Tras varias horas de incertidumbre el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó hacia la medianoche del miércoles la cifra de víctimas del motín en la Comandancia de la Policía de Carabobo, mencionando como causa un posible incendio. Pero, no precisó cómo se originaron las llamas. La Ong Ventana a la Libertad -que defiende los derechos de los presos- asegura que fue en medio de un amotinamiento.

Hasta el momento, el gobierno mantiene que un total de 68 reclusos más 10 mujeres que estaban de visita, murieron durante el presunto incendio en estos calabozos policiales, calificado como una de las peores tragedias carcelarias de Venezuela.​

Ante este terrible hecho, el defensor del Pueblo, William Tarek Isaac anunció la designación de cuatro fiscales para el esclarecimiento, en su cuenta Twitter.

Una Ventana a la Libertad dijo que el motín estalló en la madrugada del miércoles en la jefatura de policía de Carabobo, y culpó al gobierno por el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional.

Otra objección de esta Ong es que tampoco el fiscal no detalló cuántas de las víctimas son presos: “solo dijo 68 hombres y dos mujeres que estaban en calidad de visitantes (pernocta) en el recinto”.

La pernocta de familiares de presos está permitida en algunos centros de detención; en otros, el gobierno la ha suspendido al considerarla fuente de conflictos.

Según la ONG, algunos de los detenidos de Valencia habrían despojado de su arma a un agente al que hirieron en la pierna, y luego de esto se inició el incendio.

“Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia”, aseguró Carlos Nieto, director de esta Ong a la AFP.

En medio de la confusión, recopiló esta Ong que familiares intentaron ingresar a la sede policial -que depende de la gobernación de Carabobo- y durante el forcejeo un funcionario fue herido con una piedra. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas, precisó Una Ventana a la Libertad.

Una madre desesperada, que se identificó como Dora Blanco, testimonió que su hijo tenía una semana allí, y no obtenía información.

Historial violento

El suceso, uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela, puso de relieve la grave situación de las prisiones del país, que se cuentan entre las más violentas de la región.

Al menos 388 personas han muerto en los reclusorios venezolanos desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.

En agosto de 2017, un motín dejó 37 muertos y 14 heridos en unas celdas policiales del estado de Amazonas (sur).

Mientras que en abril de 2017 un choque entre bandas rivales se saldó con 12 muertos y 11 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en la ciudad de Barcelona (este).

Un mes antes fueron hallados los restos de 14 personas en una fosa común en la clausurada Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros (centro del país).

Hacinamiento

Nieto afirmó que lo ocurrido “no es una situación aislada. Todas las comisarías de policía de Venezuela están viviendo condiciones iguales o peores de hacinamiento, falta de alimentos y enfermedades.

El pasado 16 de marzo, 58 presos escaparon de un calabozo en la turística isla de Margarita, en el norte del país. Los reos -que fueron recapturados- huyeron a través de un agujero que abrieron en una pared.

El hacinamiento en las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales como lugares de reclusión permanente. Aunque por ley los detenidos no deberían pasar allí más de 48 horas.

La ONG, que estima que la sobrepoblación en esas dependencias alcanza 400%, denunció que 65 personas (62 reclusos, un familiar y un policía) murieron en 2017 en choques por el control de calabozos y por padecimientos asociados a la desnutrición y la tuberculosis.

Fuente: El Carabobeño

Por Confirmado: David Gallardo

Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo e integrante de la Comisión de Política Interior, se refirió a la tragedia ocurrida en la Comandancia General de Policarabobo en la ciudad de Valencia e indicó que “en Primero Justicia nos unimos al dolor de los familiares de las víctimas fallecidas en los calabozos de Policarabobo. Se trata de una tragedia humana inconmensurable que enluta a la familia carabobeño y a la familia venezolana. Rechazamos la opacidad informativa del Gobierno y la represión a la que fueron sometidas las madres, esposas e hijos de los detenidos. Definitivamente en Venezuela vivimos en una salvaje violación de los derechos humanos. Hacemos nuestro el llamado de la ONU para que los responsables de esta tragedia sean sancionados por la justicia”.

“No basta que largas horas después de ocurrida la tragedia el Gobernador Rafael Lacava tuitee para señalar que se va a iniciar una investigación sobre los hechos. Tampoco es suficiente que el Ministerio Público conforme un número dudoso de fallecidos (68) y de heridos (98). Ambas cosas representan una burla cruel contra el sufrimiento de los carabobeños. En realidad, la tragedia en calabozos de Policarabobo demuestra colapso total del sistema de justicia en Venezuela, culpa de Nicolás Maduro. Porque no se trataba de un recinto penitenciario, se trataba de una sala de retención en donde los detenidos están hacinados a la espera de ser juzgados y debido a la opacidad judicial que hay en Venezuela”, agregó.

