Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma hoy el periódico español El País basándose en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico.

EFE

Según el diario, se trata de Luis Carlos León Pérez, exdirector de Finanzas de una filial de Pdvsa, Electricidad de Caracas, detenido en España y reclamado por EUUU; Eudomario Carruyo, que fue directivo de la petrolera estatal en la década pasada; y Francisco Antonio Jiménez, detenido en noviembre en Venezuela por corrupción y presidente de Bariven, filial de Pdvsa.

Los tres tenían cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), afirma el periódico, a las que León movió 22 millones de dólares, de los cuales 5,5 los cobró del viceministro de Energía y Petróleo de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en dos juzgados españoles y que también es reclamado por EEUU.

En cuanto a Jiménez, el diario muestra movimientos de sus tres cuentas en la BPA, que acumularon 9 millones de dólares en depósitos y recibieron, afirma el diario, 8,2 millones de Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, que fue arrestado en Venezuela por corrupción.

Jiménez, según El País, vació en 2012 sus cuentas mediante transferencias a entidades de Suiza, San Vicente y Las Granadinas, EEUU y Curazao.

Por último, Carruyo, investigado en Venezuela tras aparecer en los papeles de Panamá, recibió en sus depósitos bancarios entre 2008 y 2010 un total de 30,6 millones de dólares, una tercera parte de los cuales le llegaron, según el periódico, de tres empresas controladas por Villalobos.

Estos documentos, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, están en poder de la juez de Andorra que investiga a la BPA, entidad intervenida en 2015 por las autoridades locales por blanqueo de dinero. La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros el blanqueo de dinero a través de este banco andorrano.

Paralelamente a esa investigación de Andorra, dos jueces españoles han abierto sus respectivas causas vinculadas al blanqueo de dinero de venezolanos.

Un juzgado investiga, en coordinación con Portugal y Andorra, delitos de blanqueo de varias personas, entre ellas Villalobos, a cuya extradición a EEUU se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción española.

Y otro lo investiga dentro de la causa contra la empresa española Duro Felguera por sobornos pagados supuestamente a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas y su zona de influencia. EFE

Tres mujeres fueron señaladas como las homicidas de Elizabeth Pérez de Villarroel, quien residía sola en sector El Teleférico de Macuto, estado Vargas. El cadáver fue localizado en el interior de su residencia el pasado 18 de enero. Estaba atada de pies y manos con telas y cinta adhesiva.

Ocho días de investigación policial fueron requeridos para dar con la ubicación de los implicados en el homicidio de esta fémina. Una de las tres mujeres cómplices en el hecho se había quedado con el teléfono de la víctima, y un rastreo satelital señaló su ubicación en el sector “Quemaíto”, comunidad Bella Vista, parroquia Guatire del municipio Zamora, estado Miranda.

En el procedimiento policial se incautó un martillo, el cual fue utilizado para cometer el suceso, además de varios objetos hurtados. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 1º del Ministerio Público del estado Vargas.

Cabe destacar que Elizabeth Pérez de Villarroel se encuentra entre las 11 mujeres asesinadas en el mes de enero en la Gran Caracas.

Por otra parte, trascendió que el viernes en la tarde fue detenida Kaylin Elena Verez, de 23 años de edad, madre del niño Leónidas Bernal, quien falleció en el Maternal Infantil de Caricuao el miércoles en la tarde. La mujer fue aprehendida antes de asistir al sepelio de su único hijo.

Por este hecho también se encuentra detenido Miguel Talavera de 30 años de edad, presunto agresor del menor. En este sentido, el informe forense reveló traumatismo abdominal cerrado y golpizas recurrentes.

UR

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela – FEDECÁMARAS- ratifica su convicción de que la vía democrática y electoral es el camino para superar la crisis económica, política y social en la que está sumergido nuestro país en los últimos años. Sin embargo, manifestamos nuestro rechazo a  la decisión tomada por  la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, de convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año 2018.

