La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este lunes su preocupación por el proyecto de ley para regular ONG que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero, y que según ellos puede suponer un cierre del espacio cívico y democrático.

“La regulación impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas“, advirtió en un comunicado uno de los expertos de la misión, el chileno Francisco Cox, citado por El Nacional.

La Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro y su incumplimiento estaría sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución.

La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación.

“Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, advierte la misión.

Según la misión, uno de los aspectos del proyecto más preocupantes es la atribución que confiere al Ejecutivo, especialmente su nueva facultad de poner en marcha mecanismos de control que le permitan supervisar y sancionar aspectos de las ONG que bajo su punto de vista “amenacen la seguridad nacional”.

“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, indicaron los expertos.

El texto también recoge prohibiciones a actividades que podrían ser juzgadas con arbitrariedad, ya que habla de sancionar “actividades políticas” o aquellas que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, lo que para la misión podría suponer una amenaza para las ONG que colaboran con ellos.

El proyecto de ley, concluyen, se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico “a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas”.

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Según un informe difundido este martes por la organización Transparencia Internacional, que pone a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones más corruptas de América, este problema sigue siendo predominante y sin ningún tipo de mejorías desde hace más de cinco años en la gran mayoría de los países de la región.

En cambio, Uruguay y Canadá aparecen como los países menos corruptos, seguidos por Estados Unidos, tal como reseña AP.

El promedio de puntuación del Índice de Percepción de Corrupción 2022 en la región es de 43 puntos, sobre un total de 100, y casi dos tercios de los países tienen un menos de 50 puntos. En 27 de los 32 países de América no se ven avances desde 2016, dijo Transparencia Internacional en su reporte anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) .

Creado en 1995, el índice clasifica a 180 países y territorios según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público. Utiliza una escala que va desde cero, para el más corrupto, a 100, para el menos corrupto. Para su elaboración, Transparencia utiliza información de 13 fuentes externas, entre ellas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, consultoras privadas y expertos.

“Estoy muy preocupada porque veo a la región latinoamericana en un franco retroceso”, expresó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, a la referida agencia de noticias. “Lo que vemos es aumento del autoritarismo, aumento de los gobiernos populistas que llegan por elecciones y desde adentro atacan a la democracia atacando el poder judicial, los organismos de control, los medios de comunicación, la ciudadanía organizada, la oposición”, dijo en entrevista telefónica.

14 puntos

Uruguay y Canadá son los países menos corruptos de la región, con 74 puntos. Les sigue Estados Unidos, con 69. Venezuela, en cambio, aparece como el más corrupto, con 14 puntos, seguido por Haití, con 17; y Nicaragua con 19.

Chile y Costa Rica, que tradicionalmente obtenían los mejores desempeños en el índice de los países latinoamericanos, no están priorizando la lucha contra la corrupción, y se mantienen en la misma posición, con 67 y 54 puntos respectivamente, de acuerdo con el reporte.

Colombia tiene 39 puntos, Brasil 38, Perú y Ecuador 36, El Salvador 33, República Dominicana 32, México 31, Honduras 23.

En América, los países no han adoptado medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, lo que ha favorecido a la consolidación de redes criminales que ejercen un poder considerable sobre actores políticos, indicó el informe. Esto, a su vez, profundiza la violencia, señaló.

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