Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, indicó que el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de El Marite, en el estado Zulia, pasará a manos del ministerio, bajo el nombre de Centro Penitenciario Doctor Francisco Delgado, lo que significa que dejará de ser un retén para convertirse en una cárcel nacional.

La funcionaria informó que es el primer retén del país que pasa a manos del Gobierno Nacional.

Aseguró que después que termine todo el proceso de traslados, requisa e inspección de las áreas, se pasará a una jornada de adecuación en conjunto con la gobernación del estado. «Traemos el personal, que está entrenado en régimen penitenciario, y comenzamos a aplicar las normas», agregó.

Varela reforzó que la meta es aplicar en 100% el nuevo régimen penitenciario. Detalló que éste implica uso de uniforme, levantarse a las 4:00 a.m. con el toque de diana y realizar actividades culturales, de estudio y de trabajo, entre otras.

«Ha dado tan buenos resultados, hasta eliminamos el consumo de cigarrillos. En la noche hay un toque de silencio, a las 9:00 p.m. Todo el mundo encerrado en la celda y cero ruido».

«Desconozco que ellos tengan autoridad, que allí se ejerza algún tipo de liderazgo, rechazo, desconozco y niego las cosas negativas» dijo Varela refiriéndose a la situación de lo pranes.

 
Un vocero de Migración Colombia dijo que los 37 venezolanos estaban de forma irregular en Cúcuta y Bucaramanga

Las autoridades migratorias de Colombia deportaron a 37 venezolanos que estaban ilegalmente en el país luego de hallarlos en controles realizados en zona fronteriza, informaron a Efe fuentes oficiales.

Un vocero de Migración Colombia dijo que los 37 venezolanos estaban de forma irregular en Cúcuta y Bucaramanga, capitales de los departamentos de Norte de Santander y Santander, con lo ya son 108 los ciudadanos de ese país que han sido deportados en los dos últimos meses.

El funcionario explicó que como los venezolanos no tenían la documentación respectiva para estar en Colombia, fueron entregados al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el puente Simón Bolívar, que une Cúcuta con las localidades venezolanas Ureña y San Antonio.

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, afirmó en un comunicado de su despacho que “estas medidas hacen parte del trabajo que viene adelantando la entidad para construir una frontera segura, en la que se garanticen y respeten los derechos de nacionales y extranjeros”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el pasado 19 de agosto el cierre del principal paso entre Colombia y Venezuela que une a Cúcuta con Ureña y San Antonio del Táchira, al cual le siguieron otros cruces limítrofes.

El presidente venezolano adujo entonces que el cierre estaba motivado por la presencia en la región fronteriza de bandas contrabandistas y de supuestos paramilitares.

EFE

El primer vicepresidente a la Asamblea Nacional (AN), Enrique Márquez, dio detalles de cómo será el proceso para que el pueblo venezolano sepa de qué manera se va a trabajar en el Referéndum Revocatorio.

“Esta semana vamos a introducir de nuevo la solicitud y en información extraoficial el CNE se ha comprometido de forma inmediata aprobar nuestro requerimiento para la recolección de la primera etapa de firmas que es el uno por ciento del registro electoral, lo que hemos hablado con el CNE es que luego de esta aprobación que esperamos que sea la próxima semana, tendremos nosotros un mes para consignar un formato acordado y previamente suministrado por ellos las doscientas mil firmas que activará la solicitud del referéndum revocatorio”.

Márquez indicó que luego estas firmas entregadas serán validadas por el CNE llevándose unos días más pero no más de finales del mes de mayo y principio del mes de junio. Luego se activaría de forma inmediata la recolección del 20 por ciento de las firmas, que serían cuatro millones, para la activación del referéndum revocatorio para el mandato presidencial. Se prevé que la recolección de las firmas pueda estar ubicada entre finales del mes de julio y principios del mes de agosto.

“Después de recoger estas firmas vendrá la convocatoria oficial de la fecha del referéndum revocatorio, que siendo cumplida esta etapa en el mes de agosto y de validadas las firmas se informaría la fecha del referéndum no más allá de finales del mes de octubre principio del mes de noviembre. Con lo cual se vuelve efectiva la fórmula del revocatorio procediendo inmediatamente después el CNE al aviso de la elección presidencial correspondiente”.

Según Márquez, la ciudadanía debe estar lista para este proceso porque saben que el CNE va a intentar obstaculizar como ha ocurrido en elecciones anteriores. Sostuvo que el presidente no tiene soporte político suficiente como para mantenerse en el poder más allá del RR, debido a la catástrofe que vive el pueblo venezolano.

“La Mesa de Unidad Democrática (MUD) está en la capacidad de asumir esos dos procesos políticos a la par, además que la elección a las gobernaciones es constitucional el CNE no puede dejar de convocarla, solo un hecho sobre venido lo puede suspender y no tenemos previsto suspender ninguna elección, creemos que este año el pueblo puede tener elección presidencial y elección regional de tal manera de cerrar esta etapa y producir elementos suficientes de cambios políticos que nos permitan refundar a Venezuela de este abismo el cual la ha enterrado el gobierno de Nicolás Maduro”

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El parlamentario expresó que del mismo modo activarán la enmienda constitucional y lo harán no solo para recortar el mandato al presidente sino también para eliminar la reelección indefinida, para que el pueblo sepa que a los próximos gobernantes del país no les interesa la reelección indefinida, quieren alternabilidad, democracia y la activarán con todos los riesgos que significan la posibilidad del bloqueo.