La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional de origen. Se supone que su misión es de hecho, redactar una nueva Constitución que luego deberá ser aprobada por los ciudadanos. No tiene legitimidad ni facultad para convocar un proceso electoral.

El adelanto de las elecciones presidenciales bajo los parámetros anunciados por los diferentes líderes del Gobierno Nacional, sin duda alguna, no permitirá un proceso electoral que genere la confianza ni la transparencia requerida por los electores, por la comunidad internacional y mucho menos por los actores económicos.

Exigimos elecciones apegadas al fiel cumplimiento de los derechos de los venezolanos, establecidos  en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y en el Reglamento de Condiciones Electorales.

El Estado venezolano y sus Poderes Públicos, específicamente el Consejo Nacional Electoral –CNE-, debe garantizar que el ciudadano pueda expresarse en libertad y sin presión alguna a través del voto: universal, directo y secreto; debe garantizar la participación de los diferentes candidatos y partidos políticos involucrados en el proceso, permitir el registro electoral y el derecho al voto de los venezolanos en el extranjero y la presencia de observadores internacionales en todo el proceso electoral.

Venezuela exige una estabilidad política que garantice paz y futuro, que genere confianza en los actores económicos y permita atraer inversiones y así, poder todos trabajar por  un país de desarrollo y bienestar.

Los problemas que nos aquejan como nación: políticos, económicos y sociales, solo se resolverán con la participación de todos los actores de la sociedad, a través de un diálogo social y de la mano de instituciones verdaderamente democráticas, que nos permitan avanzar en una visión compartida de país.

FEDECÁMARAS se mantendrá apegada a la defensa de la Constitución y las leyes. Seguiremos firmes defendiendo la democracia, así como de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En ambos casos los cuerpos de seguridad alegaron resistencia a la autoridad. Los familiares negaron la versión oficial

En la morgue los familiares de ambos ultimados relataron lo sucedido

Entre martes y miércoles murieron Keivi Salazar Garrido, de 25 años de edad, y Andrés David Barrios Pascuale, de 26 años de edad, respectivamente, presuntamente en enfrentamientos en los que actuaron dos organismos policiales distintos. Cuando Salazar fue ultimado, el día martes, actuó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el segundo el operativo fue realizado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

En la morgue de Bello Monte se concentraron los familiares de ambos ultimados y declararon a la prensa lo sucedido. José Gregorio Garrido, hermano de Salazar, relató que Keivi se encontraba comiendo en su vivienda, en sector El Encantado, en el callejón El Pocito, en el barrio San Blas de Petare, el martes a las 3:00 pm. En ese momento, funcionarios del Cicpc llamaron a la puerta, Salazar la abrió y sin mediar palabras los agentes le dispararon dos veces en el pecho, relató. Los mismos policías lo trasladaron al hospital Domingo Luciani donde llegó sin signos vitales, afirmó el hermano. Señaló que causaron destrozos a la casa, aunque no reportaron que se llevaran ningún bien.

Keivi Salazar Garrido vivía con su esposa en el mencionado sector y deja en estado de orfandad a un niño de 3 años de edad. Era el segundo de tres hermanos y se desempeñaba como trabajador de construcción. Sus familiares enfatizaron en que no presentaba ningún tipo de antecedentes y que nunca estuvo detenido. Las autoridades policiales alegaron enfrentamiento, mientras que sus parientes negaron que ocurriera un intercambio de disparos.

Los parientes de Barrios indicaron que Andrés David se dirigía a visitar a su padre, en La Guaira, en un vehículo Yaris color vinotinto el miércoles a las 3:00 pm. Cuando se trasladaba por el túnel La Planicie, funcionarios de las FAES de la PNB le obstruyeron el paso y le dispararon. Los agentes lo llevaron al hospital Miguel Pérez Carreño donde llegó sin vida. Andrés David Barrios Pascuale era el mayor de siete hermanos, no deja hijos y vivía en Chacao.

Parientes aseguraron que no tenía antecedentes y que la policía alegó enfrentamiento, e informaron que tenía dos expedientes abiertos por robo.

