La Fiscalía de Río de Janeiro disolvió el grupo especializado que investigaba, entre otros, al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por sospechas de corrupción, informaron este jueves fuentes oficiales.

El procurador general de Justicia de Río, Luciano Mattos, decidió anular la resolución a través de la cual se creó el Grupo de Actuación Especializada en el Combate a la Corrupción (Gaecc), en 2016, según fue publicado en el Diario Oficial del Ministerio Público.

El órgano coordinaba las investigaciones contra Flavio Bolsonaro por el presunto desvío de dinero público y blanqueo de capitales en su etapa como diputado regional de Río de Janeiro.

A partir de ahora, ese grupo especializado se integrará dentro del departamento que actualmente se dedica a luchar contra el crimen organizado en Río de Janeiro, con especial foco en las milicias y los traficantes de drogas.

En la práctica, los fiscales anticorrupción de Río perderán su autonomía para la apertura de investigaciones y a partir de ahora tendrán que someter sus decisiones a la dirección del Grupo de Actuación Especializada y Combate al Crimen Organizado (Gaeco), que también será reestructurado.

Mattos argumentó que la represión de organizaciones criminales, la corrupción y el lavado de dinero “reclama una actuación especializada y la utilización de datos e informaciones interconectadas”, a fin de que sean analizadas “de forma rápida y eficaz”.

También defendió que su decisión busca “la optimización del trabajo a partir de una perspectiva integral de los hechos apurados”.

La disolución del grupo especializado anticorrupción de Río ocurre poco después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) anulara parte de esa investigación contra Flavio Bolsonaro, lo que en última instancia podría llevar a la anulación del proceso.

Según la corte, la Fiscalía no “cumplió con los requisitos legales” para levantar el secreto bancario y fiscal del hijo mayor del presidente, en el marco de la investigación.

Flavio Bolsonaro fue denunciado el año pasado ante la Justicia por los delitos de organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida, en el caso de las “Rachadinhas”, como popularmente se conoce en Brasil.

Según la acusación, el primogénito del jefe de Estado lideraba y se beneficiaba de una trama que se apropió durante años de parte o la totalidad del salario de funcionarios contratados fraudulentamente para su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río, pues en realidad estos no ejercían función alguna.

Por otro lado, esta semana, Flavio Bolsonaro tuvo que explicar la compra de una lujosa mansión situada en uno de los barrios más caros de Brasilia y valorada en un millón de dólares, lo que levantó sospechas entre los partidos de la oposición al Gobierno.

Jair Bolsonaro no es investigado en el caso, aunque en el transcurso de la investigación, se descubrió que uno de los antiguos asesores de su hijo y amigo de la familia, Fabricio Queiroz, hoy en prisión domiciliaria, y la esposa de éste realizaron depósitos por valor de 89.000 reales (16.000 dólares) en la cuenta bancaria de la primera dama, Michelle Bolsonaro, entre 2011 y 2016.

EFE

 
Varios birmanos se han refugiado en India esta semana, entre ellos policías que se niegan a participar en la violenta represión de los manifestantes en Birmania ejercida por la junta militar, según las autoridades y la prensa india el jueves.

Según la policía local, nueve birmanos se refugiaron en India el miércoles, entre ellos tres policías que declararon a las autoridades del estado de Mizoram, fronterizo con Birmania, que huían para no tener que participar en la represión en su país.

Según las Naciones Unidas, 38 personas murieron el miércoles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad birmanas, que dispararon con munición real contra concentraciones de manifestantes, suscitando nuevas protestas internacionales.

Se trata del mayor número de muertos desde el golpe del 1 de febrero en Birmania.

“Su identidad y las razones de su huida de Birmania han sido transmitidas al ministerio del Interior del Estado”, precisó el jefe de la policía local, Kumar Abhishek.

India comparte una frontera de más de 1.600 kilómetros con Birmania.

El diario The Hindu menciona el número de 20 birmanos que han pasado la frontera para entrar en India y añade que testimonios procedentes de los distritos de Champhai y Serchhip indicaban al menos 50.

