Con el fin de elaborar un plan para atender el sistema de justicia y de seguridad del país, la Asamblea Nacional aprobó con los votos de la bancada de Unidad Democrática, un acuerdo propuesto por la presidenta de la Comisión de Política Interior Delsa Solórzano.
En el marco del debate sobre la crisis del Sistema de Justicia en Venezuela, luego de la presentación del Informe Anual del Ministerio Público, correspondiente al año 2015, por parte de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, la diputada Delsa Solórzano propuso unplan de emergencia para atender el sistema de justicia y de seguridad, que considera materia prioritaria ante la situación que viven los venezolanos.
La diputada Solórzano al comienzo de su intervención manifestó enfáticamente que el Sistema de Administración de Justicia en Venezuela no funciona. Destacó que la realidad es que las víctimas de la inseguridad se quedan esperando una justicia que no llega nunca. Que la Fiscal General de la República fue a la Asamblea Nacional y reveló que en el 2015 ocurrieron 17 mil 778 muertes, pero en su informe las cifras son otras 19 mil 453 víctimas y que la tasa de homicidio de 100 mil habitantes es de 63.5
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“Me angustia muchísimo como venezolana que aquí se pretenda tratar a las muertes como un numero estadístico, y que no se comprenda que estas muertes violentas dejan atrás familias llenas de dolor y de tristeza. A los venezolanos los matan en la calle y aquí hay 98 por ciento de impunidad. Que no se comprenda que la principal causa por la cual los venezolanos se están yendo del país es por la inseguridad y la criminalidad que hoy nos aqueja a todos por igual. Porque cuando van a matar no preguntan si tiene un carnet del PSUV en la cartera”.
Reveló que desde que Luisa Ortega Díaz fue nombrada Fiscal General de la República, el 13 de diciembre del año 2007, en el país han ocurrido 167 mil homicidios, según los informes anual que presenta su despacho todos los años desde que está al frente del Ministerio Público y nunca ha sido interpelada, pero que ahora es diferente y la Comisión de Política Interior la va a citar a comparecer.
“La Fiscal vino aquí a lavarse las manos a escurrir el bulto. El Ministerio Público es el único titular de la acción penal, articulo 285 de la Constitución. Son atribuciones del Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación penal. Según el Código Procesal Penal, que ha sido modificado 6 veces en el período anterior, le corresponde también el monopolio de la investigación penal y la dirección, desde el punto de vista funcional, de los Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Criticó que el Gobierno no asuma la aplicación de la Ley Desarme, ya que considera que es parte de sus competencias constitucionales. Es el órgano que debe explicar por qué las armas de guerra están en manos de los delincuentes como el caso de los recientes hechos violentos registrados en la cárcel de San Antonio en Margarita, estado Nueva Esparta.
En ese sentido propuso un acuerdo para designar a la Comisión de Política Interior que elabore de modo urgente un plan de emergencia para abordar esta grave crisis, legislar para atender los siguientes temas: sistema de justicia, sistema penitenciario, seguridad ciudadana, depuración de los cuerpos policiales.
Así mismo propuso en el acuerdo atender de modo especial desde la competencia de control lo relativo a los concursos de jueces fiscales y defensores públicos Para evitar la impunidad y evitar la politización del Sistema de Justicia.
Nota de Prensa
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