Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que rectifique y no denuncie a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Yo le pido al presidente Santos desde acá con el mayor respeto que recapacite, Nicolás Maduro no representa el sentimiento de la mayoría de los venezolanos”, dijo.

Capriles aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro busca provocar un conflicto con Colombia para distraer de los problemas que se viven en el país y que si se realiza la denuncia ante el CPI el conflicto se agudizará.

“El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, está buscando provocar al gobierno colombiano. Se lo pedimos también a los expresidentes colombianos que no le hagan el juego al gobierno venezolano que está chingo por un conflicto con Colombia que nos distraiga de los graves problemas que estamos viviendo”, afirmó.

Fuente: El Nacional 

Durante la sesión extraordinaria convocada para este miércoles desde el estado Táchira, los parlamentarios de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobaron el segundo decreto de estado de excepción anunciado por el presidente Nicolás Maduro.

El presidente del parlamento, diputado Diosdado Cabello, informó que el decreto será enviado este mismo miércoles al Tribunal Supremo de Justicia.

De esta forma, se aprobó el estado de excepción en los municipios Lobatera, García de Hevia, Panamericano y Ayacucho del estado Táchira.

Fuente: Unión Radio 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello expresó a las autoridades nacionales su “profunda preocupación ante la afectación arbitraria” de derechos fundamentales de ciudadanos colombianos, a raíz del cierre de la frontera y la medida de estado de excepción decretado por el Presidente de la República.

A través de un comunicado, el Centro llamó la atención “sobre la necesidad urgente de mantener una visión humanitaria y de respeto a los derechos humanos, en la aplicación de prácticas o medidas de deportación de personas de nacionalidad colombiana, en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos solicitantes de refugio y refugiados reconocidos residentes en el país”.

 
Además, el CDH-UCAB solicitó al Estado venezolano “el cumplimiento de las garantías y estándares básicos, así como prohibiciones derivadas del ius cogens y los tratados internacionales, que se mantienen vigentes durante estados de excepción”, como lo son la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, el debido proceso, y el principio de igualdad y no discriminación, y la garantía del interés superior del niño y la protección de la familia.

 
En el texto el Centro de Derechos Humanos recordó que en el caso específico de migrantes solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, “se aplican todas las garantías mencionadas anteriormente, y a ellas se suma, la garantía absoluta de permanencia en el país, conforme al Principio de no Devolución (non-refoulement), cuya protección implica que ninguna persona solicitante de refugio o refugiada reconocida por el país asilante, podrá ser devuelta a su país de origen o residencia anterior, cuando su vida, seguridad o integridad estén en riesgo”.

 
Asimismo, el CDH-UCAB destacó que a todas estas personas debe garantizársele la posibilidad de comunicación con las instancias nacionales de protección a refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) u organización de defensa de derechos humanos.

 
Finalmente, el Centro de la Universidad Católica exhortó al Estado venezolano “a establecer mecanismos acordes con las normas de protección de los derechos humanos, que eviten la afectación arbitraria y ataques a la integridad personal, bienes y derechos de la población de nacionalidad colombiana en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos, solicitantes de refugio y refugiados reconocidos”.

Nota de prensa

Ante la publicación del decreto 1969 de Estado de Excepción para los municipios Lobatera, García de Hevia, Panamericano y Ayacucho, la candidata a la Asamblea Nacional por el circuito de la Montaña Baja, Gaby Arellano, alertó que todo el Táchira podría entrar en el decreto en los próximos días.

“Ya vimos como desde el día viernes después de bailar cumbia, el señor Nicolás Maduro, extiende un decreto de frontera a diez municipios. Paradójico, el municipio Panamericano no es frontera con nuestra hermana república, pero está en el decreto de cierre. Hoy amanecemos en la gaceta con cuatro municipios más con decreto de Estado de Excepción; es decir, si al gobierno le da la voluntad desde Vietnam, China, o la quinchinchina decir que decreta todo el Táchira en Estado de Excepción lo va a hacer”.

Destacó que estas medidas buscan amilanar la dignidad del tachirense, de un pueblo que no se rinde ni doblega a un chantaje, por lo que exhortó a todo el Táchira a participar en una marcha que realizarán las fuerzas democráticas este sábado y que partirá del Obelisco de Los Italianos de la ciudad de San Cristóbal hasta el Consulado de Colombia, para rechazar la xenofobia de que la estarían siendo objeto los ciudadanos del vecino país. “Debemos demostrarle que el capricho del cierre de la frontera y del Estado de Excepción es la muestra evidente de la incapacidad, de la corrupción y de la vagabundería que encabeza el gobierno. Desde la alternativa democrática les decimos a los habitantes de la frontera y de la zona norte que todos vestidos de blanco este sábado nos vamos a encontrar para decirle a Venezuela y al mundo que al Táchira no la pisotea nadie”, expresó.

Arellano indicó que el problema de la inseguridad no se ha resuelto 13 días después de un Estado de Excepción. “Miles y miles de militares llegando a territorio tachirense, igual siguen atracando y vejando la dignidad de los habitantes de esta región. De nada ha valido la presencia de vicepresidentes, ministros y de la Asamblea Nacional completa, porque solo habría traído más atropellos, represión, violación a los derechos humanos, y más colas para adquirir alimentos”, puntualizó.

Nota de prensa

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está implantando una “guerra sucia” contra Venezuela.

Venezuela y Colombia se mantienen en disputa tras el cierre de la frontera colombo-venezolana ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros de manera indefinida y decreto un Estado de Excepción en zonas fronterizas.

Saab calificó las reciente declaraciones de Santos como “aventureras y desesperadas”, en pleno conflicto fronterizo.

Según él “los nervios, la desesperación, la histeria no es buena consejera en asuntos como este”.

“Si Venezuela va a ser llevada a la CIDH por tomar una medida por mantener el orden público, yo les digo entonces: ¿qué van a hacer con los ciudadanos colombianos que Estados Unidos ha deportado?”, acotó.

Durante una mesa técnica con paciente renales, el defensor repudió las declaraciones de el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, y dijo que cometió un error “garrafal”  y  una “barbarie jurídica” en sus declaraciones.

En relación a la posible denuncia del gobierno neogranadino ante la Corte Penal Internacional indicó que «el Procurador General de Colombia ha cometido un error al decir, sin supuestos de ley, que iban a denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional y que iban a aplicar el Estatuto de Roma porque nuestro país ha decidido tomar medidas de seguridad en territorio venezolano en relación a los inmigrantes colombianos que estaban en nuestro territorio de forma ilegal».

Señaló que Venezuela es un país soberano y se tomó la decisión para decretar estado de excepción en algunos municipios. «Yo valoré la reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela porque era una apertura al proceso de diálogo pero luego fue bombardeada por las autoridades colombianos porque es un teatro bufo por escenas», dijo.

2001