El arzobispo de Coro, Roberto Lückert se pregunta «¿En manos de quién estamos? ¿Quién nos garantiza la seguridad?».
El hecho ocurrido en Falcón, donde fuera acribillada una madre y sus hijas resultando muertas dos de ellas por las balas de efectivos de la Guardia Nacional, nos revela que nadie está a salvo en este país, que podemos ser víctimas no solo del hampa común que se ha adueñado de nuestras calles, avenidas, barriadas y urbanizaciones, sino también de quienes «supuestamente», tienen el deber de resguardar y defender nuestras vidas.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, es el mismo personaje que el 4 de febrero de 1992 comandó el ataque, a plomo parejo, contra La Casona con 200 hombres a su mando. En ella se encontraban la Primera Dama, Blanca de Pérez, sus hijas y dos pequeños nietos. La residencia presidencial quedó, literalmente, como un colador, ahuecada por todas partes y la familia presidencial se salvó milagrosamente gracias a funcionarios civiles de la Disip, que les defendieron hasta con sus propias vidas.
Rodríguez Torres, el hombre que ahora se nos presenta como un ser que quiere instaurar la paz, ha dado este lunes una lamentable declaración en la que cuestionó a la oposición por utilizar «el tema de la inseguridad con fines partidistas» agregando «que es inconveniente que usen el dolor de una familia para hacer política barata».
El dolor señor Rodríguez Torres, es de todos quienes habitamos esta tierra en desgracia y que vemos caer a nuestros compatriotas todos los días, eso nada tiene que ver con partidos políticos, credos o condición social, porque todos vivimos en angustia permanente de no saber si los nuestros y nosotros mismos, volveremos sanos y salvos a nuestros hogares. El pueblo no tiene espalderos, mucho menos, Patria Segura.
Indignante suena esta declaración en los oídos de los venezolanos, quienes ya sabemos que ninguna consideración se tuvo en el pasado con la esposa y familiares de un presidente legítimo, electo con el voto popular, utilizándose todo el poder de fuego que tenían a su alcance, sustraído delictivamente, para acabar con la democracia.
El vehículo de la señora Pacheco terminó con 50 y pico de tiros de fusiles, nadie dio -según reseña la prensa de Falcón- voz de alto, fue sencillamente un ajusticiamiento «por equivocación» a quienes estaban transitando dentro de él.
Hago mías las interrogantes del Arzobispo de Coro: «¿En manos de quién estamos? ¿Quién nos garantiza la seguridad?».
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Por Nitu Pérez Osuna