Finalmente, el parlamentario señaló que el día martes se llevará el caso a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional y anunció que se trabajará “sin descanso por establecer todas las responsabilidades penales a que haya lugar y por darle justicia y dignidad a los familiares de las víctimas”.

Nota de prensa

El diputado Américo de Grazia informó que el próximo 4 de abril de 2018 se darán cita en los tribunales Estadounidense el caso del desfalco a Pdvsa. En tal sentido, solicitó formalmente al diputado Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y su directiva, como la comisión de Energía y Petróleo, y a la Sud Comisión conformada para tal investigación, que se haga parte de la querella judicial como Asamblea Nacional, a fin de hacer justicia y establecer responsabilidades contra quienes han afectado los intereses de Pdvsa y los venezolanos.

El parlamentario De Grazia autorizó al doctor Carlos Rodríguez para la representación:

Señores Diputados miembros de la Subcomisión especial para el caso de la demanda en la Corte del Distrito Sur de la Florida (EEUU)

Cumplo con presentarles un informe de la situación:

El 05 de marzo del 2018, una firma privada: PDVSA US LITIGATION COURT, representada por un bufete de abogados de New York ( Boies Sch Ller Flexner LLP), junto a uno de la Florida (Stephen N. Zack) presentaron una demanda (Caso No. 1: 18-cv-20818-DPG) contra un grupo de personas naturales y jurídicas: Lukoil Pan Americas LLC y 43 mas, para la celebración de un juicio con jurado.

El libelo de la demanda describe una trama delictiva dentro de Pdvsa que se habría iniciado desde el año 2004 y que consistiría en “una conspiración en curso en la cual mencionan como principal a la “Empresa Helsinge”, conspiración que se desarrollan entre compañías y comerciantes internacionales de petróleo, sus bancos y co-conspiradores, incluidos los agentes corruptos y funcionarios de PDVSA para fijar precios, forjar las plataformas y eliminar la competencia en la compra y venta de petróleo crudo y productos de hidrocarburos; apropiarse indebidamente de los datos de propiedad y propiedad intelectual de PDVSA y saquearla al hacer que funcionarios corruptos suyos no cobraran el dinero adeudado para proceder ellos a cobrarlos a escondidas. También se acusa que dichos funcionarios conspiran para pagar precios inflados por productos y servicios adquiridos y para aceptar precios artificialmente bajos para los productos vendidos por PDVSA. Igualmente por hacer pasar por alto el hecho de no entregar los productos y servicios pagados por PDVSA.

En el escrito señalan que inicialmente los involucrados corrompiendo y sobornando a funcionarios de PDVSA adquirieron información utilizada para implementar sus esquemas delictivos y que a medida que avanzaba la conspiración pudieron obtener acceso directo a los servidores de PDVSA, que los involucrados incluso instalaron un “clon” interconectado con estos y así pudieron apropiarse indebidamente de información privilegiada en tiempo real.

Las pérdidas a PDVSA y las ganancias a los demandados como resultado de los delitos cometidos por los involucrados asciende a muchos miles de millones de dólares y con una práctica constante de sobornos e intimidación los demandados lograron ocultar su esquemas por muchos años.

En la demanda dicen que como resultado de una intensa investigación por parte de abogados e investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa, la naturaleza de los ilícitos de los demandados fue descubierta, y el 27 de julio de 2017 fue constituida el Fideicomiso “US Pdvsa Litigation Trust” para el propósito específico, entre otras cosas, de perseguir la recuperación de los dineros saqueados a PDVSA. Es de advertir que legalmente ese fideicomiso podría recibir los dineros o por sentencia o por un arreglo extrajudicial al que le pueden dar un carácter confidencial con lo que nadie se podrá enterar de los detalles, y no devolverlos a Pdvsa. Ese es un alto riesgo posible de ocurrir.

Básicamente esos son los hechos relatados en el escrito

Originalmente el juez fijó una primera audiencia para el pasado 4 de marzo a las 9:30am a la que asistimos los ciudadanos venezolanos Federico Alvers, economista radicado en Tampa y el suscrito abogado venezolano, pero entonces se nos informó en la Corte que dicha audiencia había sido aplazada para el 4 de Abril siguiente a las 9:30am; sin embargo en esa oportunidad presentamos un escrito en nuestra condición de ciudadanos venezolanos preocupados porque en ese juicio se involucran importantes bienes de la Nación y en el que según nuestra legislación tiene vital importancia la participación de nuestro Parlamento por lo que pedimos que se le notificara oficialmente lo cual no ha ocurrido, razón por la cual me propuse hacerlo del conocimiento público para que así todos se enterasen lo cual sí ha ocurrido como lo demuestar el hecho de que se haya designado esa Sub comisión especial para el caso.

