Las fuerzas democráticas venezolanas, cuyo crecimiento es una realidad incontestable, tienen ahora mismo una doble obligación: por una parte, les corresponde continuar con la presión para que el referéndum revocatorio se realice en la fecha más inmediata posible; por la otra, están llamados a realizar una revisión a fondo de los posibles escenarios y definir, así, cuáles serían las principales respuestas en cada uno de ellos. Cierto es que las realidades pueden resultar sorpresivas. Pero de eso trata justamente el desafío: de visualizar cuáles podrían ser los próximos pasos de esa maquinaria de liquidación del futuro de Venezuela, que es el gobierno de Nicolás Maduro.
Quienes sostenemos la posición de que Maduro debe irse de inmediato, somos parte de una paradoja, cada vez más abultada: mientras más numerosa es nuestra posición, mientras más crece el repudio de la sociedad a Maduro y a su séquito, mientras más evidente e inequívoco es el deseo de un cambio en la conducción del país, la minoría repudiada, la oligarquía facinerosa y represiva que se ha apropiado de las instituciones del país, más se atrinchera en su ciego proyecto de destrucción, más persigue a los dirigentes sociales y políticos que protestan, más sorda, embrutecida e insensible se muestra ante los sufrimientos de las familias venezolanas.
Lo que hemos visto a lo largo de 2015 y 2016, especialmente en los últimos meses, es un régimen dispuesto a todo. El “dispuesto a todo” al que me refiero no es otra cosa que continuar con la destrucción de Venezuela. Y es aquí donde parece prudente introducir un paréntesis para recordar, de forma particular al equipo de los negociadores, que la crisis venezolana no puede describirse como la lucha por el poder entre dos facciones rivales. Se trata de otra situación, esencialmente distinta.
En primer lugar, para los demócratas venezolanos, se trata de una carrera por la supervivencia. En las últimas semanas, la persecución ha arreciado. Se persigue sin rubor, sin razón, sin disimulos. Se allanan viviendas, se detienen a dirigentes políticos y sociales sin fundamento alguno, se fabrican acusaciones, se los traslada de una cárcel a otra sin justificación, se les tortura física y psicológicamente. Esto significa, ni más ni menos, que la de los demócratas es una lucha con inmensas desventajas. A diario la dirigencia opositora debe enfrentar esta realidad: que quienes mandan en los tribunales, en los cuarteles, en el CNE, en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo dependen de las órdenes de Miraflores. En otras palabras, Venezuela es un país sin árbitros. Un país de ciudadanos a la intemperie.
La otra consideración fundamental, es que la nuestra no es una lucha entre dos sectores políticos. Solo una descarada miopía hace posible que se hable así de lo que ocurre en nuestro país. La dolorosa constatación de los hechos demuestra que se trata del aplastamiento de la inmensa mayoría de personas y familias por parte de una oligarquía ladrona, ilegítima y violenta. La Venezuela de hoy es de resistentes, de gente admirable que no se rinde y que no abandonará sus propósitos de construir una nueva democracia.
Pero hay algo más, más extendido y duradero: los demócratas luchamos para detener la destrucción de Venezuela y dar inicio a una etapa de reconstrucción. Hay que repetirlo, gritarlo, explicarlo en todos los lugares donde ello sea necesario: Maduro y sus oligarcas están demoliendo el país. Han destruido, y continúan en ello, la estructura productiva, el sistema educativo, las redes de salud, la infraestructura, la industria petrolera, el sentido de las instituciones, la meritocracia y todo aquello que puede servir de criterio para la convivencia. El programa de destrucción emprendido no solo es material, sino también simbólico. Lo que está en juego, ahora mismo, es el futuro, el destino de Venezuela.
Y es en este punto donde vuelvo al comienzo de este artículo: hay que proyectar y prepararse para posibles escenarios de mayor destrucción. De negación radical de nuestros derechos. De todavía un mayor descaro por parte del CNE. De una más vergonzante actuación de los altos comandos del TSJ y de la FANB en contra de los legítimos intereses de los venezolanos. Es una visión dolorosa, no hay duda de ello. Pero, al mismo tiempo, nadie debe olvidar en esta circunstancia que nuestra fuerza está constituida por más de 90% de la población. Esto quiere decir que, a pesar de todo, tenemos la última palabra.
Editorial de El Nacional
