El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados y la Federación Latinoamericana de Magistrados exigieron a las autoridades venezolanas que se adopten las medidas destinadas a poner fin a la injusta situación que afecta a la juez María Lourdes Afiuni ya sea a través del sobreseimiento definitivo de su causa o que se le incluya en una Ley de Amnistía.
“Seis años han transcurrido desde el arresto de Afiuni -lo cual constituye una violación del derecho a ser juzgada en un plazo razonable- y, sin que se pueda prever una decisión final, se mantiene en un proceso judicial caracterizado por sus múltiples violaciones de los derechos humanos” destaca la carta abierta enviada a las autoridades del Gobierno de Venezuela, a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial y a los diputados recientemente electos a la Asamblea Nacional.
Tras enumerar la serie de violaciones sufridas durante el proceso seguido a la juez, los dos organismos internacionales piden a las autoridades “respeto de las garantías y derechos fundamentales de la juez Afiuni, que se adopten las medidas tendientes para que cese la persecución penal de la que es objeto, por no haber incurrido en delito alguno, procediéndose al sobreseimiento definitivo de la causa seguida en su contra; o en subsidio se dicte por el Poder Legislativo una Ley de Amnistía que la exima de la infundada responsabilidad penal o, en defecto, se garantice un juicio que cumpla con los requisitos mínimos”.
Asimismo, en la carta firmada por Rafael de Menezes, presidente del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, y Wilfredo Sagastume, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, se solicita que “se restituya a la juez Afiuni en el pleno ejercicio de su cargo de magistrada y, en consecuencia, se le paguen retroactivamente la totalidad de sus remuneraciones impagadas desde que se produjo la inocua imputación”.
