A las 11:30 pm del 16 de julio se anunciaron los resultados del plebiscito. Gracias a Dios no aparecieron las caras desacreditadas de siempre sino las de figuras que no admiten censura, ¡qué contraste!: los doctores Cecilia García Arocha, José Virtuoso SJ, Benjamín Scharifker, Jessy Divo y Raúl López Sayago, rectores de las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, Metropolitana, Carabobo y UPEL respectivamente.
Es difícil reunir tanta respetabilidad, prestigio y autoridad moral en una sola mesa. Ellos garantizaron la honestidad y transparencia del proceso. Como observadores vinieron cinco ex presidentes latinoamericanos de Colombia, México, Costa Rica y Bolivia. Fue un proceso que asombró al mundo. Se trató de un evento impecable que mostró a la comunidad internacional la irreductible voluntad de una sociedad que muchos consideraban resignada, pero que por el contrario se declaró en rebeldía civil blandiendo las armas de la paz, la Constitución y el civismo.
En apenas 15 días, sin recursos, enfrentando las amenazas de un régimen autoritario y violador de derechos humanos, plantándole cara al salvajismo asesino de los “Tonton Macoutes” de este nuevo Duvalier, los ciudadanos adelantaron un proceso electoral ejemplar. Los empleados públicos fueron amenazados con despido y a la gente más humilde se les dijo que no recibirían más los CLAP ni las bombonas de gas. Aún así, sin amilanarse ante la censura con la cual el oficialismo intimidó a los medios de comunicación, una ciudadanía heroica logró lo que parecía imposible: organizar una consulta popular intachable . Se trató de un acto que pasará a la historia y que se transformará en una fecha patria honrada por las generaciones futuras.
Muchos tenían expectativas mayores y en un principio quedaron desilusionados. La realidad es que existían apenas 14.000 mesas de votación (contra más de 40.000 en una elección convencional). El número de votantes posibles por mesa es de unos 540; es decir que el potencial máximo era de unos 7,6 millones de votantes. Pues bien, esa cifra se superó.
Estamos pues frente a una gesta cargada de épica y de ética, características que nunca logró alcanzar la moribunda revolución. Se unirá su recuerdo al de eventos históricos trascendentes como la Marcha de la Sal del Mahatma Gandhi en la India, el discurso “I Have a Dream” de Martín Luther King en Washington y el Otoño de las Naciones en la Europa de 1988 que derrumbó al Muro de Berlín y a la Cortina de Hierro.
Fue tan impactante el resultado, que naciones como México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania, España, Perú, Colombia, Honduras, Argentina, Costa Rica y organizaciones como la ONU, la Unión Europea (que de paso al igual que Estados Unidos planteó la posibilidad de sanciones) y otras, no dudaron en pronunciarse. Se trata de una acción excepcional en el pausado mundo de la diplomacia.
Coincide todo ello con una crisis inmanejable en nuestra economía, caracterizada por la inflación más alta del mundo, la escasez perniciosa de alimentos y medicinas, la destrucción del aparato productivo, la caída del ingreso petrolero, un déficit fiscal insostenible, la destrucción del valor de la moneda y muchos otros factores.
Pero el presidente, usurpando funciones del soberano, sigue a troche y moche con su inconstitucional plan de una Asamblea Constituyente que vulnera los principios más elementales de la democracia al concentrar la consulta sólo entre sus simpatizantes que no llegan al 20% de la población. Su única oferta es incrementar la dosis del mismo veneno con el cual ha destruido a Venezuela. La reacción internacional no se está haciendo esperar.
La Asamblea Nacional, cubierta con un manto de constitucionalidad, reconocimiento y dignidad, anuncia la designación de los nuevos magistrados del TSJ en reemplazo de aquellos exprés que fueron seleccionados irregularmente. Pronto procederá también al reemplazo de los rectores del CNE, que han dejado de cumplir su función de árbitro para transformarse en un incondicional aliado del gobernante.
Parece obvio que el régimen no reconocerá a esas nuevas autoridades. También es obvio que a los ciudadanos nadie los detendrá. Se avecinan pues tiempos difíciles.
Rápidamente se va perdiendo la poca legitimidad que aún podía quedarle al régimen. Ello conduce a una profundización de la ingobernabilidad; es decir, estas autoridades perdieron la capacidad de gobernar.
Tan grave como ello es la ineptitud del régimen para mostrar resultados en materia de gobernanza, término que se utiliza para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad. El círculo, pues, ya se cerró.
José Toro Hardy
@josetorohardy
