La Asamblea Nacional desconoce y rechaza por inconstitucional el reglamento impuesto por el ilegítimo Consejo Nacional Electoral, que regula la elección de los representantes indígenas al parlamento, minimiza el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades étnicas, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así lo señala el acuerdo propuesto por la Comisión de los Pueblos Indígenas, aprobado por el ente legislativo, durante la sesión ordinaria celebrada este martes 10 de agosto de los corrientes, vía online, que tienen como objetivo la defensa de los derechos políticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), así como en convenios y tratados internacionales suscritos por la República.

El acuerdo aprobado exhortar a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, así como sus organizaciones propias, a dar a conocer la ilegalidad, atropello y violación de los derechos civiles y políticos del viciado reglamento del ilegítimo CNE.

Además, contempla dirigir una comunicación en la que se describan todos los hechos que configuran la violación de los derechos civiles y políticos de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al presidente del Consejo Permanente de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Durante el debate el diputado por los pueblos indígenas del occidente del país, Virgilio Ferrer calificó la imposición del reglamento del CNE, como el acto más atroz cometido por la dictadura de Maduro, que a su juicio odia a los pueblos indígenas.

“No le perdonan que en el año 2015 se eligió de forma legítima a los tres diputados indígenas del occidente, oriente y del sur de Venezuela. Este reglamento viola el principio de la democracia representativa y elimina la elección secreta de los diputados y viola los artículos 62, 63, 186 y 125 que son deberes y derechos de los pueblos indígenas consagrado en nuestra Constitución”.

Recordó el diputado Ferrer que la magistrada Indira Alfonso es la misma que en el año 2015 eliminó los diputados de Amazonas, que inventó la figura del desacato de la Asamblea Nacional legítima, y ahora pretende como rectora del CNE ilegítimo, eliminar los derechos civiles y políticos de los indígenas y elegir sus representantes ante el parlamento en asambleas comunitarias, en una elección de segundo grado violando la Constitución Bolivariana de Venezuela.

“Quiero decirle a esta señora que ninguna ordenanza, ninguna providencia, ninguna ley orgánica, está por encima de nuestra Carta Magna y no puede cambiar sus principios. Además de esta barbarie, pretende que solo organizaciones afectas al régimen participen en unas elecciones comunitarias, porque le tienen miedo al pueblo”.

Agregó que la rectora usurpadora Indira Alfonso, al igual que al régimen, odia a los indígenas, a quienes mantienen en genocidio contante y sistemático, muriéndose de hambre, sin hospitales, ni escuelas, sin vías de comunicación y expulsándolos de sus territorios.

Solicitó al presidente (e) Juan Guaidó, que encabece la lucha por los pueblos indígenas, para denunciar esta grave situación, ante los organismos internacionales como: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para que sean sancionados estos atropellos contra las etnias originarias de Venezuela y restablecer sus derechos constitucionales.

El diputado indígena del estado Apure Javier Linares, indicó que el CNE usurpador que la eliminación del derecho al voto secreto universal y directo, conlleva a la exclusión política y social de las comunidades indígenas, que hoy son desplazados también de su habita por mafias y guerrilla extranjera.

Relató que las comunidades indígenas hoy sufren enfermedades ya erradicadas en el país durante la democracia, como la malaria y paludismo ante la mirada indiferente e insensible del régimen. “Además los indígenas tenemos que enfrentar las mafias que ocupan y explotan nuestro territorio, extrayendo sus riquezas y minerales. Hoy también están afectados por el virus COVID-19, para nadie es un secreto que no se cuentan con centros de salud, ni atención médica calificada”.

En nombre de la representación indígena del Estado Apure, el diputado Linares rechazó la farsa o el “megafraude” electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre.

Mientras que la diputada por el estado Delta Amacuro Larissa González, rechazó, en nombre de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, el reglamento del CNE ilegítimo, mediante el cual se pretende normar las elecciones parlamentarias de las representaciones indígenas.

“El régimen que dice ser defensor de los pueblos indígenas, en los últimos 20 años lo que ha hecho es socavar los derechos de los pueblos originarios. Nuestros indígenas a lo largo y ancho de Venezuela están sufriendo las penurias y los embates de la crisis provocada por este régimen”.

