La petición de apertura incidental se presentó a la Corte por las ‘Partes de Venezuela’ [Octubre 9/2025] a los efectos de destituir al SM, cuestionando a su vez la validez de la subasta
Citgo sigue librando una batalla difícil y compleja en la Corte de Delaware. [Crystallex et al vs. República Bolivariana de Venezuela Exp. C.A. No.17-mc-00151-LPS]. Un proceso que hemos calificado como injusto y minado de artificios procesales donde el juez Leonard P. Stark autorizó la venta de las acciones de PDV Holding, Inc. (matriz de Citgo Petroleum) para satisfacer laudos arbitrales contra Venezuela tras haberse declarado [a nuestro criterio ilegalmente] que Citgo es alter ego del Estado venezolano.
Para organizar el remate, el juez Stark nombró un Special Master (SM en adelante) llamado Robert Pincus, encargado de diseñar y supervisar el procedimiento de subasta, recomendar el comprador más conveniente y coordinar con el Tesoro de EE.UU (OFAC) licencia al vencedor para avalar posible transferencia de activos.
El juez Leonard Stark había fijado una audiencia de remate el pasado mes de agosto de 2025. Sin embargo se vio obligado a diferir la audiencia por una nueva oferta [no-solicitada] del acreedor Amber Energy apoyado por Red Tree, vehículos litigiosos de Fondos Filiales cazadores de deudas impagables [Contrarian y Elliotts Investment].
El SP descartó la oferta del querellante Gold Reserve para favorecer la apadrinada por Elliott. Aquí se disparan las alarmas. Los Abogados de PDV Holding/Citgo y la República de Venezuela [partes venezolanas en juicio] denunciaron que el SM/liquidador y [sus] asesores, Weil, Gotshal & Mangens LLP [Weil en o sucesivo] y Evercore Inc., habrían incurrido en conflicto de interés por formar parte de la misma estructura consultora de Elliott Investment, quién a su vez es factor interesado de los Bonos PDVSA 2020. .
Un opening Brief o apertura incidental in comento, ha sido solicitado por La República, la Directiva PDV Holding + Citgo Petroleum, asistida por las firmas CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP; EIMER STAHL LLP y MORRIS, NICHOLS, ARSHT & TUNNELL LLP. Esta petición [acusación por prevaricación contra el SM] podría ‘voltear la tortilla’ tanto en lo jurídico como en lo político y moral en el juicio de Delaware. Analicemos por qué.
Un conflicto de intereses elocuente.
La república de Venezuela, PDV Holding y Citgo han denunciado al Special Master Robert Pincus y a sus asesores Weil y Evercore, por conflicto de interés. La petición de apertura incidental se presentó a la Corte por las ‘Partes de Venezuela’ [Octubre 9/2025] a los efectos de destituir al SM, cuestionando a su vez la validez de la subasta [venta forzosa de CITGO].
El SM Robert Pincus, designó oficialmente como [sus] asesores legales al despacho legal Weil, Gotshal & Manges LLP, y como consultores financieros/bancarios a Evercore Partners, firmas que simultáneamente tenían vínculos financieros con Elliott Management (fondo de Paul Singer) y con otros bonistas-PDVSA 2020 [que poseen garantía del 50.1% Citgo]. Dichos asesores recomendaron estructuras de ofertas (bids) que beneficiaban a Elliott y a los bonistas PDVSA 2020 previendo/desviando más de US $2.000 millones a su favor. En términos más sencillos, el SM cambió su recomendación inicial (Gold Reserve) para favorecer [parcializadamente] a Elliott, cuando éste ofreció mejoras en la apuesta que priorizan el pago a los tenedores de bonos PDVSA-2020 donde el fondo tiene interés.
Al decir del escrito acusatorio presentado por ‘las partes de Venezuela’ [La república, CITGO, PDVH], “los asesores del SM [Weil y Evercore], no sólo han sido los principales artífices de las recomendaciones presentadas al Tribunal, sino que también han ejecutado el propio proceso de venta”. En cuanto a los tenedores de bonos PDVSA-2020, [sus] relaciones comerciales con la firma Weil son profundas y aún más lucrativas. Desde 2021 esos tenedores y sus afiliados han pagado elevados honorarios a Weil, asesores del SM [Ver Opening Brief/Las partes de Venezuela/ 09/10/2025, Exp. C.A. No.17-mc-00151-LPS].
