La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega presentó hoy en Bogotá en un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «en el exilio» las pruebas por las que considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo involucrado en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
«En nombre del Estado venezolano acuso a Nicolás Maduro (…) presidente de facto de Venezuela, por estar incurso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales», manifestó Ortega en la audiencia del Tribunal Supremo que se celebró en el recinto del Congreso de Colombia.
Durante la audiencia, la exfiscal presentó a 14 de los 27 magistrados en el exilio imágenes y documentos con los que sustenta la presunta responsabilidad de Maduro en esos delitos y lo señaló como el culpable del «dolor, sufrimiento y muerte» de la población venezolana.
Ortega, que fue destituida del cargo después de mostrar diferencias con el Gobierno, ya había presentado esas pruebas acerca de la presunta corrupción de Maduro en abril pasado, también en Bogotá ante el Supremo «en el exilio».
La exfiscal denunció que en Venezuela se pagó a Odebrecht «más de 35.000 millones de dólares y más de 2.300 millones de euros» por once obras que están «inconclusas», entre ellas las del metro de Caracas y del metro de Los Teques, lo que supone «cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy».
Agregó que en 2005, cuando Maduro era canciller en el Gobierno de Hugo Chávez, se le adjudicaron a la empresa brasileña de «manera directa» y «sin concurso» obras de viviendas, transporte y servicios, entre otras.
«Maduro suscribió un memorándum de entendimiento y al menos siete acuerdos complementarios al acuerdo (…) fue un gran pacto de corrupción, firmado por Nicolás Maduro como canciller en representación del Estado venezolano», agregó Ortega.
De igual forma, acusó a Maduro de solicitar a Odebrecht que financiara su campaña presidencial de 2013, para la cual le pidió 50 millones de dólares bajo el «compromiso» de que al asumir la Presidencia daría un «trato preferencial» a la compañía.
Entre estos tratos, Ortega se refirió al permiso para que la empresa continuara con las adjudicaciones de contratos de obras inconclusas, aprobó el pago por concepto de evaluaciones y autorizó el adelanto de pagos por los proyectos, entre otros.
Según Ortega, gracias a todo eso la empresa le entregó a Maduro al menos 35 millones de dólares para financiar su campaña, lo que demuestra que «desde cada una de las posiciones que ha ocupado favoreció la permanencia, operatividad y negocios de Odebrecht».
Por lo anterior, considera que los actos de Maduro se «encuadran perfectamente dentro de los tipos penales de corrupción propia y legitimación de capitales» y solo por el primer caso podría pagar entre tres y siete años de cárcel y una multa por el 50 % del valor de lo recibido.
Tras la acusación, el abogado defensor de oficio de Maduro, Andrés Lindo, afirmó que el presidente solo firmaba los contratos con la compañía y que si esta no los cumple la debe indagar el Ministerio Público, por lo que desestimó las acusaciones de Ortega.
«En vista de toda esta situación, solicito a este tribunal la absolución del imputado, ya que los delitos de corrupción no son suficientes y las pruebas tampoco y las pocas que hay que tienen relaciones directas no han sido incorporadas legalmente al juicio», agregó Lindo.
Por su parte, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Martín, aseguró que durante el juicio se buscará «verificar la responsabilidad o no» de Maduro por estos delitos y subrayó que «existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general».
En marzo pasado, el Supremo «en el exilio» admitió a trámite la demanda de Ortega que vincula a Maduro con delitos de corrupción y en la que se pidió emitir una orden de captura contra él a través de Interpol, la cual el presidente de la corte, Miguel Ángel Martín, reiteró hoy.
Un mes más tarde, el Supremo había declarado la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.
Al juicio, que continuará el próximo lunes en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, asisten algunos de los magistrados, pues 13 de ellos están en EE.UU., seis en Chile, cuatro en Colombia y otros cuatro en Panamá.
El Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se instaló en octubre pasado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
EFE
