En sesión ordinaria de este martes 2 de abril, la Asamblea Nacional repudió las acciones represivas llevadas a cabo por grupos paramilitares llamados Colectivos, que maneja el régimen de Nicolas Maduro, contra los ciudadanos para impedir su legítimo derecho a la protesta por la falta de servicios púbicos que se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional.

El Diputado Juan Pablo Guanipa, denunció, ante el hemiciclo, que en las últimas horas grupos armados arremetieron contra la comunidad del Barrio La Polar en el Zulia, dejando como saldo a una persona fallecida, así como un emblemático conjunto residencial en el centro de la ciudad de Maracaibo llamado las Torres del Saladillo.

“En barrio La Polar, en el Municipio San Francisco, en el Zulia, una señora fue asesinada de un disparo por salir a protestar contra la crisis, hay una gran represión por parte de los grupos formales, ahora se le suma la represión de los grupos paramilitares”, relató Guanipa.

Indicó que “hemos visto a un personero de este régimen acompañado por personas encapuchadas, han formulado llamados a grupos paramilitares para que salgan a agredir a quienes reclaman en la calle por la falta de los servicios básicos”.

Guanipa recordó que ya días atrás se han presentado saqueos de comercios ya que “quien usurpa el poder fomenta el terrorismo de Estado. Por ello le decimos al pueblo que a pesar del riesgo que se corre lograremos que Maduro se vaya de la presidencia que usurpa”.

Indicó que es por ello que “es conveniente que califiquemos a estos grupos paramilitares como terroristas, proponemos que se haga una recopilación de los casos, que sea documentados, que ese expediente se guarde para cuando en el país haya justicia, delitos no prescriben”, a la vez que propuso que “la OEA y la ONU declaren también a estos grupos como terroristas, que ese expediente que instruyamos sea elevado por ante la Corte Penal Internacional”.

El parlamentario de Vente Venezuela y miembro de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio asegura que la Asamblea Nacional y Juan Guaidó deben aplicar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución

“Estamos condenados a la oscuridad mientras Maduro esté en el poder”, aseguró Omar González Moreno, este martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), con respecto al debate sobre la grave crisis que padece Venezuela.

El asambleísta representante del estado Anzoátegui expresó que “la semana pasada, en este mismo recinto, me correspondió hablar de los reiterados y masivos apagones”, además agregó que “el propio usurpador, Maduro, dejó a Motta Domínguez como el gran mentiroso, al destituirlo por incapaz y corrupto al frente de la corporación eléctrica nacional”.

Sobre la crítica situación del servicio de suministro de agua, el diputado al parlamento nacional denunció que “en la Cota Mil, acá en Caracas, vemos a cientos de venezolanos con potes y cualquier tipo de recipiente para recoger agua de Ávila […] igualmente vemos cientos de miles de caraqueños en el río Guaire, en la cloaca de la ciudad, repleta de heces fecales, recolectando agua para tomar, bañarse, etc.”.

Para González Moreno, “el mundo entero debe estar sorprendido de que en Venezuela se tome agua podrida cuando tenemos tales dimensiones de reserva de agua”, porque el país cuenta con 108 embalses de agua que no han sido mantenidos adecuadamente y es una de las “10 naciones del planeta con más fuentes de agua dulce del planeta”.

¿Cuál es la solución?

“¿Cuál es la solución para evitar que la crisis de Venezuela siga desplomando y desesperando a los venezolanos? La solución a esta crisis es la salida de Maduro y su camarilla”, aseguró Omar González desde la tribuna de oradores de la AN.

De acuerdo con el parlamentario de la Fracción 16J, “en el mismo momento que salga Maduro, vendrán los técnicos y especialistas para poder restaurar las represas del sistema hidroeléctrico como Guri y Caruachi”.

El diputado aupó a sus compañeros de cámara y en especial al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, para que la AN apruebe la aplicación del artículo 187, numeral 11 y así apelar a las Naciones Unidas la activación del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P).

Por último, González Moreno le solicitó a Guaidó que como presidente de la República solicite que la AN tome una postura sobre el 187.11 y que “no espere que ocurran los hechos que se avizoran en el horizonte, porque podría ser demasiado tarde”. El asambleísta recordó que “el pueblo lo está dando todo” y que la misión del parlamento es tomar las medidas necesarias para “evitar una crisis sanitaria como la que se avecina” por las fallas de los servicios básicos.

