El economista José Toro Hardy señaló este sábado que la Ley Antibloqueo “en la práctica deroga la Constitución y establece un Ejecutivo con poderes supraconstitucionales sin que haya sido consultado el soberano. Es por tanto inconstitucional”

“El gobierno dejó de ser democrático, participativo, electivo, descentralizado, responsable, pluralista. Ya la soberanía no reside intransferiblemente en el pueblo quien ya no la ejerce en la forma prevista en la Constitución, ni indirectamente mediante el sufragio y los órganos del Estado ya no emanan de la soberanía popular ni a ella están sometidos”, indicó.

Destacó que ya la Constitución “no es la norma suprema ni el fundamento del ordenamiento jurídico, ni ya todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución”.

“Ya Venezuela dejó de constituir un Estado democrático y social de derecho y de justicia y ya no propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social. Ya Venezuela no propugna en general la preminencia de los derechos humanos, la ética ni el pluralismo político”, acotó.

A su juicio, “la Constitución fue por tanto conculcada y se saltaron a la torera al menos los títulos I y II de la Constitución vigente y muchos otros”.

“Ya el pueblo dejó de ser el depositario del poder constituyente originario y no fue llamado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y el Estado se transformó con una ley Antibloqueo que crea un nuevo ordenamiento jurídico sin que el soberano haya sido consultado”, sostuvo.

Sumarium

 
En atención a la política de transparencia convocada por el Presidente (e) Juan Guaidó y el Parlamento venezolano, José Ignacio Hernández, exprocurador Especial de la República de Venezuela, acudió este viernes a la reunión online de la Subcomisión Especial de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, la cual inició una investigación por las denuncias del Consorcio CRA, en relación a una presunta extorsión y cobro de comisiones durante un proceso para recuperar activos de Petrocaribe.

En su comparecencia, el exfuncionario del Gobierno encargado, sostuvo que, por parte de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA) Consortium, nunca recibió por escrito ni por vía electrónica o telefónica denuncia de supuestas extorsiones y tratos indebidos por representantes del Gobierno encargado.

Aclaró que al ser notificado de la supuesta buena “buena pro” otorgada por el Comisionado presidencial para la Recuperación de Activos, Javier Troconis a la empresa CRA, se contactó con él, quien aseguró que el contrato nunca se formalizó ni se firmó, porque los representantes del referido consorcio están incursos en supuestas irregularidades de fraude.

El exprocurador explicó que el Comisionado para la Recuperación de activos en el exterior del gobierno interino, no puede otorgar contratos en representación de Pdvsa, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Estatuto que rige la Transición Democrática, solo la junta Pdvsa ad hoc, tiene la autorización de celebrar contratos en nombre de la empresa petrolera.

Recalcó que «la junta Pdvsa ad hoc, es la única autoridad de otorgar al tercero la representación de Pdvsa para el cobro de cuentas referidas a Petrocaribe».

En ese caso, «la junta de Pdvsa ad hoc, nunca ha dado ningún contrato al consorcio CRA y, por lo tanto, esta empresa CRA, no puede actuar en nombre de Pdvsa, ni del Gobierno interino», puntualizó.

Ante denuncias que la empresa CRA, habría contactado a países miembros de Petrocaribe para la mediación de cuentas por cuentas por cobrar, el exfuncionario, sostuvo que envió una comunicación formal al Consorcio CRA, donde reitera que «no hay contrato firmado» e insta «que todo evento que pretendan ejercer en representación de Pdvsa y el gobierno encargado, debe finalizar de inmediato en el ejercicio de esa ilegítima representación».

De igual forma, Hernández, conversó sobre el caso con el expresidente de la junta de PDVSA ad hoc, Luis Pacheco, quien le ratificó que para ese momento cuando se desvela el hecho, «no tenía conocimiento de ese presunto contrato con la CRA».

