Estas medidas no tienen un precedente en Latinoamérica. Nadie había diseñado una plataforma de diplomacia coercitiva que contrasta con los principios de no intervención y soberanía
La experiencia venezolana se ha convertido en un laboratorio crítico para el derecho y la diplomacia contemporánea. Frente a un cuadro de violaciones de DDHH, colapso institucional y disrupción regional, el debate sobre cómo responder no puede quedar atrapado en la dicotomía entre intervención o indiferencia. La pregunta central es: ¿Qué criterios permiten avanzar en un nuevo orden público internacional positivo, efectivo y preventivo?
Sin duda la ecuación aplicada en los últimos tres lustros en Venezuela ha sido más efectista que eficiente, lo cual le ha dado pulmón y permanencia al régimen de Caracas. Sanciones, denuncias antes organismos multilaterales, aislamiento y negociaciones, no han conseguido un objetivo restaurador. Existe una suerte de eslabón perdido entre el orden y la impunidad. La retórica no logra contener a los dictadores, quienes por cierto, vienen asistido de un antivalor adicional: el crimen organizado.
Mientras tanto las consecuencias siguen anotando retrocesos sensibles a la democracia. Se atornilla la dictadura y sufre más el pueblo, siendo su depauperación, un facilitador de control, terror, dependencia y allanamiento. La reciente renuncia de funcionarios de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos [Naciones Unidas/Venezuela] demuestra que la diplomacia de escritorio y zoom, no es útil.
Nadie duda que la Administración Biden fue burlada por el gobierno de Maduro. El costo de canje de rehenes lo que hizo fue afianzar la metodología de extorsión y concesión, otorgándole músculo al régimen, para obtener prebendas y poner condiciones. Entretanto un desplazamiento migratorio atizado de tráfico y exportación de grupos criminales de Venezuela a EEUU, hizo de la política exterior del Presidente Biden, un fracaso.
La llegada del Presidente Trump vino a darle al orden público internacional, otro rostro. Teniendo en la mira [y en la agenda] a Venezuela como epicentro del Teatro de operaciones en el Caribe, la administración Trump recurre a otra fórmula: medidas de interdicción, actos de tipificación criminal, categorización de objetivos militares, medidas disciplinarias, órdenes de seguridad territorial y ejecución de planes de fuerza y control.
Estas medidas no tienen un precedente en Latinoamérica. Nadie había diseñado una plataforma de diplomacia coercitiva que contrasta con los principios de no intervención y soberanía, cuando estas acciones se realizan contra regímenes políticos tachados de narco-estado y usurpadores de poder. La flota norteamericana en el Caribe no vino para conformarse con un simple patrullaje. Vino para cumplir objetivos precisos, que no son un cambio de régimen sino un cambio de política exterior.
El propio Presidente Trump y su Secretario del Departamento de Estado han expresado… “mal podemos querer un cambio de gobierno en Venezuela cuando no existe un gobierno legítimo”. El objetivo es acabar con un narco estado terrorista y fallido. Y para lograrlo aplica un torniquete diplomático, que aun está por verse como termina.
Evolución diplomática: de la denuncia a la acción coordinada
Muy especialmente en los últimos quince años, la comunidad internacional ha estado anclada en mecanismos de librito: sanciones selectivas, misiones de investigación, acompañamiento electoral y litigios transnacionales. Tres lustros de efectismo diplomático que el régimen ha sabido utilizar para atornillarse, reprimir impunemente, lavar dinero sucio, traficar y lograr canjes.
Esta evolución refleja un aprendizaje: la presión aislada [EEUU, El Reino de Noruega, Canadá, la Unión Europea o Grupos de Control] pierden eficacia, mientras que la coordinación multilateral de eforcement, aísla y sofoca al régimen. El reto consiste en dar coherencia a esas herramientas para que no se perciban como actos desbordados o desproporcionales. Ha emergido toda una narrativa que denuncia los ataques a embarcaciones de droga como agresiones violadoras de DDHH a ingenuos pescadores.
Tanto los informes de la citada Comisión Independiente de las para Determinación de Hechos-Caso Venezuela como los expedientes criminales substanciados por la justicia Norteamericana, Española, Inglesa, Argentina u otras naciones, deben coordinarse y avanzar con el respaldo y velocidad con el cuan se perpetúan los crímenes de lesa humanidad y los delitos internacionales. La impunidad hace estragos y la narrativa que victimiza al verdugo, le da caña.
Aquí entra un nuevo modelo de acción preventiva, extractiva y de disciplina coercitiva internacional. Un proceso de transformación crucial, al menos desde la retina norteamericana, que no descarta el uso de la fuerza sin fronteras, en aguas internacionales ni zonas de producción o servidumbre de mercancías ilícitas.
