En la elección parlamentaria del pasado 6/D no había nada que pronosticar. Las encuestadoras estuvieron casi totalmente calladas. Entre el oficialismo y adláteres habían configurado una nueva Asamblea Nacional y el reparto de curules ya estaba dibujado y coloreado por el poder usurpador. Lo que no estuvo al arbitrio del régimen fue la participación de los electores. Las amenazas de hambre, de despido, de desalojo de viviendas, el acarreo militar o las esmirriadas bolsas de comida, de poco le sirvieron. En contraste con la votación nacional en las parlamentarias de 2015, cuando 3 de cada 4 electores concurrieron a las urnas, esta vez la participación se encogió a 1 de cada 4. Se registró para la historia la mayor abstención en todas las elecciones celebradas desde el reinicio de la democracia en 1958.

El episodio más revelador del alicaído evento del pasado 6/D, no fue el grosero ventajismo oficial ni tampoco la farsa urdida desde el inicio mismo del proceso electoral, violatoria de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Quien le puso colorido a la gris jornada fue el propio Usurpador. Como a cualquier ciudadano, el Registro Electoral lo situaba como votante en el Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro en la popular parroquia de Catia. Pero en la mañana de la votación, al informarle sus confidentes que en Catia no había votantes haciendo cola y temiendo que lo que podría recibir de los parroquianos sería un ruidoso abucheo, sus servidores en el CNE, violando toda regla, lo transfirieron de manera instantánea al cuaderno de votación de un centro localizado en el Fuerte Tiuna.

Son conocidos su escasez de atributos para gobernar, su carencia de magnetismo popular, su grisáceo intelecto. Preferir un cuartel a una escuela le hizo el retrato de cuerpo entero.

Ramón Peña