El Gobierno de Nicaragua «siembre ha evadido y escondido» su responsabilidad sobre «graves violaciones» a los derechos humanos, advirtió hoy la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

«El Gobierno del Estado de Nicaragua siempre ha evadido y escondido, ante la comunidad internacional, su responsabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense», afirmó la ANPDH, en un comunicado.

La advertencia fue emitida por la ANPDH en un documento en el que muestra su respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el sábado pasado el Gobierno de Nicaragua acusó al organismo de emitir «afirmaciones falsas y descalificaciones calumniosas», con una actuación «parcializada y politizada», y con informes «manipulados».

La ANPDH afirmó que el objetivo del Gobierno, en su denominado «Informe Evaluativo» sobre la CIDH, es «desvirtuar la verdad sobre la profunda crisis de violaciones a los derechos humanos que existen en Nicaragua».

De acuerdo con la Comisión, al menos 317 personas han muerto en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, en tanto la ANPDH cifra en 448 los fallecidos y el Gobierno dice que son 198 las víctimas morales.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que el presidente Ortega ha negado.

La Comisión también ha advertido que Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que consiste en la «criminalización de manifestantes», frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.

Esta última etapa provocó que miles de nicaragüenses, entre ellos el secretario ejecutivo de la APNDH, Álvaro Leiva, salieran al exilio en los últimos meses.

EFE 

Fernández de Kirchner está protegida por los fueros parlamentarios, por lo que el juez debió solicitar autorización a la Cámara alta para revisar las propiedades

Buenos Aires- El Senado argentino aprobó este miércoles por unanimidad la autorización solicitada por la Justicia para allanar las viviendas de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), investigada por supuesta corrupción.

Fernández de Kirchner, senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista, votó a favor de la medida solicitada por el juez federal Claudio Bonadio, pese a que momentos antes negó todas las sospechas en su contra.

«No me arrepiento de nada de lo que hice», aseguró la exmandataria durante su discurso ante el pleno de la Cámara alta. «Si me meten presa, la Argentina no será un país más gobernable», advirtió, reseñó DPA.

Fernández de Kirchner está protegida por los fueros parlamentarios, por lo que el juez debió solicitar autorización a la Cámara alta para revisar las propiedades de la exmandataria en el marco de la causa que investiga si lideró una supuesta asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios a cambio de contratos de obras públicas u otros negocios.

Las dos sesiones que habían sido convocadas en las últimas dos semanas habían fracasado por falta de quórum, pero en esta oportunidad se superó el mínimo requerido de 37 de las 72 bancas, con la presencia de la expresidenta en el recinto, y finalmente la solicitud judicial fue votada por los 66 senadores presentes.

La votación tuvo lugar un día después de multitudinarias marchas en varias ciudades de Argentina para reclamar al Senado que elimine los fueros parlamentarios que protegen a Fernández de Kirchner y vote el proyecto de ley de extinción de dominio, que permite al Estado quitarle a una persona la propiedad de determinados bienes relacionados con un delito.

Los fueros parlamentarios impiden que la Justicia allane sus propiedades o la arreste, excepto la aprobación expresa de la Cámara alta. Los legisladores con fueros pueden sin embargo ser investigados, juzgados y condenados mientras ejercen su cargo en el Parlamento. La moción aprobada hoy sólo permite el allanamiento de sus viviendas, dos en la provincia de Santa Cruz y otra en la ciudad de Buenos Aires, y mantiene firme los fueros.

Fernández de Kirchner enfrenta varias investigaciones judiciales, tres de ellas ya elevadas a juicio oral y público y en una de las cuales el mismo juez, Bonadio, pidió su prisión preventiva. En las últimas semanas volvió a ser imputada en una nueva causa por el supuesto pago de sobornos de empresarios a ex funcionarios kirchneristas.

El juez Bonadio investiga si los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas.

La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal, Roberto Baratta, uno de los 14 detenidos por esta causa.

En ellos el chofer describió con sumo detalle las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de fondos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales. Tras su difusión, varios empresarios admitieron ante el juez que pagaron sobornos, como también algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.

La expresidenta rechazó en cambio los cargos en su contra y denunció una persecución judicial.

DPA