“Cada uno es responsable de todos ante todos.” Fiodor Dostoievski
El vocablo responsabilidad se transversaliza en el mundo en que vivimos, plagado de riesgos y de daños que se producen por distintas causas que, a la postre, perjudican y comprometen a unos y otros. Nos regimos civilmente por una sentencia que abre la reflexión epistémica: “El que causa un daño debe repararlo.”
La etiología para detectar y apreciar la emergencia del fenómeno de la responsabilidad se enriquece, paralelamente a los perjuicios que se originan por la acción y la omisión que impacta eventualmente al distinto o al tercero y cuyo resultado es gravoso para el susodicho.
Así pues, tenemos toda una lista de situaciones que se presentan y acarrean obligaciones surgidas del evento mismo o que hacen pasible a alguien de un justificado reclamo y de un deber hacia la víctima o el afectado, dependiendo de la naturaleza del asunto.
El tiempo y la complejidad de la existencia en la sociedad humana, con tantos ribetes y particularidades, giros, derivaciones, secuencias, consecuencias, ha especializado conceptualmente a la responsabilidad y así, por solo enumerar rápidamente, se escucha y se encuentra en el camino la civil, contractual, extracontractual, la mercantil, la administrativa, penal, patrimonial, internacional, ambiental y, por otro lado, la denominada objetiva y la otra subjetiva, de lo que apenas hago un sencillo y muy general enunciado.
No me referiré a esos aspectos ínsitos a la tipología de la responsabilidad, sino que apuntaré a los que se presentan como el correlativo propio de la carga del ejercicio de una manifestación de poder o, más precisamente, de una potestad o competencia. El dignatario, al tiempo que es actor en el teatro de la vida pública y como tal, es dotado de facultades para hacer, disponer, ordenar, impedir, debe una gestión y es responsable por ella.
El Estado es deudor de un elenco de prestaciones que por mandato legal debe a sus conciudadanos y así suele venirnos a la mente una inferencia ante situaciones en que se advierte una falencia, una carencia, una conducta garrafal, un descarrío de distinta naturaleza, en la actuación de los entes públicos, sobre asuntos que sabemos están a su cargo.
Me refiero a la queja, demanda, solicitud ante la potencia pública a la que creemos y sabemos obligada a cumplir deberes pendientes, propios de la autoridad, a la que exigimos una misión, un dare o un facere al que tenemos derecho. La dinámica pública conoce entonces de una sistematización en la relación con los destinatarios del poder que origina responsabilidad y responsabilización del órgano y desde luego del funcionario.
Es bueno recordar la evolución que ha conocido la institucionalidad en su desempeño desde aquellos tiempos del “The king can do no wrong” y cómo ha cambiado hasta llegar a los tiempos actuales que consagran no solo la teoría del riesgo sino, incluso, la responsabilidad política, entre otras posibles que ya arriba mencionamos.
La responsabilidad pública conoce hoy innumerables derivaciones por un principio ínsito al Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, en lo adelante Estado Constitucional y que es, en pocas palabras, la responsabilización y la rendición de cuentas.
En efecto, el gobierno como piloto del Estado es garante de sus ejecutorias y lo son personalmente sus dignatarios y sus funcionarios. Las acciones de los entes públicos deben ceñirse estrictamente a la ley y el abuso, la desviación, el exceso acarrea consecuencias, así como el incumplimiento de metas y programas a quienes se les encargo de su procura y desarrollo.
Claro que eso depende de la naturaleza del régimen. No es lo mismo Nueva Zelandia con un historial de responsabilidad fiscal paradigmático que Venezuela, cuya administración y desempeño ha sido más que cuestionable en los últimos 25 años e indubitable causante de todos los males que gobierno alguno haya podido producir en el mundo entero y, para hacerme comprender, convocaré dos vectores distintos pero que se denominan de la misma manera, como referiremos de seguidas.
El IPC como Índice de Precios al Consumidor y el IPC como Índice de Percepción de la Corrupción, atendiendo en el segundo el seguimiento y la metodología de la organización Transparencia Internacional.
Venezuela es el país de más alta inflación en el orbe de un lado y se encuentra entre aquellos percibidos como de los más expuestos a diversas formas de corrupción igualmente. Ello debería suponer un examen de la política económica y de la política monetaria, pero salta a la vista que ni el Ministerio de Finanzas ni el BCV cumplen con sus cometidos constitucionales y legales y, especialmente, desconocen el dispositivo contenido en el artículo 320 de la carta magna sobre la coordinación macroeconómica.
No obstante lo afirmado, si miramos hacia el tema desorden administrativo y corrupción se revela cuánto se ha banalizado e incrementado, regularizado y hasta normalizado la mordida en los negocios que se adelantan con el Estado venezolano y que en ocasiones asombra a los mismos dirigentes del gobierno por su dimensión y obscenidad.
Lo grave es que de todo ese deletéreo comportamiento no se aprecia un castigo ejemplar y por el contrario, la justicia y tribunales solo se ocupan de criminalizar a la ciudadanía y perseguir a la disidencia.
El resultado está a la vista: empobrecimiento masivo y precarización, elevación de la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos cuya proporción con respecto al todo social es hoy en día, por cierto, largamente mayoritario y destrucción del aparato educativo, lo que se traduce en atraso y retroceso en todas las áreas.
El socialismo del siglo XXI ha sido un estruendoso fracaso y por vivirlo los venezolanos hemos pagado aun el más elevado costo de oportunidad que nación alguna en América y el mundo.
A casi 27 años de esta experiencia, el balance es inocultablemente negativo, sin que además se permita al pueblo venezolano cambiar lo que debe cambiarse electoral y pacíficamente.
La clase política que nos ha gobernado, la alianza de civiles y militares que terminó despojando a la nación de sus fuerzas armadas, como quiera que ahora obedecen al PSUV; la ideologización, la mentira, la corrupción y el conculcamiento de la soberanía popular se suman al morbo y la impunidad. La desgracia de la patria es su responsabilidad.
Nelson Chitty La Roche
@nchittylaroche