“El Gobierno le ha declarado la guerra a Venezuela y utiliza al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para bloquear toda la iniciativa, yo quiero ver que le bloquee la Ley que le provee los cesta ticket a los jubilados y pensionados, la Ley que da la propiedad a la misión Vivienda Venezuela o la de producción nacional, por solo dar estos ejemplos, ese enfrentamiento no es entre la Asamblea Nacional y el TSJ es entre el pueblo venezolano y el Gobierno”.

Nota de Prensa

Anzoátegui, 9/4/2016.- El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección nacional del partido Primero Justicia, José Brito rechazó que el gobierno presidido por Nicolás Maduro mantenga convenios con Petrocaribe, «donde regalan nuestro petróleo, mientras le niegan el bono de medicinas y alimentación a los pensionados y jubilados venezolanos».

Brito destacó que diariamente se dan 390 mil barriles de petróleo, «nada más y nada menos que el capítulo especial Cuba se lleva 90 mil y el resto se distribuye en los otros países que conforman Petrocaribe, lo que ha sido utilizado para regalar nuestro petróleo, si bien es cierto que se mantiene esta negociación desde el pacto de San José,  se debe reconocer que Venezuela en aquel entonces vivía en bonanza,  hecho que lamentablemente por la falta de gerencia, competencia y hasta corrupción ya no es así,  por tal razón consideramos necesario que sean revisados tales acuerdos, porque los venezolanos somos los que estamos perdiendo».

El dirigente de la tolda aurinegra lamentó que «estamos recibiendo pago por medio del trueque, como por ejemplo nuez moscada, eso es una clara demostración de lo disparejo del negocio, pero como si ya eso no fuera grave, vemos como el gobierno le da la espalda a los adultos mayores cuando se negaron a aprobar los cestatickets para pensionados y jubilados, esos hombres y mujeres que aportaron con trabajo tanto al país hoy los que gobiernan dicen que no hay dinero para cancelarles, siendo una representación solo del 0,85 por ciento del producto interno bruto».

Asimismo catalogó de inmoral que digan que no hay recursos para el pueblo venezolano, pero si para mantener convenios con Petrocaribe, «por esa razón solicitaré ante la Comisión Permanente de Energía y Petróleo que se llame a Pdvsa y alto gobierno para que frene esos negocios, el país enfrenta una crisis en este momento y la prioridad debe ser nuestra gente».

Por último el parlamentario José Brito considera que los recursos que genere la venta del crudo en mercados internacionales sean para garantizar un fondo de pensiones para la cancelación no sólo hoy los bonos de alimentación y medicinas, sino para ir recaudando para cuando sea aprobada la Ley de Pensiones Universales no Contributivas.

Nota de Prensa

 
7 magistrados no pueden desconocer la voluntad de más de 13 millones de venezolanos.

El Gobierno de Nicolás Maduro desconoce la decisión del pueblo venezolano expresada en el 6 diciembre de 2015 utilizando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para boicotear las facultades que tiene la Asamblea Nacional para legislar, impidiéndole  la promulgación de leyes progresistas,  necesarias y pertinentes para adelantar los cambios económicos y sociales que el país demanda para salir de la crisis en la que se encuentra, tal y como lo pidió el pueblo el 6 de diciembre votando por una nueva mayoría parlamentaria alineada con el cambio.

Después de perder las elecciones parlamentarias, durante el asueto navideño, sin observar los lapsos previstos, sin hacer públicas las postulaciones, ni seguir los procedimientos establecidos, el oficialismo sustituyó a 13 magistrados, la mayoría de los cuales son afectos al oficialismo o tienen vínculos con éste.  Ahora, Nicolás Maduro utiliza la facultad que le otorga la Constitución para solicitar a este TSJ, políticamente parcializado, su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlamento con el objetivo de utilizar a este tribunal, al igual que sus interpuestos, como instrumento para anular las decisiones y las propuestas legislativas de la nueva mayoría parlamentaria. Es una estrategia clara que ha puesto en marcha el régimen para entorpecer la labor de la Asamblea Nacional, actuando a las espaldas del pueblo y del país.

Observamos con preocupación que el Gobierno y el TSJ están jugando a la confrontación de poderes y al desconocimiento de la voluntad del pueblo, para convertir al país en un caos que no pueda ser gobernado y que no pueda reorientarse hacia la solución de los graves problemas que enfrenta.

Como organización de la sociedad civil, dedicada a la defensa de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, nos pronunciamos en contra de esta clara maniobra antidemocrática del oficialismo. Por lo tanto exigimos:

1. Al Gobierno de Nicolás Maduro: respetar la voluntad del pueblo, y detener el bloqueo continuo que viene realizando a través del TSJ a las leyes que ha venido aprobando la Nueva Asamblea Nacional en virtud de las facultades y competencias que le otorga la Constitución para legislar sobre los diferentes poderes del Estado, por mandato expreso del pueblo venezolano materializado el 6 de diciembre último.

2. A la Asamblea Nacional, en particular al sector oficialista, a garantizar, defender y proteger la autonomía del Parlamento  en  representación de sus electores, consolidando el diálogo necesario para lograr  los consensos que requiere la promulgación de las leyes que el país clama para salir de esta crisis política, moral y económica.

3. Al Tribunal Supremo de Justicia: ejercer sus funciones constitucionales de manera imparcial e independiente, garantizando el Estado de Derecho y el respeto a la división de poderes; y por lo tanto declinar actuar al servicio de intereses políticos o a los del Ejecutivo, que buscan maniatar y menoscabar las potestades para legislar, controlar y ejercer la representación de la población que le ha otorgado el pueblo, por mandato, a la Asamblea Nacional.

Exigimos estricto RESPETO a la Constitución, porque ni el Gobierno ni 7 magistrados pueden desconocer la voluntad de más de 13 millones de venezolanos.

Ciudadanía Activa, en Caracas, a los 9 días de abril de 2016