Estimados lectores,
Cuando el presidente Juan Guaidó, previa aprobación de la Asamblea Nacional, me designó representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, resolví suspender la columna que generosamente El Nacional me publicó durante varios años. No me parecía prudente expresar mis opiniones sobre política venezolana y más bien traté de limitarme a hacer conocer planteamientos relativos a mis funciones, aceptando entrevistas en los medios de comunicación.
Pero hoy me veo obligado a interrumpir mi autocensura, pues resulta que se ha desatado una campaña infame en contra de José Ignacio Hernández, procurador especial de la República del gobierno legítimo, en ocasión de una sentencia dictada por un Tribunal del Estado de Delaware desfavorable a los intereses de Venezuela. Ya tanto el propio procurador, como el gobierno de Juan Guaidó, directivos de Pdvsa y una gran variedad de personas autorizadas han explicado hasta la saciedad y con argumentos irrebatibles que ese juicio, consecuencia de un arbitraje contrario a Venezuela, ya se había perdido en una instancia inferior, que la derrota obedecía exclusivamente a errores, negligencias y omisiones del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Por ello no voy a repetir lo ya dicho. Quiero referirme fundamentalmente a José Ignacio Hernández.
Nacho, como le llaman sus amigos, es hijo de Carlos Hernández Delfino, un destacadísimo servidor público con quien tuve oportunidad de interactuar cuando ejercí la función de diputado. Años más tarde conocí a José Ignacio en un seminario en Bogotá sobre el pensamiento de Alexis de Tocqueville y quedé muy impresionado por su muy sólida formación jurídica y sus acertados criterios en el campo de la teoría política. Desde entonces empecé a verle y a leerle con frecuencia, en diferentes escenarios: encuentros de profesores de Derecho Público, foros sobre el acontecer constitucional, programas de televisión, charlas, conferencias y artículos en revistas especializadas. Me asombró la facilidad con la que es capaz de resolver problemas jurídicos muy complejos y evacuar con lujo de acierto consultas sobre temas vinculados con la vida política y parlamentaria. En el año 2013 le tocó coordinar el equipo de abogados que preparó la impugnación de la elección fraudulenta de Nicolás Maduro.
Cuando fui forzado a salir de mi país, me volví a topar con José Ignacio cuando vino a Washington a investigar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown y posteriormente en la Universidad de Harvard, donde trabajaba en la Kennedy School of Government y colaboraba en darle forma jurídica al Plan País.
Hace algunos meses, el presidente Guaidó lo designó procurador general especial de la República y el nombramiento me pareció impecable. Ya yo estaba en la OEA y desde allí le vi actuar en defensa de los intereses de la República con esmero, dedicación y talento. Todo ello en condiciones de máxima precariedad, pues no tenía a su disposición recurso alguno, ni material ni humano y sin embargo fue acumulando éxitos, muchas veces enfrentado a muy poderosos intereses representados por legiones de abogados expertos.
En ese ir y venir de ciudad en ciudad, de tribunal en tribunal y de una a otra agencia gubernamental, se presentó al gobierno la posibilidad de intervenir en el juicio de la empresa Crystallex contra la República. Mucho antes, José Ignacio Hernández había comparecido en el tribunal como “testigo experto”, no como abogado de la empresa como falsamente ha afirmado Nicolás Maduro. Su testimonio consistió en ilustrar a los jueces sobre puntos concretos del derecho venezolano en ocasión del litigio de marras. Es una actividad normal en la vida de un abogado en ejercicio que no ejercía para el momento ninguna función pública, pero esa intervención llevó a nuestro amigo a hacer lo que era más aconsejable en aras de la transparencia: inhibirse y dejar en cabeza de otro abogado la representación de la República.
En torno a esta situación se dio inicio por parte del gobierno usurpador, pero también de unos pocos particulares, a una alegre campaña de destrucción moral de José Ignacio: se le acusó, no solo de ser responsable por la pérdida de juicio sino de haberse parcializado en favor de quienes adversaban a Venezuela en ocasión de su testimonio.
Me parece insólito que existan personas que pretendan construir protagonismos sobre la base de la calumnia y de acusaciones infundadas. No se aportan pruebas, no se esgrimen argumentos, no se razona. Simplemente se trata de destruir a alguien, olvidando la presunción de buena fe y de inocencia. Dejando de lado la objetividad y la justicia. En claro ejercicio del famoso “dispare primero y averigüe después”. El testimonio de José Ignacio reposa en los archivos del tribunal y es muy fácil corroborar qué fue lo que dijo o hizo.
Un ex presidente venezolano decía que hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y el dinero mal habido. Y es verdad. Todos los que conocemos la vida y el accionar de José Ignacio Hernández podemos testificar con relación a la austeridad en la que vive, fundamentada en la rectitud de sus principios morales.
Este artículo tiene una finalidad: expresar mi solidaridad con José Ignacio e invitar a los venezolanos a no creer en mentiras.
Solo nos queda recordar a Nacho uno de los preceptos del famoso Decálogo del Abogado del jurista uruguayo Eduardo Couture:
“La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota”. No permitas que la canalla afecte la tranquilidad que merece haber actuado con base en tu conciencia y en defensa de los mejores intereses de Venezuela.
Gustavo Tarre Briceño
