El diputado por el Bloque Sur de Venezuela, Romel Guzamana, denunció que la explotación del Arco Minero está contaminando el agua de los pueblos indígenas debido a los residuos de bromuro, cianuro y azogue que caen a los ríos Guaviare y Atabapo, éste último, el más contagiado de la región.

La información la ofreció el parlamentario en el marco del foro “Impactos del llamado Arco Minero en los Pueblos Indígenas”, organizado por el Parlamento Amazónico este jueves 01 de noviembre, en el salón Guaicaipuro, del edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN).

Guzamana catalogó como importante el debate sobre el tema porque, a su juicio, en otro momento no se había tomado en cuenta la destrucción del ecosistema de la Amazonía venezolana.

“Es preocupante cómo la contaminación está rebasando los límites. Hace 5 años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la contaminación de nuestro ecosistema en 25% y en estos momentos nosotros decimos que está por el orden de 45%”, afirmó.

Añadió el legislador que el Ejecutivo no ha permitido que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos y protección del ambiente entren a Venezuela para apoyar y ayudar en resolver parte del problema, mucho menos dejan participar a los gobiernos de otras regiones interesados en esta materia como es el caso de la Unión Europea (UE).

Alertó que el agua no se puede descontaminar y debido a ello está en peligro el 20% de la gran reserva de agua dulce del mundo como es el Amazonas.

Prensa Asamblea Nacional

El Gobierno de EE.UU. dejó hoy claro que está dispuesto a aplicar toda la presión necesaria para que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua «caigan» y alentó a otros países a contribuir a que cubanos, venezolanos y nicaragüenses se libren de la «opresión».

«No es tiempo de retroceder sino de incrementar la presión», dijo el asesor presidencial estadounidense John Bolton en Miami, después de haber pronunciado un discurso sobre la política estadounidense hacia América Latina, que se centró casi exclusivamente en lo que bautizó como «la troika de la tiranía» latinoamericana.

Bolton anunció en su discurso nuevas medidas concretas contra Cuba y Venezuela, pero respecto a Nicaragua solo señaló que si no hay elecciones libres y anticipadas y se restablece la democracia, el Gobierno de Daniel Ortega va a sentir «todo el peso» de las sanciones estadounidenses.

En el caso de Cuba, anunció que más de una docena de entidades de propiedad o controladas por militares, fuerzas de seguridad o la inteligencia van a sumarse a una lista de entidades con las que los estadounidenses no pueden hacer negocios.

Sobre Venezuela, anunció que el presidente Donald Trump firmó hoy mismo un decreto que impone «nuevas y duras sanciones» a ese país, esta vez destinadas a impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen «transacciones fraudulentas y corruptas» con oro venezolano.

En Orden Ejecutiva se prohíbe:

Todos los bienes e intereses en propiedad, que se encuentren en Estados Unidos, o que en lo sucesivo vengan a Estados Unidos, o que están o entren en posesión o control de cualquier ciudadano estadounidense están bloqueadas y no pueden ser transferidas, canceladas, exportadas, retiradas, o distribuidas con cualquier persona determinada por el secretario del Tesoro en consulta con el secretario de Estado:

(i) Operar en el sector del oro de la economía venezolana o en cualquier otro sector de la economía venezolana que determine el Secretario de la Tesorería, en consulta con el Secretario de Estado.

(ii) Ser responsable o cómplice; o directa e indirectamente envuelto en cualquier transacción o serie de transacciones que involucran las prácticas “engañosas o corrupción del Gobierno de Venezuela”, proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela.

(iii) Haber asistido materialmente, patrocinado, o proveer apoyo financiero, material o tecnológico a aquellas personas o empresas que transen con el oro venezolano.

EFE

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responabilizó hoy a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y al gobernador del estado Carabobo (centro), Rafael Lacava, por la muerte de casi 70 reos cuando en marzo pasado se incendiaron los calabozos de una comisaría de esa región.

«Después de toda esta investigación (…) hemos determinado que representantes del Estado son los responsables de este homicidio por acción y por omisión hay responsabilidad del gobernador del estado Carabobo, un tal (Rafael) Lacava y la ministra de asuntos penitenciarios», dijo el director del OVP, Humberto Prado.

Prado, que se encontraba acompañado de varios familiares de los fallecidos presentando un informe sobre lo sucedido, señaló que muchos de los presos no debían encontrarse en ese lugar debido a que tenían que haber sido trasladados a cárceles porque ya estaban condenados, y según dijo, eso es responsabilidad del Estado.

El director del OVP señaló asimismo que no son 68 muertes como aseguró la Fiscalía sino 69, pues en días posteriores murió una persona más como consecuencia de este hecho.

Denunció también una dilación en el caso de los funcionarios imputados por el suceso, debido a que aseguró que la audiencia ha sido diferida en cinco oportunidades.

«Hoy se están cumpliendo más de siete meses de esos hechos y hasta la presente fecha lo que tenemos son cinco personas imputadas», dijo Prado al tiempo que señaló que los familiares aún se encuentran esperando justicia y que se impute a un funcionario de nombre José Aldana que aseguran disparó contra los reos.