La recusación contra el SM, Weil y Evercore se fundamenta en el Título 28 del Código de los EEUU [U.S.Code] que regula los Procedimientos Judiciales, y la sección 455, que trata específicamente de la inhabilidad o recusación de jueces y funcionarios judiciales, por interés financiero directo o relación fiduciaria y/o de consultoría previa […] La incidencia busca determinar «si una persona objetiva y razonable que conoce todos los hechos, consideraría que la imparcialidad del funcionario judicial podría cuestionarse razonablemente» (v.p.g. Caso Kensington II). La imparcialidad-alegan las partes de Venezuela, debe juzgarse desde la perspectiva del «hombre de la calle», es decir, alguien ajeno al sistema judicial, “porque los legos a menudo están dispuestos a dar rienda suelta a sus sospechas y dudas sobre la integridad de los jueces, mientras que los miembros del sistema judicial, pueden considerar que los conflictos alegados son más inocuos de lo que lo haría un profano”.
En otras palabras, la imparcialidad del SM [Pincus] como agente liquidador de una venta forzosa de la magnitud de CITGO [estimada judicialmente en más de 8 billones de dólares, pero valorada en libros-CITGO-entre 15 y 18 Billones de dólares] no puede quedar en manos de un liquidador que favorece el remate a postores involucrados [Elliott] con sus propios asesores legales [Weil] y financieros [Evercore]. Una apariencia de parcialidad que puede ser vista hasta por el “hombre de la calle”.
El objetivo [de la sección 455] es evitar incluso la apariencia de parcialidad» en aras de«promover la confianza pública en la integridad del proceso judicial». Así lo han alegado ‘las partes de Venezuela’, estableciendo que no es un asunto de «falta de conocimiento» del funcionario judicial, porque «el conocimiento no es un elemento constitutivo de una infracción del artículo 455 sino de integridad, objetividad y transparencia.
Esto podría terminar muy mal para el liquidador, para algunos de los apostadores y mejor para CITGO.
Los denunciantes fundamentan su acusación en “la amplia defensa de Weil y Evercore [firmas asignadas por el SM como sus asesores] a favor de Elliott y los bonistas 2020 de PDVSA. Es preocupante que [Weil y Evercore] habiendo mantenido relaciones exclusivas con el Special Master [SM] hayan sido a su vez asesores de Elliott en 2024, subrayando que “han intentando negociar un acuerdo con los bonistas”. La selección de la apuesta [Bid] en favor de Elliott por el SM, desliza una percepción de preferencia parcializada. Con una estructura de depósito en garantía [dando prioridad a pago a los bonistas] Elliott reaparece-indicamos-con el compromiso de colocar en beneficio de los bonistas más de 2000 millones de dólares. Esta ‘composición privilegiada’ fue el factor que desestimó la oferta solicitada de Gold Reserve […] Con el asesoramiento de Evercore y Weil, el SM seleccionó esa oferta conjunta [Contrarian, Red Tree y Elliot] a pesar que la oferta era más baja. ¿La razón? Supuestamente ofrecía mayor certeza debido a que ‘el acuerdo’ pagaría a los bonistas PDVSA-2020.
Si el SM es destituido o descalificado, el juez Stark podría suspender la fase de adjudicación para revisar la validez de las recomendaciones del SM. Incluso podría anular la selección del “winning bid” [oferta ganadora apoyada por Elliot] y ordenar una nueva ronda de evaluación y/o un nuevo Special Master. Este escenario retrasaría significativamente la liquidación de Citgo. Cualquier suspensión implicaría nuevas órdenes OFAC, revisión de los acuerdos de confidencialidad y la posible reapertura del plan de monetización de acciones.
¡Ahora es que queda tela que cortar!
Para los Fondos Elliott y Contrarian si el tribunal concluye que hubo connivencia o privilegio indebido, sus ofertas podrían ser descalificadas o revisadas, y perderían posición preferente en la lista de pago […] Para Venezuela (y la Junta PDVSA Ad Hoc et al) una eventual destitución del SM podría dar tiempo y margen político para renegociar una reestructuración o argumentar que el proceso está viciado por corrupción o parcialidad, buscando la nulidad del remate.
Para EE.UU y OFAC un hallazgo de conflicto podría obligar a revisar el aval político del Tesoro al procedimiento. Una eventual destitución del Special Master por conflicto de intereses, no sólo afectaría la credibilidad del proceso de remate de Citgo, sino que podría: i.-reiniciar la subasta; ii.-cambiar la jerarquía de acreedores y iii.-reabrir la puerta a objeciones de Venezuela y de la OFAC sobre la validez del procedimiento.
En términos prácticos, sería el mayor golpe institucional al remate desde 2021, con la potencial consecuencia de congelar la ejecución de la subasta y verse obligado a rediseñar otra.
La descalificación forzosa no es automática. Históricamente el tribunal ha sido cauteloso en anular todo el trabajo del SM, salvo evidencia clara de parcialidad incurable. Pero el cambio de recomendación de Pincus, favoreciendo la nueva apuesta de Elliott que incluye Bonistas, y las alegaciones documentadas, ilustran la eventual prevaricación “como lo vería un hombre de la calle”. Ello podría conducir a una posibilidad real de medidas correctivas (investigación, nulidad puntual o reinicio parcial del proceso).
Si el juez decide no apartar al SM [Pincus], las mociones y posibles apelaciones (petitions for mandamus en casos extremos) igual retrasarán la confirmación del ganador y pueden forzar que el tribunal reabra o reinicie partes del proceso de venta. ¿Cuáles evidencias inclinaría el criterio del tribunal?: (i) pruebas de relaciones comerciales o de representación entre Pincus (o su firma/consultores) y Elliott/bonistas 2020 no reveladas; (ii) comunicaciones que muestren coordinación o favoritismo; (iii) remuneraciones contingentes o acuerdos que creen incentivos claros.
Si la evidencia es circunstancial o basada en mera percepción, el tribunal probablemente buscará mitigaciones en vez de remover al master. Pero si la parte que solicita la recusación demuestra hechos concretos que hagan razonable la sospecha de parcialidad, vamos a ‘otra historia procesal de pronóstico reservado’. Citgo habría ganado un tiempo valiosísimo y primordial para renegociar y superar la cuesta.
Impacto político y estratégico. ¿Se salvará Citgo?
La sola existencia de un conflicto de interés aparente afecta la legitimidad pública e integridad del proceso. Los otros acreedores, EEUU, la diáspora venezolana y las partes venezolanas traerán al ruedo cuestionamientos sobre la objetividad y equilibrio del proceso. La narrativa de “venta amañada” será plausible para impugnar la transferencia de activos estratégicos […] Para bonistas PDVSA 2020 y otros acreedores, la incertidumbre jurídica reduce el valor realizable y puede provocar reagrupamientos estratégicos (coaliciones de acreedores, nuevas ofertas, petitions en tribunales federales competentes). Si la evidencia del conflicto es fuerte, la corte apartaría a Pincus [SM] y ordenaría una nueva etapa/reevaluación, reiniciando aspectos/etapas de la subasta.
Otra decisión podría ser una interlocutoria, derivada de apelaciones contra admisiones o negativas de destitución, [apelaciones/mandamus]. Esto alargaría los procedimientos en apelaciones federales. En pocas palabras ahora es que queda tela que cortar. El tiempo ganado favorece a Citgo, considerando posibles desenlaces políticos en ciernes en Venezuela. Seguimos conformes y confiados que la Directiva de PDVSA AD Hoc, PDV Holding y CITGO y sus abogados, han librado una batalla justa, procesalmente eficaz y estratégicamente impecable, logrando desnudar las impurezas de un remate injusto y desproporcional.
A manera conclusiva.
La Regla 28 que remite a la sección §455 in comento, cuestiona sensiblemente la imparcialidad del SM, por ser sus asesores [Weil, Evercore et al] ex consultores de los Fondos Elliott y de los Bonistas 2020, lo cual hace pensar que la apuesta que favorece a Bonistas, está motivada en el precedente profesional de los asesores del SM con acreedores querellantes y Bonistas. El tribunal históricamente ha mostrado reticencia a anular el trabajo del SM. Pero si las partes aportan evidencia documental clara de vínculos relevantes [no-divulgados] o incentivos inapropiados, la corte podría apartarlo y ordenar remedios profundos (posible reinicio de etapas).
En definitiva este opening brief [cobertura incidental] de las partes de Venezuela [La República de Venezuela, PDVH y Citgo] comporta un potencial giro procesal interesante, que inexpugnablemente prolonga el caso, revisa la transparencia y conducción procesal e incluso ética del mismo, colocando nuevas acciones en manos del resto de los acreedores querellantes, y muy importante, sembrando una apariencia de parcialidad, que al momento de llegarse a una decisión definitiva de remate, podría no contar con el aval de la Oficina de Control de Activos de EEUU [OFAC].
La defensa de Citgo/República de Venezuela y PDV Holding ha impactado el talón de Aquiles del proceso: el Special Master. Si el juez decide defenderl[lo]/mantenerlo, desmereciendo la acusación de marras, la ruta será más espinosa para despojarnos de Citgo, en virtud de los tropiezos que enfrentará una sentencia que pretenda el rematar el activo, de cara a una comunidad de acreedores inconformes quienes con seguridad, ejercerán el abanico de acciones que tengan a disposición, para atacar la falta de claridad, imparcialidad y equidad de la subasta, esto es, los “métodos” de liquidación forzosa.
Citgo sigue viva, lista para coadyuvar a la recuperación de Venezuela. Digno reconocer el buen trabajo y desempeño de los abogados de ‘las partes de Venezuela’ y la distinguida gestión de los Directores PDVSA Ad Hoc, PDV Holding y Citgo Petroleum.
Citgo es de Venezuela, Citgo es nuestra. Salvemos a Citgo.
Orlando Viera-Blanco
@ovierablanco
vierablanco@gmail.com
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