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, anunció este viernes que se aparta del cargo tras reunirse con el presidente del país, Mario Abdo Benítez, en medio de una crisis sanitaria debido a la falta de medicamentos en los hospitales públicos y con críticas a su gestión ante la pandemia.

“Hemos acordado juntos que yo deje el cargo del Ministerio de Salud Pública a los efectos de que realmente se pueda generar esa paz que se necesita para poder enfrentar este desafío”, dijo Mazzoleni en declaraciones a la televisión estatal.

El anuncio se produce después de que en la víspera Mazzoleni asegurara en una rueda de prensa que no iba a dimitir, tal y como le fue pedido ese mismo día en una declaración votada en el Senado.

“Es un momento donde es absolutamente necesario que los paraguayos estemos unidos para combatir la pandemia y por sobre cualquier persona está el interés nacional y ojalá que esta decisión sirva para la unión del país”, añadió el ministro en la residencia presidencial.

Según la Presidencia, el viceministro Julio Borba queda como ministro interino hasta el nombramiento de la máxima autoridad sanitaria por parte de Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

La gestión del ministro ya había sido criticada esta semana por el personal sanitario y el gremio de enfermería, que durante dos días se concentraron frente a varios centros sanitarios de referencia para denunciar la falta de medicamentos e insumos, en especial para los afectados por el coronavirus.

La escasez se está evidenciando a medida que se acumulan los casos por covid en el país, con un aumento sostenido de los contagios que están desbordando el ya de por sí precario sistema de salud pública.

A las críticas también se suman la demora en la llegada de las vacunas, que de momento se limitan a las 4.000 dosis de la Sputnik V ya aplicadas, a dos millares de trabajadores sanitarios.

Al respecto, en su rueda de prensa del jueves, Mazzoleni admitió que no podía dar fechas exactas de la recepción del millón de vacunas rusas ya negociado, así como de los 4,3 millones de dosis acordado con el mecanismo Covax.

Mazzoleni abandona el puesto cuando el país suma 3.256 fallecidos y 164.310 casos de coronavirus desde el primer registro de marzo del pasado año, con una media diaria en las últimas semanas por encima del millar de contagios.

El ministro reconoció el jueves que existe “una propagación sumamente preocupante del virus” que supone “un impacto muy importante en los hospitales”.

EFE

 La Fiscalía de Colombia informó el viernes que no llamará a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el proceso penal en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, por el cual estuvo detenido dos meses en 2020.

El fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, solicitó ante un juez la preclusión de la investigación, es decir la terminación anticipada del proceso penal, al encontrar que no hay mérito para acusar a Uribe ante la inexistencia de un delito.

“Gracias a Dios por este paso positivo”, escribió el expresidente Uribe (2002-2010) en su cuenta de Twitter.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía no explicó las razones de fondo de su decisión y aseguró que las dará ante un juez en una audiencia programada de la que aún no se conoce la fecha. Dicha justificación de la preclusión podrá ser controvertida tanto por el expresidente Uribe como por las víctimas del caso.

“Al final de la audiencia el juez dirá si acepta los términos de la Fiscalía de preclusión y terminará el proceso o los de la víctima y le ordenará a la Fiscalía continuar con la investigación”, dijo a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, abogado especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia. “Cualquiera de las dos decisiones tiene recurso de apelación”, añadió.

Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, celebró la decisión de la Fiscalía y un una entrevista con el medio local Blu Radio aseguró que se trató de un “trabajo autónomo e independiente. Por supuesto vemos que se está abriendo camino la verdad y la justicia”.

El parlamentario izquierdista Iván Cepeda, víctima en el proceso, no se ha pronunciado. Sin embargo, en los últimos días dijo a medios locales que no confiaba en la imparcialidad de la Fiscalía. “El fiscal Gabriel Jaimes ha menospreciado olímpicamente el acervo probatorio recogido por la Corte Suprema de Justicia. Se ha convertido en el defensor de Álvaro Uribe”, aseguró.

Este proceso contra Uribe comenzó en 2012 cuando él interpuso una demanda contra Iván Cepeda acusándolo de conseguir testimonios de paramilitares de forma irregular para vincularlo con grupos ilegales.

 AP