Tocoma desbordó al socio del sur
La construcción de la cuarta represa hidroeléctrica del río Caroní, vital para fortalecer el sistema eléctrico nacional, se encuentra en cierre técnico. Trabajadores e ingenieros responsabilizan del retraso a la empresa Impsa, del argentino Enrique Pescarmona, mientras que los contratistas afirman que los montos adeudados por Corpoelec inciden en la dilación
La puerta abierta del helicóptero a 300 metros sobre el nivel del suelo deja ver el caudal imponente del río Caroní. Los tripulantes contemplan maravillados mientras inspeccionan la cuarta central hidroeléctrica construida sobre su curso, una de las más grandes del continente: 87 kilómetros cuadrados de terreno trabajados por 10.000 personas.
Uno de los pasajeros comenta: «Estoy contento de trabajar para usted y para la República Bolivariana de Venezuela. Es un gran orgullo construir aquí las turbinas Kaplan más grandes y eficientes del mundo». «¿Algún otro comentario?», le increpa el interlocutor. «No, nada más, comandante».
La obra que se despliega esa tarde del 18 de enero de 2012 ante los hombres el presidente Hugo Chávez y el empresario argentino Enrique Pescarmona, presidente de la empresa Impsa es la central hidroeléctrica Manuel Carlos Piar, en Tocoma (estado Bolívar). Una promesa queda plasmada entre ellos minutos después, durante la transmisión televisiva que se hace desde la
construcción: «El 9 de septiembre (de 2012 )estaremos poniendo en marcha la primera unidad generadora de Tocoma», dijo Chávez, entonces bajo tratamiento médico por el cáncer que padecía. El mandatario comprometió así a su gabinete y al contratista, luego de revelar que su inspección sorpresa a la vital construcción para mejorar el sistema eléctrico obedeció a que nadie de su entorno le había informado de las reuniones de una delegación argentina con varios de sus ministros.
«Gracias, Pescarmona y Julio De Vido (ministro de Planificación de Argentina). En apenas 8 años hemos hecho lo que nunca hicimos en 100 años. Es la unión del sur», dijo refiriéndose a la alianza política impulsada mediante el convenio bilateral de 2004.
El hito del 9 de septiembre un mes antes de las elecciones presidenciales no se cumplió. Hoy en día, la central eléctrica que ayudaría a paliar los apagones continuos en los Andes y el resto del país afronta un cierre técnico. En Puerto Ordaz los contratistas responsables llevan por lo menos 6 meses liquidando personal y no saben cuándo se reanudarán las obras. La soledad en la vía hacia la central hidroeléctrica, el cierre del portón de entrada a los trabajadores y la ausencia de personal en la planta de cemento, las sedes de los contratistas y la presa confirman la inactividad.
La obra se planificó para iniciar su construcción en 2007 y ser finalizada en 2012, a un costo de 3.000 millones de dólares. Debido a la inflación, las sucesivas devaluaciones, imprevistos y retrasos de los contratistas, el costo ha escalado más del doble: 7.000 millones de dólares, según cifra referida en septiembre de 2013 por el ministro Chacón.
El monto incluye la inversión previa a la construcción (proyección e ingeniería, consultoría, impacto ambiental y gestión administrativa de Corpoelec), los contratistas principales de la obra (OIV en la construcción civil) e Impsa (turbinas y montaje), y la inspección (Consorcio Uriaparí). OIV ha facturado 3.067,4 millones de dólares e Impsa 1.100 millones de dólares.
Un informe de junio de 2013 de la gerencia de la Ingeniería y Proyectos de Corpoelec señala que el contratista de la obra civil (el Consorcio OIV, formado por la brasileña Odebrecht, la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler) ha avanzado 99%. Sin embargo, Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.) tiene un logro menor para los trabajos electromecánicos (construcción y montaje de 10 turbinas), que son el corazón de la represa.
El avance es de 75%. La cifra contrasta con el cronograma de trabajo manejado por Corpoelec y con lo referido por ingenieros, inspectores y técnicos del lugar, quienes aseveran que la turbina 1 está instalada en 60% y tiene defectos que deben corregirse, mientras que la número 2 no está completa. El resto no está en obra. Por su parte, los contratistas principales argumentan que el gobierno ha tenido problemas financieros para terminar de pagar los trabajos.
Corpoelec no estaría dispuesta a pagar montos adicionales derivados del control de cambio e inflación, señalan fuentes. El Ministerio de Energía Eléctrica no contestó una solicitud de entrevista hecha vía electrónica para aclarar el asunto.
Muchos se preguntan cómo escaló el precio de la obra, por qué hay retraso y quién es el socio del sur al que se le encomendó una titánica tarea reservada en el pasado a grandes trasnacionales. En el aire está la promesa de Chávez y Pescarmona, relanzada por Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica en mayo de 2013, luego de asumir el cargo. «Esperamos poner en servicio la primera turbina de Tocoma en abril de 2014», prometió.