Vecinos de diferentes parroquias del municipio Libertador se apostaron en las puertas de la Defensoría del Pueblo para denunciar la brutal represión que han sido víctimas a manos de cuerpos de seguridad del Estado y principalmente de grupos paramilitares quienes con pistola y armas largas han disparado contra protestas en barrios de Caracas, las cuales expresan el colapso total de los servicios públicos. Anunciaron que a pesar de los ataques seguirán las manifestaciones conectado las condiciones inhumanas de vida con una rebelión popular contra la dictadura de Nicolás Maduro.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó como en los últimos días ha arreciado la represión por orden del Gobierno de facto de Maduro, atacando sin piedad a la comunidades que han salido a protestar clamando, agua, electricidad y la salida de la tiranía. “La primera fase de agresión es ejecutada por la PNB y GNB que sin mediar palabra lanzan decenas de lacrimógenas y perdigones de plomo contra los manifestantes, como ocurrió el pasado sábado en las parroquias La Candelaria, San Pedro y El Paraíso por solo mencionar algunas. Donde vecino fueron atacado llegando al nivel que una señora casi pierde el ojo con un perdigón”, dijo.

Rojas detalló que la segunda fase de la represión de la dictadura madurista consta de un ataque brutal ejecutado por colectivos armados los cuales llegan a las comunidades disparando a mansalva a los manifestantes, todo bajo la mirada permisiva de los cuerpos de seguridad del Estado. “El domingo pudimos ver imágenes dantesca de como malandros con armas largas le caían a tiros al pueblo que solo clamaba por agua y electricidad, dejando un saldo de una chama con un disparo en la pierna y un viejito a quien le cayeron a batazos y lo dejando malherido. Estos paramilitares están en nóminas de la Alcaldía de Libertador y son protegidos por Erika varias y el mismo tirano Maduro”.

El integrante de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria afirmó que la tercera fase es aplicado por escuadrones de la muerte conocido como Faes y Conas los cuales entran a los barrios caraqueños tal ha sido el caso de Cotiza, El Valle, Petare o El Junquito baleando las puertas de las viviendas, allanado y deteniendo a personas que protestan, llegando al nivel de realizan ajusticiamientos. “Varios dirigentes comunitarios han sido puestos presos tal es el caso de Wilmer Toro, líder vecinal de La Pastora el cual fue secuestrado por el Faes el pasado domingo”, indicó.

Sentenció que a pesar de este escenario tan adverso el pueblo de Caracas y especialmente los barrios se está viviendo el nacimiento de una rebelión popular, teniendo un compromiso decidido de que las manifestaciones por servicios públicos lleguen hasta el final con el objetivo fundamental del derrocamiento de la dictadura de Maduro. “Estamos claros que para que cese la oscuridad, regrese el agua y vivamos una vida digna debe cesar la usurpación. Para eso los sectores populares seres protagonista del cambio político.

Represión brutal en los barrios de Caracas

Por su parte, Milagros Martínez, vecina de la parroquia San Pedro, una de las afectadas por la represión de las protestas por la falta de servicios básicos, se encontraba realizando una denuncia ante la Defensoría del Pueblo para que se establezcan las responsabilidades individuales de los funcionarios que agredieron de manera desmedida la protesta pacífica de vecinos que se encontraban el sábado 30 de marzo en la avenida Victoria. “Tenemos datos precisos donde claramente podemos saber quiénes fueron los responsables”, informó.

“Nos encontrabamos en la avenida Victoria, un grupo de vecinos, en su mayoría mujeres de la tercera edad, cuando llegó reprimiendo un pelotón de la PNB tirando bombas lacrimógenas y una especie de vidrios, uno de los cuales se me incrustó en el pómulo, muy cerca del ojo, y a otro vecino lo hirió en un brazo”, narró la Sra. Martínez. “Lo curioso de estas acciones es que detrás del (funcionario) que dispara ese dispositivo viene otro de menor rango a recoger los vidriecitos, yo alcancé a agarrar unos de esos vidriecitos como evidencia para poner la denuncia”, contó Martínez.

