El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, señaló que «la normativa produce más burocracia, centralismo e interfieren en las relaciones entre individuos sin tomar en consideración factores como la inflación»
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela cuestiona la norma del Ministerio de la Vivienda que regula los contratos de opción de compra y venta y además establece los procedimientos de cobro de las penalidades.
En la resolución del despacho se señala que «en los contratos de opción de compra se consideran cláusulas excesivas aquellas que prevean la retención, pérdida o disposición de más de 10% del monto otorgado por el adquiriente de vivienda y sólo será exigible cuando medie responsabilidad comprobada por alguna de las partes en el retardo de la protocolización del documento». Anteriormente, la penalidad por incumplimiento de contrato se definía en los documentos y era un porcentaje acordado entre las partes.
El presidente de la organización, Aquiles Martini, señaló que «la normativa produce más burocracia, centralismo e interfieren en las relaciones entre individuos sin tomar en consideración factores como la inflación».
Agregó que «la resolución del Ministerio dice que en ningún caso se considerará responsabilidad de las partes cuando el retardo en el desembolso de recursos para protocolizar la venta del inmueble dependa de un tercero en la relación. ¿Quiénes son los terceros? ¿Los bancos? ¿El Ministerio? ¿Quién responde por las pérdidas cuando un contrato no se cumple? El Gobierno ignora que ya han ocurrido problemas por demora en el otorgamiento de créditos, y que además crece la inflación, y estas resoluciones constituyen un castigo a los inversionistas de viviendas en construcción o a los propietarios que desean vender su inmueble».//AGM
Fuente: EU