Poco a poco, el debate sobre una nueva aproximación al problema de las drogas —incluida su legalización— se abre camino en América, el continente más castigado por su tráfico y su consumo. La 43ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se ha celebrado esta pasada semana en Antigua (Guatemala) ha puesto de manifiesto el salto hacia adelante que en los últimos meses se está produciendo en este terreno. La represión como única estrategia para acabar con el narcotráfico y sus consecuencias se ha demostrado inútil. Al coro de exmandatarios que reclama una búsqueda de alternativas no solo se han unido presidentes en activo, como el anfitrión guatemalteco Otto Pérez Molina. Se han añadido las primeras experiencias de legalización de la marihuana en Uruguay, Washington y Colorado.

Los cambios de percepción y criterio se han acelerado en América. Las reticencias de Barack Obama en contra de cualquier legalización han dado paso a una posición más matizada. En Estados Unidos, primer consumidor de drogas del mundo, la opinión pública se muestra ya mayoritariamente favorable a la despenalización y, sobre todo, como ha indicado el secretario de Estado John Kerry, a una aproximación distinta a la mera represión. Kerry centró su discurso en la ayuda al toxicómano y exhibió los frutos de esta estrategia: una reducción del 50% del consumo de cocaína. Los defensores de la despenalización de las drogas —entre las que la marihuana figura como la primera a abandonar su condición de sustancia ilegal— ven en el relevo mexicano de Felipe Calderón por Enrique Peña Nieto un motivo de esperanza. En la cumbre de Antigua, países tradicionalmente contrarios a la nueva corriente, como Brasil, se han mostrado ahora más abiertos a la búsqueda de alternativas apostando por “una perspectiva integral”.

La OEA se ha emplazado a sí misma a seguir debatiendo este asunto con la idea de llevar a la conferencia sobre drogas de la ONU de 2016 una posición común más madurada. Es urgente y necesario que lo haga. El narcotráfico ha dinamitado la estructura de muchos de los países productores y comercializadores de sustancias ilegales. Su rastro de corrupción y sangre es demasiado dramático como para no intentar encauzar este asunto con alternativas más eficaces que socialmente empiezan a estar más que asumidas.

Editorial de El País de España