En el informe el OVP relata el testimonio de 21 familiares de los fallecidos en el evento que califican de «masacre», pues indican que la policía inició el hecho cuando «le quitaron la vida a una mujer» que presuntamente estaba embarazada, aunque la Fiscalía ha negado que hubiese una dama en estado de gestación.

Según realatan en un vídeo dos personas no identificadas que aseguran ser sobrevivientes del suceso y que señalan que pagaron para estar en libertad, los hechos empezaron cuando los policías intentaron hacer una requisa dentro de los calabozos donde habían dos mujeres visitantes y las hirieron con perdigones.

«Esta es una de las masacres más violentas que ha habido en Venezuela (…) se trata de que le cerraron la puerta para asesinar a 69 presos», dijo Prado tras presentar el vídeo en rueda de prensa.

Prado señaló también que hoy enviarían el informe -que consta de 80 paginas con imágenes, fotos, 21 entrevistas a familiares, la lista de los 69 fallecidos, artículos de prensa- a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque asegura «no hay una investigación» sino una imputación.

El OVP además pidió al Estado una «investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos», que permita una «exhumación de los cadáveres» y autopsias por organismos ajenos a entes gubernamentales, que se investigue al funcionario Aldana, y que se indemnice a los familiares por los daños morales y materiales.

Los familiares denunciaron además haber sufrido supuestas amenazas por parte de funcionarios policiales para que no ofrezcan testimonios, pues muchos de ellos se encontraban a las afueras de la comisaría cuando sucedió el incendio.

EFE 

La presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional (AN), diputada Mariela Magallanes (Unidad-Aragua), denunció este jueves una “brutal arremetida de persecución y represión política, enfocada contra dirigentes sociales, sindicales, gremiales y políticos que se vendría suscitando últimamente en el país”.

“Vemos con mucha preocupación como están dirigidas estas acciones, cuando médicos, enfermeras y líderes políticos  que protestan o realizan cualquier actividad, reciben arremetidas por parte por organismo de seguridad del Estado”, resaltó

.

La diputada Magallanes se refirió al caso de la médico residente Daniela Marcano, por parte de la directora de la Maternidad Concepción Palacios, por no haber podido realizar una intervención quirúrgica, porque para el momento no había anestesiólogo.

Explicó la parlamentaria que esta denuncia la hizo la presidenta de la Sociedad Médica de dicha maternidad, Moraima Hernández quien dijo que la misma sería presentada a la Fiscalía General de la República, para que se abran las averiguaciones de rigor.

Recordó que el día 5 de octubre, tres enfermeras del hospital Luís Razetti, de Barcelona, estado Anzoátegui, fueron detenidas por funcionarios del CICPC, por motivo de una protesta pacífica, realizada en ese centro de salud, por la falta de insumos y en defensa de sus reivindicaciones laborales.

Explicó que el 6 de octubre fue detenida la médico neumóloga  Maryory Medina Parra, en Puerto Ordaz, y el día siguiente fue trasladada a aquí a Caracas, por funcionarios de la policía política, a quien le fue secuestrada su computado y su vehículo, desconociéndose hasta ahora el motivo del secuestro.

Dijo que el 14 de octubre ocurrió otro hecho muy preocupante; el allanamiento a la vivienda de la diputada Adriana Pichardo (Unidad-Aragua) y también representante del Parlasur, por funcionarios del Sebin, violando su inmunidad parlamentaria y sin ninguna orden de allanamiento.

“Rechazamos también la agresión contra la dirigente nacional María Corina Machado  y todo su equipo, cuando realizaba una actividad partidista en la ciudad de Upata, estado Bolívar”, comentó.

Expresó la asambleísta que esta agresión a la dirigente Machado, está considerada como un atentado por las característica de los procedimientos utilizado por los funcionarios policiales, la cual fue encabezada por la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth Garcia.

Señaló igualmente que el 25 de octubre fueron detenidas por el CICPC, las médico residentes del hospital Central de Maracay, Yeraldín Aria, Laura Morillo y Gabriela Zabala, las cuales fueron liberadas pero con prohibición de salida del país, presentación cada mes ante las autoridades.

“Estamos viendo que los perseguidos son del sector salud y dirigentes políticos de alto nivel. En Venezuela, cualquier persona que proteste por sus reivindicaciones, malos servicios, por la falta de comida, puede ser reprendida por los cuerpos de seguridad y trasladadas al Sebil y acusarla de cualquier cosa, menos a que está ejerciendo sus derechos a la protesta”, enfatizó.

Dijo que la mayoría de las personas detenidas son mujeres, lo que a su juicio es una represión de género, a quienes se les pretende cercenar su derecho a la protesta.

La diputada Mariela Magallanes anunció que todas estas denuncias serán llevadas a la sesión del próximo martes de la Asamblea Nacional, para que se abra un debate de inmediato.

“Nosotros desde la Comisión de Familia de la AN, rechazamos  rotundamente este acoso, y nos solidarizamos  con todas esas mujeres que hoy están siendo perseguidas por el gobierno”, culminó la diputada Magallanes.