Hizo un llamado a las comunidades y organizaciones internacionales para que volteen su mirada hacia Venezuela a la alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Michel Bachelet, para que atienda la situación de flagrante violación de los derechos de los pueblos indígenas.

“Muchas etnias están en peligro de extinción por la crisis que están viviendo en sus comunidades, agravada por la pandemia del COVID-19. Es fundamental que la Asamblea Nacional sea el enlace para que el mundo conozca la terrible situación que viven los pueblos originarios en nuestro país”.

Finalmente, el presidente del Parlamento Amazónico de Venezuela diputado Romel Guzamana, manifestó que el régimen reitera un nuevo orden “comunista”, para acabar con los derechos políticos y civiles de los pueblos y comunidades indígenas.

Destacó que este reglamento jamás fue consultado a los 44 pueblos indígenas de Venezuela, fue elaborado en tiempo récord, violando la Carta Magna, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) y los derechos propios de uso y costumbres de las etnias originarias.

“Este reglamento no fue presentado ante la Asamblea Nacional para darle formalidad legislativa. La violación de los derechos humanos al proceso electoral desmejora y desvincula de las elecciones futuras a los pueblos indígenas. Por eso el TSJ usurpador no puede cederle la facultad al CNE para dar derechos sin consulta plasmada en la Constitución nacional “.

Afirmó que se pretende celebrar unas elecciones ficticias y amañadas contra los ciudadanos indígenas. Se elimina además un organismo de defensa y Derechos Humanos como son las organizaciones indígenas, que son las que facultan unas elecciones en las comunidades, para que elijan a sus representantes.

Aseguró que esta medida va a provocar choques entre líderes de las etnias, divisiones y anarquía por una elección indebida. “Rechazamos que unas elecciones se realicen a mano alzada, que los candidatos sean elegidos por una asamblea comunitaria, que sea una votación indirecta y no directa, que sea una votación en segundo grado, en público para descalificar al oponente, la eliminación del voto uninominal y por mayoría calificada”.

Exhortó a los pueblos indígenas a no participar en esa farsa electoral, que se abstengan a salir a votar y a recibir cualquier nominación del régimen. “Sabemos que, a través del Ministerio de los Pueblos Indígenas del régimen, están visitando las comunidades para persuadirlas a apoyar esta farsa, que los indígenas deben rechazar”.

Presidenciave 

El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Freddy Valera, denunció este martes la grave amenaza que afecta a los más de 380 presos políticos que hoy existen en Venezuela, ante el brote de la pandemia del COVID-19 en centros penitenciarios del país.

Valera, reiterando que solo en dictadura se habla de presos, secuestrados y perseguidos por pensar diferente; responsabilizó a quienes hoy usurpan funciones de Estado por la integridad física de quienes permanecen tras las rejas sin haber cometido delito.

Haciendo referencia directa a diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes políticos, así como militares y ciudadanos; el legislador precisó que en las sedes de las diversas policías políticas del régimen de Maduro hay un grave hacinamiento. Además denunció que dentro de lo que denominó como “depósitos de seres humanos” se les niegan los derechos mínimos como son la salud y el agua.

“El Estado que acabó con el sistema de salud en Venezuela, menos respuesta puede dar a los 382 ciudadanos que se mantienen secuestrados en cárceles”, precisó.

En este sentido, Valera enfatizó en que deben otorgarse medidas humanitarias que les permitan mantenerse a salvo de la pandemia. “Es necesario que tengan su libertad para que puedan preservar su vida”, sumó.

Presidenciave 

La Asamblea Nacional de Venezuela, en Sesión Ordinaria online de este martes condenó categóricamente el asalto armado a las sedes del partido político Acción Democrática (AD) ubicadas en el Distrito Capital, por parte de un grupo de colectivos de la dictadura de Nicolás Maduro y, a su vez, reiteraron que las Fuerzas Democráticas de la Unidad no participaran en la farsa electoral e insistirán en lograr la transición y elecciones verdaderamente justas, libres y verificables en donde los venezolanos puedan elegir su futuro.

