El buque había salido a principios de mes de Panamá, había cargado la droga presuntamente frente a la costa de Venezuela y llevaba unos 20 días de travesía, con destino a Vigo, España
 

El narcotráfico internacional sufrió un duro golpe con la incautación de 4.500 kilos de cocaína y la detención de 28 personas en las costas de Galicia. La droga, procedente de América, tenía como destino final el continente europeo.

Así lo confirmó el comisario general de la Policía Judicial española, Eloy Quirós, en el puerto de Vigo, a donde fue trasladada la droga intervenida.

El funcionario señaló que los cuerpos de seguridad «no descansan» y en un mes y medio de confinamiento se han incautado de 10 toneladas de cocaína y ha habido más de 60 detenidos por tráfico de drogas. La vigilancia de los grupos criminales «no ha bajado a pesar de las circunstancias que tenemos», insistió.

Con este operativo no solo se aprehendió un alijo de droga de alrededor de 4.500 kilos, sino que se ha dado por desmantelada «la organización de narcotransportistas más importante de Galicia», formada por experimentados lancheros y conocidos traficantes.

Se trataría de una organización supuestamente relacionada con la familia Santorum, de la cual hay varios detenidos. Sin embargo,  su presunto cabecilla, Juan Carlos Santorum, no ha sido capturado. Además, fue arrestado el empresario Braulio Vázquez.

Entre los detenidos se encuentran los 15 tripulantes que circulaban a bordo del barco que transportaba la droga y otras 13 personas de la organización que trabajaban en tierra para que el alijo llegase a su destino. En el buque viajaban 14 marineros de Nepal y Bangladesh y un gallego, que sería la garantía para la organización propietaria de la droga de que el macroalijo llegaría a su destino.

La acción antinarcóticos contó con la colaboración de la Armada Española, la Agencia Americana Antidroga -DEA-, la National Crimen Agency británica -NCA- y la Policía de Colombia -DIRAN-.

La droga fue incautada a bordo de el buque Karar, con bandera togolesa, abordado sobre las seis de la mañana del 25 de abril a unas 600 millas al oeste de Lisboa, a unas 400 millas de Vigo, y que transportaba 152 fardos de 30 kilos de cocaína.

El buque Tornado de la Armada Española, con base en Canarias, llevó hasta este punto en aguas del Atlántico a una decena de funcionarios y agentes de Agencia Tributaria y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y, tras intervenirse la droga, escoltó al buque hasta el puerto de Vigo, a dónde llegó este martes.

El buque había salido a principios de mes de Panamá, había cargado la droga presuntamente frente a la costa de Venezuela y llevaba unos 20 días de travesía, con destino a Vigo, pero el domingo sus planes se frustraron y se realizó el abordaje de forma simultánea a una operación en tierra en la que se realizaron 21 registros (seis en naves), se intervinieron cinco lanchas rápidas y numerosos vehículos y fueron detenidas 13 personas.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El grupo investigado contaba con un gran número de lanchas y motores, que guardaban en almacenes de seguridad distribuidos entre el norte de Portugal y diferentes localidades de Pontevedra, España.

El mundo.es

 América Latina y el Caribe están en riesgo de que la crisis económica ocasionada por las restricciones para prevenir el contagio del coronavirus se convierta en la región en una crisis de hambre y pobreza, alertaron desde la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El representante para Latinoamérica y el Caribe de la FAO, Julio Berdegué, explicó en una entrevista con Efe en Santiago de Chile que todavía “no es irremediable” que millones de ciudadanos en la región caigan en la inseguridad alimentaria.

“El planeta tiene una crisis sanitaria, vamos camino a una crisis económica, los pronósticos para nuestra región (…) son especialmente malos, hablan de entre -5 % y -6 % este año. La pregunta es: ¿vamos a agregar una crisis alimentaria? Tenemos que hacer, que la crisis económica no se nos convierta en crisis alimentaria”, indicó.

La situación actual todavía permite margen de maniobra, dijo Berdegué, a pesar de que América Latina empezó con mal pie, ya que arrastra un aumento desde hace cinco años de personas en situación de hambre, 18,5 millones según el último estudio de la FAO de 2019.

La inseguridad alimentaria aguda sube a medida que la situación económica baja, por lo que Berdegué señaló que es esencial garantizar la capacidad adquisitiva de la población más vulnerable ante la crisis económica que se avecina en todo el mundo.

“(Hay que evitar) el deterioro del empleo y de los ingresos de millones de personas en la región, trabajadores formales, pero sobre todo millones de informales, ya que más de la mitad de la fuerza de trabajo de la región son trabajadores informales sin seguro de desempleo, de salud… muchos de ellos viven al día”, afirmó.

