Desde el inicio del actual estado de excepción, sobrevenido por la aparición y propagación global de la pandemia Covid19. Entendiendo el avanzado empobrecimiento de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y la poca profundidad de las reservas y capacidades del Estado venezolano, producto de cuestionables políticas económicas que han llevado al país a un período de casi 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, con la pérdida del 66% de nuestra economía en los últimos 5 años.

Todos los sectores productivos del país, comprendieron que elevar las necesidades de nuestra gente a un plano superior, más allá de cualquier tipo de diferencia, en especial la política, era lo prioritario. Durante el actual estado de alarma sanitaria, las empresas han puesto el máximo de sus capacidades para que los productos y servicios de primera necesidad, alimentos, medicamentos, telecomunicaciones y asistencia médica estuviesen disponibles en todo momento para los venezolanos.

Este trabajo mancomunado, enfocado en priorizar el bienestar de la gente, se ve hoy amenazado, por cuanto las condiciones mínimas necesarias para cumplir el objetivo productivo, y que han sido históricamente potestades del Estado venezolano, no están garantizadas.

La seguridad jurídica está gravemente amenazada. Aunque el actual estado de excepción no debía implicar restricción de derechos, vemos cómo lamentablemente han sido anunciadas medidas de control de precios, intervención de empresas agroindustriales y fiscalizaciones arbitrarias de comercios.

Son prácticas que rechazamos de plano, dado que amenazan a la propiedad privada, impiden la producción y no harán que aumenten las cantidades disponibles de bienes y servicios.

Por otra parte, condenamos categóricamente los actos vandálicos que, fuera de todo control de los organismos de seguridad del Estado, únicamente logran cerrar más establecimientos, que no volverán a abrir sus puertas, disminuyendo los niveles de servicio y abastecimiento, arruinando a familias enteras.

El sistema de servicios públicos es deficiente. No es viable hacer frente a la amenaza de una pandemia, en medio de una economía tan frágil como la nuestra, sin servicio de agua potable, con marcada insuficiencia eléctrica y sin un suministro estable de combustible que permita que la cadena de distribución funcione y que la fuerza de trabajo, quien le da vida al ciclo productivo, pueda llegar a sus lugares de trabajo.

Enfrentamos una emergencia nacional en la cual están amenazados principalmente los sectores más vulnerables de la sociedad donde la falta de condiciones sanitarias y reducción de movilidad que presuponen estas carencias, violan el principio de supervivencia de las empresas e impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales.

La política monetaria implementada por el ejecutivo nacional lesiona el bienestar de la gente. La inflación es el peor de los males que ha sufrido la República, ha destruido sistemáticamente cadenas de valor y ha suprimido el poder adquisitivo a todos los niveles de la sociedad pulverizando el salario de los trabajadores.

Se ha eliminado todo vestigio de potencia y utilidad de nuestro signo monetario nacional, es en este caso el Estado quien tiene la responsabilidad de la emisión de dinero carente de confianza y respaldo, que se traduce posteriormente en incrementos de precios y malestar entre los consumidores y usuarios.

Siendo este el estado de las cosas que vivimos día a día todos los venezolanos, proponemos un acuerdo de entendimiento y concertación nacional, en el cual estén incorporados todos los actores políticos, económicos y sociales. Libre de todo ánimo de uniformizar el pensamiento y amplio en cuanto a la conservación de los ideales y diferencias, donde todos y cada uno de los sectores se sientan atraídos por la ilusión de lograr el bienestar de la gente en el marco de una gran empresa llamada Venezuela, donde para todos sea posible colaborar, con organización plural, esquema jurídico de alto nivel, administración superior y una reserva moral basada en la riqueza de ideas producto de la diversidad. Un gran acuerdo permitiría el restablecimiento de las condiciones políticas, económicas y sociales.

Permitiría colocar primero a la población, restituyendo la seguridad jurídica e implementando soluciones técnicas tendientes a normalizar el estado de los servicios públicos. Igualmente favorecería la creación de espacios para debatir las grandes soluciones en el ámbito productivo, fiscal, monetario y comercial.

El país reclama la atención eficiente de la pandemia global Covid19, con prioridad en la salud de la población, a la vez que requiere el despliegue de una política de recuperación económica con acciones de efecto inmediato que permitan reimpulsar la producción y estimular el consumo. Es necesario disminuir el nivel de encaje legal bancario, ofrecer incentivos fiscales a las empresas y revisar las normativas que castigan la disponibilidad de recursos financieros como los anticipos semanales de impuestos nacionales.

