Los largos confinamientos y el pesimismo generalizado en América Latina por el avance del coronavirus y la debacle económica han atizado las tensiones, que en algunos casos comienzan a convertirse en protestas.
Cuando el continente se consolida como epicentro mundial de la pandemia, que deja hasta ahora 3,7 millones de contagios y cerca de 160.000 muertos en Latinoamérica, y sin la perspectiva cercana de que la curva ceda la paciencia se agota en sectores de la ciudadanía, que en su mayoría ha obedecido las pautas de las autoridades.
Una convocatoria a un cacerolazo en Chile la noche del martes degeneró en focos de protestas violentas.
El llamado era para presionar por una ley que permita el retiro anticipado de fondos de pensiones para que las familias capeen la sostenida falta de ingresos por la crisis económica producto de la cuarentena.
“Las ayudas de [el gobierno de Sebastián] Piñera no han llegado, yo saco el 10% y me pongo al día con el colegio de las niñas”, dijo a la AFP Agustín Serrano, un ingeniero mecánico desempleado, de 41 años.
En el centro de Santiago, encapuchados prendieron fuego a al menos 20 vehículos y un autobús del transporte público. En la periferia de la ciudad, pese al toque de queda vigente y el despliegue militar, manifestantes levantaron barricadas y saquearon supermercados.
Los disturbios se saldaron con 61 detenidos.
La ley, a la que se opone Piñera, se aprobó al día siguiente en Diputados y es muy posible que reciba el aval en el Senado.
Frustración en alza
También el martes, en Bolivia unas 4.000 personas desafiaron la cuarentena obligatoria y marcharon unos 12 km desde El Alto hasta La Paz.
“Estamos defendiendo la estabilidad laboral, hay muchos despidos”, dijo Juan Carlos Huarachi, el minero que lidera la Central Obrera Boliviana, al denunciar que el gobierno de la derechista Jeanine Áñez no ha respetado “sus propios decretos” de inamovilidad laboral.
Aunque la marcha, que llegó a las inmediaciones del palacio de gobierno, acabó pacíficamente, manifestaciones previas tuvieron otro desenlace.
Días antes, vecinos de un barrio de las afueras de Cochabamba, en el centro, que exigían el cierre de un vertedero aledaño por considerarlo un foco de infección fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad, que desplegaron incluso helicópteros y aeronaves militares.
En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó al gobierno de Áñez “sus obligaciones de garantizar los derechos humanos, de no criminalizar a líderes, lideresas y participantes de las protestas sociales”.
Carlos Malamud, investigador de temas latinoamericanos en el Real Instituto Elcano, ve improbable que “de momento” se generalicen las protestas, aunque la gestión de la pandemia pueda derivar en un aumento de la tensión en función de “la visión que tengan los ciudadanos de la labor de sus gobernantes y de su grado de coherencia”.
Pero el deterioro de la coyuntura económica, añade Malamud, puede ser determinante, en especial en países donde las movilizaciones por reclamos ya marcaban la agenda antes de que la pandemia obligara a una gran pausa.
“Lo preocupante surgirá cuando esto haya pasado o comience a quedar atrás. Entonces será el momento de las recriminaciones más masivas, en función de los resultados: pérdidas humanas y económicas y modo de gestionar la crisis”, estima el experto.
Libertades individuales
Brasil, México, Perú y Chile son los países más castigados de la región por la covid-19, que provocará que unos 45 millones de personas más caigan en la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, según la ONU.
Tras casi cinco meses de la irrupción del virus, los gobiernos hacen malabares para mantener andando mínimamente sus economías, que de acuerdo con estimaciones de la CEPAL perderán más de 2,7 millones de empresas y al menos 8,5 millones de puestos de trabajo.
La virulencia cada vez mayor de la epidemia ha hecho dar marcha atrás a planes de desconfinamiento y reapertura, como ocurrió en ciudades y barrios de Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, El Salvador y Brasil, entre otros países.
En Argentina, donde la cuarentena ha sido especialmente estricta y larga -ronda ahora los 120 días-, la semana pasada hubo protestas en varias ciudades en defensa “de las libertades individuales”.
“La salud importa pero la economía también. No va una sin la otra. El Estado no está para dejarnos paralizados, no es así que nos cuida”, reclamó José Carlos Vélez, de 49 años, que se mezclaba en el centro de Buenos Aires con gente que ondeaba banderas argentinas y tocaba las bocinas de sus autos.
¡Cuarentena, sí! ¡Cuarentena, no!
Pero la presión social se vuelca en sentidos opuestos.
Sucedió en Brasil, donde simpatizantes y opositores al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro se manifestaron en Brasilia para mostrar su apoyo y rechazo al Ejecutivo.
Bolsonaro, que se halla confinado en su residencia oficial desde la semana pasada tras haber contraído el virus, reiteró el jueves su postura contraria a dictar medidas que afecten la economía bajo el argumento de que “la falta de salario y de trabajo matan más que el virus”.
El jueves un millar de trabajadores de la salud salvadoreños marcharon urgiendo al Congreso a endurecer la cuarentena para contener el alza de contagios.
El Salvador se confinó casi tres meses desde el 21 de marzo y pese al aumento de casos, que rondan los 11.000, inició el 16 de junio la apertura progresiva de actividades.
“Ya no queremos más muertos, más contagiados por la pandemia. Exigimos la cuarentena, de lo contrario el sistema de salud va a colapsar y quien pagará será el pueblo”, dijo a la AFP Ricardo Monge, uno de los líderes de la convocatoria.
En Panamá, el más golpeado de Centroamérica y cuyos hospitales están al borde del colapso, las protestas de los trabajadores sanitarios se han multiplicado para exigir equipos de protección, insumos y más efectivos.
El jueves, grupos de médicos se apostaron frente al principal centro médico público.
“El personal se está enfermando y tiene que quedarse en casa”, afirmó a la AFP David Macías, un médico que ya atravesó la enfermedad, aumentando la tasa de personal por pacientes lo que “empeora realmente” la atención a los enfermos por covid-19.
