La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), además del cese de actividades por 12 horas, tiene previsto realizar este miércoles jornadas de protestas y movilizaciones de calle, en rechazo a las pretensiones del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia, Tecnología (MPPEUCT) de despojarlos del ajuste salarial que por derecho les corresponde

Así lo informó este martes la profesora Lourdes Ramírez de Viloria; presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, (FAPUV), mediante comunicado suscrito por la Junta Directiva, dirigido a la comunidad universitaria nacional y a la opinión pública

En la agenda de protesta de los docentes universitarios también se tiene previsto realizar una visita al MPPEUCT a las 10:00 a. m, para exigir el respeto a sus derechos. laborales.

Igualmente, en el documento se anuncia la convocatoria a otro paro nacional de profesores universitarios por 24 horas, el día martes 15 de mayo, acompañado de movilización de calle y pancartazo, de no haber sido restituido su salario.

Advierten sobre la posibilidad de una agudización del conflicto, con medidas progresivas de protesta hasta que el MPPEUCT, envíe el correspondiente instructivo corrigiendo el exabrupto cometido y respetando nuestro derecho constitucional y laboral.

Prensa Fapuv

Se anexa Documento completo:

08-05-18 FAPUV DECLARATORIA DE CONFLICTO

La presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), diputada Nora Bracho (Unidad/Zulia), aseguró que la calidad de vida del venezolano está deteriorada, en el inframundo, debido a que  servicios públicos como la electricidad no funcionan, lo cual ha incidido en apagones a nivel nacional.

El señalamiento lo hizo en rueda de prensa ofrecida en las inmediaciones de la AN, donde reiteró que la Comisión inspeccionó recientemente las estaciones y subestaciones eléctricas de Maracaibo donde constataron que algunas eran  basurero, otros cascarones vacíos. “La estación Ramón Laguna está paralizada y Termo Zulia sólo trabaja un 10%”, dijo.

La diputada refirió que la calamidad que estamos viviendo con la crisis eléctrica no tiene respuesta por parte del gobierno nacional, ni siquiera por parte del gobierno regional ni de Luis Motta Domínguez, (ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec), “quien a estas alturas debe haber renunciado”.

Explicó que para sorpresa de los parlamentarios que realizaron la inspección constataron que las condiciones de las estaciones eléctricas estaban peores de  lo que imaginaron. El equipo técnico de la Comisión realizó una evaluación exhaustiva de la situación y constató que  es calamitosa.

Aseguró  Bracho que  Nicolás Maduro fue el fin de semana al estado Zulia “a llenarnos de mentiras nuevamente, él realizó promesas electoreras porque prometió dos plantas termoeléctricas y eso no solucionará el problema. Pasarán dos años y todavía esas estarían en construcción esas plantas”, aseveró.

Destacó que en todo el occidente del país y en Caracas se vive igual situación con la crisis eléctrica. Hay zonas que tienen más de 15 días sin electricidad y a pesar de eso “nos vienen con promesas electoreras. Por favor, no nos vean la cara de tontos”, afirmó.

No es posible –dijo- que en estos momentos nuestra calidad de vida esté deteriorada debido a que muchos servicios públicos no sirven, tampoco hay gas en algunas zonas, y se preguntó qué es lo que pretende este gobierno que hagan los venezolanos. “Hemos retrocedido a los años 20 y no hay una respuesta verdadera”, indicó la legisladora

“Exigimos al gobierno que den soluciones al país, que los servicios públicos sean lo que fueron en otrora; de calidad. No soportamos más esta situación y exigimos respuestas inmediatas”, indicó.

En otro orden de ideas, dijo que los detenidos  por el caso Minerven son unos chivos expiatorios, pobrecitos. “Lo que estamos viviendo en estos momentos es debido a la corrupción,  se robaron el dinero destinado a las plantas eléctricas y por eso estamos viviendo estos cortes eléctricos. ¿Dónde está esa empresa Derwick Associates?”, se preguntó.

Insistió la diputada que debe exigirse la repatriación de los recursos que se han robado y parte de éstos están depositados en cuentas bancarias. “Han comprado mansiones, ese dinero se necesita para que los venezolanos vivan bien, los niños reciban su comida en el colegio, no es posible que en las escuelas nacionales y regionales no tengan un programa alimenticio donde algunos se desmayan por hambre”, precisó Bracho.

Asimismo –continuó- muchos venezolanos han rebajado más de 30 kilos porque no consumen los alimentos requeridos ni los nutrientes. Tampoco  hay medicamentos “y ante esta situación los venezolanos exigen respuesta, nuestra calidad de vida está en el inframundo”, sentenció finalmente.

Prensa AN
Maritza Villarroel O /Foto: Luís Dávila

Familiares de Presos Políticos de reafirman exigencia de libertad plena ante Fiscalía

El Comité de Familiares de Presos Políticos acudió a la Fiscalía General de la República para pedir libertad plena de los 396 encarcelados por motivos políticos en Venezuela, y denunciaron los casos de violación de derechos humanos y tortura que ocurren en el país.

La abogada defensora Ana Leonor Acosta denunció que hasta la fecha 102 civiles están siendo juzgados ante instancias militares y más de 20 presos políticos están en grave situación de salud que no reciben el tratamiento adecuado porque no los trasladan a centros de salud, por lo que destacó que “el Fiscal Tarek William Saab debe cumplir con la función que establece la ley, sobre la garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos”.

Acosta señaló que “en Venezuela existe retardo procesal, se encarcelan a venezolanos con pruebas falsas y sin derecho a la defensa. Por eso pedimos ante el Ministerio Público que debe velarse por el correcto cumplimiento de los juicios y que se garanticen los derechos fundamentales en los procesos judiciales”.

