Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la medida humanitaria que ha sacado a Iván Simonovis de un estrecho calabozo de cuatro metros cuadrados y lo devuelve a su casa luego de casi diez años de terrible cautiverio, tiempo durante el cual su infatigable y perseverante Bony mantuvo viva la causa de su marido sin bajar la cabeza y exigiendo lo que era rigor exigir: justicia.

Durante esos largos años la familia y el país que lo apoyaba observaron cómo Simonovis se convirtió en la cabeza de turco de un oficialismo que elaboró su propia versión sobre el 11 de abril. Y así planteadas las cosas era materialmente imposible que un tribunal se atreviera a dictar algún tipo de recurso que favoreciera a quien, por otro lado, se fue convirtiendo en el símbolo palpable de la persecución política y de un sistema donde el Estado de Derecho es una ficción.

Con todo hay que celebrar la decisión del sábado, difícilmente atribuible a la jueza que lleva la causa, porque, con todas las restricciones y tomando en cuenta el estado de salud de Simonovis, representa un alivio para él, para su familia y para una porción notable del país que, a lo largo de estos años, se había sumado a la movilización permanente en procura de su liberación. Claro, nadie ni nada lo van a resarcir esos diez años de sometimiento implacable, causa de la diversidad de padecimientos que, finalmente, lo devuelven, in extremis, al calor de su hogar.

Es cierto que ha sido liberado un grupo de estudiantes y decíamos, al comienzo de esta nota, que nadie pude estar en desacuerdo con la medida que favorece a Simonovis porque ésta, si bien repara, en parte, el daño causado a un hombre y a su familia, lejos de constituirse en la demostración inequívoca de un cambio de actitud, de un gesto de apertura, de la fase inicial de un proceso dirigido a la reconciliación, de una eventual amnistía general, aparece más bien como un hecho más bien excepcional y de alto impacto comunicacional, que no implica, sin embargo, ese llamamiento al diálogo sobre el cual algunas voces se atreven a insistir.

Quisiéramos pensar que eso no es así pero tres circunstancias, de no poca monta, parecen confirmar que estamos ante una política del garrote y la zanahoria (con mucho del primero y muy poco de la segunda) porque mientras liberaban a Simonovis, allanaban la casa del presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento; detenían y trasladaban a la sede del Sebin, donde permaneció durante doce horas, a Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria y finalmente un grupo de policías conminaba a cumplir una citación, que le llegaba con dos horas de retraso, a Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes y Agentes Aduanales. Hechos que demuestran como (Lampedusa dixit) «si queremos que todo siga como esté, es necesario que todo cambie». Es decir, que nada cambie.

Roberto Giusti 

@rgiustia