EEUU rompió con el consenso internacional

El embajador palestino, Riyad Mansour, que tiene estatus de observador en la ONU, dijo que el texto exhortaría a Estados Unidos a anular su decisión sobre Jerusalén, mientras otros diplomáticos sugirieron que los términos podrían no ser lo suficientemente contundentes.

El embajador palestino, Riyad Mansour, dijo que el texto exhortaría a Estados Unidos a anular su decisión sobre Jerusalén

Respaldados por los países árabes, los palestinos piensan pedir a la Asamblea General que adopte una resolución

Naciones Unidas, EEUU.-  Diplomáticos palestinos presionan para que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vote un proyecto de resolución que rechace la decisión del presidente Donald Trump que reconoce a Jerusalén como capital de Israel, aunque la medida enfrentaría un eventual veto estadounidense, indicaron fuentes diplomáticas.

El embajador palestino, Riyad Mansour, que tiene estatus de observador en la ONU, dijo que el texto exhortaría a Estados Unidos a anular su decisión sobre Jerusalén, mientras otros diplomáticos sugirieron que los términos podrían no ser lo suficientemente contundentes. Según fuentes diplomáticas, estaba previsto que Egipto circulara un proyecto de resolución entre los miembros del consejo a comienzos de esta semana, informó AFP.

Mansour dijo el martes a última hora que estaba trabajando en un texto que reafirmaría la postura del Consejo de Seguridad, y pediría a los estadounidenses que anularan su decisión. Estados Unidos se encontró aislado en el Consejo de Seguridad la semana pasada cuando los otros 14 miembros, incluyendo Reino Unido, Francia e Italia condenaron la decisión, que rompe con el consenso internacional.

El estatuto de Jerusalén, una ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes, es probablemente el asunto más sensible del conflicto palestino-israelí. Desde la creación del Estado de Israel, en 1948, la comunidad internacional evita reconocer a Jerusalén como su capital, y considera que su estatuto debe ser negociado.

Pero en 1980, una ley israelí aprobó el estatuto de Jerusalén como capital «eterna e indivisible» de Israel, luego de que ocupara en 1967 Jerusalén este durante la guerra de los Seis Días, y la anexara después. La ONU considera en cambio que el estatuo final de esta ciudad debe ser negociado entre las partes.

Un diplomático del consejo dijo que se habían compartido informalmente varios borradores y que la redacción exacta del proyecto de resolución es clave para asegurar que los 14 miembros voten a favor de la medida. Esto obligaría a Estados Unidos a utilizar su poder de veto, un movimiento que evidenciaría su aislamiento.

«Los palestinos quieren activamente un veto estadounidense y quieren activamente que los 14 se mantengan unidos», dijo el diplomático bajo petición de anonimato. Respaldados por los países árabes, los palestinos también piensan pedir a la Asamblea General que adopte una resolución que condene la decisión estadounidense.

AFP

Desapareció el 15 de noviembre

El Gobierno argentino decidió el 1 de diciembre último poner fin a las acciones de rescate de los tripulantes tras asegurar que no había esperanzas de hallarlos con vida.

Familiares de los tripulantes del submarino argentino desaparecido se reunirán con diputados nacionales

El submarino argentino ARA San Juan desapareció hace 28 días en el Atlántico Sur

Buenos Aires.- El Gobierno argentino decidió suspender en sus cargos a dos jefes de la Armada por su supuesta responsabilidad en la desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, ocurrida hace 28 días en el Atlántico Sur.

La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, a la agencia de noticias estatal Télam, y regirá hasta que finalicen los sumarios abiertos a ambos, destacó DPA.

Los jefes de la Armada suspendidos son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, agregó Télam.

El Ministerio de Defensa investiga la presunta responsabilidad de ambos en la pérdida de las comunicaciones con el submarino, que mantuvo su último contacto el 15 de noviembre último mientras navegaba desde Ushuaia, en el extremo sur del país, hacia la Base Naval de Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Según la Armada, el submarino reportó horas antes de su última comunicación un principio de incendio derivado de un cortocircuito en el sector de sus baterías ocasionado por el ingreso de agua de mar a la nave mientras se encontraba sumergida.
Al parecer, el comandante del submarino había informado antes un problema similar pero continuó su trayecto hacia Mar del Plata.

Desde la desaparición del sumergible la prensa argentina publicó en diferentes oportunidades supuestas diferencias entre la Armada y el Ministerio de Defensa por el modo en que fue manejado el caso.

La suspensión en sus cargos de los jefes militares coincidió el martes con que por primera vez en 27 días el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, no brindó su habitual conferencia de prensa para reportar novedades en el operativo internacional de búsqueda del submarino.

