La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes examinar el próximo año una apelación del presidente Donald Trump, quien se opone a la divulgación de sus documentos contables y declaraciones de impuestos a comités del Congreso y a un fiscal de Nueva York.

El máximo tribunal de justicia del país anunció que escucharía los argumentos de las partes “en su sesión de marzo de 2020”, para pronunciarse a más tardar el 30 de junio, antes de la elecciones presidenciales de noviembre.

Mientras tanto, suspendió las decisiones judiciales que obligaban al antiguo gabinete contable del multimillonario y a dos bancos a enviar estos documentos.

Su decisión será seguida de cerca porque la Corte Suprema podría aprovechar la oportunidad para decidir también sobre el alcance de la inmunidad que disfruta un presidente estadounidense.

Trump afirma tener inmunidad total durante su mandato y confía en que la Corte Suprema, donde actualmente hay una mayoría de jueces conservadores, valide esta lectura muy amplia de los poderes presidenciales.

El magnate inmobiliario es el primer presidente estadounidense desde Richard Nixon en negarse a hacer pública su situación fiscal.

“Desprestigiar a rivales”

Cyrus Vance, fiscal de Manhattan, solicitó en abril ocho años (de 2011 a 2018) de declaraciones de impuestos de Trump de su antiguo gabinete contable, Mazars.

Vance hizo esta solicitud en el contexto de una investigación sobre un pago realizado a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta aventura con el presidente estadounidense. Ese pago, efectuado durante la campaña presidencial de 2016, podría haber violado las leyes de financiamiento de campañas electorales.

Paralelamente, comités de la Cámara de Representantes, donde los demócratas de la oposición tienen mayoría desde enero, han solicitado toda una serie de documentos financieros que cubren el mismo período en citaciones dirigidas al gabinete Mazars, pero también a los bancos Deutsche Bank y Capital One.

El presidente se opuso judicialmente a estas tres solicitudes, pero los tribunales federales lo encontraron equivocado en primera instancia y en la apelación. Luego recurrió a la Corte Suprema, cuya integración cambió profundamente desde su elección.

“Nos complace que la Corte Suprema haya aceptado revisar los tres casos pendientes del presidente”, dijo en un comunicado el abogado personal de Trump, Jay Sekulow

“Estos casos plantean importantes cuestiones constitucionales. Ansiamos presentar nuestros argumentos orales y escritos”, añadió.

“Confiamos en que la Corte Suprema, la más alta del país, haga respetar la Constitución y las decisiones de otros tribunales, y garantice que el deber de control del Congreso pueda ejecutarse”, declaró por su parte la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que lamentó que los estadounidenses deban esperar varios meses hasta conocer la decisión final.

Los defensores de Trump ya han enviado argumentos a la Corte pidiendo que anule las decisiones de los tribunales. “Dada la tentación de desprestigiar a los rivales políticos, las citaciones intrusivas en la vida personal de los presidentes se volverán normales”, advirtieron.

También señalaron que Cyrus Vance es un fiscal del estado de Nueva York y que no puede investigar a un presidente en funciones.

Este último respondió que no estaba investigando hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que su requerimiento fue dirigido a un tercero, y no al propio presidente.

AFP

El presidente, Alberto Fernández, aumentó los impuestos a las exportaciones de soja y granos, a través de un decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial, una medida “urgente” para enfrentar la “grave situación” de las finanzas públicas de Argentina, según el texto.

Los impuestos a las ventas al exterior de los granos tendrán una tasa fija de 9%. Para la soja, el mayor producto de exportación, se mantiene su base de 18%, por lo que el gravamen total sobre la oleaginosa alcanza 27%.

Hasta el viernes y desde septiembre de 2018, los granos pagaban 4 pesos por dólar exportado, lo que en un inicio representaba un impuesto del 12% pero que quedó desactualizado por efecto de la fuerte depreciación de la moneda.

La moneda se depreció un 70% desde enero de 2018.

Asimismo, el gobierno cerró los registros de exportaciones hasta el lunes para evitar que se inscriban con la alícuota anterior.

Se trata de una de las primeras medidas económicas desde que Fernández, un peronista de centroizquierda, quien asumió la Presidencia el martes pasado en un país sumido en una recesión desde hace más de un año, con alta inflación de 55% anual y pobreza de casi 40%.

Pese a la crisis, el campo es el único sector que ha crecido en el país sudamericano con un alza de 46% interanual en el segundo trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”, explica el decreto.

En Argentina, considerada uno de los mayores productores de alimentos, las llamadas “retenciones” a las exportaciones agrícolas desataron en 2008 una fuerte disputa entre el poderoso sector y el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta y titular del Senado.

Los grandes productores rechazaron la intención de aumentar el gravamen por ley según el precio de la soja, y llevaron a cabo prolongados cortes de ruta con peligro de desabastecimiento. Tras ser derrotada en el Congreso, se aplicó un impuesto fijo de 35% sobre los granos.

Una de las primeras medidas del presidente Mauricio Macri al asumir en diciembre de 2015 había sido anunciar la eliminación de los impuestos a las exportaciones de productos agrícolas, salvo en el caso de la soja, en el que comprometió una baja paulatina.

Pero en 2018, en el marco de la crisis financiera y cambiaria que llevó a Macri a recurrir al FMI para un crédito de 57.000 millones de dólares, el entonces mandatario volvió a aplicar un impuesto “temporario” de 4 pesos por dólar exportado para todos los granos, mientras que para la soja era del 18%.

AFP

 
El expresidente sudanés, Omar al Bashir, fue condenado el sábado por un tribunal de Jartum a dos años de detención por corrupción, después de haber sido depuesto en abril por un movimiento de protesta y posteriormente encarcelado.

Bashir, de 75 años, que dirigió el país durante 30 años con mano de hierro, fue juzgado por un tribunal especial y declarado culpable de “corrupción” y “posesión ilegal de fondos extranjeros”.

El juez explicó que el exmandatario cumplirá su condena en un centro de detención para personas de edad avanzada, porque según la ley sudanesa los ciudadanos mayores de 70 años no pueden ir a la cárcel.

Uno de sus abogados, Hashimi el-Gaaly, aseguró que “el expresidente es un oficial del Ejército que no desea reducción de condena porque no quiere ser objeto de la clemencia de nadie”.

Otro de sus abogados manifestó, no obstante, que el exmandatario apelará la condena aunque “no confía en el sistema judicial sudanés”.

Bashir, que asistió a las audiencias en una especie de jaula metálica, cree que es objeto de un “juicio político”, según sus abogados.

El magistrado también ordenó la confiscación de fondos encontrados en el domicilio de Bashir tras su arresto en abril, un total de 6,9 millones de euros (351.770 dólares y 5,7 millones de libras sudanesas).

Fuera del tribunal, varias decenas de partidarios del expresidente se manifestaron y mostraron su decepción por esta condena.

Tras conocerse el veredicto, un importante dispositivo de seguridad fue instalado en el centro de Jartum para controlar posibles manifestaciones en las próximas horas por parte de adeptos del exjefe de Estado.

Bashir, que llegó al poder en 1989 gracias a un golpe de Estado, está encarcelado desde abril en una prisión de Jartum.

Agence France-Presse