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Todo lo que hemos afirmado y sostenido de manera pública ante el país en días recientes ha sido sin insultos y sin falsas posturas. Ha sido expresado con temple, y sin enajenar la necesaria serenidad con que debemos actuar los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades mayores con la nación, y conscientes de que para transitar por la vía del diálogo, se debe contar con el debido respeto, paciencia, tolerancia, perseverancia y nobleza de espíritu.

 

Es hora de protagonizar un encuentro crítico sin hipocresías y muy transparente. No hemos venido a un duelo ni a conjugar el verbo “reconocer”. Podemos darle a Nicolás Maduro los apellidos, bautizarlo, y hasta partida de nacimiento, pero eso en modo alguno resuelve la crisis de gobernabilidad del país. Sostenemos que la Constitución nacional es el plan de todos, el que nos une a los venezolanos. Creemos en el Estado de derecho para que las instituciones y los ciudadanos dependamos de las leyes vigentes, de claras reglas del juego, y no del “estado anímico” de un gobernante circunstancial.

 

La Constitución habla del municipio, del Estado federal descentralizado y democrático, no de las comunas. Se le debe mantener respeto a las competencias de las autoridades electas soberanamente. No se pueden ni deben seguir arrebatando recursos para adjudicarlos fraudulentamente a “parapetos paralelos”. Exigimos que se asigne el Situado Constitucional que les corresponde a las regiones y municipios, sin los subterfugios de calcular sobre bases falsas los precios reales del petróleo.

 

No nos dejaremos someter a un proyecto ideológico extraño y muy ajeno a nuestra naturaleza democrática. No somos comunistas, y tenemos muy claro -tal como lo definió Fidel Castro- que “socialismo es comunismo”. Esa es la columna vertebral del Plan de la Patria que nos pretenden imponer. Se requiere un gobierno para todos, sin “apartheid político”.

 

Es una realidad que no se puede dejar de reconocer, como son las predominantes escasez, devaluación e inflación, factores sociales y económicos que se suman a la gravísima corrupción de Cadivi, que entregó 20 mil millones de dólares a empresas piratas. Tampoco se puede continuar regalando nuestro petróleo.

 

La amnistía para presos políticos y exiliados es un clamor generalizado en el alma de la mayoría de los venezolanos que exigen la convivencia. Es dañino calificar y descalificar a gobernadores y alcaldes según su posición política. ¡Basta de odios! ¡Basta de insultos! Es el gobierno el que tiembla cuando se le dicen las verdades.

 

Por Antonio Ledezma

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