La obligación de prevenir daños masivos a los pueblos y la subordinación del Estado-agresor de los DDHH a un orden judicial y policial superior, está en plena gestación […] Pueden decretar la navidad anticipadamente o lanzar cohetones desde las mazmorras, pero muy pronto estas demostraciones de crueldad y barbarie serán recordados como prólogos de un derrumbamiento. Vale agregar que esos cohetones, bombos y platillos desde los techos del Helicoide, son una clara alegoría de miedo, locura y chantaje que no evitarán desenlaces.
Ha surgido una nueva disciplina internacional: operaciones selectivas de extracción, destrucción de objetivos y/o captura. Si los objetivos solapan con el poder de facto, no significa que ‘la guerra declarada’ sea contra la nación, sino contra miembros de la[s] organización[es] criminal[es].
Los Derechos humanos y autodeterminación de los pueblos son otro capítulo fatigado de lírica, protocolos, declaraciones oficiales y falsos positivos. El canje-negociación [dixit Juan Gonzalez], el aislamiento, las sanciones, las licencias, no se han traducido en debilidad del narcotráfico ni evitan la puerta rotatoria. Ahora el plan [de Trump] es otro […] No más censos, estadísticas y discursos. La CPI, por cierto, ha degenerado en un organismo colonizado por la agenda global. Muy peligroso y lamentable para la humanidad. Ante la represión desbordada no ha habido reacción ni defensa efectiva de este despacho.
La autodeterminación tampoco es un argumento de inmunidad. La auténtica [autodeterminación] exige elecciones libres, prensa independiente y ausencia de persecución. La paradoja es que, sin apoyo internacional, esas condiciones difícilmente emergerán. Ahora, ¿cuál o qué tipo de apoyo? ¿LA OEA, la ONU, la OTAN, El TIAR? [Tratado Interamericano de Asistencia reciproca]. Es el concepto de la legítima defensa internacional que avanza hacia la legítima ofensiva trasnacional. No más tratados de letra muerta.
Seguridad internacional en clave regional
La seguridad ya no es un asunto exclusivamente militar. Venezuela ha mostrado como la fragilidad estatal puede convertirse en vector de amenazas híbridas. Por eso en Venezuela no tenemos una dictadura convencional. Es un todo más complejo: es un Estado vaciado de fronteras institucionales.
El debate más profundo se centra en la soberanía. Si bien continúa siendo principio cardinal, se ha redefinido como responsabilidad más que como escudo. La soberanía auténtica no protege la impunidad de quienes someten a su población a la miseria o al terror. Avanzar en un orden internacional positivo, exige asumir que el respeto a la soberanía se mide por la capacidad del Estado de garantizar bienestar y seguridad a su gente. Allí donde esa capacidad se niega o se pervierte, la comunidad internacional tiene un espacio legítimo para actuar.
¿Cómo medir si las acciones hacia Venezuela contribuyen al orden público internacional?
i.-Eficacia preventiva: reducción verificable de violaciones de DDHH y de flujos ilícitos; ii.-Legitimidad multilateral: respaldo de organismos internacionales y participación de actores regionales; iii.- Proporcionalidad: medidas que impacten a responsables, no a la población civil; iv.-Autodeterminación fortalecida: creación de condiciones para que los ciudadanos decidan su futuro en libertad; v.- Sostenibilidad institucional: reformas que trasciendan coyunturas y sienten bases de estabilidad.
Dejar la tarea inconclusa significa aceptar un foco permanente de desestabilización en el hemisferio. Terminarla supondría consolidar un precedente de disciplina preventiva: la comunidad internacional no tolera regímenes que vulneren derechos fundamentales y exporten inestabilidad. Ha llegado el momento de aplicar la noción de soberanía responsable y autodeterminación legítima. Un Estado merece reconocimiento sí asegura derechos y seguridad a su gente y no se convierte en riesgo e inestabilidad para vecinos y el mundo. Esto fue lo que concluyó Trump en su discurso en la ONU: “Cuando un Estado no lo hace, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar”.
Venezuela podría convertirse en la punta de lanza de un nuevo orden público internacional, donde la jurisdicción criminal no tiene como amparo las fronteras y el Estado-nación no seguirá siendo una categoría político-territorial, patente de corso para gobiernos de facto, criminales o ilegítimos.
Son otros tiempos, y no precisamente de cohetones, hallacas y pan de jamón. Al gobierno no le queda nada que celebrar. Apaguen las luces, que no es navidad.
Orlando Viera-Blanco
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