Socio por conocer. Pescarmona que cuenta con 5 proyectos eléctricos adicionales en el país por un valor de 2 millardos de dólares ganó la licitación convocada en 2006 para fabricar y montar las turbinas de Tocoma frente a las ofertas de empresas con mayor trayectoria en el ramo (General Electric, Alstom, Siemens, Marubeni, Sumitono, Hitachi, Mitsui, Vatech, Dong Fang y Harbin).
El anuncio tomó por sorpresa a ingenieros con experiencia en la construcción del sistema hidroeléctrico del país porque escasamente habían oído hablar de ella. De hecho, directivos de Edelca recuerdan que hacia finales de la década de los noventa le rescindieron un contrato al argentino para unas compuertas en Guri por estar defectuosas.
En febrero de 2008 el ingeniero sureño firmó contrato y, orgulloso de la hazaña, envió una carta a Cristina Kirchner, en la que señaló que la licitación era «un hito tecnológico importante para la empresa y para el país2, según reseñó La Nación. La mandataria aprovechó un acto de gobierno para anunciarlo al público, leer la carta a los presentes y agregar que ese era «el contrato de exportación más grande que haya hecho la Argentina».
La cuarta joya de la corona de la generación hidroeléctrica venezolana luego de Macagua, Guri y Caruachi fue obtenida por Pescarmona luego de años de querer penetrar Venezuela. En los noventa abrió una empresa de telecomunicaciones con oficinas en Caracas y Maracaibo y cultivó amistades relacionadas con la agroindustria, banca, medios y haras. Pero en tiempos de la revolución bolivariana no le valieron tanto esos nexos como sus buenas relaciones con el ministro argentino Julio De Vido, estratega de las relaciones comerciales binacionales, y con argentinos-venezolanos vinculados a negocios mineros de la Corporación Venezolana de Guayana.
De esa forma, en 2004, Impsa obtuvo la repotenciación de la represa Macagua, después de participar en la primera rueda de empresarios argentinos en Venezuela. El diario La Nación indicó que el contrato se logró a través de José Ernesto Rodríguez, quien había sido gerente de Desarrollo de Impsa y representante en ese país del Banco Guayana.
«El contrato de Macagua no fue licitado. Fue adjudicado directamente luego de un acuerdo entre Chávez y Kirchner. Se ignoró a la junta directiva de Edelca y sus protocolos sobre contrataciones», dijo Víctor Poleo, ex viceministro de Energía y Petróleo en 2001. Rodríguez también fue presidente de Madero Trading, una empresa argentina que, junto a otra de nombre Palmat, fue investigada en 2010 por el juez de ese país, Julián Ercolini, por el supuesto cobro de sobornos entre
2005 y 2009 a empresarios sureños interesados en hacer negocios en Venezuela.
La entrada a proyectos de infraestructura en el país tuvo un costo para Pescarmona, oriundo de la provincia de Mendoza: debió bajar su tono crítico contra las políticas populistas de los Kirchner, para poder ganar la anuencia de De Vido. Una vez amarrado los contratos en el Caroní, el empresario apuntó al epicentro de la economía venezolana, Pdvsa, y no escatimó en llamadas a los protagonistas tras bastidores de la conexión Buenos Aires-Caracas. Guido Antonini fue uno de ellos.
«Estuve en su oficina. Él (Pescarmona) me preguntó sobre mi trabajo, si podía ayudarlo a contactar gente importante en Venezuela», le declaró en 2011 Antonini al diario La Nación, luego de que estallara el escándalo de la valija con 800.000 dólares. Al ser consultado, Pescarmona negó al diario argentino la reunión.
El empresario no entró en negocios directos con Pdvsa, pero en 2010 obtuvo otros contratos hidroeléctricos (la central La Vueltosa en Táchira y la central Jose Antonio Páez en Barinas), que avanzan lentamente, y uno eólico en Zulia, a medio terminar. Coincidiendo con el declive de Tocoma, a mediados de 2013 Corpoelec le suspendió un contrato ya firmado para fortalecer la transmisión desde Guri al resto del país.
En diciembre Pescarmona estuvo en Caracas, pero no se reunió con ningún funcionario, confirmaron sus portavoces en Caracas. «Hoy hay una paralización real de las obras en Tocoma por parte del contratista civil, de inspección y electromecánico porque Corpoelec tiene un problema de pagos con nosotros. Pescarmona está al tanto, pero no vino a dar ninguna instrucción específica», reconoció a El Nacional Tomás Roby, gerente de Impsa Caribe.
La parálisis. A 70 kilómetros al sur de Puerto Ordaz y sobre el margen occidental del Caroní está la obra de Tocoma. Los militares que custodian la entrada principal conversan relajados con unos trabajadores. A la derecha, un cartel lleva la cuenta -desactualizada- de las metas acumuladas de concreto y terraplén trabajado. Es la antesala de una vía de 3 kilómetros paralela a la presa que conduce a los monolitos, estructuras gigantescas de concreto donde se alojan las turbinas.
«A Impsa le quedó muy grande Tocoma», opina un ingeniero venezolano que hasta diciembre trabajó con la empresa. Como el resto de los consultados, prefiere no dar su nombre para proteger su futuro laboral. «La turbina 1 la tuvieron que desarmar porque las ménsulas vibraron», añade. Otro trabajador explica que el desperfecto ocurrió porque la estructura donde reposa no está bien alineada. «No hay ningún vicio que no sea corregible», dijo Roby. La turbina 2 está colocada en la fosa, pero no está instalada.
Entre 2008 y 2012 la obra tuvo varias reprogramaciones y un «aceleramiento» por el cual Corpoelec acordó pagar 300 millones de dólares adicionales a Impsa. El objetivo era incorporar rápidamente más energía al sistema, debilitado por la crisis eléctrica de 2010. En 2012 la presión del gobierno por inaugurar era tan grande que se pensó en colocar un mecanismo externo a la turbina para que girara. «Era un show que querían montar para cuando se transmitiera el acto por televisión», dijo un inspector de la obra. Roby lo niega.
«No fue un engaño. La primera turbina se bajó al pozo y estuvo lista.Se hizo un ensayo en seco, sin turbinar agua, pero no se pueden empezar las pruebas definitivas si el lago no está inundado». Esa parte del trabajo corresponde a OIV, agregó. Las opiniones dentro de la obra también apuntan a ese consorcio. «Las casas de máquinas no estuvieron listas para instalar los equipos electromecánicos», señaló un trabajador.
Impsa asegura que la falta de pagos de Corpoelec es el principal obstáculo de la obra. «Esto se enrareció hace más de un año, cuando dejaron de pagar. A Impsa le deben 50 millones de dólares». La cifra contrasta con lo que se ha facturado: 1 millardo de dólares desde que firmó el contrato en 2008.
Agrega que sólo se reunió con Chacón en una oportunidad. El ministro no se ha referido a la empresa argentina sino para decir en mayo que están discutiendo reconfigurar su contrato.
Fuentes de Odebrecht y del Consorcio Uriaparí (contratado para la inspección) confirman que el gobierno ha dejado de pagar. Indican que al primero le deben 1,6 millardos de dólares, al segundo 138 millones de bolívares. En diálogo con trabajadores y representantes del Ministerio del Trabajo, funcionarios de Corpoelec han explicado que la razón es que el Fondo de Desarrollo Nacional no ha hecho las transferencias requeridas.
Un elemento clave en la desaceleración de los trabajos de Impsa se debe a la salida de uno de sus contratistas de la obra, en 2013, la empresa japonesa HPC, filial de Hitachi, encargada del montaje de las turbinas. Fuentes en Puerto Ordaz indican que HPC despidió alrededor de 150 personas, pero Corpoelec le solicitó no retirar su maquinaria porque espera que culmine el montaje en otras condiciones. La compañía nipona se excusó en hablar del asunto, a través de un correo electrónico.
La solución que visualiza Impsa, dice Roby, es ³la redefinición de cronogramas y ver qué pagos acompañan ese proceso². Una alta fuente del Consorcio OIV indicó: ³Seguimos en la obra con un equipo de contingencia.
Trabajamos junto a Corpoelec y bancos de Venezuela en busca de una solución financiera para el pago de la deuda de modo de concluir este importante proyecto para el país². Indicó que el gobierno les debe 774 millones de dólares. En Puerto Ordaz no ven inauguración antes de 2016. Corpoelec tiene la palabra.
Mano de obra extranjera
Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (Impsa) ha contratado varias empresas en el extranjero para fabricar las complicadas piezas de las 10 turbinas Kaplan de 216 MW, las más potentes de ese modelo. Las 8 turbinas que restan para instalar en la central hidroeléctrica de Tocoma están embaladas por piezas en los talleres de sus contratistas en China y República Checa, indicó una fuente que trabajó hasta hace un mes en la empresa. También se encuentran en los galpones de trabajo metalmecánico de la compañía en Mendoza (Argentina) o en las aduanas venezolanas.
«Hace unos meses el rotor de la máquina 10 estaba embalado en República Checa para su despacho, igual el eje superior, que estaba en Argentina con los álabes puestos», indicó la persona. La razón de que no estén en la obra es que la empresa no ha querido despachar los materiales hasta resolver las diferencias de los pagos que Corpoelec le adeuda. La corporación, entretanto, alega puertas adentro que ya ha pagado la totalidad del proyecto y que los cobros adicionales por inflación y devaluación de la moneda no corresponden.
El estancamiento de la situación ha hecho que muchos trabajadores se estén acogiendo a la oferta de Impsa de una liquidación doble, mientras otros han regresado a Argentina y Brasil. Si la situación no se resuelve antes de mayo, señala un ingeniero, la empresa introducirá ante el Ministerio del Trabajo una solicitud de culminación de contrato para poder liquidar al personal de manera sencilla.
Fuente: EN
Por Fabiola Zerpa
