Por Ricardo Hausmann , Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios / The New York Times

Una pareja intenta encender el fuego este 27 de junio de 2018, para hacer la comida de 14 venezolanos que viven en las calles de Pacaraima (Brasil). El Gobierno brasileño construirá un nuevo albergue para acoger a los cientos de venezolanos que han huido de la crisis económica, social y política de su país y que actualmente viven hacinados en las calles de Pacaraima, una pequeña ciudad en la frontera con Venezuela. Foto: EFE/Antonio Lacerda
 

La situación de Venezuela continúa agravándose año tras año. Si se cumplen las proyecciones de los organismos multilaterales para 2018, el país habrá perdido cerca del 50 por ciento de su producto interno bruto en cinco años. Esta caída se encuentra entre las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años, por encima de Zimbabue entre 2002 y 2008, y comparable solo con la de países que fueron soviéticos luego de la transición del comunismo. O a la de conflictos bélicos como los de Irak, Liberia, Libia y Sudán del Sur en las últimas tres décadas.

A medida que se deterioran las condiciones del país, también cambian las estrategias y los apoyos requeridos para lograr su recuperación. Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más clásica del término. América Latina y la comunidad internacional deben entenderlo así y asumir el rescate de la nación latinoamericana como una urgencia.

Desde 2013 hemos venido trabajando en los lineamientos de un plan de rescate para “el día después” del fin del régimen chavista. En septiembre de 2014, propusimos una reestructuración de la deuda con el fin de evitar el colapso inminente y compartir las cargas del ajuste de manera más equitativa entre los venezolanos y los acreedores de deuda pública externa. A finales de 2015, alertamos sobre la catástrofe humanitaria que se aproximaba. A principios del año 2016, propusimos acompañar la reestructuración con un programa de asistencia extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Trabajando con un grupo de economistas venezolanos, calculamos que en aquel entonces se requerían 54.000 millones de dólares en cinco años; una cantidad similar —diez veces la cuota del país— a la ayuda que el FMI le dio a Grecia en 2010 y a Argentina hace algunos meses. Los resultados los recogimos en una propuesta para rescatar el bienestar de los venezolanos que hicimos pública en 2017.

Pero el día después no ha llegado y el futuro ya no es lo que era antes. Al actualizar nuestros estimados con los datos más recientes, hemos tomado conciencia de que los 54.000 millones de dólares que propusimos el año pasado ya no alcanzan. La causa de esta insuficiencia es la enorme destrucción de valor en los últimos doce meses. De acuerdo con un reciente reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en mayo de este año la producción petrolera de Venezuela fue 570.000 barriles por día inferior a la de mayo de 2017, una caída del 29 por ciento. Esta diferencia representa unos 12.000 millones de dólares anuales, cifra similar al total de las importaciones del año pasado, y equivalente a 140 por ciento de las reservas internacionales del país. Además, han colapsado los sistemas de refinación, generación eléctrica, agua, gas doméstico y salud, y se han ido del país más de un millón de venezolanos.

Nuestro problema ya no se puede resolver solo con una reestructuración de deuda más profunda o con un programa de asistencia financiera más grande. Aunque los fondos de los organismos multilaterales —como el FMI— vienen a tasas de interés muy bajas, estos préstamos deben ser repagados. Las normas del FMI requieren que el país sea lo suficientemente solvente en un plazo razonable como para poder emitir deuda a tasas de mercado, a fin de devolver los préstamos obtenidos. Dados los daños registrados en los últimos doce meses, la necesidad de fondos adicionales sería de tal magnitud, que el país quedaría sobrendeudado y perdería la posibilidad de acudir a los mercados financieros para repagarle al FMI.

Una comparación simple puede ayudar a comprenderlo: si a una persona, con buena salud, se le quema la casa que compró mediante una hipoteca, es difícil que pueda adquirir otra con otro préstamo, y salir adelante con dos hipotecas. Por lo mismo, los bancos le prestarán el crédito para una segunda hipoteca solo si se elimina la primera. Pero si, además, la persona perdió la salud y se encuentra incapacitada para trabajar a ritmo normal durante algunos años, los bancos no le prestarán para la vivienda a menos de que otros aporten parte del capital.

Lo mismo ocurre con Venezuela. Ya no es una de esas naciones que pueden ir a los mercados financieros cuando lo necesiten. Tampoco es de los países de ingresos medios, que no lo pueden hacer, pero sí pueden recurrir a préstamos ordinarios de organismos multilaterales. Hoy en día Venezuela es un país pobre, altamente endeudado, que no podrá salir adelante solamente con pedir prestado. Para estos países se creó otro recurso: las donaciones.

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Ricardo Hausmann es director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard University. Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios son investigadores del mismo centro.