoy con el papa Francisco en el Vaticano y abordaron la situación política de España: «Nos pidió sobre todo que dejáramos de hablar tanto del pasado», refirió la gobernante regional.

«Nos pedía sobre todo que dejáramos de hablar tanto del pasado, de las guerras, y no puedo estar más de acuerdo», ilustró Díaz Ayuso ante los medios a su salida de la audienca, organizada con motivo del IV centenario de la canonización de San Isidro Labrador.

Al encuentro con el pontífice acudió junto a su correligionario, el popular Martínez-Almeida, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y con el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

En la audiencia, además del programa del Año Santo por el patrón, también se habló del contexto político español y el papa, según Díaz Ayuso, les lanzó una recomendación: «Que pensemos especialmente en el pueblo por delante de las ideologías, algo con lo que coincido totalmente», reveló.

«Creo que hay que gobernar en base a unos principios, unos valores, una forma de ver la vida, pero nunca en base de ideologías que al final lo que hacen es hacer una gestión cuadrícula solo en base a una ideología, que yo creo que es algo que no hace más que dividir al pueblo», sostuvo.

Y agregó: «Nos pedía unidad, que no es lo mismo que uniformidad, y lo tendremos en cuenta, claro que sí».

En este sentido, restó importancia al reciente mensaje filtrado que envió a sus diputados en la Asamblea de Madrid y en el que afirmaba que «hoy la izquierda está acabada» y «matadlos», y explicó que se trató de una conversación con una persona de confianza.

Además de defender que era en tono coloquial: «Les animo a mirar vuestras conversaciones de Whatsapp con una persona, y nadie podrá negar que cuando uno habla con una persona puede utilizar esos mismos términos».

En la audiencia con el papa no salió el tema del Valle de los Caídos, de donde en octubre de 2019 fue exhumado el dictador Francisco Franco por el Gobierno socialista.

«No hemos hablado de política ni de competencias que no son mías», afirmó, aunque avanzó que con una nueva ley se va a «proteger los símbolos religiosos de todas las iglesias».

EFE

Las inundaciones y deslizamientos de lodo por las fuertes precipitaciones han causado la destrucción de 55 aulas escolares. Dina Boluarte, presidenta de Perú, agradeció al sector privado por la donación de 500 toneladas de alimentos para los afectados. Las inundaciones han provocado que 1.800 casas estén inhabitables

Las intensas lluvias en Perú han causado la muerte de 50 personas, 8.000 damnificados, más de 50.000 afectados, 1.300 casas destruidas y 640 kilómetros de carreteras afectadas, según el último reporte de Defensa Civil dado este viernes por la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Tras una visita al centro de operaciones de Defensa Civil, Boluarte añadió que, hasta el día martes, las lluvias que han golpeado al norte y la costa central peruanas, han provocado también que 1.800 casas estén inhabitables, otros 300 kilómetros de canales de riego afectados, 111 puentes destruidos y 48 kilómetros de redes de agua afectados.

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo por las lluvias han causado la destrucción de 55 aulas escolares y de cuatro establecimientos de salud, además de 11.000 hectáreas de cultivos y la muerte de 28.000 animales de ganaderos.

«Estas cifras muestran el poder destructivo y las terribles consecuencias que han generado las lluvias e inundaciones en nuestro país», dijo la jefa de Estado durante el lanzamiento de una campaña de solidaridad para los damnificados.

Agregó que los daños señalan «el enorme reto que tenemos hoy para enfrentar esta situación y salir adelante» apelando a la «unidad y el esfuerzo colectivo».

En tal sentido, Boluarte convocó a una cruzada nacional para reconstruir el Perú, que permita atender a los «hermanos damnificados y afectados», así como ejecutar las obras de infraestructura para proteger a la población de emergencias futuras.

La mandataria agradeció al sector privado por la donación de 500 toneladas de alimentos e invocó al apoyo de toda la población y gobiernos locales para brindar maquinaria pesada que permita la limpieza de los cauces de los ríos desbordados, así como las localidades inundadas por los deslizamientos.

«El Estado está desplegando todas sus capacidades humanas y materiales, aunque siempre resulta insuficiente», anotó, al tiempo de confirmar que las Fuerzas Armadas van a enviar a sus batallones para ayudar en la limpieza de quebradas y zanjas.

Respecto a la salubridad en las provincias inundadas, Boluarte anunció que se empezará en el norte del país con las labores de fumigación para evitar la propagación del dengue, una enfermedad transmisible por un mosquito que ha causado más de 22.000 casos y 26 muertos en lo que va del año.

Boluarte expresó su expectativa de poder reconstruir el país «sobre bases más sólidas, con obras de descolmatación (limpieza) de ríos, así como carreteras y puentes» donde estas obras han quedado afectadas.

En ese sentido, confirmó la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para la creación de una autoridad nacional de infraestructura, que esté a cargo de obras emblemáticas para el control de cuencas, como la del río Rímac, en el centro de Lima, que está en un nivel alto de riesgo por las actuales precipitaciones.

VF