La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que en Venezuela se han producido reformas legales y políticas públicas que debilitan las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión del país.
“La CIDH ha llamado la atención de las autoridades sobre la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional y que no ofrecen suficientes garantías para asegurar el ejercicio pleno de la libertad de expresión sin temor a represalias”, se señala en el capítulo dedicado a Venezuela del informe anual correspondiente a 2013.
En el documento se precisa que las reformas a Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar “presentan cláusulas incompatibles con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
La Relatoría registró 19 casos de hostigamiento judicial a medios y periodistas durante el año pasado, entre ellos el proceso emprendido contra El Nacional por la publicación de una fotografía que mostraba el deplorable estado de la morgue de Bello Monte: “El 8 de agosto el Tribunal Tercero de Juicio del Área Metropolitana de Caracas habría multado a los diarios El Nacional y Tal Cual con 1% de sus ingresos brutos durante el año 2009, debido a la publicación de una fotografía el 13 de agosto de 2010 en la portada de El Nacional y reproducida el 16 de agosto de 2010 en el diario Tal Cual, que contenía imágenes de cadáveres en una morgue de Caracas. Además, el tribunal habría ordenado a ambos medios a abstenerse de publicar imágenes ‘de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos’”.
También se mencionan varios casos de emplazamientos públicos de dirigentes del chavismo para que las autoridades administrativas o jurisdiccionales iniciaran acciones contra diversos medios. Por ejemplo, se refiere que “durante los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 el canal televisivo Globovisión difundió cuatro mensajes en los que transcribía el texto del artículo 231de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relacionados con la toma de posesión del Presidente. El 9 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el ministro de
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habrían solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) iniciar una investigación contra el canal privado de noticias Globovisión, por supuesta manipulación de la información”.
El informe de la Relatoría sobre Libertad de Expresión incluye 12 casos de detenciones de reporteros y destrucción de material periodístico. Se menciona entre otros la aprehensión del cineasta norteamericano Timothy Hallet Tracy, el 24 de abril, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por su presunta vinculación con los hechos de violencia ocurridos luego de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se le imputaron los delitos de conspiración, favorecimiento material, asociación para delinquir y uso de documento público falso, establecidos y sancionados en el Código Penal y la
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Finalmente, el 5 de junio, Tracy fue liberado y
deportado con destino a Miami.
También se enumera 42 agresiones y amenazas, como la sufrida el 10 de enero por la periodista Eleonora Delgado, corresponsal en el estado Táchira del
diario El Nacional: “Habría sido agredida física y verbalmente por presuntas funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando cubría una manifestación protagonizada por estudiantes de diferentes universidades en la ciudad de San Cristóbal”.
Cadenas y restricciones
“Entre el 3 de junio de 2013 y el 19 de septiembre de 2013, Maduro habría salido en el canal estatal VTV 182 horas en 114 transmisiones, un promedio de 1 hora 40 minutos cada día”. A partir de este tipo de datos obtenido a través del sitio web Cadenómetro, la Relatoría para la Libertad de Expresión denunció el uso abusivo de las transmisiones de declaraciones del presidente de la República en cadena de radio y televisión.
En el informe publicado ayer se señala: “La Comisión Interamericana ha reconocido la potestad del Presidente de la República y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante; sin embargo, el ejercicio de esta facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a
través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información. En este sentido, tanto la CIDH y su Relatoría
Especial, como algunos órganos nacionales de Estados parte de la Convención Americana, aplicando estándares internacionales, han indicado que “no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva”.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, la Relatoría para la Libertad de Expresión registra las solicitudes frustradas de parte de las organizaciones no gubernamentales Provea (21 casos) y Espacio Público (84 casos), así como los riesgos de censura relacionados con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y protección de la Patria, organismo que se atribuye la facultad de declarar reservada cualquier información que considere sensible a la seguridad de la Nación.
La CIDH califica considera que las ventas de medios que conducen a cambios drásticos de líneas editoriales pueden entrañar peligros para la libertad de expresión. En ese sentido mencionó los casos de Globovisión y Ultimas Noticias.
Sobre las limitaciones impuestas por el gobierno a los medios impresos para importar papel periódico, en el informe se especifican los casos de: Sol de Maturín, Antorcha, Versión Final, Caribazo, La Hora, Caribe, Los Llanos, El Espacio, La Nación, El Diario de Sucre, El Impulso y El Nacional.
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