Es pertinente el diferimiento de la entrada en vigencia de la reforma del código orgánico tributario y exonerar temporalmente tasas y aranceles para materias primas, insumos y bienes de capital, así como los productos terminados que permitan el abastecimiento de los mercados en beneficio de la población.

Exigimos el justo reconocimiento del sector privado como el principal facilitador de la inversión, generación de oferta con valor agregado local y consumo, por lo tanto las medidas intervencionistas, de control desmedido, las prácticas de conflictividad y violencia institucional en contra empresas deben ser revertidas a la brevedad.

Exigimos que se practique una gestión gubernamental enfocada en elevar la eficiencia de los servicios públicos y energéticos, con disciplina en lo fiscal y monetario, como bases de la calidad de vida del venezolano.

Es la aspiración de todo venezolano un país más libre y próspero, donde se den soluciones prácticas a sus problemas cotidianos, soluciones pacíficas a las diferencias, libertad de elegir el propio destino y recuperar la confianza. Este proyecto de Nación se amplía por incorporación, conservando diferencias, nunca por expansión hegemónica ó uniformidad impuesta.

Es por ello que desde Consecomercio, resaltamos la importancia de promover la tolerancia, el respeto y la confianza, en una ambiente donde la unidad sea la causa y la condición para hacer grandes cosas. La idea de grandes cosas por hacer, favorecerá los procesos de adaptación, disminución de incertidumbre, manejo de complejidades y desarrollo de ventajas competitivas que serán las características seminales de la nueva grandeza nacional.

Trabajemos para construir las respuestas que demandan los venezolanos

La crisis humanitaria compleja que vive Venezuela se agrava.

La brutal caída de los precios del petróleo, sumada a la amenaza que constituye la pandemia de COVID-19, la cual, a nivel global, se acerca a los 3 millones de casos, superando ya las 200.000 muertes, auguran un panorama desolador. En nuestro país, porfortuna, la curva no se ha disparado y el índice de fatalidad está por el orden del 3%.

Pero las acechanzas son serias. Las medidas de cuarentena y distanciamiento social, depor sí, minimizan la vida económica nacional, afectando a todos, particularmente a los sectores sociales más vulnerables, los cuales resienten la imposibilidad de salir a conseguir el sustento diario, sufriendo los estragos de la situación.

Desde 2018 vivimos una profunda crisis que mantiene al país al borde de la inviabilidad política. Nuestra economía está totalmente asfixiada y los venezolanos necesitan respuestas.

Desde Fedecámaras tenemos mucho tiempo señalando los profundos errores de política económica y de enfoque ideológico que nos han traído hasta esta situación de tragedia nacional. La destrucción del aparato productivo, incluyendo la industria petrolera, cuya expresión final más evidente y trágica es la escasez de combustible que hoy pone en jaque
al sector productivo nacional.

En este cuadro, no vamos a avanzar un milímetro si el país vuelve a las fracasadas políticas de control, confiscación, persecución y opresión de los empresarios, quienes invertimos y generamos valor en Venezuela. Así, solo estaremos acelerando la magnitud de la crisis. 

 
Dando un paso hacia el abismo.

Nuestra realidad ya era lo suficientemente trágica antes de la llegada del COVID-19. Es necesario hacer un alto. El país exige ser responsables ante la imperiosa realidad.

La nación clama cordura. Seguir invocando la crisis no tiene más sentido: es el momento que todos construyamos consensos, con acciones que permitan verdaderas soluciones.

Urge un entendimiento mínimo de todos los sectores; político, público y privado. Urge colocarse por encima de las diferencias, en función de ponerle fin a la pérdida de la calidad de vida de los venezolanos que tiende a profundizarse en el futuro inmediato.

    
Sin entendimiento, confianza y acuerdos, no cesará la crisis coyuntural ni estructural. La única forma de afrontar estos retos, exige algo mucho más profundo y sostenible que medidas económicas parciales o ayudas humanitarias necesarias, pero insuficientes para dar un giro a nuestro porvenir. No hay soluciones fáciles ni de corto plazo. El tiempo no
está a favor de nadie; está en contra de todos.

En el marco socioeconómico que atravesamos y con la COVID-19 acechando a nuestra población, debemos marcar un punto de partida para que el liderazgo político, la Fuerza Armada, la sociedad civil, las Iglesias, la comunidad internacional y el sector empresarial, trabajemos para construir las respuestas que demandamos los venezolanos.

