La compañía petrolera estadounidense Citgo, 100% propiedad de la estatal venezolana Pdvsa, habría conseguido que la senadora estadounidense Mary Landrieu, presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del senado, bloqueara un paquete de sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que los legisladores estaban considerando la semana pasada, según revela un reportaje publicado en Politico.com (en inglés)
Según correos electrónicos obtenidos por Politico, la empresa Citgo habría expresado su preocupación de que el paquete dirigido a los violadores de los derechos humanos perjudicaría la capacidad de la empresa para importar petróleo crudo a la refinería de Lake Charles, ubicada en el estado Louisiana, lo que causaría la la eliminación de puestos de trabajo.
La oficina de la senadora Landrieu confirmó a Politico su participación en la oposición al paquete de sanciones. La Senadora por el partido demócrata por el estado Louisiana se enfrenta a una dura lucha reelección y está bajo presión para demostrar que puede ejercer la presidencia de la comisión de energía para ayudar a su estado.
Según los correos electrónicos, el cabildeo de Citgo desató una lucha de última hora en el Capitolio para determinar cuáles eran las objeciones de Landrieu al proyecto de ley y si podían ser resueltas antes que el Congreso tomara vacaciones. Finalmente Landrieu terminó colocando un “hold” (aguantar, esperar) en el proyecto de ley la semana pasada, justo antes de que el Senado cerrara actividades por el receso de agosto.
“Estábamos trabajando lado a lado con Citgo“, reconoció un portavoz de la oficina de Landrieu cuando se le muestró el hilo de correos electrónicos. La senadora había “pedido que hubiera una segunda capa de protección” para los intereses de la compañía en el paquete de sanciones, y el comité dijo que no, dijo Matthew Lehner, director de comunicaciones de Landrieu.
Citgo no respondió de inmediato a varias solicitudes de comentarios el jueves, incluyendo una pregunta por correo electrónico sobre si estaba actuando en nombre del gobierno de Venezuela o de sus propios intereses corporativos.
El Senado ha estado tratando de conseguir un paquete bipartidista de sanciones que ya fue aprobado por unanimidad por los miembros del comité de relaciones exteriores. El calendario del Senado estaba lleno de un montón de leyes de última hora, junto con la fricción sobre temas como la inmigración y la frontera – y miembros del personal del Comité de Relaciones Exteriores suponían que el proyecto de ley de sanciones para funcionarios Venezuela tendría un paso fácil.
Elizabeth Craddock, empleada de la oficina de la senadora Landrieu, pidió a sus colegas del partido demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores “Tenemos una refinería en Louisiana que procesa crudo venezolano. El temor es que este proyecto de ley prohibirá futuros envíos de crudo, de ese modo cierran esencialmente la refinería y, como resultado, habrá una gran pérdida de puestos de trabajo en la refinería. Si este es el caso, o puede potencialmente ocurrir, mi jefa no está dispuesto a apoyar este proyecto de ley”
Empleados del Comité de Relaciones Exteriores trataron de asegurar a la oficina del Landrieu que el proyecto de ley tendría nada que ver con las operaciones de Citgo en los Estados Unidos.
“No hay necesidad que la senadora Landrieu esté preocupada por las posibles consecuencias para las refinerías en Louisiana”, escribió un miembro del personal. “El alcance de [la ley] es muy estrecho. Se centra en los individuos que han cometido abusos contra los derechos humanos contra los manifestantes en los últimos 6 meses, han encarcelado ilegalmente manifestantes, o apoyados cualquiera de esas dos primeras disposiciones”.
Los correos muestran que Craddock compartió la respuesta con la empresa Citgo, y luego la respuesta de la empresa y lo que parecen ser sus puntos de discusión con la Comisión de Relaciones Exteriores.
Citgo se motró preocupada de que “la interpretación de la legislación por parte del Poder Ejecutivo / Congreso podría cambiar con el tiempo”. Citgo también planteó sus preocupaciones de que podría ser considerada una “persona” bajo la ley de Estados Unidos y que su asociación con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela podría implicarla en abusos de derechos humanos en el país.
Citgo tiene no tiene oficinas en Washington, DC. La empresa contrató a dos empresas de cabildeo (lobby) en DC, en mayo, el mismo mes en que la Cámara de Representantes aprobó su propia versión del proyecto de ley de sanciones.
Citgo contrató a las firmas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs – el pago a las dos empresas es de la friolera de $ 450.000 en honorarios de cabildeo combinadas en el segundo trimestre de 2014. También ha tenido durante mucho tiempo contratada a la firma Grayling como lobbysta en Washington, y le pagó 100.000 dólares en el mismo trimestre. (Ver también Pdvsa multiplica sus gastos para “cabildeo” en EEUU)
Squire Patton Boggs, en particular, ha tenido una larga relación con la senadora Landrieu. El ex senador John Breaux, de Louisiana – quien co-preside el área de cabildeo de la empresa – sirvió en el Senado con junto a ella. Squire Patton Boggs y los empleados de la empresa en conjunto han dado más de $ 75,000 en donaciones para la Louisiana en los últimos años.
Un portavoz de Landrieu dijo que ni Breaux ni otros grupos de presión de Squire Patton distribuyeron los temas de conversación o intervinieron en el caso, pero no respondieron a las preguntas las preguntas sobre cuáles empresas o ejecutivos de Citgo estaban trabajando con el tema de las sanciones.
El gobierno venezolano no ha tenido representante para cabildeo en los Estados Unidos. El cabildeo y abogacía por los gobiernos extranjeros está más estrechamente controlada y supervisada que el cabildeo ejercido por las corporaciones. El cabildeo corporativo se registra en el Senado y en la Cámara de Representantes, y el cumplimiento de los requisitos de registro y los datos a revelar son generalmente ligeros.
Fuente: Traducción libre por La Patilla