COMIDA SOBRA, FALTA DINERO PARA COMPRARLA

El problema, a juicio del representante de la FAO para Latinoamérica, no es que la región corra riesgo de quedarse sin alimentos, sino que los ciudadanos no tengan dinero para comprarlos.

“En América Latina hace muchos años que el hambre no es producto de la falta de comida. Hace muchos años que superamos esa situación. Es un problema de falta de dinero para comprar comida y eso se va a agravar”, explicó Berdegué.

En ese sentido, confirmó que ningún país ha reportado problemas de suministros ni abastecimiento, por lo que lo prioritario es la ayuda alimentaria, ya sea en forma de ingresos para conseguir los víveres o en especie directamente.

Por ejemplo, apuntó a los programas de alimentación escolar: “Son 84 millones de niños y esa es una herramienta muy potente que tienen los Gobiernos para que la crisis económica no se convierta en crisis alimentaria, por lo menos de los niños. Los colegios están cerrados pero eso no significa que se tenga que cerrar la alimentación”.

PAÍSES QUE PREOCUPAN ESPECIALMENTE

Berdegué aseguró que la FAO tiene especial atención a la situación de siete países por las diferentes realidades críticas en las que se encuentran, y así lo expresó el organismo en el informe publicado que realizó a petición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y que fue publicado este lunes.

El más preocupante es Haití, sumido en una crisis social, política y económica desde hace años e incapaz de gestionar por sí mismo una solución para evitar el hambre, por lo que apuntan a la ayuda humanitaria.

Por otro lado, en el corredor seco de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) se calcula que 3,2 millones de personas están “sentadas sobre un polvorín” de inseguridad alimentaria aguda, en riesgo de perder la vida o sus medios de vida, que no dudarán en migrar de forma irregular si es necesario, dijo Berdegué.

Y el otro foco de preocupación es Venezuela y los migrantes del país en Colombia y Ecuador.

“Hay un porcentaje importante de la población de migrantes venezolanos en Colombia y especialmente en Ecuador que están en condición de inseguridad alimentaria. El llamado nuestro y del conjunto de las Naciones Unidas es que el derecho a la alimentación es un derecho humano y es deber de los Estados garantizarlo”, señaló.

EL INFORME ELABORADO PARA LA CELAC

El nuevo informe de la FAO, creado a solicitud de México, que tiene la presidencia pro témpore de la Celac, detalla una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis.

Así, destaca que es clave que los Gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional.

El informe también recomienda a la Celac reactivar su Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SAN Celac), adecuándolo al nuevo contexto, y fortalecer acuerdos políticos para impulsar el comercio de alimentos entre los países de ese organismo.

COOPERACIÓN COMO NUNCA ANTES SE HA VISTO

La esperanza de la FAO recae en la cooperación que los Estados están mostrando para hacer frente a la situación alimentaria en el continente americano.

“Hay grupos de países hoy hablando entre sí diciendo ‘a ti te sobra esto y a mí me falta lo otro, vamos a hacer intercambios’. No había visto eso nunca para ser concreto. Problemas comunes, soluciones diferentes y mucha solidaridad”, destacó Berdegué.

Para el representante de la FAO la pandemia ha conseguido que los países se pongan de acuerdo entre ellos para abastecerse mutuamente y compartir iniciativas locales que fueron satisfactorias para replicarlas en otros lugares.

SALUD VS ECONOMÍA: PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES PROPIAS

“Nos hemos ido moviendo hacia que la obligación es encontrar las soluciones que nos permitan mitigar la crisis sanitaria, manejar la crisis económica e impedir la crisis de hambre. Se pueden hacer las tres cosas”, dijo Berdegué.

Añadió que la disyuntiva entre economía y salud ya es parte del pasado en la toma de decisiones frente a la pandemia, a pesar de que puntualizó que algunos Gobiernos de América Latina todavía siguen en esa discusión.

“Frente a esta coyuntura los países tienen problemas comunes: que no se interrumpa el comercio mundial de alimentos, que los alimentos lleguen a toda la población y que nadie se quede sin ingresos o sin ayuda alimentaria. Cada país lo puede resolver de manera diferente. El problema es el mismo y las soluciones podrán variar”, indicó Berdegué. EFE

 
El enviado especial de EEUU señaló que a pesar de las diferencias de opinión con el gobierno español, mantienen conversaciones frecuentemente

 
  El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo que su país y España no están de acuerdo a un 100% sobre la situación de Venezuela y el plan de transición presentado por la nación norteamericana. 

“No puedo decir que estamos al 100% de acuerdo sobre la situación en Venezuela, pero tenemos una comunicación cercana y hablamos de ello frecuentemente”, expresó Abrams este 29 de abril durante una teleconferencia. 