El pasado martes 20 de este mes de marzo se comunicó conmigo el diputado Jorge Millán para informarme de la formación de esa Sub comisión y al dia siguiente sostuvimos una conversación telefónica en la cual yo me comprometí enviarles esta información como ahora lo estoy haciendo.

Igualmente les informo que conmigo se ha comunicado también el abogado venezolano Franklin Hoet quien me dijo que también él había sido contactado por el diputado Millán y quedamos en coordinar esfuerzos para dar seguimiento al caso y hacer cuanto nos sea posible en el mismo.

La situación jurídica es la siguiente:

El abogado jefe del bufete demandante ha dado declaraciones a medios de prensa internacional donde ha cuantificado los daños en la suma de diez mil millones de dólares y señala que PDVSA cedió los derechos de reclamación de los daños a una firma que se creó el 27 de junio de 2017 en New York especialmente para ello y que se denomina “US PDVSA LIYTIGATION TRUST” que tiene la forma de Fideicomiso. La periodista Maibort Petit desarrolló este tema en su blog y le ha dado amplia publicidad.

Es claro que esa actuación es ilícita por cuanto se trata de un contrato de interés nacional que según el artículo 187.9 debe pasar por control parlamentario lo cual no se hizo.

Hemos estado revisando el expediente y detectamos dos importantes irregularidades : 1) No está el documento por el cual PDVSA habría cedido a US PDVSA LITIGATION TRUST los derechos para cobrar los daños especificados en la demanda. 2) Tampoco está el documento constitutivo de esa firma US PDVSA LITIGATION TRUST. Ambois documentos hay que buscarlos, hay que emprender una actividad de investigación para ello.

Punto importante es que en la demanda se asienta que toda la trama delictiva fue descubierta aunque no dicen específicamente cuando tuvieron tal información y eso importa porque desde ese momento se debió hacer la denuncia en Venezuela y proceder en consecuencia. Pero dicen que en julio 2017 formaron esa firma privada para proceder al cobro de los daños lo cual nos da el dato que cuando menos en ese momento supieron de los hechos y en vez de proceder como debieron hacerlo, se dispusieron a pensar en como obtener beneficios del delito constituyendo esa firma para cobrar a través de ella y tener abierta la posibilidad de quedarse ellos con el dinero.

Considero de vital importancia que la Asamblea Nacional así se haga parte en ese juicio y para lo cual existen vias procesales que deben activarse con urgencia porque está muy cerca la fecha de la primera audiencia donde deben hacerse los alegatos correspondientes y advierto que antes de esa fecha y por escrito se debe hacer del conocimiento de la Corte la opinión que tengamos sobre el caso.

Sugiero que la Directiva de la Asamblea autorice por escrito en un acto formal a persona que haga esa actividad y para lo cual ofrezco mi colaboración.

Miami 22 de marzo 2018.

Quedo a la disposición.

Atentamente

Carlos Ramírez López

Nota de prensa.

El presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, diputado Carlos Lozano, afirmó que el retardo procesal “explotó” en Valencia, tras el motín registrado en la Comandancia General de la Policía de Carabobo que dejó un saldo de 68 personas fallecidos, según cifras del Ministerio Público.

“Cómo es posible que Nicolás Maduro no le da la cara a los familiares, ¿dónde está el ministro de Interior, Justicia y Paz? responsable del retardo procesal en el país (…) ¿dónde está la ministra Iris Varela? que tantas veces ha negado la situación de hacinamiento en cárceles y comandancias?, cuestionó Lozano.

En ese sentido, informó que en la sesión del próximo martes pedirá un derecho de palabra ante la plenaria, para dar inicio a una investigación en conjunto con la Comisión de Política Interior, a fin de determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante el pasado miércoles.

“Esto no es más que una situación provocada por el propio caos en que la revolución de los rojos nos hunde cada vez más, al ver dantescas pérdidas de vidas (…) desde hace varios años en conjunto con el diputado Richard Blanco hemos denunciando el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, es imperdonable como este Gobierno se ha negado a mejorar las condiciones de los privados de libertad”, expresó contundentemente el parlamentario.

Asimismo, alertó que los hechos ocurridos en la entidad carabobeña podrían ocurrir en otras comandancias del interior del país, debido a que la situación de hacinamiento en Venezuela es alarmante y “se le escapó de las manos al Gobierno”.

Finalmente, el diputado Lozano se solidarizó con los familiares de las victimas y con los periodistas que resultaron agredidos por funcionarios de la Policía de Carabobo durante la cobertura en los alrededores de la Comandancia General.

Nota de prensa