EN

Voluntad Popular ratifica lo expresado el pasado 27 de enero por nuestro dirigente nacional y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, diputado Luis Florido: no asistimos al proceso de negociación que se adelanta con el régimen en República Dominicana, iniciativa que se estancó producto de la intransigencia del régimen de Nicolás Maduro y sus permanentes incumplimientos, lo cual se evidencia en:

1. Negativa de atender la emergencia humanitaria que cada día oprime indolentemente a nuestro pueblo, donde la hiperinflación generada por el régimen deprime el salario mínimo a menos de 1 dólar, a la par de seguir propiciando la escasez de alimentos y medicinas, avanzando así en su esquema de control social dictatorial.

2. La convocatoria anticipada y fraudulenta, vía Asamblea Nacional Constituyente, de elecciones presidenciales sin garantías electorales, epicentro de la negociación en Dominicana.

3. Profundización de la inhabilitación, vía decretos y sentencias judiciales infundadas, de los partidos políticos que adversamos al régimen, los más recientes: la Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular.

4. Agudización de la persecución y detención de opositores al régimen, como ocurrió arbitrariamente con el Dr. Enrique Aristiguieta Gramcko; inhabilitación de liderazgos políticos, incluso disidentes del chavismo; grave violación de Derechos Humanos, tal como se evidenció en la masacre de El Junquito y; amenaza de encarcelamiento a diputados de la fracción de la Unidad y otros liderazgos.

En Voluntad Popular hemos asumido con ímpetu y compromiso, pero conscientes de los costos que esto genera, todos los terrenos de lucha para hacer frente a la dictadura y dejarla en evidencia ante Venezuela y el mundo, anteponiendo siempre los intereses nacionales y colectivos para lograr avanzar juntos y en verdadera Unidad Nacional hacia esa Mejor Venezuela que todos urgimos.

No obstante, la respuesta y actitud del régimen ha sido reincidente: dar muestras de poca seriedad, engañar y aplastar, con condiciones solo favorables para sí misma, a todo un pueblo que pide votar libre, justa y competitivamente para cambiar la triste y lamentable realidad que hoy nos oprime. Mientras no existan condiciones electorales y políticas mínimas, lucharemos en contra de un simulacro electoral que solo representa la adjudicación del presidente de la dictadura, ignorando y aplastando la voluntad popular.

Estamos convencidos que conquistar la libertad y rescatar la democracia solo será posible si todos los liderazgos y partidos políticos, incluso disidentes demócratas del chavismo; si la sociedad civil y sectores productivos del país, ONG’s, sindicatos, movimientos de trabajadores, movimiento estudiantil, intelectuales y artistas, si funcionarios públicos, jueces, fiscales y miembros activos o no de las FANB, en fin, todo el país democrático, nos unimos en una misma causa con estrategia y acciones unitarias. El compromiso de Voluntad Popular es construir una Mejor Venezuela sin dictadura, de paz, bienestar y progreso para todos los venezolanos y no para una cúpula corrupta, criminal, inhumana y hambreadora.

¡Fuerza y Fe Venezuela!

En Caracas, a los tres (3) días del mes de febrero de 2018.

 
Voluntad Popular

Es un atropello a los derechos constitucionales de participación política la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir a Primero Justicia del proceso de reparo de validación, para participar en las elecciones presidenciales.

Así lo señaló el presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza, en el marco del Foro: “Hambre Desnutrición y Salud” organizado por la Fundación Espacio Abierto, donde participó como ponente, para explicar sobre la promoción de una alianza nacional de solidaridad humanitaria, aprobada en la Asamblea Nacional.

Agregó el presidente del Parlamento que se solidariza con el partido Primero Justicia y su militancia frente al “atropello” del cual ha sido objeto por parte del gobierno y el máximo ente comicial del país. “Quieren desconocer que PJ es un partido con presencia activa en todo el territorio nacional.  Esta es una demostración más de cómo el gobierno todos los días pisotea la Constitución e irrespeta el derecho de los ciudadanos”.

