La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, ha recibido a más de mil funcionarios públicos, empleados y obreros que han sido destituidos de sus cargos, por ejercer el derecho constitucional de firmar por el referéndum revocatorio.
Así lo informó la Presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano, durante una reunión que sostuviera con los abogados de la instancia parlamentaria y los funcionarios públicos despedidos, de las dependencias del Seniat, Corpoelec, Banfanb, del Banco del Tesoro, de la Policía Nacional Bolivariana, la Fundación Simoncito, entre otros.
“Ha sido una constantes en distintos organismos del Estado destituir a empleados públicos por haber ejercido su derecho constitucional. Más de mil trabajadores han sido despedidos. Se destacan entre los casos más delicados funcionarios que gozan de fuero sindical, de los más dolorosos casos se encuentran madres que les corresponde el fuero por maternidad, en período de lactancia o están embarazadas. Estamos atendiendo a más de mil personas que ahora no tiene posibilidad de llevar el pan a su mesa”.
Indicó que a pesar de la violación de Derechos Humanos que ha sido víctimas estos funcionarios, trabajadores, siguen apostando por una Venezuela justa, libre y democrática. Indicó que la Comisión que preside está brindando la asistencia jurídica que requieren.
“Al quedar desempleados y sin ningún tipo de ingresos no pueden sufragar los gastos de un abogado para ejercer las acciones legales que corresponden. Nosotros les estamos brindando la posibilidad de contar con los abogados ad honórem, para poderlos asistir, orientar y sobre todo para que no se venzan los lapsos” Explicó que no todos son funcionarios de carrera administrativa, unos se rigen por el sistema funcionarial contencioso, otros por la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que considera que cada uno merece una atención y orientación especial, de acuerdo al caso.
Destacó que es evidente que aquí hay violación de Derechos Humanos, por lo tanto son delitos que no prescriben, por lo que afirmó que agotarán las vías internas, para luego acudir a las instancias internacionales. “Vamos a asistir a estos trabajadores para que puedan ejercer sus acciones ante la OIT y otros organismos internacionales, por justamente violación de Derechos Humanos”.
La primera ley publicada en Gaceta Oficial
Finalmente se mostró muy satisfecha que este martes fue publicada la Gaceta Oficial la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular e Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.
“Es la primera ley que se pública en Gaceta Oficial en este período legislativo. Nosotros llevamos esta iniciativa legislativa como el primer eslabón de nuestra propuesta por la seguridad ciudadana. Este instrumento legal prohíbe el uso de teléfonos celulares e internet en los centros penitenciarios del país sin excepción, a partir del momento en que se instalen los aparatos inhibidores de señal, de manera que ya no podrán cometerse crímenes extorsivos. Más del 90 por ciento de los de estos crímenes se cometen desde las cárceles del país, apuntó la diputada Solórzano.
Fueron despedidos sin procedimiento administrativo
Por su parte, Nilda Carolina Rodríguez Contreras, funcionaria aduanera tributaria del Seniat, indicó que fue despedida de la aduana principal de Valencia, el 20 de junio de este año, sin ninguna explicación después de 21 años de servicios, siendo funcionaria de Carrera Administrativa, no personal de confianza de libre remoción.
“Fui removida sin ningún procedimiento administrativo que fundamentara la medida de despido. Todos los que fuimos removidos de los cargos salimos en la pagina del CNE con la firma válida por el referéndum revocatorio. Me preguntaron si iba a retirar la firma y dije que no, que la iba a validar, que asumía las consecuencia, porque ese era mi derecho constitucional y por aspirar a tener un mejor país”.
Dijo que acudieron ante la Comisión de Política Interior, para que los orienten y asesoren. “Aquí hay madres sustentos de familia, gente que había solicitado discapacidad y el Seguro Social se las había aprobado y de todos modos fueron despedidos. Gente que tenía fuero sindical”.
Reveló que la mayoría aspira que sean reenganchados porque en su mayoría, por lo menos los trabajadores removidos del Seniat, tienen más de 20 años de servicio. “Estamos a escasos años de una jubilación. Han despedido alrededor de 300 personas nada más en el Seniat y todos los días notifican otros despidos. A una compañera la votaron porque estaba solicitando recoger firmas para apoyarme y a la semana la despidieron. Tiene amenazados a los trabajadores, les tienen prohibido que hablen o se reúnan con nosotros, porque de lo contrario serán despedidos también”.
La Patilla