En su intervención aclaró que la oficina de procuraduría especial le corresponde de manera exclusiva la representación judicial y extrajudicial, la cual dicho ente « nunca ha avalado ningún tipo de contrataciones fuera de la Ley ».

Además, destacó que el ente público, se focalizó de evitar que la empresa CRA ejerciera de manera indebida la representación de Pdvsa, frente a países miembros de Petrocaribe, cuyo objetivo «se logró cuando la empresa reconoció y dejó de interactuar y hacer gestiones con miembros de esa alianza en materia petrolera».

«El interés del procurador especial es aclarar que los comisionados para la gestión de activos, no puede actuar en nombre de Pdvsa, sino solo la junta de Pdvsa ad hoc, podría haber decidido sobre la contratación con el consorcio CRA u otra empresa para recuperar cuentas por cobrar en el exterior», precisó.

Hernández ratificó su absoluta su disposición a comparecer las veces que sea necesario y se limitó durante su comparencia resumir los hechos explicados con sus anexos correspondientes en una comunicación escrita enviada el pasado 28 de septiembre, por correo electrónico a la instancia parlamentaria sobre el caso de la CRA y, a su vez, también remitió información sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Petróleos de Paraguay (PetroPar).

 Pese a la crisis social, económica y política del país, a la pandemia por la COVID-19, más de 60 instituciones educativas, entre colegios y Universidades se han sumado al Proyecto de la Acción Clima versión Venezuela, que tiene como objetivo educar a las generaciones que se levantan frente al cambio climático y formar conciencia para la conservación del planeta.

Así lo informó la presidenta de la Sub Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, diputada por el estado Lara Bolivia Suárez, luego de sostener una reunión, vía online, con La Embajadora para el Proyecto de Acción Climática y Primera Embajadora de Enseñanza de los ODS de la ONU- Venezuela, Ydalith Figueroa Kad-Bay, quien dio un balance sobre el progreso de este plan en el país que comenzó el pasado 28 de septiembre.

Explicó la parlamentaria larense que la embajadora Ydalith Figueroa Kad-Bay, se mostró satisfecha por la respuesta positiva que han tenido los educadores, profesores universitarios y alumnos sobre este proyecto, pese a todas las dificultades que existen en el país por la crisis aguda que viven los venezolanos

“Hay un interés muy importante de las nuevas generaciones que se levantan en conservar la naturaleza, en lograr que se respete el ambiente, reconocen la necesidad de que sean implementadas políticas que favorezcan el cuidado ambiental y que las empresas las utilicen, para evitar la contaminación, por ejemplo, de carbono”.

Indicó que el 60 por ciento de los alumnos que participan en el proyecto por el clima versión Venezuela, son de estratos sociales de menos recursos, que han mostrado mayor interés en el programa.

 “Casi todas las escuelas de Fe y Alegría se han unido a este proyecto. Los alumnos de la Gran Sabana, por ejemplo, no cuentan con señal de internet y envían los avances del programa, sus dibujos y proyectos, de lo que han realizado y aprendido hasta ahora, a una hora específica en un sitio de la ciudad, para enviar sus datos por whatsapp. Aquí vemos que hay un gran interés por aprender a cómo conservar el sitio, el hogar donde viven esos niños”.

Sostuvo la diputada Suárez que es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. “Por eso son tan importantes estos planes destinados a trazar un futuro más seguro y sostenible para los ciudadanos. Tener en cuenta que dichos planes ahora, puede ayudar para que el mundo se reconstruya mejor de la crisis actual, generada por la pandemia.

Por su parte la embajadora Ydalith Figueroa Kad-Bay, se mostró muy agradecida con la Asamblea Nacional a través de la a la subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social y el presidente (e) Juan Guaidó, por el compromiso asumido de desarrollar el proyecto en el sistema educativo formal, dado la importancia de la materia ambiental y el cuidado del planeta.

La Embajadora venezolana comentó acerca del éxito y la variedad del registro de las Instituciones Educativas incorporadas al Proyecto de la Acción por el Clima Venezuela, auspiciado por las Naciones Unidas, y la WWF, entre otras instituciones.