Destacó que el ejecutivo nacional pretende con este tipo de medidas precipitar un simulacro electoral, lejos de realizar unas elecciones realmente transparentes y libres, donde los venezolanos voten y elijan en un proceso donde existan las condiciones para garantizar el resultado de esos comicios.

Dijo que la unidad democrática es propicia a la participación electoral, porque creen en el cambio democrático, pero no en un simulacro electoral. “Tenemos que determinar si efectivamente hay condiciones para una elección trasparente o no, en función de eso se tomará la decisión”.

Atención inmediata a la apertura de un canal humanitario

Durante su intervención como ponente en el Foro: “Hambre Desnutrición y Salud” el diputado Banboza subrayó que desde la Asamblea Nacional se pretende concientizar a la sociedad venezolana sobre la profundidad de la crisis que esta viviendo el pueblo de Venezuela, por la falta de alimento y medicinas. “Por eso decidimos promover una alianza y este evento forma parte de las actividades de promoción que la Asamblea Nacional está desarrollando”.

“Los venezolanos tenemos que ponernos la mano en el corazón para ayudar a la población más deprimida producto de la crisis y utilizar instituciones con experiencia en esta materia como la Fundación Cáritas de Venezuela y muchas ONG para canalizar este esfuerzo. Nosotros no pretendemos ser organizadores, ni receptores de ayuda humanitaria, sino promover que se apoyen las instituciones que lo están haciendo”.

Considera que se le debe dar atención inmediata a la apertura de un canal humanitario, tal y como se ha solicitado en el proceso de diálogo de República Dominicana. “La profundidad de la crisis nacional hace que esté en riesgo el derecho humano fundamental de cualquier ciudadano en el mundo, que es derecho a la vida, ya no solamente como consecuencia de la grave inseguridad personal que existe en el país, sino, como consecuencia de la escasez de alimentos y medicinas producto de políticas económicas que han generado esta situación “.

En lugar donde podrán quedarse los ciudadanos tiene capacidad para 100 camas

Autoridades colombianas abren hoy sábado un albergue temporal para los venezolanos que pasen a territorio del vecino país y de esta manera reducir en parte la permanencia de connacionales, particularmente madres, niños y ancianos, en las calles de los municipios fronterizos de Norte de Santander.

Los venezolanos deberán presentar pasaporte sellado y boleto de viaje para pernoctar por un máximo de 48 horas en el Centro de Atención Transitorio al Migrante, ubicado en la localidad de Villa del Rosario.

En el albergue con capacidad para 100 camas, las personas podrán tener duchas y alimentación. El sitio será operado por la Cruz Roja Colombiana.

Hace ocho días, Migración Colombia anunció la realización de operativos para verificar la situación de los venezolanos que han cruzado la frontera para llegar a ese país de manera de constatar documentación y tránsito a otros países o localidades de Colombia.

En reuniones realizadas en las últimas horas en las que han participado representantes gubernamentales del sector de la salud colombiana, se informó que fueron aprobados y serán destinados 4.200 millones de pesos para el fortalecimiento de los hospitales públicos de Cúcuta que dan atención a los venezolanos.

Foto: CRUZ ROJA DE COLOMBIA 
Por ELEONORA DELGADO / SAN CRISTÓBAL
ELDELGADO@EL-NACIONAL.COM

La junta de Dirección Nacional del Movimiento Primero Justicia, se pronunció a nivel nacional, sobre los actos ilegales del Gobierno Nacional y el Consejo Nacional Electoral CNE, que buscan ilegalizar a Primero Justicia quitándole su institucionalidad y derecho a participar como representantes del pueblo en procesos electorales. El pronunciamiento se realizó a través de un comunicado oficial que fue leído de manera simultánea en las principales plazas del país, donde dirigentes políticos, militancia justiciera y la sociedad civil se reunieron para leer el documento y reafirmar su compromiso con el partido y con el pueblo de Venezuela.

Comunicado