  
Desde Fedecámaras, hacemos un llamado a deponer medidas arbitrarias, agendas parciales y a concretar decisiones conjuntas, que diseñen un acuerdo político integral que ponga fin a este conflicto y tenga como objetivo principal velar porque se restituyan los preceptos constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna: derecho a la vida, salud,m educación, respeto a la propiedad privada, libre iniciativa, al derecho a elegir, entre otros.

En esta hora histórica, urge el rescate de nuestra economía para generar progreso y bienestar social, para diseñar en consenso, un nuevo modelo político, económico y social que trascienda al interés inmediato y apunte a la inclusión de todos los dispuestos a trabajar por una nueva y mejor Venezuela

La industria privada de alimentos, es nuevamente objeto de una nefasta acción por parte del Gobierno Nacional, de manera arbitraria y sin que mediase algún interés de carácter público o, tan siquiera, una medida de tipo legal. Los hechos registrados este viernes, pretenden hacer creer a la colectividad la comisión de algún delito, cuando lo único que ha hecho el sector privado, ha sido dedicarse, de manera exclusiva y responsable, a la elaboración de productos alimenticios para los venezolanos.

Ese viernes, en horas de la tarde, nuestro afiliado, Alimentos Polar, fue objeto de una arremetida por parte de funcionarios de la Sundee, Sunagro y Sencamer, quienes irrumpieron de manera abrupta, violentando todos los protocolos de seguridad e higiene industrial con motivo de la Covid_19, en las instalaciones de su planta ubicada en la localidad de Turmero, estado Aragua.

Ante la exigencia del cumplimiento de tales normativas, consagradas además en las leyes de la República, recibieron como respuesta el bloqueo del código Sica, sin el cual no pueden distribuirse los indispensables alimentos que producen. A la par de este hecho, el Gobierno Nacional, anunció la “venta supervisada” de los productos de Polar, así como de otras industrias.

La Libertad Económica, concebida como el derecho que tienen todas las personas a dedicarse libremente a la actividad de su preferencia, está consagrada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas acciones son una manifiesta y flagrante violación a nuestra Carta Magna, y atentan contra el libre emprendimiento y el bienestar de todos los venezolanos.

El procedimiento denominado como “Venta Controlada” y el bloqueo del código Sica, el cual está siendo aplicado a Empresas Polar y a otras industrias procesadoras de alimentos, no es más que un claro atentado contra la seguridad alimentaria de millones de venezolanos. El país tiene en la empresa privada y, en este caso en Empresas Polar, un importante proveedor de alimentos, con productos de altísima calidad que la organización se esfuerza en hacer llegar a todos los rincones de la geografía nacional, sorteando múltiples adversidades y muy particularmente la escasez de combustible.

En este crítico momento para Venezuela, donde las funestas consecuencias producto de la pandemia de la Covid_19 se suman a las desacertadas políticas económicas que han venido

aplicándose desde hace más de 20 años y que tienen a la manufactura operando a no más del 20% de su capacidad, el gobierno nacional arremete una vez más contra este sector, fuente de empleo y sustento para cientos de miles de hogares venezolanos, y que sobrevive gracias a la tenacidad, el arraigo, el compromiso y la responsabilidad de nuestros empresarios para con el país.

Los industriales venezolanos trabajamos bajo condiciones extremas, ya por todos conocidas, y aun así, nos la ingeniamos para seguir produciendo.

Es imperativo sumar esfuerzos y ponernos todos, como siempre, del lado del país, de nuestros afiliados, de sus colaboradores, de los industriales. De todos los ciudadanos venezolanos, de esos que producen, que trabajan, que se esfuerzan, que construyen. Los que luchan diariamente, en condiciones totalmente adversas, para que, en este caso, los alimentos lleguen a nuestras mesas.

Los industriales venezolanos solo queremos trabajar por el país. No comprendemos el por qué se nos persigue, se nos ataca de manera indiscriminada si, en todo momento, hemos demostrado que nuestro fin ulterior es el bienestar de Venezuela. Pero las condiciones adversan no nos detendrán y menos en momentos en los cuales nuestra nación nos requiere.

Conindustria se suma al rechazo que, de manera contundente, ha manifestado Empresas Polar por las medidas arbitrarias ejecutadas por el Gobierno Nacional contra la compañía, y reiteramos la exigencia del desbloqueo de códigos Sica, ya que lo contrario se traducirá, entre otras consecuencias, en el desabastecimiento de los alimentos requeridos por la población en tan crítica situación.

La empresa privada es progreso. Y es solo con progreso, que construiremos el país que todos los venezolanos nos merecemos.

Caracas, 25 de abril de 2020