“Me siento orgullosa de ser pionera en Venezuela, de tan importante programa en pro de la Acción por el Clima y lograr estimular la participación de todas las Instituciones Educativas, ONG y funciones, que hoy se han sumado al Proyecto de la Acción por el Clima 2020-2021, quienes se convertirán en multiplicadores del mensaje y las enseñanzas que obtendremos en este proyecto”, destacó la Embajadora Ydalith Figueroa Kad-Bay .

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que el Ejército de Colombia está formando a más de 1.000 mercenarios que pretenden infiltrarse en el país caribeño y «sabotear el clima político y electoral».

«A esta hora que les estoy hablando, en Colombia se están preparando más de 1.000 mercenarios bajo el entrenamiento del Ejército Nacional de Colombia y de las estructuras de inteligencia de Colombia», dijo Maduro al intervenir virtualmente en el Festival Internacionalista de los Pueblos en Resistencia 2020.

Según aseguró, ese entrenamiento lo están realizando «bajo el conocimiento, amparo y apoyo» del presidente colombiano, AzulIván Duque, a quien acusó de formar parte «de estos planes para entrenar mercenarios, terroristas, que pretenden infiltrarse a Venezuela».

El objetivo final, según concluyó, es el de «sabotear el clima político y electoral» de cara a los comicios legislativos que está previsto que se celebren el próximo 6 de diciembre y a los que no acudirá el grueso de la oposición por considerarlos un «fraude».

Maduro recordó que en mayo pasado ya hubo un intento de incursión fallido en el que murieron, al menos, ocho personas y 66 más fueron detenidas.

Entre los arrestados, estaban los exboinas verdes estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, ambos identificados como empleados de la contratista militar Silvercorp.

Las autoridades venezolanas denunciaron que este grupo se había entrenado también en Colombia y había zarpado desde las costas de ese país.

Denman confesó a las autoridades, en un vídeo que estas hicieron público, que tenía órdenes de tomar el control de un aeropuerto cercano a Caracas para enviar a Maduro a Estados Unidos.

Tras la denuncia y recordar el caso de la incursión de mayo, Maduro hizo hincapié en que «Venezuela tiene que activar todos su mecanismos de inteligencia y de protección» tanto social como político, militar y policial, porque, según añadió, es «un país bajos asedio» y «amenaza permanente.

El pasado 22 de septiembre, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió a sus militantes que informen acerca de la presencia de personas con acento extranjero, pues aseguró tener información de supuestos actos para «generar violencia».

En aquel momento pidió a sus simpatizantes informar inmediatamente de «cualquier movimiento raro, de la llegada de personas que no sean de la calle, de llegada de personas que no sean de las comunidades, de personas que no tengan acento venezolano, que tengan acento extranjero».EFE

#EnVivo 📹 | Pdte. @NicolasMaduro interviene en el Festival Internacionalista de los Pueblos en Resistencia 2020. https://t.co/FgaNQRApF2

— Prensa Presidencial (@PresidencialVE) October 10, 2020

La mañana de este sábado se desarrolló una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Interior de la Asamblea Nacional, donde los integrantes de la instancia parlamentaria denunciaron la brutal represión por parte del régimen de Nicolás Maduro que ha imperado en los últimos días en Guayana, estado Bolívar, y en el municipio La Guajira, estado Zulia; así como el secuestro de Ricardo Campos, productor agropecuario de El Socorro, estado Guárico. 

En la sesión encabezada por Freddy Valera, presidente de esta instancia parlamentaria, los legisladores del bloque guayanés coincidieron en denunciar que en la región continúa el caos por el suministro de gasolina, en razón de lo que se han suscitado hechos violentos que en la última semana dejó a un ciudadano muerto y a un oficial de la Guardia Nacional hospitalizado con fractura de cráneo. 