Ernesto Vegas 

Foto: Arles Arcia 

Prensa AN

Desde la Asamblea Nacional (AN) ha sido motivo permanente de preocupación y de denuncia la situación del arco minero que se ha sometido a una explotación irregular, al contrabando de extracción  de los minerales controlado por grupos armados  irregulares, generando problemas de salud y alteración del equilibrio ecológico en las zonas explotadas.

Así lo señaló el presidente de la AN, diputado por el estado Zulia Omar Barboza,  al instalar el foro “Impactos del llamado Arco Minero en los Pueblos Indígenas”, organizado por el Parlamento Amazónico que preside el diputado Ramón Flores y las comisiones permanentes de Ambiente y la de Comunidades y Pueblos Indígenas; además de la Comisión mixta de seguimiento al Arco Minero.

Destacó  que en el exterior hay mucha preocupación por la cantidad  de contrabando de oro  que se está generando desde Venezuela. “Hay países como Curazao, por ejemplo, exportando grandes cantidades de oro y no tiene ni un gramo de este mineral en su territorio y   se supone que todo esto es producto del contrabando desde Venezuela”, dijo Barboza.

Agregó que el parlamento holandés abrió una investigación desde año pasado  por el contrabando de oro de Venezuela, porque les llamó la atención la venta de oro desde Curazao.

“La explotación del mineral es un escándalo permanente en Venezuela. Una corrupción desmedida  que no respeta ningún límite, ni los derechos humanos de los indígenas, ni la soberanía que  debemos ejercer sobre esas riquezas que deberían beneficiar a todos los venezolanos respetando el equilibrio ecológico y las normas técnicas de la minería  en el mundo”, afirmó.

Sostuvo Barboza que los aborígenes que viven en la zona han sido desplazados y se les han irrespetado todos sus derechos. Comentó que es uno de los temas de gran interés que está tratando el Parlamento Amazónico y la Comisión de Ambiente de la AN a través del foro “Impactos del llamado Arco Minero en los Pueblos Indígenas”- al que le están haciendo seguimiento permanente- dada la importancia que significa su destrucción como proyecto y sus consecuencias en la salud y hábitat de los nativos de esa zona, así como del ecosistema.

Prensa AN/ Foto Luis Dávila

Días antes de las elecciones de alto nivel en Florida, hogar de muchos inmigrantes de la región, el asesor de seguridad nacional de EE.UU., John Bolton, hablará en el Freedom Tower, un edificio donde los refugiados cubanos fueron recibidos en la década de 1960, después de abandonar la isla controlada por los comunistas.

Casi 2 millones de venezolanos han huido desde 2015, expulsados por escasez de alimentos y medicamentos, hiperinflación y delitos violentos. Miles se han dirigido al sur de la Florida.

Tomorrow I will give remarks on President Trump’s policy in Latin America at the historic Freedom Tower in Miami, Florida – I can think of no more fitting setting.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 de octubre de 2018

El discurso de Bolton tendrá lugar un día después de que Trump haga campaña en Florida para los candidatos republicanos en las apretadas elecciones del Senado y la gobernación en las elecciones del 6 de noviembre, y un día antes de que el expresidente Barack Obama se reúna con demócratas en Miami.

Se espera que Bolton sea presentado por la legisladora republicana de larga data Ileana Ros-Lehtinen, quien ha anunciado su retiro del Congreso. Ros-Lehtinen, la primera cubana-estadounidense electa al Congreso, ha criticado a Trump, pero ha apoyado la línea dura que ha tomado hacia Cuba.

Trump ha revertido partes de la distensión iniciada por Obama en 2014 con Cuba, endureciendo las reglas sobre los estadounidenses que viajan a la isla y restringiendo a las compañías estadounidenses de hacer negocios allí. Pero Trump ha mantenido las relaciones diplomáticas restablecidas bajo Obama con el antiguo enemigo de la Guerra Fría.

El mes pasado, el presidente vinculó el colapso económico de Venezuela con «sus patrocinadores cubanos» en un discurso ante las Naciones Unidas, y se espera que Bolton explique este tema, indicó un funcionario de la administración a principios de este mes.

El gobierno de Trump planea aumentar la presión económica sobre los servicios militares y de inteligencia de Cuba, comentó el funcionario.

La Casa Blanca también quiere aumentar la presión sobre Venezuela. El lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo discutió trabajar sobre el tema con el nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

El gobierno estadounidense ha impuesto varias rondas de sanciones a figuras militares y políticas venezolanas cercanas al presidente socialista Nicolás Maduro, a quien culpa por pisotear los derechos humanos y desencadenar la implosión económica del país.

Maduro, quien niega limitar las libertades políticas, dijo que es víctima de una «guerra económica» encabezada por adversarios respaldados por EE.UU.

A principios de este año, el gobierno de Trump había sopesado el aumento de las sanciones al apuntar al sector petrolero de Venezuela, pero ahora ve una necesidad menos inmediata de hacerlo debido a la caída de la producción por parte de la nación miembro de la OPEP.

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