El Gobierno argentino decidió el 1 de diciembre último poner fin a las acciones de rescate de los tripulantes tras asegurar que no había esperanzas de hallarlos con vida.

Sus familiares, en tanto, anunciaron que se reunirán este miércoles con diputados nacionales para solicitarles que les exijan al Gobierno del presidente, Mauricio Macri, una respuesta acerca de lo ocurrido con el sumergible.

«Queremos que el Congreso lleve a cabo una investigación sobre lo que sucedió con el submarino y sus 44 tripulantes. Es una obligación por parte del Gobierno dar una respuesta y nuestros representantes lo deben exigir», dijo Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos del ARA San Juan.

DPA

El canciller iraní envió una carta a su par argentino, donde explica que el Memorándum de Entendimiento firmado entre ambos países implicaba el levantamiento de las alertas rojas de la Interpol que pedían la captura contra los sospechosos.

El gobierno de Irán confirmó que el Memorándum de Entendimiento firmado con Argentina bajo la presidencia de Cristina Fernández Kirchner en el 2013, implicaba el levantamiento de las alertas rojas de la Interpol que pedían la captura de los sospechosos iraníes que atentaron contra la mutual judía en 1994 que dejó a 85 muertos y continúa impune.

Así lo confirman los medios trasandinos que tuvieron acceso al documento y que corresponde a una carta envidada por parte del canciller iraní, Mohammad Javad Zafir, a su homólogo argentino, Jorge Faurie, el 4 de noviembre de este año, quien ya la incluyó en el expediente que dirige el juez federal Claudio Bonadio.

La misiva relata que “…inmediatamente después de la firma del memorándum, los entonces ministros de Exteriores de Irán y la Argentina, cumpliendo con el artículo 7 del mismo, remitieron una carta conjunta al Secretario General de Interpol refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral, solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”.

Cristina K y el ex canciller Héctor Timerman, niegan que el pacto con Irán haya tenido como fin el levantamiento de las alertas rojas. De igual forma, antes de ayer el ex secretario general de la Interpol, Ronald Noble, sostuvo que los pedidos de captura contra los acusados iraníes siempre estuvieron vigentes, según explica La Nación.

La semana pasada, y bajo este mismo caso, el juez Bonadio, pidió el desafuero y la captura de la senadora Fernández por traición a la patria, y a quien acusa de haber negociado el pacto con Teherán en secreto con el objetivo de exculpar a los sospechosos por el atentado a la AMIA.

El expediente judicial sobre esta causa fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman hizo en enero de 2015 contra Cristina K y otros miembros de su gobierno. Cuatro días después, apareció muerto en circunstancias que todavía se investigan. Nisman aseguraba que dicho pacto pretendía, en realidad, encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial entre ambos países.

La Nación

El presidente Donald Trump habla sobre la reforma de impuestos en el recibidor principal de la Casa Blanca, después que el Congreso anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo sobre cambios a la ley tributaria. Dic. 13, 2017.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense alcanzaron un acuerdo sobre una amplia revisión de las leyes impositivas de la nación.

El acuerdo allana el camino para una votación final sobre el proyecto de ley la próxima semana, que llevaría a una reducción de impuestos para las empresas y para la mayoría de las personas a partir del próximo año.

Los detalles todavía deben ser redactados y evaluados por los apuntadores del Congreso, pero el compromiso final entre el Senado y la Cámara está en camino de ser presentado esta semana.

El presidente Donald Trump aplaudió el progreso del Partido Republicano en el plan impositivo y dijo que estaría «encantado» de firmar una reforma tributaria que reduzca la tasa corporativa al 21 por ciento, mostrando cierta flexibilidad en su posición anterior que no deseaba más de un 20 por ciento de tarifa corporativa.

«Ciertamente lo haría», dijo cuando le preguntaron si firmaría el proyecto de ley renovado que surgió de un Comité de Conferencia encargado de reconciliar los proyectos de ley de la Cámara y el Senado.

La tasa corporativa, señaló el presidente, es «de 35 (por ciento) en este momento. Entonces, si llegara a 21, ciertamente estaría … estaría encantado» señaló. «Todavía no hemos establecido esa cifra final, pero ciertamente 21 es una gran diferencia», agregó.

Los comentarios se produjeron al comienzo de un almuerzo en la Casa Blanca con algunos legisladores que trabajan en el paquete, que calificó como «una de las mayores leyes jamás firmadas por este país».

La tasa individual máxima para los estadounidenses de mayores ingresos que actualmente es de 39,6 por ciento bajaría con el proyecto de ley republicano a 37 por ciento.

