El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció este jueves por primera vez la responsabilidad del Estado colombiano en «graves violaciones» a los derechos humanos, en una intervención ante la Corte Constitucional para defender una reforma jurídica en el marco del proceso de paz.
«El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno», dijo el mandatario al defender una reforma constitucional que permitiría crear un mecanismo de justicia transicional.
«Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad», enfatizó Santos.
El presidente intervino ante la Corte Constitucional para defender una reforma conocida como «marco jurídico para la paz», que es considerada como la base legal del proceso de negociación que lleva a cabo con la guerrilla comunista de las FARC en Cuba desde noviembre de 2012.
Esa reforma, aprobada por el Congreso el año pasado y que requiere el aval de la Corte Constitucional, permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.
Los máximos jefes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han sido ya condenados en ausencia a prisión por diversos delitos.
«Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), y los desmovilizados de las Autodefensas (Unidas de Colombia, paramilitares de derecha), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental», resaltó el gobernante.
Con el proceso de paz, el gobierno de Santos busca poner fin a un conflicto armado interno que desde los años 1960 ha dejado millones de víctimas y es el más prolongado del continente.
Para Santos, «la imposibilidad de materializar la paz ha limitado nuestra capacidad de garantizar plenamente otros derechos».
«Hoy estamos ante la posibilidad de hacer por fin realidad ese anhelo de paz y de esa manera poder finalmente proteger como corresponde los derechos de todos los colombianos y de las víctimas en particular. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad», resaltó.
Para el politólogo Fernando Giraldo, la declaración de Santos «es un mensaje muy importante para la sociedad».
«Es obvio que las FARC estaban esperando ese gesto», dijo Giraldo a la AFP, al considerar al mismo tiempo que ahora el Estado se verá «más comprometido en la reparación a las víctimas».
Las críticas de los organismos de derechos humanos
Pero más allá del significativo gesto de reconocer la responsabilidad del Estado en los abusos a los derechos humanos en Colombia, el debate sobre qué tipo de justicia se aplicará en un eventual postconflicto sigue abierto.
La reforma constitucional ha sido objetada por organismos de defensa de los derechos humanos, que también intervinieron este jueves ante la Corte.
Específicamente, los organismos humanitarios, entre ellos Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas, consideran que la previsión de que se investigue a «los máximos responsables» de los crímenes más graves «cometidos de manera sistemática» excluye a miles de víctimas que no encajan en esa definición.
En defensa de la reforma, Santos aseguró que en vez de «pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir», se busca «construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas».
En la audiencia, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, resaltó que el proceso de paz de La Habana es «una iniciativa valiosa que esperamos que contribuya al bienestar de la sociedad colombiana».
Pero subrayó que «la paz no puede estar basada en el perdón mutuo entre combatientes, tiene que basarse en las víctimas que serán las que en última instancia la validarán», enfatizó.
En la audiencia pública ante la Corte intervinieron también este jueves representantes de las víctimas.
En defensa de la norma, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, uno de los negociadores en los diálogos de La Habana, sostuvo que lo que piden sus críticos al gobierno corresponde a «un Estado en paz».
«Pero nosotros no estamos en paz, estamos tratando de poner fin a un conflicto armado para luego construir la paz», destacó.
También José Miguel Vivanco, directivo de Human Rights Watch, criticó duramente esa reforma ante los magistrados de la Corte.
«Esta enmienda constitucional impacta de modo decisivo en la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia, dado que ofrece la posibilidad cierta de negar justicia a millones de víctimas del conflicto», dijo Vivanco, al aseverar que «abre la puerta a la inmunidad».
Después de escuchar los alegatos en la audiencia pública de este jueves, los magistrados de la Corte Constitucional se tomarán algunas semanas para anunciar su dictamen, probablemente a fines de agosto.
Experiencias anteriores
Colombia tiene una experiencia anterior en la aplicación de la justicia transicional: el mecanismo que se utilizó para lograr la desmovilización de las milicias paramilitares de derecha, disueltas entre 2003 y 2006, durante el gobierno del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010).
Entonces, mediante una ley conocida como de Justicia y Paz, a los jefes paramilitares se les garantizó penas máximas de ocho años de cárcel, a cambio de que confesaran sus delitos y reparasen a sus víctimas.
Esa ley, también severamente criticada por organismos de defensa de los derechos humanos, ha permitido determinar los vínculos que se establecieron entre los paramilitares y sectores del Ejército y de la política.
Fuente: Globovisión