El diputado Arnoldo Benítez en nombre de la Causa R, reiteró el apoyo irrestricto a la dirigencia y militancia de AD y fue uno de los parlamentarios que se sumó a respaldar la propuesta del presidente interino Juan Guaidó de denunciar estos atropellos contra AD, ante la ONU, OEA, Unión Europea, Internacional Socialista, Grupo de Lima, Parlatino, Parlamento Amazónico y otros; con el objetivo que el mundo democrático ratifique el carácter tiránico del usurpador Nicolás Maduro.

De igual forma, en el debate, subrayó que el régimen no pudo quebrar a la oposición con la “operación alacrán” y tampoco impidió que las veintisiete organizaciones políticas democráticas se unificaran para no participar en la farsa electoral que pretende llevarse a cabo el 6 de diciembre.

Planteamientos de Rómulo Betancourt

Entre tanto, la parlamentaria María Beatriz Martínez, pidió a los venezolanos “rebelarse y actuar con contundencia contra los desmanes del régimen y aseguró que el Partido Justicia (PJ) apoya y tiene un absoluto compromiso con Acción Democrática y la ciudadanía “para concretar un nuevo Pacto Unitario Nacional, que tenga como “causa común el discurso político de Rómulo Betancourt, padre de la democracia de Venezuela”.

Citó las palabras del expresidente venezolano expresadas el 13 de septiembre de 1957, donde planteó la misma consigna que impulsa la oposición democrática en los actuales momentos: “Elecciones libres; unión de todas las fuerzas democráticas del país, organizadas políticamente sin militancia partidaria, en un solo frente nacional; amnistía política; libertad de presos y regreso de exiliados; restitución de las libertades públicas; conquista de un régimen representativo surgido de comicios democráticos que administre con honradez y atienda las necesidades materiales y culturales de las mayorías nacionales. Por una Venezuela libre y de los venezolanos”.

Expropiación a otras sedes

El legislador Denncis Pazos en nombre de Un Nuevo Tiempo (UNT) mostró respeto, admiración por la lucha y valentía de la legítima militancia y dirección general de AD, a la cual pertenece su colega parlamentario Henry Ramos Allup y advirtió que esta tropelía inconstitucional contra la tolda blanca, se podría extender hacia otras organizaciones políticas opositoras, y por ende, exhortó a no dejar que ésta y otras instituciones partidistas caigan en manos del régimen.

“Acción Democrática le debemos el voto, nuestra historia política, y la defensa de la democracia”, expresó Pazos.

Pase de factura

En el debate, tomó la palabra el diputado Williams Dávila militante de AD, quien indicó que la dictadura arremetió de forma violenta contra las sedes principales del partido, apoyado por el régimen, debido a que su dirigencia y militancia legítima decidieron unánimemente, no acatar la sentencia írrita del espurio TSJ sobre la intervención de los partidos políticos, entre esos AD y no avalar el fraude electoral.

Ratificó que la única dirección nacional legitima de AD, es la presidida por Henry Ramos Allup y anunció que desde hoy, el partido blanco, inicia su lucha pacífica en contra la dictadura. Dijo que este acto de premeditación y alevosía criminal, “se repite la significación política y social de Rómulo Gallegos, en su novela ´Doña Bárbara´” y consideró que esta acción violenta debe ser condenada por el mundo y denunciada a las organizaciones internacionales.

El parlamentario se refirió a los exmilitantes de la tolda blanca como “truhanes” a quienes tomaron ilegalmente la sede del partido, ordenados por “Bernabé Gutiérrez, principal instrumento del régimen usurpador de Maduro, que traicionó a la maquinaria electoral de AD, cometió un alto de deslealtad al partido y traicionó los valores y principios democráticos del pueblo venezolano”.

“No somos un partido creado por decreto, como lo dijera Andrés Ely Blanco, y por eso, no podemos disolvernos por decreto. La decisión de combatir hasta triunfar no sale de decretos ni sentencias. Se equivoca la pandilla de alacranes, quienes siempre serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia”, refutó, el parlamentario quien recalcó que AD “somos la conciencia de Venezuela”.

Dávila aseguró que la organización política sigue en la lucha para erradicar esta pretensión militarista de esta dictadura de Maduro, que se “ha aprovechado de nuestras riquezas naturales y el dinero del pueblo para enriquecer una cúpula militarista vinculados con el narcotráfico y además sustentan el poder material de la República”.

Imitan a Chávez

Consecutivamente, el diputado Simón Calzadilla aseveró que el régimen de Nicolás Maduro ejecuta otra de sus “jugadas autoritarias”, violatorias de la Constitución y de los más elementales derechos políticos de los ciudadanos cuando confisca las siglas y sedes de partidos políticos opositores a su legítima militancia y dirigencia emulando lo que el propio Chávez, en el año 2011 hizo con las organizaciones políticas Bandera Roja, Copei, PPT y Podemos.

Para el legislador este “acto vandálico” de robarle las siglas a la militancia y dirigencia de AD, PJ y VP, usando siempre a “pseudo-militantes traidores”, que se prestan a estas “barbaridades son sus nuevos compinches y asociados para delinquir, atropellar, y violar derechos humanos y políticos”.

“El venezolano de buena voluntad, no podría prestarse para votar o ser candidato de tarjetas plagiadas por el régimen y entrar a una sede tomada por colectivos armados oprobiosos, que asesinan, atropellan y maltratan al ciudadano y al pueblo venezolano, que protesta y exige democracia, porvenir y una vida mejor”, fustigó Calzadilla perteneciente a Concertación.

Un solo tricolor nacional

En su intervención sobre la violenta toma de la sede de AD por colectivos armados del régimen, la diputada Sonia Medina consideró necesario rememorar la historia republicana de la nación que incluye la verdadera democracia que vivieron los venezolanos a partir de 1958 hasta 1998, en la cual el partido Acción Democrática liderada por Rómulo Betancourt, contó con la mayoría del voto de los venezolanos.

Señaló que hoy, Acción Democrática y su militancia sufren los embates de esta dictadura terrorista que viola constantemente los derechos humanos y no escatimó en que esta situación aberrante de violencia generada por el régimen pueda ser implementada contra todas las organizaciones políticas a quienes han secuestrado nuestras tarjetas.

Medina acotó que “hoy, blancos, amarillos, naranjas, azules, todos los colores políticos, nos cobijamos en uno solo, como es: el tricolor nacional” y aseguro que las organizaciones políticas democráticas “no vamos a parar, ni a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela, que nos permitirá recuperar nuestras siglas, tarjetas, sedes y sobre todo, la dignidad de la militancia”.

Presidenciave 

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Mérida y abanderado de Acción Democrática, Williams Dávila Barrios, condenó, este martes, el asalto a la sede nacional de su organización política y reiteró que la tolda blanca legítima, haciendo clara alusión a la encabezada por Henry Ramos Allup, secretario general nacional, sigue en la lucha pacífica y democrática contra la dictadura de Nicolás Maduro.

“La sentencia del espúreo y mal llamado Tribunal Supremo de Justicia echó las bases para la internvención de los partidos y de Acción Democrática, y hoy vemos las consecunecias con la toma violenta de la sede nacional de nuestro glorioso partido. Quinta columnas, bombas lacrimogenas, petardos, grupos armados y elementos terroristas aliados del régimen”, denunció el legislador durante el debate sobre la ilegal y violenta toma de la sede del partido Acción Democrática en la sesión del Poder Legislativo.

Dávila asomó que se trata de una facture a ante el hecho de que las autoridades nacionales, ni diputados y desde las seccionales nacionales hasta cómites locales, decidieron no avalar el fraude electoral.

En este sentido, el portavoz de AD advirtió que autoridades impuestas por el TSJ replicarán esta práctica en las sedes del interior del país, apoyados por el régimen usurpador de Maduro.

“Es un acto de premeditación y alevosía criminal que debe ser denunciado por el mundo”, destacó. Precisó sobre esto que  así lo harán ante las diversas organizaciones de caracter global: OEA, ONU, Internacional Socialista, entre otras.

Antes de finalizar, y haciendo analogía a la barbarie de Doña Barbara -en la novela del poeta y expresidente adeco, Rómulo Gallegos- Dávila subrayó el compromiso a seguir luchando para erradicar la dictadura de Maduro y sus cómplices: “No somos partido creado por decreto, como dijera Andrés Eloy Blanco, por eso no nos disuelven por decreto. Se equivocan la pandilla de alacranes, no somos un edificio, somos la fe de un pueblo, nuestra decisión de combatir hasta triunfar, no sabe de decretos ni alacranes”, puntualizó.

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