También se encontraba denunciando Soraya Pérez, otra de las personas que participaron en la protesta de la Avenida Fuerzas Armadas quien contó cómo sucedieron los acontecimientos. “La actividad se había desarrollado en perfecta calma y armonía toda la mañana con presencia de la PNB que nos observaba y no pasaba nada, en la tarde llegaron los colectivos armados, ya vimos todas las fotos de todo lo que pasó donde no había necesidad de que nos agredieran de esa forma porque lo que los ciudadanos exigimos es nuestro derecho a disfrutar de los servicios públicos establecidos en la constitución. Lo sucedido es un crimen porque es una población desarmada que no tiene manera de defenderse contra eso y que no está atacando”.

El denominado “plan de administración de carga”  por 30 días anunciado por Nicolás Maduro para hacer frente a la crisis eléctrica, y que consiste en un racionamiento de lo que se pueda estar generando en materia de electricidad, no es la solución a este grave  problema, declaró hoy el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, (CIV) Ing. Enzo Betancourt, quien indicó que sobre esta materia “se le debe decir la verdad al país”.

Indicó que estos racionamientos se han venido aplicando reiteradamente en años recientes en el interior del país, y sus resultados han sido negativos. Todavía hay zonas de la Gran Caracas y numerosos Estados del país que carecen de energía eléctrica.

Inicialmente el Ing. Betancourt dijo  la electricidad es transversal a la vida del ser humano y tiene incidencia en todas sus actividades. Sobre la solución a este grave problema que está presentando,  señaló que “en esta materia se le debe hablar con la verdad  y  mucha responsabilidad al país,  se deben hacer las inversiones correspondientes, a poner a los mejores a solucionar el problema y establecer un efectivo programa de mantenimiento para que nunca más ocurra esto en Venezuela”.

-Fue tan fuerte la planificación, construcción y desarrollo de todo el sistema eléctrico nacional -agregó- que todavía nos queda algo de iluminación. Si las plantas hidroeléctricas  y termoeléctricas llegaran a presentar alguna falla, se  supone que ambas deberían  complementarse. Esta situación en Caracas y el Estado Zulia, por ejemplo, producida por una falla del sistema hidroeléctrico del Guri, no debió presentarse, porque alrededor de la Gran Caracas hay un sistema termoeléctrico que debió acoplarse para que no se produjera la interrupción del servicio. El Estado Zulia también posee capacidad  termoeléctrica instalada y no debería estar atravesando la severa crisis que ahora padece.

En cuanto a la designación del Ing. Igor Gavidia como ministro de Energía Eléctrica quien también presidirá la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) el presidente del CIV expresó: -Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla en  ese nombramiento, porque si las designaciones  son desde el punto de vista político más que desde el punto de vista técnico y profesional, los problemas van a continuar.

Por otra parte señaló que la culpa de todo lo que está ocurriendo es del responsable de llevar el sistema eléctrico, y luego descartó la posibilidad de un sabotaje, señalando que “para que pueda existir una intervención extranjera que es la afirmación del gobierno, también se pudiera decir que son aplicables a otras zonas de la ingeniería y la arquitectura, y no solamente al sector eléctrico”. “Cualquiera de las áreas que tienen que ver con la ingeniería y la arquitectura están en las mismas condiciones  o peor que el sistema eléctrico. Esa argumentación del sabotaje que da a conocer  el gobierno, no  debe aplicar”.

En sus declaraciones el Ing. Betancourt recordó que “en febrero del 2010  el presidente Chávez decretó la emergencia eléctrica y el Ministerio de Energía prometió que ese año entraban 5 mil megavatios al sistema eléctrico nacional y que en el lapso de 3 años entraban al sistema 15 mil megavatios más. Hasta el día de hoy sólo ha entrado el sistema Caruachi con poco más de 2 mil megavatios”.

Luego destacó: El Colegio de Ingenieros de Venezuela por ley es asesor del Estado en materias de su competencia tanto para el sector público como para el privado, y desde el 2005 hemos venido haciendo los respectivos diagnósticos en diferentes áreas, pero específicamente en el sector eléctrico lo hacemos entre dos y tres veces al año. Allí indicamos las alertas correspondientes, y  hemos propuesto que se concluyera la represa de Tocoma, que no se ha concluido aún y que produciría 2 mil megavatios; propusimos  energías alternativas; que se hiciera una inversión importante en el Alto Caroní; y que se reforzara e implementara todo lo relativo a los  sectores termoeléctrico e hidroeléctrico. La situación hoy es diferente porque la crisis es más profunda. Ambos sectores presentan serias condiciones de deterioro. La AVIEN, Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, adscrita al CIV,  ha hecho proposiciones muy claras y precisas en función de lo que tenemos hoy  y ver hacia el futuro.