En este sentido, Abrams explicó que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, conversa a menudo con su homóloga española, Arancha González Laya, mientras que él está en contacto con el embajador español en Washington, Santiago Cabanas.

El diplomático señaló que no se ha podido llegar a negociar con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro porque “ellos no están dispuestos a tener discusiones serias sobre la renuncia de Maduro y el regreso de la democracia”. 

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, la Unión Europea (UE) y Cooperación señalaron no estar de acuerdo con la iniciativa  de EEUU, pero si se insiste en una “solución negociada que permita una salida de la crisis mediante la celebración de elecciones presidenciales y legislativas con plenas garantías democráticas”, según reseñó Europa Press.

 



Venezuela, remarca uno de los especialistas consultados por la VOA, vive “una crisis dentro de la crisis” de la pandemia.

Analistas prevén efectos negativos a la economía venezolana luego de que el gobierno en disputa regulara los precios de 27 productos básicos.
MARACAIBO, VENEZUELA — La regulación de precios de productos básicos en Venezuela representará un alivio efímero para una parte de la población, pero tendrá un efecto contraproducente de desabastecimiento y cierre de empresas, según expertos en economía y finanzas consultados por la Voz de América.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció un plan de fiscalización para contener “la especulación criminal” durante la pandemia de la COVID-19.

Tareck El Aissami, vicepresidente económico del gobierno en disputa, precisó que fijarían los precios de 27 productos básicos, como el atún y la harina de maíz, y fiscalizaría que los comercios honraran la medida en toda Venezuela.

“Vamos a buscar un punto de equilibrio nuevamente en el mercado”, dijo el vocero, quien es solicitado penalmente por el gobierno de Estados Unidos.

La decisión está acompañada de la “venta supervisada” de las empresas Alimentos Polar, Plumrose y el matadero industrial de Tumero, en el estado Aragua.

Alejandro Grisanti, consultor económico, considera que el gobierno en disputa “ha vuelto a sus orígenes” de intervención económica con la medida.

Resalta que el chavismo ha expropiado o confiscado bienes de al menos 860 de las grandes empresas de Venezuela en sus 21 años de historia política.

Concluye que es una decisión errada imponer una restricción a una oferta de productos ya limitada en el mercado nacional e internacional por la pandemia.

Grisanti opina que la fijación de precios de parte del Estado venezolano será caldo de cultivo de la escasez y la corrupción.

Advierte que el efecto inmediato será “un alivio temporal, de muy pocos días” del gobierno en disputa gracias a los inventarios existentes de las empresas y habrá, a su juicio, mayor venta de los productos regulados en un corto plazo.

Luego, teme, los indicadores de desempleo aumentarán y los de producción se desplomarán. “Son empresas que terminan sin producir. No van a poder tener un incremento de la oferta y no van a poder llenar los anaqueles”, pronostica.

Grisanti augura que habrá una cascada de cierre de esas empresas obligadas a vender sus productos por debajo de sus costos de producción. “Algunas podrán subsistir por algún poco tiempo, pero están destinadas a morir”, dice.

Insiste en que Venezuela vive “una crisis dentro de la crisis” de la pandemia. El país experimenta una profunda recesión desde el último trimestre de 2013, el año en el que Maduro asumió el poder tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez Frías.

Dice no entender cómo, en ese contexto, el madurismo nada a contracorriente de las prácticas financieras del resto de América Latina en la contingencia por la COVID-19.

“Otros países buscan apoyar a su sector privado, darle facilidad de crédito para mantener a sus trabajadores e incentivos fiscales para que las empresas puedan seguir produciendo. Hay transferencias directas a sus ciudadanos para comprar bienes esenciales. En ningún caso, vemos confiscaciones ni fijación de precios”, evalúa.

“Se escapa de las manos”

Iván Cañizález, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, interpreta que el efecto positivo de la fijación y regulación de precios de 27 productos en Venezuela será efímero.

“La regulación de precios, en toda la historia, ha tenido muy poco éxito. Circunstancialmente, pareciera que es una buena medida, pero es como cuando tienes mucha fiebre y te das un baño: te baja la fiebre, pero no por mucho tiempo. Va a retornar hasta que no resuelvas la causa”, expone.

Opina que la más reciente decisión económica del gobierno en disputa es “algo descabellada” cuando existe hiperinflación en Venezuela desde noviembre de 2017.

Entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020, el mercado interno experimentó una inflación de 3.365 por ciento, según cifras de la opositora Asamblea Nacional.

Cañizález prevé que la regulación de precios quede en el papel cuando desaparezcan de los anaqueles la totalidad o la mayoría de los 27 productos marcados oficialmente.

Su pronóstico es que esos artículos y alimentos llegarán prontamente al mercado negro mientras múltiples negocios desobedecerán la directriz.