Gigante regalo de Navidad

Poco después, el presidente hizo nuevas declaraciones elogiando el acuerdo de reforma impositiva republicano y destacando que como había prometido durante la campaña electoral, quiere dar al pueblo estadounidense un gigantesco recorte de impuestos para Navidad.

«Estamos a pocos días de cumplir esa promesa y de traerles una victoria verdaderamente increíble para las familias estadounidenses», señaló.

Dijo que la ley tributaria de Estados Unidos es «engorrosa, compleja y profundamente injusta». Afirmó que «ha exportado nuestros trabajos, cerrado nuestras fábricas y dejado a millones de padres preocupados de que sus hijos puedan ser la primera generación que tenga menos oportunidad que la anterior», y prometió «Estoy aquí hoy, para decirles que nunca permitiré que eso suceda».

 

President Donald Trump listens people speak in support of Republican tax policy reform, during an event in the Grand Foyer of the White House, Wednesday, Dec. 13, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

El presidente de EE.UU. Donald Trump con una de las familias invitadas a la Casa Blanca para destacar cómo el acuerdo de reforma impositiva alcanzado en el Congreso beneficiará a la clase media. Dic. 13, 2017.
Para destacar el impacto de la reforma tributaria en la clase media Trump invitó a cinco familias a la Casa Blanca que dijeron lo que planean hacer con el dinero que recibirán de los impuestos.

Las familias afirmaron que pagarán la universidad de sus hijos, harán renovaciones en sus viviendas y elogiaron al presidente por «cumplir sus promesas».

President Donald Trump, right, smiles as a family speak about tax reform in the Grand Foyer of the White House, Wednesday, Dec. 13, 2017, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

El presidente de EE.UU. Donald Trump sonríe mientras un pastor de Virginia y su familia, invitados a la Casa Blanca, hablan de los planes que tienen para el dinero que recibirán con el recorte de impuestos que el Congreso está por aprobar. Dic. 13 de 2017.

Trump anunció también que los estadounidenses comenzarán a ver la reducción de impuestos en febrero de 2018. La Casa Blanca tuiteó el mensaje en las redes sociales.

«Si el Congreso me presenta la legislación antes de Navidad, el IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos) me ha confirmado que los estadounidenses verán impuestos más bajos y mayores salarios a partir de febrero – dentro de solo dos meses».

«If Congress sends me a bill before Christmas, the IRS has confirmed that Americans will see lower taxes and bigger paychecks beginning in February – just two short months from now.»

— The White House (@WhiteHouse) 13 de diciembre de 2017

Según el mandatario, que prometió traer de vuelta la «hermosa» frase «Hecho en América», su plan recortará significativamente los impuestos individuales y será el equivalente de un aumento de $4.000 si se consideran las reducciones a las corporaciones.

​La medida daría a Trump su primera gran victoria en el Congreso, y cumple una antigua meta de los líderes republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de reescribir el código impositivo lleno de vacíos legales.

Los demócratas dicen que el proyecto de ley está injustamente inclinado a favor de los negocios y los ricos.

Voz de América

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó que probará su inocencia en los diversos asuntos de corrupción en que responde ante la Justicia y que luego se postulará a la Presidencia en las elecciones del año próximo.

«Quiero dejarlos tranquilos. Cuando sea declarado inocente seré candidato», dijo Lula en Brasilia un día después de que una corte anunciara que lo juzgará el próximo 24 de enero en segunda instancia en el marco de la causa penal en la que fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal inferior.

De acuerdo con la legislación brasileña, una condena ratificada en segunda instancia le impediría aspirar a cualquier cargo electivo, lo cual acabaría con sus intenciones de postular nuevamente a la Presidencia, un deseo que Lula no oculta y que ratificó en una reunión con diputados del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula moderó las críticas que el PT ha hecho a la decisión del Tribunal Regional de la 4 Región de juzgar el caso en la segunda instancia unos meses después de que recibió el proceso, lo cual no es usual en la lenta Justicia brasileña y que, para el partido del expresidente, puede apuntar a anular su candidatura.

El exmandatario indicó que «toda la vida» se quejó de la enorme morosidad de la Justicia en el país y aseguró que «no es ahora» que va a criticar que los tribunales actúen con la celeridad deseada.

Sin embargo, bromeó con el asunto y dijo que, si fuera por él, dejaría el juicio en segunda instancia para «bien después de las elecciones» de octubre, pues si fuera elegido presidente, las causas en que está implicado solo serían juzgadas una vez que acabe su mandato.