Nota de Prensa

Tal como lo anunció el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, este martes la Asamblea Nacional (AN) debatió el “Proyecto de Ley de Garantía para los trabajadores que participen en la defensa de la Constitución y el restablecimiento de la democracia”, y al respecto dijo que dicho instrumento protegerá a los trabajadores venezolanos.

“Esta Ley no sólo es un compromiso con los trabajadores, sino con el país. Esta Ley viene a proteger a los empleados públicos, les decimos: piensen libremente, tomen sus desiciones; no podemos seguir soportando a un régimen que persigue”.

El también Presidente de la AN pidió a los trabajadores de la administración pública que “no se sometámosla más a la usurpación” y por eso los invitó a sumarse “activamente” a la lucha por recuperar la libertad de Venezuela que pasa por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.

En su intervención durante el debate, Guaidó dijo que han sido años de persecución, chantaje contra los trabajadores por cumplir su deber, como lo hacen hoy día los de Coprpoelec, Cacillería, entre otros.

Regresarán las reivindicaciones

El Presidente del Parlamento dijo que con la nueva Ley de garantía de empleados públicos regresarán las tablas salariales, pero además se protegerán a los jubilados y ancianos.

“Nuestros trabajadores públicos van a poder vivir dignamente de su sueldo. El régimen pulverizó el salario y la vida de los trabajadores. Ya se acabó el chantaje de depender de una pírrica remuneración”.

De igual manera, Guaidó refirió que con la Ley de Garantía para empleados públicos se da un paso más para “quitar el respaldo obligado al régimen”.

Créditos: Dariana Bracho / Fotos: Luis Dávila y Ramsis Souki

Para el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, la verdad no se puede ocultar, a menos que se mire para otro lado haciéndose el desentendido. Considera que esta es la hora en que la estrategia debe centrarse en finiquitar la usurpación y eso no será por las vías truculentas electoralistas. La ciudadanía apoya eufóricamente a Juan Guaidó, le asigna, tácitamente, una tarea que no puede ser distraída.

En ese sentido asegura que hay salir de Maduro cuanto antes. Y para tales efectos están dadas las condiciones: Primero, un respaldo determinante de la ciudadanía que espera que se avance en el cese de la usurpación. Segundo, un reacomodo de las fuerzas opositoras en torno a la figura de Juan Guaidó como exponente de esa ruta. Tercero, un cerco internacional que se va cerrando buscando asfixiar al dictador y su camarilla.

¿Qué falta?, pregunta Ledezma, Que la Asamblea Nacional habilite al Presidente Juan Guaidó, para que tenga a la mano el plácet de solicitar el respaldo de una fuerza internacional capaz de ayudarnos a doblegar las mafias y escuadrones armados que martirizan a los venezolanos. Lo otro, es dejar que nos sorprendan los hechos arbitrarios que limiten el desempeño de la misma Asamblea Nacional y del presidente legítimo. O sea, que cuando se pretenda debatir respecto a la conveniencia de aplicar o no el artículo 187, ya sea demasiado tarde, bien porque la tiranía asalta la Asamblea, limite a sus diputados o secuestre al propio Guaidó.

Otra estrategia, precisa Ledezma, es invocar el Concepto de Responsabilidad de Proteger, tenemos de entrada la comprensión indubitable del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

“Ese principio encaja perfectamente en la tragedia de nuestro país, donde se cometen al mismo tiempo exterminio ( impedir ingreso de alimentos y medicinas el pasado 23 de febrero en Cúcuta y Santa Elena de Uairen),  limpieza etnica (asesinato de nuestros pemones), Genocidio silencioso (la hambruna y escasez de medicinas causantes de miles de muertes), crímenes de guerra (asesinatos de Oscar Pérez y sus compañeros en El Junquito) y la confirmación de que Maduro dirige un narcoestado, forajido, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y esta evidentemente relacionado con actividades de trafico de drogas y terrorismo”.

La doctrina de R2P concierne a la responsabilidad de los Estados y la comunidad internacional de proteger a la población civil contra cuatro tipos específicos de crímenes y violaciones de los derechos humanos: el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad.