Centanres de personas pasaron la noche a las puertas de Daka luego de que esta empresa fuese ocupada por el Ejecutivo Nacional, por el presunto delito de usura.

Para preservar su puesto en la cola y garantizar que le vendan los productos a los nuevos precios que puso el Gobierno, a las personas no les importó pasar dormir sentados en el piso a la interperie ni tampoco la lluvia que se registró a primera hora de la mañana (en el caso de Caracas).

La escena se reipte en Daka de Bello Monte y Boleita, donde llegan más y más personas con la esperanza de poder comprar los productos.

Hasta ahora en Caracas, la aglomeración no ha generado ningún problema y las personas sólo esperan atentas a que inicie el proceso de venta.

Fuente: http://www.elmundo.com.ve/

Con miras a la gran marcha autoconvocada para hoy por parte de la población venezolana en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, numerosos puntos empiezan a concentrar a los manifestantes.

En la imagen, se puede observar como va la concentración en Plaza Altamira en Caracas.

Fuente La Patilla

“Un exceso policial por parte de dos funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia desencadenó mi detención durante cinco horas y media por tomar una fotografía. Los uniformados trataron de impedir la cobertura periodística del traslado de Renny Segundo Fuenmayior, quien presuntamente enterró a su propio padre, Renny José Fuenmayor, luego de que su progenitora lo asesinara a tiros.

Eran las 10:45 de la mañana cuando la comisión policial llegó en la patrulla número 204 a la sede del Circuito Judicial Penal en Cabimas presuntamente con el imputado.

Luego de conocer la noticia del traslado me acerqué a realizar las fotografías, desde las afueras de la instalación judicial, cuando los dos oficiales, (uno de apellido González) de forma violenta y grosera arremetieron en mi contra. Me exigieron la identificación. Les mostré el carnet de reportero y decidieron obstaculizar las labores que realizaba.

“¿Por qué no se afincan así con los delincuentes?”, les grité. Ese fue el detonante para que salieran de forma arbitraria a quitarme el equipo.

Al verlos retrocedí y entre un grupo de gente (mujeres, hombre y un niño) traté de evitar que los dos policías me quitaran la cámara. Sin embargo, un civil me propinó un golpe en la cara y de una vez, entre empujones , me arrebataron el equipo. Me esposaron y, cual delincuente, me embarcaron en la patrulla que llegaron. Fui trasladado a la coordinación de Ambrosio, en Cabimas.

Pude vivir en carne propia la vejación humillación y censura en mi función única y exclusiva de informar.

En el comando del Cpbez me quitaron mis pertenencias y me enviaron directo a un calabozo. Me ordenaron a quitarme la ropa, quedé en ropa interior. El olor putrefacto de heces y orina impregnaba en la celda.

No entendía por qué tanto ensañamiento contra un periodista. En ese calabozo estuve casi cuatro horas hasta que me trasladaron en la misma patrulla, y con uno de los policías que me detuvo, a la Comandancia General del Cbpez en Maracaibo para que el director de ese organismo, Julio Yépez, escuchara las versiones.

El general Yépez Castro pasó primero a su despacho al oficial más antiguo de la comisión para que le “echara” el cuento. Luego ordenó mi ingreso.

Al ver a la autoridad, le conté toda la experiencia que viví en el calabozo, en condiciones infrahumanas. ¿Qué pasa cuando a los policías le quieren quitar su arma?, cuestioné. En mi caso le expliqué que soy periodista y reportero gráfico y mi cámara es mi arma y nunca dejaré que me la quiten en mis funciones.

El general Yépez Castro hizo algunas recomendaciones para advertirme y evitar futuras confrontaciones: “¿Aprendiste la lección?”.

Le puedo decir a Yépez Castro que sí aprendí a ver cómo algunos policías manipulan los hechos a su conveniencia. También aprendí que las celdas de los comandos deben ser reacondicionadas con urgencia.

Además del aprendizaje que tuve, le recuerdo que con nuestro trabajo de investigación ayudamos a los organismos policiales a esclarecer los casos .

Por último, recuerde que no somos enemigos de los policías sino aliados para la luchar contra la delincuencia.

Gracias a la oportuna y efectiva intervención del secretario de Seguridad, Jairo Ramírez, se logró mi libertad, evitando que me levantaran, injustamente, un expediente”.

Fuente http://panorama.com.ve/

A las 5:30 a.m. de ayer taxistas de Hoyo de la Puerta trancaron los accesos a la autopista Regional del Centro, desde le redoma del sector, para demandar mayor seguridad tras el asesinato de uno de sus compañeros. Por tres horas se prolongó la protesta que dejó atrapados en el tránsito a los conductores que pretendían movilizarse a la capital y el Occidente del país.

