El movimiento que busca someter al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un juicio político criticó hoy la decisión del Partido Republicano de difundir un polémico informe sobre supuestos abusos en la investigación federal sobre la trama rusa, después de que el mandatario lo desclasificara.

El líder de la plataforma, el multimillonario Tom Steyer, afirmó que los conservadores han tocado «un nuevo fondo» al publicar el memorándum que detalla los presuntos excesos de los investigadores.

El informe acusa a altos funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia de abusar de su poder y de ocultar o incluso compartir el sesgo de una de sus fuentes contra Trump.

«Publicar un documento desacreditado que distorsiona la realidad y alega malas prácticas por parte del vicefiscal general del FBI, el FBI y el Departamento de Justicia no es solo irresponsable, sino que daña a quienes intentan llegar al núcleo de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y protegen nuestra democracia», explicó Steyer.

En este sentido, el líder del movimiento señaló que «el liderazgo del Partido Republicano ha tocado un nuevo fondo», según un comunicado de la asociación.

Steyer también subrayó que esta decisión «es más que una distracción», pues «es un evidente intento de desacreditar al fiscal especial Robert Mueller» -que investiga la supuesta interferencia del Kremlin en los comicios presidenciales- «con teorías conspiranoicas infundadas».

También aseguró que los estadounidenses deberían estar «profundamente alarmados» porque los republicanos se hayan involucrado «activamente» en la «sucia campaña contra las agencias judiciales y de inteligencia cuando la investigación cerca a Trump».

«Trump y aquellos cercanos a él saben que los muros se están cerrando y harán todo lo necesario para protegerse, incluso aunque eso signifique atacar a la fundación de nuestra democracia», enfatizó en el escrito.

Steyer pidió a los legisladores republicanos que «actúen inmediatamente para sacar de la Presidencia a este mandatario peligroso».

El activista multimillonario lanzó en octubre de 2017 un movimiento llamado «Necesidad de un juicio político» a través de anuncios televisivos y redes sociales pidiendo la firma de los estadounidenses.

Menos de cuatro meses después, la campaña de Steyer cuenta con 4,5 millones de firmantes con los que ha conformado una plataforma digital para seguir promoviendo su fin. EFE

Antonio Álvaraez Desanti del Partido Liberación Nacional (izquierda), respone a una pregunta durante un debate televisivo en anticipación a la elección presidencial en Costa Rica el domingo, 4 de febrero de 2018, flanqueado por Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana y Rodolfo Hernández Gómez, del Partido Social Cristiano Republicano.

Costa Rica llevará a cabo una inusual elección presidencial el domingo, en la que el matrimonio igualitario ha copado el debate del país y en la cual varios candidatos tienen posibilidades de pasar a una probable segunda vuelta.

Sólo tres de los 13 candidatos respaldaron sin matices el matrimonio igualitario, muestra de que en Costa Rica, pese a ser la nación más progresista de Centroamérica, la mayoría sigue viendo como tabú temas como el aborto o la fecundación in vitro.

De ellos, el que más posibilidades tiene de alcanzar la segunda vuelta es el oficialista Carlos Alvarado, exministro de 38 años y cercano aliado del presidente Luis Guillermo Solís que subió aceleradamente en la recta final de la campaña.

Una reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insta a Costa Rica y al resto de Latinoamérica a equiparar los derechos de la comunidad LGBTI, dio un vuelco a la campaña y opacó por completo otros temas como la crisis fiscal o el récord de homicidios.

Partidarios del candidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), expresan apoyo, el 1 de febrero de 2018, durante el último debate presidencial para la elección presidencial.

El principal beneficiado fue el diputado evangélico Fabricio Alvarado, cantante de música cristiana, de 43 años, cuya férrea oposición a la unión de personas del mismo sexo lo llevó al primer lugar de las preferencias electorales.

El aspirante llegó a amenazar con sacar a Costa Rica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denunciando que la CIDH -con sede en San José- violenta la soberanía del país y amenaza los valores de la “familia tradicional”.

“No estamos dispuestos a una agenda LGBTI, proaborto y una ideología de género. Hagamos que el 4 de febrero sea nuestro referendo sobre matrimonio hombre y mujer”, dijo Alvarado.

Su ascenso en las encuestas hizo que otros candidatos adoptaran un discurso más radical, como el exministro Antonio Álvarez Desanti, exitoso empresario bananero de 59 años que puntea segundo en la mayoría de los sondeos al frente del poderoso partido Liberación Nacional.

Sin embargo, ningún candidato llegaría al 40 por ciento necesario para ganar en primera vuelta y varios mantienen opciones de pasar al balotaje en abril, incluyendo al polémico exministro Juan Diego Castro y su mano dura contra el crimen.

“Podría pasar cualquier cosa. Un enfrentamiento entre Fabricio Alvarado y Álvarez Desanti en segunda vuelta es lo más probable, pero no podemos descartar cualquier escenario”, dijo Mauricio Muñoz, de la encuestadora local OPol Consultores.

Voz de América

La Fiscalía brasileña investiga por asociación al tráfico de drogas a la diputada federal Cristiane Brasil, designada para ser ministra de Trabajo, pero vetada por la Corte Suprema debido a que la parlamentaria violó leyes laborales en el pasado, según publicó hoy el diario O Estado de Sao Paulo.

