1 No hay voluntad política. Desde el gobierno, en términos generales, siempre se ha visto al motorizado como a un aliado, y a muchos de ellos se les ha utilizado como fuerza de choque en días de elecciones o actos políticos. El sociólogo Francisco Coello cree que ahí está la raíz del caos motorizado, la explicación de por qué se le deja actuar con tanta impunidad e infringiendo todas las leyes de tránsito.
2 Falta de fiscales de transito. Con la homologación de las policías de circulación a la Policía Nacional todos los efectivos de circulación pasan a ser policías integrales. El cuerpo técnico de vigilancia de transporte terrestre tiene 300 funcionarios para cubrir 2.650 kilómetros de vías en el área metropolitana en los que se producen diariamente cuatro millones de viajes. Debería haber al menos 4 mil fiscales.
3 Las multas no se pagan. El operativo que comienza hoy para imponer orden entre los motorizado se apoya en el aspecto sancionatorio: se ha anunciado que se empezará desde a multar a los motorizados que incumplan las leyes de tránsito. Sin embargo, las multas no se pagan, y por lo tanto no tienen gran poder de disuasión. En Chacao se han pagado apenas el 8% de las multas impuestas a motorizados.
4 No se respeta la autoridad. En las calles de Caracas es común ver a policías en motos haciendo todo tipo de irregularidades, y eso ha provocado que no exista por parte de los motorizados mucho respeto hacia las autoridades. En muchos casos los motorizados ni siquiera respetan la voz de alto de los funcionarios, sean éstos fiscales o incluso policías o guardias que montan una alcabala.
5 Superpoblación de unidades. Desde hace unos diez años comenzó la importación de motos populares desde China, pero nunca hubo ningún tipo de control sobre las unidades vendidas. El censo de motorizados que se intentó hace dos años resultó un fracaso. La última cifra oficial de cantidad de motorizados es de 210 mil en 2009, pero Sotravial calcula que esa cifra hoy es, por lo menos, el triple.
6 Planes sin continuidad. Los planes para mejorar la movilidad no han tenido continuidad en el tiempo. El último plan fue el de los corredores viales, que entre sus propósitos estaba impedir que las aceras sirvieran de estacionamiento a motos, cosa que se logró solo por unos días. En la avenida Urdaneta, frente al centro Candoral, incluso existe una compañía de mototaxis que para todas sus unidades en la acera.
7 El delito anda en dos ruedas. Casi el 70% de las denuncias que recibe la División de Vehículos del CICPC son por robo de motos, y el índice de recuperación de las unidades robadas no llega al diez por ciento. Se calcula además que más del 80% de los delitos de la ciudad son perpetrados por personas que utilizan la moto como vehículo. Esta relación moto-delincuencia también contribuye al caos vial.
8 Leyes obsoletas. El único documento legal que rige el mundo motorizado es la Ley de Tránsito Terrestre, la cual fue redactada hace 16 años, cuando la cantidad de motos era veinte veces menor a la de hoy. El reglamento que debe regular la actividad de los motorizados está redactado pero nunca fue promulgado. El plazo para su promulgación ha ido de prórroga en prórroga desde finales de 2011.
9 Pocas campañas educativas. Antes de comenzar el operativo de hoy, el gobierno llevó adelante, durante varias semanas y en algunas vías principales de la ciudad, la campaña «No pifiar», en donde se recordaba a los motorizados la importancia de cumplir las leyes de tránsito. Sin embargo, la misma tuvo un alcance muy limitado, pocos funcionarios estuvieron involucrados y fue una iniciativa aislada.
10 Falta de honorabilidad en los fiscales. Como dice Celia Herrera, directora de Sotravial, el fiscal es visto como un matraquero, como alguien que solo está interesado en obtener algo de dinero extra por las infracciones del conductor o motorizado. A Herrera le preocupa además que no exista contraloría interna ni ningún tipo de supervisión a la tarea que realizan los fiscales de tránsito.
JAVIER BRASSESCO | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