Aseguró además que sería «irresponsable» que se piense que desea volver a gobernar el país para escapar de la Justicia.

«No quiero ser candidato por ser candidato. Y no quiero ser candidato si fuera culpable. Sería irresponsable estar peleando una candidatura para ocultar alguna culpabilidad», sostuvo Lula, quien agregó que ahora mismo solo está dando la «pelea» por su inocencia y que lo hará «hasta las últimas circunstancias».

También insistió en que los siete procesos penales en los que responde por supuesta corrupción son producto de una «persecución política y mediática», que tendría como objetivo impedir que vuelva a gobernar, una posibilidad que hasta ahora dan como cierta todas las encuestas de opinión, que lidera con cierta holgura.

«Está en marcha una acción política mucho más fuerte que la acción jurídica», declaró el expresidente, quien instó al PT «a reaccionar» frente a ello.

«Si alguno de nosotros piensa que va a sobrevivir estando quieto, pues se puede quedar quieto, pero no va a sobrevivir», dijo a los parlamentarios del PT, el partido que fundó en 1980.

Tras la reunión con los parlamentarios del PT, Lula se dirigió a un acto organizado por recolectores de basura dedicados a reciclar los desechos, un colectivo al que recibió cada fin de año en el Palacio presidencial de Planalto mientras estuvo en el poder. EFE

La constructora brasileña Odebrecht, procesada por corrupción, admitió que pagó asesorías por casi 5 millones de dólares a dos compañías ligadas al actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora deberá dar explicaciones al Congreso.

Según la legisladora de oposición Rosa Bartra, presidenta de una comisión parlamentaria que investiga el pago de sobornos en los que está envuelta la gigante brasileña, la información les fue remitida por la propia constructora.

«Un documento firmado por Mauricio Cruz, representante de Odebrecht Perú, señala que una empresa relacionada directamente con Pedro Pablo Kuczynski prestó servicio de consultoría por 782.207 dólares a la empresa del grupo Odebrecht», dijo Bartra.

Se trata de la firma Westfield Capital, una empresa unipersonal de Kuczynski con la que se hicieron siete consultorías.

Según Bartra, las asesorías se realizaron «entre el 16 de febrero de 2004 y el 28 de julio de 2006, periodo en el que Kuczynski ocupó la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas y fue presidente del Consejo de Ministros, además de otras consultorías en el 2007».

Kuczynski, de 79 años, fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Dos de sus consultorías se relacionan con la carretera interoceánica, por cuya concesión Odebrecht admite que sobornó con 20 millones de dólares a Toledo, sobre quien pesa una orden para ser extraditado desde Estados Unidos.

He decidido reunirme con los miembros de la comisión Lava Jato. pic.twitter.com/6z7hcvuu1U

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 14 de diciembre de 2017

Kuczynski había negado en noviembre tener vínculos con la constructora, luego de que el exdirector ejecutivo de esa compañía, Marcelo Odebrecht, dijera a fiscales peruanos que lo contrató para una consultoría privada.

Pero el pasado sábado admitió una consultoría para un proyecto de Odebrecht a través de la firma First Capital, de un exsocio y donde trabajó.

Durante el período 2006-2013, First Capital recibió 4,05 millones de dólares por asesorías a Odebrecht, según información de la comisión.

«Son casi 5 millones de dólares que el actual presidente de la República habría recibido a través de las empresas que se acaban de mencionar», dijo Bartra, del partido opositor Fuerza Popular, que controla el Parlamento.

La empresa brasileña, envuelta en el escándalo «Lava Jato» de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y toda América Latina, admite que en Perú desembolsó 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014.

Las revelaciones motivaron una reunión de Kuczynski con un grupo de ministros en su casa. El mandatario, que inicialmente se había negado a comparecer ante la comisión investigadora, cambió de parecer.

«Se ha entregado a la prensa información de pagos hechos por Odebrecht, dándose a entender que serían pagos de honorarios hacia mi persona. Frente a ello (…) he decidido reunirme con los medios de dicha comisión», dijo el miércoles el presidente a radio RPP.

«Los ingresos que tuve como profesional están registrados, tributados y bancarizados. No hay nada indebido en ello», aseguró.

Situación delicada

El Partido Fuerza Popular es liderado por la hija del preso expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Ella perdió las elecciones presidenciales contra Kuczynski por un escaso margen en 2016. Sin embargo, controla el Congreso y tiene al gobierno contra las cuerdas.

«El país ya está cansado de sus mentiras. El país no solo ha perdido la confianza en usted y en su gobierno. Su situación es muy delicada. Ha llegado el momento que reflexione y tome una decisión pensando en lo que es mejor para los peruanos», dijo en un pronunciamiento el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.

