El candidato unitario para la Asamblea Nacional por el Circuito 2 del estado Miranda y dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar la desmedida y violenta agresión sufrida por los dirigentes y activistas de la tolda naranja el pasado jueves 10 de septiembre en las inmediaciones del Palacio de Justicia, por parte de un grupo afecto al régimen de Nicolás Maduro, quienes bajo la mirada inerte de los cuerpos de seguridad del Estado organizaron una emboscada que dejó como saldo un muerto y decenas de heridos.

“Hoy nos presentamos para hacer dos denuncias y una exigencia, denunciamos a estos militantes del oficialismo que agredieron a los activistas de nuestra organización, también a los cuerpos de seguridad del Estado que se prestaron a este acto de violencia desapegándose a las leyes de nuestra Constitución y que se llevó la vida de uno nuestros activistas de Catia y por ultimo exigimos que la Fiscalía realice una investigación inmediata ante estos hechos y determine quienes son los autores intelectuales y materiales de estos actos violentos que ocurrieron el día jueves”, expresó Mejía.

 
El candidato a diputado por el estado Miranda recordó que en las más de 70 audiencias de Leopoldo nunca habían ocurrido estos actos de violencia en contra de los activistas de Voluntad Popular, “el jueves se encontraban niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que se presentaron con sus pancartas y sus mensajes de manera pacífica exigiendo la libertad de Leopoldo López y los estudiantes, tal y como lo hicieron en cada una de las audiencias anteriores. Pero en esta oportunidad se presentó un grupo de antisociales afectos al régimen y casualmente los cuerpos de seguridad se retiran, policías y Guardias Nacionales e inmediatamente se produjeron estos hechos de violencia de forma organizada, lo que provocó la agresión a nuestros activistas y dirigentes, entre ellos Manuela Bolívar quién se encuentra embarazada y el fallecimiento de Horacio Blanco de 72 años, que fue golpeado y le provocaron un infarto”.

 
Mejía quien estuvo acompañado por la también candidata unitaria para la AN por el Circuito 1 del estado Aragua, Adriana Pichardo, Héctor Fuentes abogado de Voluntad Popular, activistas del área metropolitana de Caracas y el equipo de Voluntad Popular del municipio Libertador, expresó que si se condena a Leopoldo López por la supuesta autoría intelectual de unos hechos de violencia que no pudieron ser comprobados, “entonces nosotros exigimos que se designe una comisión que inmediatamente determine quienes son los autores intelectuales y materiales de estos hechos de violencia porque no vamos a permitir que quede impune. La vida de Horacio Blanco y la salud de todos nuestros activistas serán reivindicadas y nosotros desde Voluntad Popular seguiremos luchando porque no permitiremos que estos hechos nos amedrenten ni limiten nuestro derecho a expresarnos”, Finalizó.

Nota de prensa

En su edición del 13 de septiembre, The New York Times publicó un editorial en rechazo a la condena dictada por la Justicia venezolana contra el dirigente opositor Leopoldo López.

La sentencia a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel, se dio a conocer el pasado jueves 10 de septiembre. El líder del partido Voluntad Popular fue juzgado por las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.

“El sistema judicial en Venezuela ha estado, durante mucho tiempo, al servicio de su gobierno autoritario”, denuncia el prestigioso diario estadounidense, que tilda de “absurdas” las acusaciones contra el opositor venezolano.

The New York Times, que hace un repaso de la grave crisis que atraviesa Venezuela, denuncia una falta de “respuesta a la creciente represión del gobierno de Maduro” y exhorta a organismos internacionales y presidentes latinoamericanos a romper su silencio.

A continuación, el texto completo:

Al enterarse de que había sido condenado a más de 13 años de prisión el jueves a la noche, el líder de la oposición venezolana Leopoldo López extendió sus brazos a un alguacil para ser esposado. “Estas esposas serán removidos por el pueblo venezolano”, dijo.

El desenlace del juicio no fue sorprendente. El sistema judicial en Venezuela ha estado, durante mucho tiempo, al servicio de su gobierno autoritario, que ha crecido cada vez más en sus esfuerzos para marginar a la oposición a medida que la confianza en el presidente Nicolás Maduro se ha desplomado.

Los cargos contra López, ex alcalde de uno de los municipios que conforman Caracas, formado en Harvard,son difamatorios. Maduro ordenó su detención en febrero de 2014 y lo acusó de incitar a la violencia, al mismo tiempo que las manifestaciones contra el gobierno se multiplicaban. El gobierno, en su denuncia penal, ha afirmado de manera absurda que López había incitado a los venezolanos a la violencia a través de mensajes subliminales. Tres estudiantes también fueron declarados culpables de fomentar las protestas violentas.

El sistema judicial de Venezuela dejó de ser independiente después de que el antecesor del Sr. Maduro, Hugo Chávez, arrebató el control de la Corte Suprema en 2004.

La persecución de López muestra la desesperación de Maduro. Ha llevado Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, a una severa crisis económica que ha desembocado en la escasez de alimentos, la devaluación de la moneda y una inflación en alza. En lugar de asumir la responsabilidad de los problemas del país, ha convertido a los opositores políticos en chivos expiatorios y ha empezado peleas innecesarias con la vecina Colombia y Guyana.

Hasta ahora, ha habido poca respuesta internacional a la creciente represión del gobierno de Maduro. La Organización de los Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, así como los presidentes latinoamericanos deberían denunciar el encarcelamiento de un hombre inocente y exigir su liberación.

Infobae