Desde el 29 de octubre hasta el pasado 7 de noviembre, al menos 19 protestas ocurridas en vías principales de Gran Caracas se habían reseñado solo en las páginas y el portal web de El Universal. La de Hoyo de la Puerta fue la número 20 y no es más que el reflejo de un problema de dos caras: el que protesta tiene derecho a hacerlo y el que se muestra en desacuerdo con esta acción, también.

El derecho a la manifestación pacífica y sin armas está contemplado en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en la misma Carta Magna queda dispuesto el derecho a libre tránsito (art. 50) y en la Ley de Transporte Terrestre se garantiza a vehículos y peatones la libre circulación aun cuando se realicen manifestaciones (art. 74). Cada vez con más frecuencia conductores quedan atrapados en medio de largas colas debido a trancas generadas por protestas públicas. Y en Caracas las calles no solo sirven para liberar el descontento de los propios sino de quienes llegan desde el interior del país para buscar respuestas en las instituciones del poder central.

Marco Antonio Ponce, coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, explica que en lo que va de año han contabilizado alrededor de 3 mil protestas en todo el país, y 80% de ellas tienen que ver con la reivindicación de derechos sociales, incluidos los laborales que abarcan 40%.

Considera que el intento por confrontar los derechos de manifestantes y ciudadanos no involucrados en la protesta es parte de una «matriz» promovida desde los centros de poder oficial para que la colectividad genere rechazo cuando las exigencias se realizan a sus instituciones.

«Cuando una manifestación conviene al Gobierno poco se apela al derecho a libre tránsito. En todo caso, los cuerpos de seguridad tienen por mandato establecer los dispositivos de seguridad y de orden público para garantizar la vida de los manifestantes y de terceros, pero para que también haya libre tránsito. La visión no puede ser la de una confrontación sino de que el Estado venezolano garantice el cumplimiento de ambos derechos y que responda también a las exigencias de sus ciudadanos», dice.

Destaca que en el país 98% de las protestas se realizan en términos pacíficos y que, a estos efectos, la Constitución en su artículo 68 prohíbe a las autoridades el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para lograr su control. En los casos donde se registra violencia, las autoridades pueden aplicar el uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, pero siempre en el marco de la Constitución.

El inspector Einer Giulliani, abogado y subdirector de la Policía de Chacao, explica que los cuerpos municipales solo pueden intervenir en las manifestaciones de calle de forma preventiva pues la competencia de orden público es de los cuerpos regionales, nacionales y castrenses; de acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio de Policía y de la Policía Nacional.

«Lo que hacemos es acordonar el área donde ocurre la protesta y desviar el tránsito. Podemos buscar negociar a través del diálogo pero no intervenir con equipo antimotín», explica. En la capital esta última función la ejecuta la PNB y, si es desbordaba por la situación, interviene la Guardia Nacional, con criterios de disolución que se asumen en cada caso.

El estallido emocional

«El que protesta lo hace para causar un disturbio que obligue a la gente a prestarle atención», precisa el psicólogo social Axel Capriles. Asevera que cuando el Estado no le brinda a su población un camino institucional en la resolución de sus temas fundamentales la sociedad busca otras vías para exigir lo que no se le ha dado. Sobre casos en los que manifestantes no buscan restituir un derecho sino evadir sanciones -motorizados que protestan por multas, por ejemplo- cree que es parte del «individualismo anárquico» alimentado por el gobierno, donde la persona busca cumplir normas bajos sus condiciones.

«El problema central de la protesta actual es que es episódica, fracturada e individualizada. A eso se une una característica que es el estallido emocional momentáneo en el que, por desesperación o rabia, un grupo llega, toma la calle y luego se retira. La protesta sin un sentido claro de qué es lo que se quiere, sin un plan de metas, no es más que individual y caótica como vemos ahorita».

Fuente EU

El candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, Ismael García, indicó que el 60% de los caraqueños dicen que la inseguridad «es el problema más grave por resolver». «El 80% de los asesinatos que se cometen en Caracas son el municipio Libertador».

De acuerdo a esto, aseguró que de resultar electo se ocuparía de mejorar los sueldos de funcionarios policiales de 3 mil bolívares a 8.500. «En el municipio Libertador hay 1800 agentes y de esos 800 se dedican a cuidar a enchufados y el resto hace su propio trabajo para sobrevivir».

En su opinión, el bajo salario que gana la policía municipal los obliga a salir a robar.

Entre las propuestas que comprende su candidatura, señaló que en cada escuela esté un policía con un radio, mejorar el sistema de salud primario y un plan de emprendimiento social para las mujeres.

Fuente  http://www.ultimasnoticias.com.ve/