Para el partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), el fujimorismo sacó de contexto una documentación para complicar al presidente, en momentos en que la Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por un supuesto financiamiento de Odebrecht a su campaña electoral de 2011. Recientemente, sus locales partidarios fueron allanados.

«Como se han sentido amenazados por el Ministerio Público y envueltos en escándalos, intentan deslizar esta información. Eso fastidia el proceso político en el país», dijo el oficialista Gilbert Violeta.

El caso Odebrecht tiene en prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala (2011-2016), por un presunto financiamiento irregular de la constructora a su campaña. (I)

Dan Johnson se disparó el miércoles en un puente de Mount Washington, Kentucky. AP

Un legislador republicano de Kentuckyque enfrentaba acusaciones de abuso sexual se suicidó.

El representante Dan Johnson se disparó el miércoles en un puente de Mount Washington, Kentucky, informó el jefe de policía del condado Bullitt, Donnie Tinnell, quien confirmó el deceso a la televisora WDRB-TV de Louisville.

Johnson, de 57 años de edad, fue electo para la legislatura estatal en 2016. El lunes, el Centro de Reportes de Investigación de Kentucky publicó el relato de una mujer que acusó a Johnson de abusar sexualmente de ella en el sótano de su casa en 2013. La policía de Louisville investigó el reporte pero cerró el caso sin presentar cargos.

Johnson dijo el martes a la prensa que las acusaciones eran “completamente falsas”. Un día antes había publicado un mensaje en Facebook diciendo que el Trastorno de Estrés Postraumático “es una enfermedad que se llevará mi vida, ya no aguanto más. Se quedó con esta vida, pero el cielo es mi hogar”. (I)

AP

QUITO. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, fue sentenciado a la máxima pena por delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, fue sentenciado a la máxima pena por delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht. El juez Édgar Flores Mier acogió el pedido de la Fiscalía General y en 50 minutos leyó su decisión y dictaminó 6 años de prisión para el segundo mandatario al momento sin funciones.

Con igual responsabilidad en caso de autor fue sentenciado Ricardo Rivera Aráuz, tío del vicepresidente Jorge Glas, y tres procesados más.

A la hora puntual, a las 16:00, se instaló la audiencia en la Corte Nacional para dar la lectura de la sentencia en el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Tras dar indicaciones, el juez ponente Édgar Flores Mier comenzó a dar lectura detallada de los argumentos y partes procesales.

Los jueces Silvia Sánchez y Richard Villagómez completan el tribunal del caso.

El juez aceptó las argumentaciones dentro de las audiencias del caso realizadas durante 14 días por el Fiscal General Carlos Baca Mancheno, quien pidió 6 años de sentencia, la máxima pena, para 5 personas procesadas, entre ellas el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera; además Carlos V., Édgar A., y Ramiro C.

Lea también: ¿Quiénes son los trece acusados como autores por asociación ilícita en caso Odebrecht?

Para otros tres procesados José T., Gustavo M., Kepler V. el Fiscal pidió una pena reducida de 80 % de la pena solicitada para los demás procesados. El juez Flores Mier decidió 14 meses de prisión contra ellos, correspondiente al 20 % de la pena de los autores.

Contra Diego C., el fiscal no presentó acusación. Además, hay otros cuatro involucrados que no son juzgados debido a que se encuentran prófugos, uno de ellos es el excontralor Carlos Pólit.

Más acusaciones

La condena por asociación ilícita abriría el camino a demandas adicionales contra Glas como de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles y con sanciones de hasta 13 años de cárcel, y por otros delitos como lavado de activos para poder procesar a la misma Odebrecht, de acuerdo con penalistas.

La ley ecuatoriana establece que las penas son acumulables hasta un máximo del doble de la más grave, sin que exceda los 40 años.

La condena por el caso Odebrecht, firma que entregó en Ecuador unos 47,3 millones de dólares en coimas para obtener contratos según la Fiscalía, puede ser apelada por Glas, quien estuvo a cargo de sectores estratégicos desde 2007 y es vicepresidente a partir de 2013, siendo reelegido este año. La apelación fue inmediatamente anunciada por su defensor Eduardo Franco Loor.

La impugnación dejará en suspenso el fallo judicial hasta que sea resuelta por el tribunal y Glas -a quien el Congreso le retiró la inmunidad por pedido de él para ser enjuiciado- está en arresto preventivo desde el 2 de octubre, condición en la que se mantendrá sin perder aún el cargo. (I)

El Universo