De acuerdo con el diario, la legisladora es objeto de una investigación que depura sospechas de tráfico de drogas y asociación para el tráfico durante la campaña electoral de 2010, y en la que también estarían implicados tres de sus antiguos asesores y el diputado estatal Marcus Vinicius, excuñado de Cristiane Brasil.

El periódico señaló que la investigación fue enviada en la víspera a la Fiscalía General de la República, en Brasilia, debido a que la parlamentaria posee fuero privilegiado por lo que solo puede ser denunciada y juzgada en el Tribunal Supremo.

Los sospechosos son acusados de «dar dinero a traficantes de Cavalcanti», un barrio de deprimido de la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro que es además uno de los nichos electorales de la diputada, apuntó O Estado de Sao Paulo.

El procedimiento, en trámite desde 2010, fue abierto primero por la Policía Civil en base a unas denuncias que fueron enviadas por correo electrónico al departamento de asuntos internos de la corporación, dice el diario.

El texto recoge que, según los denunciantes, cuyos nombres no han sido divulgados por razones de seguridad, asesores de Cristiane Brasil, que por entonces era concejala y estaba al frente de una secretaría municipal, «pagaron a traficantes para tener ‘derecho exclusivo’ de hacer campaña en la región».

La ahora diputada federal, elegida en 2014, no se presentó a las elecciones de 2010, pero apoyó la candidatura de Marcus Vinicius -entonces su cuñado- a la reelección, divulgó el periódico.

Ambos niegan todas las acusaciones, según el tabloide, el cual aseguró que la semana pasada la Policía Civil remitió el caso al Ministerio Público Estatal, que a su vez lo envió para el Ministerio Público Federal en Río y ya el viernes fue mandado definitivamente a Brasilia.

Cristiane Brasil, abogada de 44 años, fue elegida el pasado 3 de enero por el presidente brasileño, Michel Temer, para ser la nueva ministra de Trabajo, pero el nombramiento fue respondido en los tribunales por diversas asociaciones, que desvelaron supuestas violaciones de leyes laborales en las que habría incurrido.

Esas asociaciones denunciaron que Brasil fue procesada en 2016 por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que fue condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos 18.700 dólares).

Su investidura como ministra fue suspendida en tres diferentes tribunales, una decisión que ratificó la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, quien también optó a finales de enero por impedir la asunción de su nuevo puesto en el Ejecutivo brasileño. EFE

La ministra de RREE de Canadá Chrystia Freeland, el secretario de RREE de México Luis Videgaray y el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, posan para los fotógrafos luego de una reunión en Ciudad de México. Enero 2 de 2018.

Estados Unidos, México y Canadá continuarán apoyando, sin participar en el diálogo de República Dominicana, la búsqueda de una solución para la crisis humanitaria en Venezuela y el regreso a la democracia en ese país, con la realización de elecciones libres y justas.

Así lo expresaron los ministros de Relaciones Exteriores de Norteamérica, Rex Tillerson de Estados Unidos, Luis Videgaray de México y Chrystia Freeland de Canadá reunidos en Ciudad de México este viernes para tratar temas claves de la agenda de seguridad, así como la cooperación trilateral y asuntos regionales.

«El presidente Nicolás Maduro se puede quedar, Estados Unidos no busca cambio de gobierno», dijo el secretario Tillerson en conferencia de prensa luego del encuentro con sus pares. Pero queremos que Maduro regrese a la Constitución y llame a elecciones libres y justas, añadió.

México reiteró que no volverá al diálogo de República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolanas, pero igual que EE.UU. y Canadá apoya el trabajo de los países reunidos en el Grupo de Lima que trata de buscar también una solución a la crisis en Venezuela.

Los tres diplomáticos informaron sus discusiones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, así como la cooperación trilateral en temas regionales, la cooperación en materia de energía, la lucha contra los opioides y el tráfico de armas, y el empoderamiento de las mujeres.

La cooperación para el desarrollo sostenible e inclusivo en Latinoamérica y el Caribe, también fue parte de las discusiones, al igual que la propuesta de Estados Unidos, que México analiza en estos momentos, de incluir agentes federales armados en vuelos comerciales transfronterizos.

Los cancilleres norteamericanos coincidieron en que sus gobiernos quieren modernizar el TLCAN, que dicen ha beneficiado a todos, pero que es necesario reformarlo para lograr un pacto equitativo en el que todos ganen.

Tanto el secretario Tillerson, como el canciller Videgaray y la ministra Freeland elogiaron sobre todo los esfuerzos en materia de energía que se planean conjuntamente y los que el sector privado tendrá participación importante.

Vocera Dpto.Estado reseña discurso de Tillerson sobre Latinoamérica
0:05:24

De igual manera, se destacó la cooperación para el empoderamiento de la mujer en la región latinoamericana, y en cuestiones de seguridad, el diálogo sobre drogas fue importante, con énfasis en la lucha contra los opioides, el fentanilo y la heroína, dijeron los diplomáticos.

El canciller mexicano reiteró el compromiso compartido de los tres países para promover una región próspera y competitiva.

El secretario Tillerson, que realiza su primera gira oficial a cinco países de Latinoamérica, viaja este viernes a Bariloche, Argentina, para la segunda escala de su viaje que lo llevará también a Colombia, Perú y Jamaica, antes de regresar el siete de febrero.

En Argentina, Tillerson también visitará Buenos Aires y se reunirá con el presidente Mauricio Macri, cuya administración elogió el jueves en su discurso en la Universidad de Texas, antes de partir a su gira latinoamericana.

Voz de América