El economista indica que el sector privado reaccionará con temor y desconfianza. Advierte, además, que la regulación de precios allana el camino de la de corrupción de los mismos cuerpos fiscalizadores y de las extorsiones a los empresarios.

“Ya el gobierno experimentó en carne propia esta política que llevó a un desabastecimiento generalizado. Trataron de subsanarlo liberando el control del cambio y que se fijaran los precios en dólares en algunos productos”, examina.

SEE ALSO:»Horrible, invivible»: venezolanos vulnerables por aumento del dólar en medio de pandemia

El madurismo suspendió la Ley de Ilícitos Cambiarios en agosto de 2018 y el Banco Central de Venezuela equiparó en 2019 su tasa de cambio a la del mercado paralelo.

El control de precios, regulado por una ley desde 2015, fue más flexible el año pasado hasta el punto de que algunos economistas hablaron de “recuperación” económica.

Cañizález observa que el gobierno en disputa no logrará, por falta de reservas, manejar en este momento el impacto de la divisa estadounidense a lo interno.

Las reservas internacionales de Venezuela son de 6.333 millones de dólares, un nivel jamás visto en los últimos 50 años. El analista estima que el dólar dictará la pauta de los precios del mercado en el país a pesar de la reciente medida de Miraflores.

Duda, asimismo, que el gobierno en disputa tenga el músculo logístico para garantizar el éxito de la regulación: “Esto se escapa de las manos del Estado”.

Vía errada

Henkel García, analista financiero y directivo de la firma Econométrica, analiza que el gobierno en disputa de Venezuela está tratando de contener la pérdida de poder de compra del ciudadano ante la contracción económica que se deriva de la pandemia.

Considera, sin embargo, que el camino tomado por el madurismo “no es el mejor”.

“Los controles tienden a desaparecer la oferta y es menos el producto que puede llegar a la gente. Se puede traducir en que la gente puede comprar menos productos en términos absolutos. Es una vía errada”, asegura.

El madurismo sumó a la regulación de precios y la fiscalización de tres empresas privadas el anuncio de un nuevo salario mínimo mensual: 800.000 bolívares o 4,5 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

García acota que los controles de precios culminan generalmente en “inviabilidad financiera” de las empresas sometidas a ellos. Esa, dice, es una tarea del mercado.

“El mismo mercado es el encargado de determinar si una empresa debe funcionar o no y cuál es el producto que debe fabricarse, a dónde se deben dirigir los esfuerzos para producir más de un determinado producto y menos de otro”, explica.

Duda que haya grandes cadenas empresariales que se atrevan a rebelarse de facto ante la decisión anunciada por el Palacio de Miraflores.

Es un hecho “inmediato”, sostiene García, que los productos escaseen cada vez que el chavismo anuncia controles de sus precios.

Cita como ejemplo que la harina de maíz comenzó a desaparecer de los anaqueles del país enseguida que corrieron versiones extraoficiales sobre la regulación madurista.

Teme que los demás productos incluidos en la lista oficial corran la misma suerte.

“Todo va a depender de cuán por debajo del precio del mercado fijen el precio regulado del producto. El mercado es al final quien decide”, insiste.

Obstáculo en la operativa

Alimentos Polar, una de las empresas más importantes del país y de las señaladas por el gobierno en disputa, volvió alertar este mismo miércoles (29 de abril) sobre las posibles consecuencias de este nuevo control de precios.

En un comunicado, aseguran que este mecanismo del gobierno en disputa “no es viable” pues “los costos de producción varían constantemente en función del precio del dólar y de la hiperinflación”.

Explican que desde hace más de un años, cuando el madurismo así lo indicó, han adquirido con recursos propios las divisas para la importación de materias primas e insumos.

 
Empresas Polar 
✔@EmpresasPolar
 
 
Comunicado: Alimentos Polar no ha acordado precios de sus productos https://bit.ly/ComunicadoII 

Alimentos Polar no ha acordado precios de sus productos
En una nueva fiscalización realizada el martes 28 de abril por la Sundde y Sunagro, esta vez en las oficinas de Alimentos Polar en Caracas, la empresa entregó las estructuras de costo de

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10:06 – 29 abr. 2020
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Sin embargo, señalan que las divisas ofrecidas a la tasa que publica diariamente el Banco Central “no son suficiente” y por ende tienen que acudir a otros oferentes a una tasa “muy superior”.

“Para adquirir las divisas la empresa debe generar ingresos suficientes, ajustando sus precios cada vez que sea necesario en función de los costos de reposición”, señalan.

Debido a esta realidad, la empresa expone que el regreso de la fijación de precios “constituye un obstáculo para mantener la continuidad operativa”, por lo que “inevitablemente, provocará de nuevo el desabastecimiento de los rubros controlados”.

Voz de América

Gustavo Ocando Alex