Donald Trump vuelve a mostrar hasta dónde está dispuesto a llevar su autoridad en el ámbito comercial, aunque esta vez lo ha hecho sin imponer su voluntad vía decreto. Estados Unidos quiere reforzar los instrumentos que tiene a su disposición para impedir que empresas chinas o de otros países obtengan tecnología sensible a través de operaciones de adquisición o fusión con una compañía estadounidense.
En concreto se amplía el margen de acción del Comité de Inversiones Extranjeras (CFIUS, en sus siglas en inglés), el mismo grupo que ya tiene el poder para bloquear operaciones de toma de control de una sociedad estadounidense si representa una amenaza para la seguridad nacional. Las restricciones a las inversiones extranjeras se modularán atendiendo al tipo de tecnología a la que se vaya a tener acceso. Tradicionalmente estas operaciones se vetaban cuando afectaban a la industria de Defensa, pero con esta medida, el campo de actuación abarcará todas las tecnologías, incluidas las de uso civil.
Se procede así a “modernizar” la manera con la que opera este comité, con el objetivo de que pueda proteger de una forma más efectiva la tecnología que esta agencia considere sensible. “Se convertirá en un instrumento muy poderoso para preservar nuestros intereses”, indicaron fuentes de la Administración, “podrá lidiar de una manera más flexible y agresiva frente a diferentes amenazas, no importa de donde procedan”.
La Casa Blanca lanza el mensaje a sus socios de que las malas prácticas (como el robo de tecnologías) en el comercio tienen consecuencias. Es también un golpe de autoridad para marcar el terreno a los legisladores en Washington, después de que el Senado de Estados Unidos aprobara la semana pasada una medida para tumbar el pacto cerrado por el Departamento de Comercio con el fabricante de teléfonos móviles chino ZTE. Anteriormente se le había vetado operar en EE UU alegando cuestiones de seguridad nacional.
La medida para controlar las inversiones se anuncia una semana después de que la Administración que preside Donald Trump amenazara con imponer aranceles a bienes chinos por un valor adicional de 200.000 millones de dólares (172.000 millones de euros) en importaciones, a los que se aplicaría un impuesto aduanero del 10%. Lo hizo solo unos días después de que aprobara gravámenes del 25% a 1.100 productos.
La puesta en escena, sin embargo, se hizo de una manera más contenida que en otras ocasiones. Donald Trump trató en la víspera de rebajar el tono de la decisión al insistir en que las restricciones a las inversiones no se aplicarían solo a empresas chinas. Su afirmación iba en línea con las de Steven Mnuchin, su secretario del Tesoro, que forma parte del grupo más abierto a negociar.
Durante el fin de semana se especuló con la posibilidad de que se prohibiera —por decreto— que una sociedad pudiera embarcarse en este tipo de operaciones si en su capital cuenta con un 25% de propiedad china. Se planteó, incluso, que ese umbral se llevara más abajo (hasta el 10%) si la transacción contemplase que se haga con un asiento en el consejo de administración de la compañía estadounidense objeto de la adquisición o fusión. Sin embargo, ahora se opta para que sea ese comité el que tome la decisión.
Lo que hace es utilizar la estructura legal existente, incorporando nuevas definiciones e instrumentos que se utilizan para revisar las funciones extranjeras que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional. Las fuentes de la Administración insisten en que el reforzamiento es “una evolución natural” que permitirá dar también claridad a los inversores sobre las restricciones que se aplicarán a estas operaciones.
“Proteger la transferencia de tecnología es una cuestión muy importante para EE UU”, reiteró Mnuchin, “por eso vamos a ser muy cuidadosos a la hora examinar este tipo de operaciones”. El secretario del Tesoro advierte de que si el Congreso no aprueba este cambio, el presidente cuenta con los poderes necesarios para proceder a la modernización de este instrumento por decreto.