Respecto a los casos de tortura contra los presos políticos, Acosta exhortó al Fiscal General a “ordenar la apertura de una investigación sobre estas violaciones graves que están ocurriendo. La tortura tanto psicológica como física tiene un efecto en las personas. Hay casos de personas que intentan suicidarse y otros que ya lo han hecho. Pedimos que se determine un responsable de estas violaciones por parte de efectivos de seguridad del Estado”.

Por su parte la activista por los derechos humanos Lilian Tintori de López manifestó que el objetivo del Comité de Familiares de Presos Políticos es insistir en el petitorio de libertad plena y garantía de los derechos humanos “que hoy son pisoteados en Venezuela”. Informó que “todas los que tenemos un familiar preso seguimos trabajando y luchando por lograr la libertad y porque los venezolanos no sigamos padeciendo la emergencia humanitaria que se vive hoy en el país y que afecta también directamente a los presos políticos que están en condiciones inhumanas”.

La hermana de Vasco Da Costa, expresó que “mi hermano es civil y está acusado de una rebelión militar, montaron un caso. Mi hermano es inocente, las armas que dicen que tenía no existen. A mi hermano lo sacaron de la casa a golpes y patadas y no he podido verlo. Hoy y siempre pediremos la libertad plena de todos los presos políticos”.

La esposa de Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, destacó que durante los próximos meses “continuaremos con la campaña Libertad, que es una exigencia de libertad plena ante todos los organismos nacionales e internacionales para los presos políticos, así como también en las cárceles donde tienen detenidos a los presos políticos. Queremos divulgar y denunciar cada caso, cada arbitrariedad y cada tortura contra los presos políticos”.

Familiares de Roberto Picón, del diputado Gilber Caro, de José Luis Santamaría y los abogados Carlos Daniel Moreno y Omar Mora Tosta también asistieron a Fiscalía y denunciaron que el preso político Vilca Fernández requiere atención médica urgente, por lo que exigieron que sea trasladado a un centro de salud de inmediato.

Comunicaciones Todos por la Libertad

El ExAlcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma fue recibido hoy por el presidente de la Cámara del Senado de México, senador Néstor Cordero Arroyo. Asimismo, recibió el saludo de los miembros de  la Cámara de Diputados a quienes explicó ampliamente detalles de la crisis humanitaria en Venezuela.

También  suministró información sobre “las serias dificultades de  la situación de la salud, desabastecimiento de medicinas, alimentos y la inseguridad, por lo cual cerca de 4 millones de venezolanos han tenido que huir del país”.

Ledezma en su reunión con los parlamentarios,  les hizo “una exposición sobre el fraude electoral que tiene montado el gobierno para el próximo 20 de mayo con la finalidad de poner de manifiesto sus propósitos continuistas”.

El diputado Enrique Jackson, dirigiendo la plenaria de la cámara, hizo un paréntesis para destacar la presencia en el recinto del Alcalde Metropolitano de Caracas, quien recibió nutridos aplausos.  Ledezma sostuvo un encuentro también con la senadora Angélica de La Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Senado, y la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Conversó con parlamentarios de las fracciones  del PAN, el PRI y el PRD y del Movimiento Verde, entre ellos, los senadores Héctor Flores, diputado Jesús Casillas, Damira Gastellung, Enrique Burgos y Gerardo Flores. Posteriormente en los salones del Congreso dio una rueda de prensa.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, expresa su preocupación por  los métodos utilizados en las investigaciones que según declaraciones oficiales, ha abierto la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a todas las instituciones financieras del país. La Constitución de la República y las leyes especiales que rigen y regulan a este sector determinan los procedimientos y las sanciones correspondientes en caso de que se presuma una falta por parte de esas instituciones.

No es el caso de Banesco y el BOD, en el que el uso de la fuerza policial no se corresponde con la respuesta y la disposición de esas instituciones  ante los requerimientos de las autoridades.

Repudiamos, en forma especial, la adopción de sorpresivas medidas privativas de libertad a 11 ejecutivos de Banesco, quienes con una actitud responsable y en forma voluntaria se presentaron ante las autoridades, ya que lejos de crear un ambiente favorable a la adopción de  medidas de política fiscal y monetaria que estabilicen los valores de convertibilidad de la divisa, aumentan el desasosiego que viven los venezolanos trabajadores y agrega opacidad a la crisis actual.

Los casos de Banesco y BOD generan incompresibles e injustificadas situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, que afectan no solo a las instituciones financieras indicadas, sino a altos porcentajes de empresas “bancarizadas” (industriales, comerciantes y prestadores de servicio), y  a millones de clientes naturales  que hacen que día a día se incremente más la actividad financiera eficiente y productiva.

Se requiere transparencia en los procesos judiciales, racionalidad en las medidas económicas y soluciones adecuadas a los problemas estructurales para que el país pueda  iniciar la superación de esta crisis.

La escasez de efectivo, la hiperinflación, la implantación de una reconversión monetaria apresurada, la falta de productos básicos, la fuga de talentos y la crisis de los servicios públicos no se resuelven con medidas que aumentan la inseguridad personal y jurídica que sufre la población.

Necesitamos instituciones bancarias que reciban el apoyo promotor y certero de sus entes reguladores para imprimir agilidad al intercambio de bienes y servicios destinados al consumo intermedio o final, para promover la utilización de nuevas plataformas tecnológicas destinadas a incentivar y orientar la utilización de los medios de pagos por vía electrónica y para superar las vicisitudes de articular y poner en circulación el nuevo cono monetario.

Exhortamos a la racionalidad y al reconocimiento de la actividad privada como motor de la economía nacional.

Caracas, 8 de mayo de 2018