Los parlamentarios José Ricardo Salazar, Ángel Álvarez, Rachid Yasbek y Freddy Valera; coincidieron en que mientras el pueblo es humillado en interminables colas para surtir sus vehículos con apenas 20 litros de combustible; en las zonas del Arco Minero no falta el carburante. «Cambian la gasolina por gramos de oro», enfatizó Valera desnudando la corrupción y complicidad de cuerpos de seguridad del Estado y quienes desangran este territorio con el «oro de sangre». 

Asimismo, en otro punto de la agenda, los representantes del estado Zulia, José Luis Pilera y Juan Carlos Velazco, dejaron en evidencia que cuerpos policiales imponen el terror en la Guajira venezolana. «La Guardia Nacional, la policía y el Ejército son muy duros con la población que reclama servicios, pero indiferentes con delitos de narcotráfico y de contrabando de gasolina que se producen en la región», subrayó Pirela. 

Sobre el mismo tema, Velazco recalcó que «pretenden ahogar el grito de auxilio del pueblo cansado y hastiado de tanta incompetencia del régimen», al tiempo que planteó la necesidad de elevar estos graves hechos ante organismos internacionales y garantes de los derechos de los pueblos indígenas. 

Por su parte, la parlamentaria Dennis Fernández, alzó su voz para denunciar lo que calificó como el secuestro de Carlos Campo, productor agropecuario y cultor de El Socorro, estado Guárico. Tras describir la arbitraria detención, la vocera del Legislativo añadió que luego de varios días desaparecido se espera que este sábado sea presentando en tribunales, pese a no haber cometido delito. 

Valera, al término de la jornada, se comprometió a elevar todas estas denuncias a instancias internacionales a fin de engrosar los expedientes en materia de violación de derechos humanos en el país.

 
Esta fue una de las conclusiones a la que llegó el estudio “Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela” que fue presentado por Daniela Alvarado Mejías, coordinadora de Libertades Informativas y Derechos Digitales del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela, durante su participación en la entrevista de Global News, tal como se denomina el espacio informativo del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia.

La portavoz del IPYS Venezuela destacó la alarmante cifra de 90 municipios del territorio nacional en donde no se produce suficiente información local.

“Táchira es el estado que tiene más municipios carentes de medios de comunicación que difundan noticias locales, seguido de Aragua, Anzoátegui y Zulia”.

Alvarado detalló la metodología implementada en este estudio, señaló que la obtención de datos se logró mediante encuestas para recopilar información sobre los medios que difunden noticias locales y que son referencia informativa para los ciudadanos, trabajo minucioso desplegado por la red nacional de corresponsales y colaboradores del IPYS Venezuela, entre el 8 de junio y el 15 de julio del 2020.

 
El estudio arrojó resultados interesantes, por ejemplo, la propiedad de los medios referenciados por los ciudadanos, 79,69% son privados, 13,66% son medios comunitarios y apenas 6,65% son medios estatales.

En el informe, a disposición en la página web de IPYS

Venezuela: https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/ detalla de forma pormenorizada la realidad informativa, estado a estado y municipio a municipio.

“Zulia es el estado con la mayor cantidad de habitantes que residen en desiertos de noticias al sumar 929.565 personas. La segunda posición corresponde a Aragua con 792.285 habitantes, seguido de Miranda con 742.787 residentes”.

 
Alvarado alertó además sobre los riesgos que supone para un ciudadano residir en un territorio árido de información, carente de noticias veraces y de interés.

“Un ciudadano expuesto a información netamente oficial, con una narrativa dirigida a normalizar la crisis, sin posibilidad de contrastar este insumo informativo con otras fuentes y realidades, se ve impedido de recibir información que incluso puede salvarle la vida, como por ejemplo advertencias o medidas relacionadas al COVID-19”.

Vale destacar que los resultados de esta investigación fueron expuestos esta semana ante la CIDH, y fue tal el impacto que causaron, que en medio de la disertación se develó la gran verdad: En Venezuela se ha instaurado una censura por ausencia.